El Alto Tribunal negó la nulidad interpuesta por el ex senador y dejó el camino libre para el arranque del juicio. Entre los llamados a declarar están Juan Manuel Santos, Luís Carlos Restrepo, Eleonora Pineda y Salvatore Mancuso.
 |
|
Mario Uribe a la salida de la cárcel La Picota de Bogotá, el pasado 20 de agosto del 2008. |
La Sala Penal de la Corte rechazó el recurso de nulidad que interpuso la defensa del ex senador Mario Uribe, procesado por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley, en este caso, de grupos paramilitares.
La petición de nulidad se basaba en una supuesta violación al debido proceso y al principio de imparcialidad. La defensa del ex senador argumentaba que la Corte Suprema no tenía competencia para juzgarlo, y mucho menos teniendo en cuenta que el mismo órgano era el que había adelantado la investigación contra el acusado.
Sin embargo, el Alto Tribunal, recurriendo a jurisprudencia de la Corte Constitucional, declaró como “legal y legitimo” el hecho de haber retomado el proceso que estaba en manos de la Fiscalía, señalando además que todas las garantías fundamentales del procesado serán respetadas a lo largo del juicio.
En el juicio serán llamados a declarar el candidato presidencial Juan Manuel Santos, el ex comisionado de paz, Luís Carlos Restrepo, los ex congresistas Luís Carlos Ordogoistia, Zulema Jattin Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda (condenados estos últimos por parapolítica), y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Como situación especial, la Corte recibirá el testimonio escrito y “certificado” del presidente de la República Álvaro Uribe, primo del acusado, a quién se le hará llegar en su momento un cuestionario con las preguntas elaboradas por las partes intervinientes.
Junto a ellos declararán Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, además de algunos concejales y residentes de Montelíbano, Chinú, Planeta Rica y Ciénaga de Oro.
Como prueba adicional se trasladarán los testimonios que Salvatore Mancuso, Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella presentaron ante la Corte en el caso que se adelanta contra el congresista Julio Manzur.
Aunque la defensa de Mario Uribe interpuso recurso de reposición contra la decisión del Alto Tribunal en el tema de la nulidad, la Corte se pronunciará este miércoles en la tarde sobre el mismo.
El caso contra Mario Uribe
El político fue capturado en Medellín por agentes del CTI en febrero de este año después de que la Corte Suprema de Justicia librara una nueva orden de captura (Ver noticia: Lo que tiene a Mario Uribe de nuevo tras las rejas).
El proceso de Mario Uribe Escobar había vuelto al terreno de la Corte Suprema, luego de que el Fiscal General encargado lo hubiera dejado libre el 19 de agosto de 2009 pero vinculado al proceso por sus presuntos nexos con paramilitares.
Ahora la Corte considera, en su acusación, que Uribe y los paramilitares se aliaron para lograr el poder político en lo que llamaron “estados liberados” (Ver acusación de la Corte Suprema de Justicia contra Mario Uribe).
“Nunca satisfechos y en procura de lograr una representación política que compartiera sus idearios de “Nación”, desde aproximadamente el año 2001 diseñaron un plan de expansión que les permitiera obtener una representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos. En ese sentido, diseñaron una propuesta convencional que entre otros lideraron Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, el uno un curtido político del Departamento de Córdoba y la otra concejal de un pueblo apartado de la Región del San Jorge con aspiración de convertirse a nivel nacional en la representante de las autodefensas”, dice la Corte en su comunicado anunciando la decisión.
Para la Sala, “la alusión a la manera como operó el aparato paramilitar en sus orígenes, permite explicar mediante una visión de conjunto, la razón de ser de la gravedad del injusto que se atribuye al doctor Uribe Escobar, al pactar con Salvatore Mancuso, líder de esas fuerzas ilegales, la promoción de grupos armados al margen de la ley que inicialmente fueron concebidos como un medio de presión sobre pueblos enteros, pero que luego pretendieron asumir la condición de “actores” políticos, con el respaldo y auspicio de quienes ostentaban la condición de representantes del Estado”.
La acusación de la Corte se centra en los resultados atípicos que tuvo Mario Uribe en Sahagún, Montelíbano, Planeta Rica y Chinú. El análisis de las votaciones de 1998, 2002 y 2006 deja la pregunta de “cómo puede alguien (refiriéndose a Mario Uribe), quien quiera que sea, que no es de la región y que tiene una vinculación de otra especie más que política, obtener unos niveles de votación como nunca los había tenido y luego volver a sus cauces normales sin mayor explicación”.
En Montelíbano, Uribe obtuvo en 1998 sólo ocho votos. En 2002 sacó 4.087 votos y en 2006, con 13 votos, volvió a sus niveles normales. O sea que en las elecciones de 2002 aumentó su caudal electoral 510 veces. Este comportamiento “atípico” se reproduce en los otros municipios, que para la época tenían una fuerte presencia paramilitar, con aumentos de votaciones entre 42 por ciento y 1200 por ciento.
Aunque Mario Uribe explica el aumento de sus votaciones gracias a alianzas con políticos locales como Otto Bula y Mariano Cura Demoya, la Corte no se explica cómo en las elecciones parlamentarias de 2006 tales resultados no se reprodujeron.
La duda de la Corte sobre los resultados atípicos se refuerza con los testimonios de varios dirigentes locales del movimiento Colombia Democrática, partido de Mario Uribe, que dijeron que no conocen a Mariano Cura Demoya y que nunca lo vieron haciendo proselitismo en la región.
Uribe además tenía que saber que aliándose con Eleonora Pineda en la región de San Jorge se estaba juntado con alguien que tenía notorios nexos con Salvatore Mancuso. Según la Corte “no es improbable que Eleonora Pineda haya celebrado un compromiso electoral con Mario Uribe y que el mismo (compromiso) lo haya avalado Salvatore Mancuso”.
En versión libre de Salvatore Mancuso dice que es imposible que Mario Uribe no supiera qué tipo de relación existía entre él y Eleonora Pineda. El ex jefe de las Auc dice que “si yo le mando (a Mario Uribe) una razón con Eleonora, me imagino que él le habrá preguntado, Eleonora qué tipo de relaciones tienes tú con el Comandante Mancuso o por qué me está citando”.
La Corte añade que Eleonora Pineda, como aliada de los ‘paras’, también tuvo resultados extraños en los municipios donde Mario Uribe aumentó de forma atípica su caudal electoral, lo que permite demostrar un acuerdo entre Mancuso y los dos políticos.
En conclusión la Corte dice que “es altamente probable que Mario Uribe Escobar se hubiese reunido con Salvatore Mancuso no para hablar exclusivamente del proceso de paz, sino para delinear un apoyo en una zona especialmente conflictiva”.
La Corte sin embargo desvirtuó los testimonios de varios ex ‘paras’ que vinculan a Mario Uribe con el robo de tierras en Sahagún y Caucasia en 1998, con la complicidad en el asesinato de un campesino en su finca La Palmira en Hispania, Antioquia y con la colaboración del Bloque Élmer Cárdenas para presionar los votantes del Urabá antioqueño para favorecer a Mario Uribe.
El proceso contra Mario Uribe Escobar
Desde mediados de la década del noventa, el ex senador Mario Uribe Escobar habría estado a la sombra del paramilitarismo: lo han dicho ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ante la justicia y lo confirman los casos de cinco congresistas de su movimiento político que hoy están vinculados a investigaciones por parapolítica, uno de cuales fue condenado recientemente a 40 años de cárcel.
No ha sido fácil para este abogado de la Universidad de Antioquia, primo del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido Colombia Democrática y uno de los políticos antioqueños más reconocidos en los últimos 30 años, librarse de esos señalamientos que hoy lo llevan de nuevo a la cárcel para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado.
La investigación en su contra comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria. En este alto tribunal valoraron los testimonios aportados por varios ex paramilitares, quienes lo señalaron de haber usado sus relaciones con la Auc para comprar tierras baratas en Córdoba y de hacer acuerdos políticos para alcanzar una curul en el Senado de la República en las elecciones del 2002.
El proceso arrancó en noviembre de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia escuchó los testimonios del ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, quien declaró desde Quebec, Canadá, donde se encuentra exiliado, que Uribe Escobar se reunió dos veces con varios paramilitares, la primera vez a finales de 1998 en Sahagún, Córdoba, y al año siguiente en Caucasia, Antioquia. Según este testigo, en esas reuniones se discutió la compra de tierras a bajo precio para tener el control en esas regiones.
Si bien Uribe Escobar rebatió esos señalamientos alegando que no tenía tierras a su nombre en esas regiones del país, su situación se complicaría el 15 de mayo de 2007 cuando compareció en Medellín ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz el ex comandante de las Auc Salvatore Mancuso.
El ex jefe paramilitar declaró que el entonces candidato al Senado lo buscó para que le ayudara a conseguir votos en zonas de influencia de las Auc en Córdoba y Sucre, donde Mancuso era ampliamente conocido. De acuerdo con este ex comandante, en dos encuentros estuvo la ex Representante a la Cámara Eleonora Pineda, quien fue condenada por sus nexos con el paramilitarismo.
La versión fue corroborada el 23 de agosto de ese año por Mancuso ante funcionarios de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Allí explicó que le había pedido a Eleonora Pineda que le presentara a Mario Uribe, con quien la congresista había hecho una coalición política. Según dijo, ese encuentro tenía como punto central hablar “del tema del apoyo político a nuestras aspiraciones de lanzar un proceso de negociación”.
En esa ocasión Mancuso explicó que la reunión duró entre 45 minutos y una hora, pero admitió que era la primera vez que se reunía con él y que no recordaba si ese encuentro fue antes o después de marzo de 2002, fecha de las elecciones de ese año. Luego hizo referencia a una segunda reunión, sobre la que no entregó mayores detalles, salvo que nunca le solicitó a las personas que vivían en las zonas bajo su influencia que votaran por Mario Uribe, y aclaró que sus candidatos eran Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda. Según él, la ex Representante organizó el apoyo del político antioqueño.
En declaraciones a la Corte Suprema de Justicia el 18 de septiembre de 2007, Pineda hizo referencia a una de las reuniones entre Mancuso y Uribe Escobar, pero advirtió que se realizó después de las elecciones de marzo de 2002. Según dijo, ella le comentó al senador Uribe que unos amigos del municipio de Tierralta, Córdoba, lo querían conocer y sólo en el camino hacia una zona conocida como El 15, le contó que el encuentro sería con Salvatore Mancuso.
Los tres testimonios sirvieron de base para que la Corte expidiera orden de captura en su contra el 22 de abril de 2008. Al conocer de ello, Uribe Escobar y sus abogados se trasladaron de inmediato a la Embajada de Costa Rica, donde solicitó asilo político, pues consideraba que había una injusta persecución en su contra. No obstante, el gobierno del país centroamericano le negó la petición, por lo que se vio obligado a entregarse a las autoridades y acabó recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá.
Bajo presión
No ha sido un proceso fácil para las autoridades judiciales. Un mes después de la captura de Uribe Escobar, se conoció que el presidente Álvaro Uribe Vélez había llamado al magistrado Cesar Julio Valencia Copete, para averiguar por el caso de su primo, asunto que se interpretó como un intento de injerencia indebida.
El asunto, que fue divulgado por el magistrado Valencia Copete en una entrevista concedida al diario El Espectador, molestó al Presidente de la República, quien negó esa versión e instauró una denuncia en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sin que aún se haya resuelto el asunto.
Pero habría más controversias. El 19 de agosto de ese mismo año, Uribe Escobar fue dejado en libertad por orden del entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago en una decisión cuestionada. El hoy Fiscal General de la Nación encargado sustentó su providencia en una falla en la sustentación de la medida de aseguramiento proferida contra el político antioqueño.
Otra discusiónvendría meses después. El 5 de octubre de 2007, Uribe Escobar tomó la decisión de renunciar a su curul como Senador, pues con ello lograría que su caso lo investigara la Fiscalía General de la Nación y no la Corte Suprema de Justicia. Inicialmente, el expediente le fue asignada la Ángela Buitrago, una fiscal considerada de “línea dura” que está al frente de investigaciones tan complejas como la de los desaparecidos del Palacio de Justicia y la de Guillermo Valencia Cossio, hermano del Ministro del Interior y de Justicia.
Posteriormente, el fiscal Mario Iguarán Arana reasignó el caso y se lo entregó a Ramiro Alonso Marín Vásquez, un fiscal reconocido por su seriedad quien se vio obligado a renunciar al ente acusador a finales de agosto del 2008 argumentando que había recibido presiones para decidiera a favor del ex congresista.
El proceso siguió su curso y el 9 de julio de 2009 la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Fiscalía General de la Nación acusar formalmente al ex Senador por el delito de concierto para delinquir agravado. Su petición se fundamentó en los testimonios de los ex paramilitares con los cuales se inició este proceso. A partir de esa petición, el ente acusador debía determinar si avanzaba en el proceso y acogía los argumentos del Ministerio Público o, por el contrario, tomaba la decisión de precluirlo.
Pero cambios en la jurisprudencia colombiana llevó a que la Corte Suprema de Justicia reasumiera a finales de septiembre del año pasado varios procesos contra políticos relacionados con grupos paramilitares, entre ellos el de Mario Uribe Escobar, lo que nuevamente provocó una tensión, esta vez con la Procuraduría General de la Nación, que no acepta que el argumento esgrimido por esta Corte que advierte que el delito por el que se acusa al político antioqueño guarda relación con su función de congresista, así hayan renunciado a sus curules.
Se espera entonces que ahora, con Uribe Escobar nuevamente preso, se puede definir con claridad si el ex Senador estuvo bajo la sombra del paramilitarismo a partir de los acuerdos realizados para obtener beneficios personales, no solo en el ámbito electoral, sino en su gusto por la posesión de tierras.
