El mandatario de los antioqueños se mostró reflexivo y crítico con lo que viene pasando en el departamento en temas tan sensibles como la seguridad. Cree que falta mayor control territorial por parte del Estado, por lo que pidió caminar hacia acciones integrales, en las que confluyan mayor seguridad e intervenciones sociales y económicas efectivas.
El gobernador Aníbal Gaviria Correa no se guardó nada al hablar sobre seguridad en el departamento de Antioquia. Sus apreciaciones son críticas en relación con asuntos como el control territorial por parte del Estado, las medidas contra las economías ilegales y con algunas de las estrategias del presidente Gustavo Petro enmarcadas en la política de Paz Total. Su punto de vista es claro: pide acciones integrales en las decisiones que se tomen desde el gobierno nacional.
El funcionario habló con VerdadAbierta.com con esa franqueza ligada a la experiencia de ser dos veces Gobernador de Antioquia (2004-2007 y 2020-2023) y Alcalde de Medellín (2012-2015), una de las regiones más golpeadas por estructuras criminales de diversa índole y agobiada por prácticas económicas ilegales generadoras de violencias múltiples.
Es por ello que posibilidades como el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales del que se ha venido hablando desde la Casa de Nariño no le son indiferentes, por el contrario, ve en esa estrategia una posibilidad de quitarle jóvenes a las empresas criminales. Pero, para su aplicación eficaz, le pide al gobierno nacional ser creativo, agresivo e innovador.
Desde su despacho del piso 12 del Centro Administrativo de La Alpujarra, en pleno corazón de Medellín, Gaviria atendió a este portal y envió varios mensajes con la idea que sus propuestas y reflexiones sean escuchadas y atendidas por aquellos que tienen bajo su responsabilidad el control del orden público y las alternativas de paz.
Crítica situación
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuál es el diagnóstico de la Gobernación de Antioquia en materia de seguridad en el departamento?
Aníbal Gaviria (AG): La situación de seguridad, de orden público, y yo lo llevaría a un tema más estructural, de control territorial del Estado en Antioquia y en Colombia es una situación muy compleja. Y no es del último año, de los últimos dos años. Uno de los principales, sino el principal pilar de un Estado, de una democracia, es el control territorial, y nosotros tenemos vacíos importantes en el control territorial en el Estado colombiano.
En muchos casos, ese control territorial lo recupera el Estado en forma coyuntural, cuando se da la presencia del Ejército, pero cuando sale, ese control territorial vuelve a perderse. Entonces, hay un primer control que pasa de unas manos a otras, temporalmente, que podríamos llamar parcial. Pero, hay lugares en los cuales el control estatal es débil. Hay que reconocer ese como uno de los más importantes retos estructurales del Estado en Colombia.
VA: ¿Cuáles son esos territorios en Antioquia donde hay vacíos de control territorial por parte del Estado colombiano?
AG: Por ejemplo, zonas del Atrato antioqueño, zonas del Bajo Cauca antioqueño, zonas del Nordeste, zonas del Norte, en áreas del Nudo de Paramillo.
Aquí quiero ser franco con Antioquia y con el país, porque estos temas no puede tratarse en forma tibia ni ocultarse: hay zonas de Urabá donde el control del Estado es débil, y eso quedó demostrado con el llamado ‘Paro Armado’ hace casi seis meses, cuando espacios muy importantes en Antioquia, pero también en Córdoba, Sucre, Bolívar y Santander, fueron, de alguna manera, paralizados por acción del grupo delincuencial del Clan del Golfo [autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia] y por la intimidación que produjo.
VA: ¿A qué le atribuye esa presencia débil del Estado en esas zonas del departamento de Antioquia, y también en otros departamentos del país?
AG: Porque a través de los años ha existido presencia de diferentes grupos al margen de la ley. Miremos el caso de Urabá. Allí tuvimos presencia de las Farc, y después compartida un poco con el Epl, muy fuerte, entre los años ochenta y noventa. Posteriormente, y como respuesta a ello, se produjo una presencia muy intensa de grupos paramilitares. Y hoy tenemos la presencia de un grupo dedicado al narcotráfico y a las rentas ilícitas como es el Clan del Golfo.
Mire una cosa increíble. En algunos casos, como lo digo yo coloquialmente, cambian de camiseta: son mismas violencias que cambian de camiseta y, en algunos casos, miembros de esas organizaciones se pasan de una a otra: fueron miembros de la guerrilla, pasaron a los paramilitares, y ahora son miembros del Clan del Golfo.
VA: Históricamente, el Estado ha tenido problemas para hacer presencia integral en diversas regiones del departamento, y en ese contexto, ¿cuál ha sido el papel de la Gobernación en las últimas tres décadas en participar de esa presencia estatal en las regiones? ¿También ha sido débil? ¿No tiene las herramientas suficientes, no hay recursos?
AG: Tenemos una presencia bien importante en áreas de salud, de educación, de obras públicas, de vivienda y en este tema está VIVA (Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia), que es una empresa referente en Colombia. En 20 años, estaremos cerca a una cifra entre 250 mil y 300 mil soluciones de vivienda, beneficiando a por lo menos un millón de habitantes de Antioquia.
Esa presencia integral de la Gobernación, yo le confieso, y no es porque tenga puesta la camiseta de la Gobernación, que siempre la tengo puesta, nunca me la he quitado, es una presencia bastante importante en las regiones en todos los demás aspectos. Para mencionarle otro ejemplo: Teleantioquia. Es nuestra presencia en todo el territorio antioqueño.
Con la Secretaría de Educación también hacemos presencia. Tenemos 4.500 escuelas distribuidas en todo el departamento, rurales y urbanas. Muchas de ellas, monodocentes, de esas son unas 2.500. En las áreas más lejanas, en corregimientos y veredas.
De otro lado, la electrificación rural de Antioquia es total, hemos llegado a un 99,5% de cobertura. En vías secundarías, en este gobierno vamos a llegar con carretera pavimentada a 121 de las 125 cabeceras municipales de Antioquia.
Yo creo que en frentes sociales, de obras públicas, de educación, con todas las falencias, estamos llegando a las regiones, pero tenemos que ser mucho más fuertes y más efectivos en el control territorial, en el control del orden público, y en brindarle la seguridad a todos los ciudadanos y a todos los territorios.
Planteamientos para un diálogo
VA: ¿Y cuáles son sus sugerencias en ese tema? ¿Cuáles serían esas estrategias que se plantean desde la Gobernación de Antioquia para logra mayor seguridad? ¿Ha hablado con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y con altos mandos militares y de Policía de estos temas?
AG: Parte de la pregunta me permite englobar parte de la respuesta. Aún cuando gobernadores y alcaldes tenemos una función de orden público, y somos jefes del orden público, eso realmente no es así. Las decisiones fundamentales del orden público y seguridad son nacionales. Yo no puedo decir que voy a tener más policías en un municipio o en otro. Yo no puedo decir que voy a tener ejército en tal parte o en otra, o en mover un ejército de un lado a otro.
Yo lo que puedo hacer es apoyar. Entonces compro motocicletas para darles movilidad, compro radios para darles comunicación. Contribuyo en la construcción de estaciones de Policía para que tengan más dignidad, más seguridad, y más capacidad de prestar un servicio adecuado.
Y con relación a los diálogos que he tenido con las autoridades nacionales, no solo con este gobierno sino con el anterior gobierno, lo he repetido y los seguiré repitiendo, tanto públicamente como en la conversación con quienes en el gobierno nacional tienen esa decisión: Soy amigo de una estrategia de sometimiento y de una política de acogimiento de las estructuras delincuenciales y de las estructuras del crimen organizado.
Esto no lo estoy diciendo en los últimos dos meses con la llegada del nuevo gobierno. Llevo más de cinco o seis meses diciéndolo públicamente. Y, en otras formas, lo he dicho con anterioridad.
Yo creo que es necesario buscar una forma para que cientos de jóvenes, en algunos casos miles, sobre todo en las estructuras más grandes, puedan tener la oportunidad de dejar ese camino que por algún motivo han tomado, el camino oscuro de la delincuencia. Por eso creo que hay que ser creativos, y en el buen sentido de la palabra, agresivos e innovadores, en esa política y estrategia de sometimiento.
Pero debe ser una política y una estrategia muy acotada. Es decir, eso tiene que tener un plazo relativamente corto. Me parece que sería un gran error en esa intención que el gobierno nacional ha dicho que tiene en esa dirección, en la que yo coincido, un tema sin límites de tiempo y/o alargado excesivamente. Eso tiene que tener un plazo.
VA: Un plazo y unas condiciones…
AG: Claro unas condiciones que lleven a la desmovilización, a la entrega de esos jóvenes, pero, además, a la desarticulación de esas estructuras. Esas condiciones deben estar, pero debo insistir en el plazo. Este tipo de conversaciones, de estrategias, se van alargando, se van eternizando.
VA: ¿Y cuál es el plazo razonable para el Gobernador de Antioquia?
AG: Yo diría que un plazo razonable es un año desde el inicio del gobierno. Eso quiere decir agosto del próximo año. Cuando uno tiene voluntad de lado y lado las cosas se dan. Uno no necesita meses y meses, y años. Para lo que sí se necesitan meses y años es para tomarle el pelo a la paz, para tomarle el pelo a los colombianos, para engañarlos, pero para tomar una decisión de sí o no, a una propuesta y a una puerta que se abre muy suficiente, excesivamente suficientes, son doce meses.
Si estuviera en mis manos, el plazo debería ser de seis meses. Repito, esto es cuestión de ser agresivos, innovadores, de abrir una puerta que sea atractiva y el que no entró que reciba toda la fuerza del Estado.
También creo que hay que fortalecer la capacidad del Estado para avanzar en ese control territorial deficiente al que me he referido. Hay que fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública porque tenemos que desear que la mayor cantidad de actores armados se acojan a esas puertas que se abren. Pero es muy posible que no todos los hagan, y no solo eso, que persistan factores de violencia.
VA: ¿Usted ha tenido la oportunidad de plantearle esas ideas al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda?
AG: No, al Alto Comisionado no.
VA: ¿Por qué no?
AG: No he tenido la posibilidad, no he tenido el espacio. Pero no tan ampliamente como lo he hecho en esta entrevista, lo conversé con el presidente Gustavo Petro. Y espero, porque quedé en eso, de conversar prontamente con el Ministro de Defensa y si se abre la posibilidad con el Comisionado, también lo haré.
VA: Se ha conocido el borrador del proyecto de ley de sometimiento de organizaciones criminales y uno de los detalles que más llama la atención es que les dejarían el 10 por ciento de sus bienes, así se hayan adquirido con dineros de sus actividades ilícitas. ¿Qué piensa al respecto?
Es uno de los temas más complicados que he oído y he discutido en varios círculos. Creo que hay que buscar mecanismos para que la desmovilización y desarticulación de esas estructuras sea efectiva, pero ese asunto me parece muy complicado.
Uno no puede decirles a unos criminales que se sometan manteniendo los mismos castigos. Atractivos tienen que ofrecerse, pero el atractivo de legalizar en esa forma bienes que han sido adquiridos mediante el delito, mediante el crimen, es muy complejo.
Yo, hoy, no sería capaz de dar ese paso. Y le confieso que la única manera de que me convenzan es a través de una argumentación histórica que demuestre que, en otros momentos, en otros países, en otros conflictos, se ha hecho y que me muestren la trazabilidad que ha tenido. De resto, es un sapo muy difícil de tragar.
VA: El presidente Gustavo Petro ha anunciado la realización de lo que llama “diálogos regionales vinculantes” como una de las estrategias de su propuesta de Paz Total. ¿A usted le gusta esa idea?
AG: Le confieso que todavía no he podido entender el tema. Hay un capítulo de los diálogos regionales que tiene ver con la construcción de propuestas para el Plan de Desarrollo Nacional, es decir, una construcción participativa. Eso lo entiendo plenamente y vamos a contribuir. Es lo que nosotros siempre hemos hecho, hace parte de nuestro ADN.
Mi hermano Guillermo (asesinado por la extinta guerrilla de las Farc en 2002), y todos nosotros, como herencia e inspiración de él, hemos sido tremendamente participativos. El Plan de Desarrollo nuestro lo construimos a partir de recorridos por todo el departamento.
Pero en el tema de cómo los diálogos regionales van a ser un componente de la estrategia de paz, le confieso que no lo entiendo. Espero que sea algo que funcione, pero no lo entiendo, y lo digo con toda franqueza.
VA: ¿No se lo han explicado desde el gobierno nacional?
AG: No me lo han explicado a mí, pero creo que no se lo han explicado a otros. No es que me lo tengan que explicar a mí como gobernador, sino a los demás gobernadores, a los alcaldes y a muchos otros actores, para que coadyuvemos en esa dirección, pero, honradamente, ese componente no lo entiendo y lo digo con toda franqueza.
Sobre negocios ilícitos
VA: Parte de la conflictividad del departamento está relacionada con economías ilegales. ¿Cuál es el análisis que se tiene en la Gobernación de Antioquia al respecto?
Reitero, aún con toda la buena intención con los acuerdos que se realicen con los grupos criminales y los efectivos que sean, ojo, hablo con franqueza: las rentas ilegales no se van a acabar. Ahí están y ahí estarán. Si hay algunos que las dejen, es posible que otros quieran tomarlas. Por eso el Estado tiene que fortalecerse.
¿Cuáles son las estrategias para atacar esas rentas ilegales? Indudablemente, las economías ilegales, y parece esto de Perogrullo, son economías porque son rentables. Nadie estaría en ese negocio si no fuera rentable. Hablo de minería ilegal, de la cadena de muerte de las drogas ilícitas. Hay que atacarlas para que dejen de ser rentables, hay que volver costoso del delito, que pierda rentabilidad y con ello se le quita la posibilidad de pagar a todas las estructuras y cadenas del delito.
Y hay que pensar en la justicia. El gran incentivo para el delito es la impunidad. Entonces, si seguimos teniendo altísimos niveles de impunidad, vamos a seguir manteniendo los actuales delincuentes e invitando a otros a que entren al delito porque ven que el delito es impune.
Se requiere un ataque frontal a la impunidad y eso quiere decir un fortalecimiento a la Fiscalía y a toda la estructura de la justicia para que se dedique a la persecución efectiva de esos grupos criminales.
VA: ¿La estrategia de quemar retroexcavadoras, como ha venido sucediendo en el Bajo Cauca antioqueño, que dio origen a un paro regional hace un par de semanas, es la indicada para atacar la minería ilegal?
AG: Esas paladragas, esa maquinaria amarilla metida en medio de la selva, tumbando la selva, destruyendo la selva, destruyendo los ríos, en medio de una actividad criminal pagada por grupos criminales, claro que hay que destruirlas. Pero no solo eso. Con eso solo no se soluciona el problema.
VA: ¿Y cómo se explica la presencia de esas retroexcavadoras en medio de la selva? ¿Usted sabe cómo llegan hasta esos lugares remotos y selváticos? ¿Acaso hay mucha corrupción alrededor de ese tema?
AG: Hay mucha corrupción. Usted hace un sobrevuelo en el Atrato, unos 50 kilómetros al sur de Vigía del Fuerte, selva por todo lado, y de pronto encuentra 20 o 30 máquinas en medio de la manigua. Para llevarlas hasta allá tiene que haber mucha corrupción, y por muchos lados.
Ese es el poder corruptor de estas organizaciones criminales. Ese poder corruptor viene de esa inmensa rentabilidad de esas actividades criminales. Es uno de los aspectos que tiene que atacarse. Por digo que no solo es quemar esas máquinas. Se requieren otra cantidad de cosas, entre ellas, atacar esos fenómenos de corrupción.
Indudablemente, esa corrupción pasa por varios niveles: tiene que haber corrupción en la Fuerza Pública; a lo mejor en instituciones encargadas de atender y controlar los temas ambientales; en parte de administraciones municipales. Pero, ojo, no solo es corrupción.
Es también un fenómeno ligado a la intimidación. Es que cuando a usted le dicen, ‘señor, si usted deja pasar esta máquina tenga un millón de pesos, pero si no la deja pasar entonces aténgase a las consecuencias’. Ahí es donde tiene que estar el control del Estado. Porque esos funcionarios están a merced de esas organizaciones criminales.
VA: Parte de las soluciones al tema de la minería ilegal es la formalización de pequeños mineros. En ese sentido, Antioquia que es autoridad minera, ¿cómo ha avanzado en esa estrategia?
AG: Nosotros en Antioquia somos líderes en formalización minera en Colombia. Es uno de los temas que trabajamos con más ahínco porque estamos atendiendo a las personas más vulnerables de la cadena, a quien verdaderamente está afectado por todos los lados, que es el pequeño minero ancestral, de socavón y batea. Creemos que ese sigue siendo uno de los componentes de la solución.
De los 22.732 mineros de pequeña escala formalizados en Colombia, 9.741 pertenecen a nuestro departamento, es decir, el 42,8% del total. Y esos 9.741 mineros formalizados en Antioquia, 6.441 han firmado sus contratos de formalización en nuestro periodo de gobierno, sobre todo en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste y Occidente.
VA: El otro motor de la violencia es el narcotráfico en un departamento que tiene toda la cadena de esta actividad ilícita. ¿Qué reflexiones le suscita esta actividad, también generadora de violencia?
Siempre he dicho, y ahora lo reitero y lo reivindico, el problema es la cadena de destrucción y muerte de las drogas ilícitas. Es una cadena que tiene varios eslabones, uno de ellos es el narcotráfico, pero no es único. Hay narcofinanciación, y ahí sí que entran los países en desarrollo, porque muchos de esos recursos se quedan allá; hay narcoconsumo, y ahí sí que entran los países desarrollados; hay narcocultivos, pero también hay narcoprecursos y narcoinsumos.
Pero cuando el mundo entero habla de narcotráfico, nos señalan a nosotros como el único eslabón, pero hay cuando menos cinco grandes eslabones, por ello yo insisto en que tiene que haber una corresponsabilidad porque si no existieran los altos niveles de consumo, que existen en los países desarrollados, el tema de la producción y del precio serían distintos, por eso es un tema que debe tratarse globalmente.
Ahora en Colombia tenemos que hacer una estrategia muy agresiva de erradicación total de los cultivos de hoja de coca en Antioquia. Es una meta que se podría conseguir de manera conjunta, con apoyo internacional, de los gobiernos nacional, departamental y municipales, y las empresas.
Yo estoy seguro que si a los campesinos se les plantea una alternativa digna se cambian de ese cultivo. Una alternativa digna que tenga mercado, porque lo que tiene la coca es mercado, por eso tenemos que garantizarle mercado a la producción campesina que reemplace la hoja de coca con otros cultivos. Y Es muchísimo más rentable para la sociedad. Si todo lo enfocáramos a generar un marco rentable para esos campesinos, económicamente da con toda seguridad.
VA: ¿Su administración tiene un balance de cómo le fue a Antioquia con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc y en el que se pusieron todas las esperanzas en este tema?
AG: Es un balance negativo, así de claro. Es un proyecto que salió de los acuerdos de La Habana y que impulsó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), y que después en el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo la misma aceptación. Aquí nos tocó vivirlo: decían que sí, pero hacían que no. Entonces así es muy berraco, porque era un programa del gobierno nacional que, por supuesto requería todo el apoyo y estábamos dispuesto a darlo desde el gobierno departamental.
Pero si desde el gobierno nacional no tenía todo el apoyo, franco y decidido, el programa se fue viniendo abajo y a tener incumplimientos con los campesinos, y de los campesinos, así como desconfianza, entonces eso fue llevándolo a una situación crítica.
Hay que retomarlo, modificarlo, porque tenía, me parece a mí, errores en su diseño, pero con modificaciones lógicas y pertinentes es un programa que puede ser retomado como componente del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.
VA: ¿Y qué sugerencias le puede hacer al gobierno nacional para que retome el PNIS?
GA: El programa estaba fundamentado en recursos y menos fundamentado en mercado, ese sería el componente que yo le cambiaría. Prefiero enfocarme en el tema de mercadeo y menos en el de la producción. Usted produce si tiene mercado.
