La deuda del gobierno Petro con los defensores de derechos humanos

Al menos 705 personas que se dedicaban a esa causa fueron asesinadas entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026, según los registros de Indepaz. Si bien esa cifra representa una reducción del 17 por ciento comparada con la administración de Iván Duque, los niveles de violencia que padecieron estos activistas no deja de ser preocupante y tampoco la manera como se abordó su protección. 

El gobierno saliente de Gustavo Petro cumplió con su promesa de aprobar una política pública para proteger a los líderes sociales y activistas de derechos humanos, firmando el Decreto 1028 de 2026. Pero lo hizo a sólo dos días de terminar su mandato y llegó muy tarde para Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, gobernador y máxima autoridad tradicional de uno resguardo Nasa. Tres días antes, Gutierrez murió tras una ataque sicarial en Florida, Valle del Cauca en el que también murieron un escolta y un comunero.

Llegó muy tarde, también, para otros 87 defensores asesinados en lo que va del año, y los otros 704 asesinados durante los cuatro años que estuvo Petro en el poder, según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La llegada a la Casa de Nariño del primer gobierno de izquierda del país contó con el apoyo de movimientos sociales, que esperaban que la nueva administración tomase decisiones efectivas para detener los alarmantes niveles de violencia que han padecido líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc.

Pero el tema no fue parte central de la agenda central del Ejecutivo, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, y no logró detener la violencia contra quienes defienden derechos humanos en Colombia.

Al comparar la situación entre los gobiernos de Gustavo Petro (2022-2026) e Iván Duque (2018-2022), se encuentra una reducción del 17 por ciento en materia de asesinatos. Indepaz documentó que durante la era de Duque se cometieron 854 homicidios, frente a 705 durante el mandato Petro. El Programa Somos Defensores, organización que documenta agresiones contra estos activistas desde 2002, registra que durante el gobierno Duque fueron asesinados 691 y, con corte parcial a marzo de este año, durante la administración Petro, 589.

A pesar de la reducción de asesinatos, los niveles de violencia continúan siendo muy altos y promedian 170 casos por año. Más allá de las cifras, organizaciones sociales tienen reparos por la forma como el gobierno saliente enfrentó esta crisis humanitaria, como en su momento la catalogaron la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

Los cuestionamientos son múltiples: desde la falta de implementación de un plan de choque que le entregaron tras la posesión presidencial de 2022; la falta de reforma en la Unidad Nacional de Protección (UNP) para adecuar la protección de los líderes sociales; la atención a medias a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de personas defensoras; y que haya esperado hasta los últimos días del gobierno para promulgar el decreto que le da vida a la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de Derechos Humanos, a pesar de que organizaciones sociales trabajaron fuertemente durante tres años para su creación.

Torres también llama la atención sobre los efectos que causó la manera en la que se ejecutó la política de Paz Total. Si bien reconoce la necesidad de buscar soluciones negociadas al conflicto armado, señala que la falta de imposición de líneas rojas frente a violencia contra estos activistas fue un error.

“La crisis humanitaria golpeó muy fuerte a las personas defensoras porque los actores armados ilegales no respetaron a la población civil y no respetan a los liderazgos sociales. Una de las críticas del proceso es que definitivamente las agendas humanitarias se desdibujaron en el marco, sobre todo, del mandato de Otty Patiño (comisionado de Paz)”, plantea.

Seguridad humana y Paz Total

El presidente Petro apostó por cambiar el enfoque de seguridad y por adelantar de manera simultánea negociaciones con grupos armados de diversa naturaleza. Esta segunda política fue bautizada como Paz Total, en la que se dieron ceses al fuego y suspensión de bombardeos de manera temprana. Diversos sectores señalan a la Paz Total como la causante del deterioro de la seguridad.

Si bien algunos grupos armados aprovecharon los ceses  para reforzar sus posiciones en los territorios, la política de Paz Total no es la única causante de la situación actual, en la que, según registros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), hubo 10.231 eventos de violencia contra la población civil entre el 1 enero de 2023 y el 6 de agosto de 2026.

Para Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la principal razón de la situación actual es que el Estado no ha entendido qué son los actuales grupos armados.

Es una falla en la que incurrió tanto la política de seguridad y desmantelamiento como la política de Paz Total:  no entender que estos grupos no son iguales a las guerrillas, no son iguales a los paramilitares, no son enteramente grupos de crimen organizado, sino que son estructuras civiles que se nutren de distintas características del conflicto armado; o sea, tienen unas tradiciones que provienen del conflicto armado y a la vez están muy metidos en el crimen organizado. Entonces tienen también formas de actuar que en realidad son incentivadas por el crimen organizado y no tanto por los aspectos políticos de los grupos.

Y complementa: “Son muchas cosas al mismo tiempo y se falló en entender eso, en entender también cuál es su relación con el territorio. Muchas veces se dice que son los que lo controlan todo, pero en realidad yo creo que no sabemos con esa minucia cuáles son esos vínculos con las personas del territorio, qué es lo que controlan, qué es lo que no controlan, cuáles son las violencias que ejercen”.

Por otro lado, Kyle Johnson, director de investigaciones de Conflict Responses (CORE), señala que, a pesar de las buenas intenciones, la política de Seguridad Humana, centrada en la protección de la población civil, finalmente no trascendió del papel. Posteriormente, con el nombramiento de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, que renunció como mayor general  de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, para asumir esa cartera, se retomaron estrategias del pasado.

“Cuando traen a Sánchez, la perspectiva sobre la seguridad cambia y van a una perspectiva más tradicional, que en gobiernos anteriores, como hemos visto, no funciona en el contexto actual. Hay que ajustar esa visión para el contexto actual”, indica el investigador.

Johnson también plantea que a la no implementación de la política de Seguridad Humana y la falta de resultados de los combates como estrategia de seguridad tradicional, se suma el hecho de no implementar medidas enfocadas en la prevención, especialmente al reclutamiento forzado.

“No hubo esfuerzos realmente sólidos y consistentes para ese tema durante este gobierno. Eso no ayuda porque la mayoría de la gente que va a la guerra hoy en día es menor de edad. Así salgan en algún momento o sigan, la gran mayoría entra como menores de edad. Y cumplen la mayoría de edad dentro de la guerra. Entonces ese es un tema que quizás no hace parte de una visión tradicional de seguridad, pero sí es fundamental, es supremamente importante”, precisa.

Tobo coincide con Johnson y señala que uno de los efectos directos que sí se le puede atribuir a la Paz Total, es la expansión y crecimiento en filas de los grupos armados. Considera que fue un catalizador. 

Un reciente informe de la FIP en el que analizó las mesas de diálogos de la Paz Total, titulado El costo de negociar mal, concluye que este proceso dejó más pérdidas que ganancias porque partió de un diseño institucional, estratégico y jurídico insuficiente para conducir simultáneamente procesos políticos, sometimientos a la justicia y diálogos urbanos.

El documento establece que el número de integrantes de dichos grupos armados aumentó un 90 por ciento, pues al inicio del gobierno Petro eran 15.120 y a julio de este año son alrededor de 29.000.

La investigación concluye que luego de casi cuatro años, la Paz Total no cumplió sus tres propósitos fundamentales: desescalar las violencias, generar transformaciones territoriales y ningún proceso culminó en un tránsito completo hacia la legalidad.

Tobo plantea que la falta de coordinación entre las políticas de seguridad y la Paz Total pueden dar razón de lo anterior. “Desde la FIP consideramos que la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda. No son realmente antagonistas, no son políticas que uno deba preferir una por encima de la otra, sino que son dos políticas que deben trabajar en simultáneo, con otras políticas que también tienen que ver con la seguridad y la garantía de derechos en esos territorios, como la misma política de drogas, la política de transformación territorial, etc”. 

Y concluye: “Quedándonos con paz y seguridad, yo creo que no se cumplió el objetivo de hacer que estas dos no sólo fueran en sintonía, sino que una no limitara a la otra. Por ejemplo, hizo falta una buena política de seguridad, que le diera un poco de legitimidad a las negociaciones, en el sentido que la gente no creyó en la Paz Total, porque sintió que no se estaba haciendo nada para frenar a los grupos armados”.

En ese sentido, el investigador de CORE señala que hubo un desbalance entre seguridad y Paz Total, que queda reflejado en las peleas institucionales entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa.

“Aunque luego mejoró la relación, esas peleas tuvieron un efecto, un momento de desbalance, porque ya no tenemos paz y seguridad, sino paz versus seguridad. Ese paz versus seguridad no ayuda”, precisa Johnson.

A dos días de terminar su mandato, el gobierno Petro expidió el Decreto 1028. Quienes defienden derechos humanos y ejercen el liderazgo social, están a la expectativa de los cambios que traerá la administración de Abelardo de la Espriella, ya que el mismo mandatario y algunos de sus funcionarios, han emitido cuestionamientos sobre la labor que ejercen y mecanismos que los protegen, como la consulta previa, el Acuerdo de Escazú y la defensa del medioambiente ante una política de explotación de recursos naturales.