En el arranque de su juicio, el coronel Plubio Hernán Mejía, ex comandante del Batallón La Popa en Valledupar, negó cualquier relación con el Bloque Norte de las AUC aunque reconoció irregularidades al de asumir su comandancia en 2001.
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La investigación contra el coronel Mejía se inició hace tres años y todavía se encuentra en etapa de juicio.  – Corte Suprema traslada caso de coronel Mejía a Bogotá – De Héroe a Villano (Semana) – Ya no brilla la estrella del Ejército (Semana)  – Auto sobre el cambio de radicación del proceso contra Mejía |
Durante la primera sesión del juicio que se le adelanta por concierto para delinquir agravado, el coronel se declaró inocente de todas las acusaciones que lo señalan como colaborador del Bloque Norte de las AUC, por haberse reunido con ex jefes paramilitares como ‘Hernán Giraldo’ y ‘Jorge 40’, además de hechos relacionados con los denominados ‘falsos positivos’.
Sin embargo, un antiguo subalterno de Mejía, desmovilizado del Bloque Centauros, es uno de los testigos que lo señalan como activo colaborador de las Autodefensas al mando de ’40’.
Ante el Juez Segundo del Circuito Especializado de Bogotá, el coronel Mejía aseguró que no entiende las razones por las cuales está detenido y acusado de nexos con grupos al margen de la ley. “No tengo nada de que avergonzarme frente a mi país y el Ejército, como oficial no he tenido ningún tipo de contacto ni reunión con personas al margen de la ley” afirmó Mejía.
Según él, depués de una destacada carrera militar, el entonces presidente Andrés Pastrana lo designó en 2001 para que se hiciera cargo de Cesar, departamento que vivía graves problemas de orden público, en especial luego del asesinato de la ex ministra Consuelo Araújo. El coronel alegó que ese fue su primera tarea en el norter del país. Hasta entonces Mejía sólo había trabajado en Caquetá y Putumayo.
Desde entonces, y hasta finales de 2003, Mejía declaró haber perseguido a guerrilla y paramilitares por igual y aseguró haber empleado nuevos métodos “para devolver la seguridad a las carreteras y a las poblaciones que entraban dentro de la jurisdicción del Batallón”. “La región estaba secuestrada, los alcaldes gobernaban desde Valledupar, el objetivo era devolverle la seguridad al departamento”.
Sin embargo, admitió que en el momento de hacerse cargo del Batallón La Popa, existían casos de corrupción al interior de la unidad militar. Según él, se comprobaron pérdidas de armamento (armas cortas y municiones) en los almacenes del Batallón, así como material de intendencia. Por este caso, afirmó Mejía, se investigaron y desvincularon del Ejército siete suboficiales y 56 soldados.
Entre los desvinculados, según Mejía, se encuentra uno de sus principales acusadores, el ex suboficial y presunto desmovilizado del Bloque Centauros de las Autodefensas, Edwin Manuel Guzmán. Este ex militar también es el testigo estrella del caso contra la Drummond por el asesinato de dos sindicalistas. Para Mejía, “en más de una oportunidad han quedado demostradas las inconsistencias de las declaraciones de Guzmán, él es tan sólo un traficante de armas”, aseveró.
Mejía, y otros cuatro militares, están procesados desde mayo de 2008 por el delito de concierto para delinquir agravado. Junto a él son juzgados el teniente coronel José Pastor Ruiz, el teniente Nelson Javier Llanos y los suboficiales Aureliano Quejada y Efraín Andrade.
El juicio contra Mejía continuará hasta el próximo 20 de abril. Entre los testigos citados para declarar están los ex jefes paramiliitares Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte, Edgar Fierro Flores alias ‘Don Antonio’, mano derecha de ‘Jorge 40’ y Leonardo Sánchez Barbosa alias ‘El Paisa’. También fue llamado Guillermo Augusto de Hoyos, desmovilizado del Bloque Norte, uno de los testigos claves en el caso del ex gobernador de Cesar, Herrando Molina Araújo, juzgado por parapolítica.
Las acusaciones contra Mejía
En mayo de 2008, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por los presuntos delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. La misma orden cobija al sargento primero Aureliano Quejada y al suboficial retirado Efraín Andrade Perea. Los militares permanecen recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón la Popa en Valledupar investigados, principalmente por falsos positivos.
La investigación contra estos oficiales se inició en 2007, cuando el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, anunció en una rueda de prensa que el Coronel Mejía Gutiérrez sería relevado por las denuncias de un ex suboficial, que fue su escolta. El ex suboficial afirmó que el Coronel cometió varios asesinatos en un afán por mostrar resultados como comandante del Cesar. Así mimso señaló que Mejía se alió con el Bloque Norte.
Cuando Mejía llegó al Batallón conformó un escuadrón especial de 14 militares, conocido como el grupo Zarpazo especializado en reacción rápida a los ataques de los ilegales. Sospechosamente, cada vez que el grupo realizaba operativos producía bajas. Además entre 2002 y 2004 aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos en la zona, crimen que alcanzaron la cifra de 53 homicidios sólo en el primer semestre de 2003. Los kankuamos denunciaron al Batallón La Popa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como responsables de varias de esas muertes.
Otro de los casos que está investigando la Fiscalía es el asesinato de 18 supuestos guerrilleros del Eln en octubre del 2002. Los cadáveres aparecieron vestidos de camuflado y con brazaletes del Eln, pero en los calzoncillos tenían lasiniciales de AUC. Además, cuando los asesinaron, sus familiares denunciaron que no eran guerrilleros.
Según testigos se trató de una purga interna dentro del grupo paramilitar Mártires del Cacique de Upar orquestada por el Coronel Mejía y el difunto jefe paramilitar David Hernández, alias ’39’, quien era amigo de infancia de Mejía, según el ex escolta del Coronel. En 2004, Hernández fue asesinado por tropas del coronel Mejía, pero varios testigos señalan que ‘Jorge 40’ fue el que ordenó su muerte.
Mejía y varios de sus hombres también son investigados por los asesinatos de dos supuestos guerrilleros en el Batallón en junio de 2002. Las dos personas fueron capturadas, torturadas, asesinadas y presentadas como positivos.-
El ex suboficial también confesó que coronel Mejía y él se reunieron con todos los jefes paramilitares del Bloque Norte: ‘Jorge 40’, Hernán Giraldo, Oscar José Ospino, alias ‘Tolemaida’, Enrique López, alias ‘Omega’ y ’39’. Según el testigo, ese día Mejía y ‘Jorge 40‘ acordaron que él iba a recibir un sueldo de 30 millones de pesos mensuales a cambio de que el ejército no se metiera con las autodefensas. De acuerdo con el relato Mejía le entregó fusiles Galil a alias ’39’ y sus hombres para que lo ayudaran con falsos positivos.
El testigo aseguró que estos asesinatos se cometieron con la complicidad de fiscal Alix Cecilia Daza Martínez, quien durante varios años fue juez superior de Valledupar y que después fue nombrada directora de Fiscalías de Valledupar por el ex fiscal general Luis Camilo Osorio como directora de Fiscalías de Valledupar.
Obstrucciones a la Justicia
En octubre de 2008, Sandra Castro, coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, le informó al ex fiscal Mario Iguarán al ex procurador Edgardo Maya que Mejía estaba obstruyendo la investigación. Ahí dice que el Mejía acusó a los investigadores de la Fiscalía de
elaborar un montaje en su contra. Esta acusación pone en riesgo los
investigadores judiciales y demuestra una clara obstaculización a la
justicia “que puede conducir a una decisión de exoneración de
responsabilidad, pero no porque esté acreditada la inocencia del
procesado, sino por la falta de pruebas generada por el temor de los
testigos en afirmar sus imputaciones y de los investigadores de ahondar
en la búsqueda de la verdad”.
Los testigos Fredys Oñate y José Trinidad Pacheco, que tenían información sobre los nexos entre ‘Jorge 40’ y las tropas de Mejía fueron asesinados. Oñate apareció muerto a comienzos del 2007, luego de que un investigador lo ubicara y le pidiera declarar ante las autoridades lo que sabía. Y Pacheco murió en Atánquez, Cesar, luego de haber rendido indagatoria.
Además otro de los testigos contra el coronel Mejía fue amenazado en octubre de 2008. Guillermo Augusto de Hoyos, desmovilizado del Bloque Norte, denunció que recibió cinco mensajes de texto a su celular con amenazas de muerte para que no declarara contra Mejía en una audiencia que en Barranquilla. Aunque De Hoyos asistió a la audiencia, no dijo ni una palabra contra el oficial del Ejército, ya que dijo desconfiar de la Fiscalía porque no le había brindado la seguridad que necesitaba.
Por eso en octubre de 2009 la Corte Suprema de Justicia aceptó el traslado del caso contra el coronel Mejía de Valledupa a Bogotá porque “no se encuentra garantizada la seguridad e integridad personal de los testigos y de los funcionarios judiciales”.
