A diferencia de generales que comandaron al Ejército en ese departamento del Caribe, tenientes, coroneles, mayores, subtenientes, sargentos, cabos y soldados profesionales reconocieron su responsabilidad y le pidieron perdón a los familiares de las víctimas. Algunos aceptan la verdad, pero otros esperan más. En total, se trataron 127 casos.
En las últimas dos semana el Caso 03 de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas por el miembros de la Fuerza Pública como bajas en combate, ha conmocionado al país por las confesiones de militares que estaban adscritos en el Batallón La Popa de Valledupar, en Cesar. Esta semana se le suma la reciente imputación del mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI, con accionar en Casanare, entre diciembre de 2005 y junio de 2007.
El 18 y 19 de este mes, en el Auditorio Fundación Universitaria del Área Andina de la ciudad de Valledupar, tuvo lugar la audiencia de reconocimiento público del Caso 03 en el subcaso Costa Caribe. Allí, 12 militares pertenecientes al Batallón de Artillería n°2 La Popa, reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por el asesinato y la desaparición de 127 personas.
Las víctimas, en su mayoría indígenas, hacían parte de las comunidades Wiwa y Kankuamo. Los indígenas denunciaron la persecución y estigmatización a la que fueron sometidos. Los magistrados del caso mencionaron que, aparte de los asesinatos, las comunidades étnicas también fueron desplazadas de sus territorios sagrados.
Madres, hermanas, padres, primos e hijos de víctimas de los denominados ‘falsos positivos’, como mediáticamente se conoce ese accionar criminal, intervinieron para recordar a sus seres queridos y resaltar quiénes eran. Asimismo, les exigieron a sus victimarios, ubicados a unos cuantos metros, que limpiaran el nombre de sus familiares y contaran toda la verdad.
¿Cómo se llevaron a cabo estos asesinatos?
En la costa Caribe, la JEP determinó dos patrones de macrocriminalidad en los asesinatos de civiles que fueron presentados como bajas en combate. El primero se trataba del asesinato de personas que eran señaladas de pertenecer a grupos armados al margen de la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) o las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Sin embargo, los comparecientes reconocieron que estos señalamientos no se corroboraron con la inteligencia del Ejército. Esta primera forma de cometer los asesinatos se llevó a cabo con la ayuda de paramilitares. El soldado profesional Yeris Andrés Gómez relató una reunión entre el coronel (r) Publio Hernán Mejía y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, jefe del extinto Bloque Norte de las Auc, que dio inicio a la alianza entre el batallón La Popa y el Bloque Norte de las Auc.
En algunos casos los asesinatos fueron cometidos por paramilitares y tropas del Ejército se encargaron de recoger los cuerpos en un punto específico. En otros, relató el soldado Gómez, asesinaron con tiros de gracia a miembros de grupos armados que habían quedado heridos después de los combates. El exuniformado reconoció que asesinó a un guerrillero del Eln, herido en combate, por órdenes del Mayor José Pastor Ruiz Mahecha. A cambio, Gómez Coronel recibió 100 mil pesos en efectivo y un plato de arroz chino.
Declaraciones como esas también fueron realizadas hace más de diez años en el proceso de Justicia y Paz, en el que desmovilizados de las Auc confesaron pactos entre ‘Jorge 40’ y el coronel (r) Mejía. De hecho, el oficial del Ejército Nacional fue condenado por la justicia ordinaria pero recobró su libertad de manera condicional al someterse a la JEP, a cambio de aportar verdad en el esclarecimiento de los ‘falsos positivos’. (Leer más en: Desmovilizado de las Auc hace nuevos señalamientos contra el coronel Mejía y Pactos macabros que terminaron condenando al coronel Mejía)
El segundo patrón de macrocriminalidad que descubrió la JEP tiene como punto de partida la desmovilización de las Auc al someterse al proceso de Justicia y Paz. La desaparición del Bloque Norte obligó a los miembros del Batallón La Popa que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de civiles, a realizar el trabajo sucio que les hicieron los paramilitares.
El magistrado Óscar Parra Vera relató que militares comenzaron a montar retenes en las carreteras e hicieron falsas promesas de trabajo a personas vulnerables con el fin de encontrar víctimas. Este sistema de asesinatos se alimentaba de incentivos como permisos, remuneraciones, comidas especiales, exaltaciones públicas y viajes al exterior. Elkin Rojas, cabo tercero, explicó que entre los mismos soldados del batallón recolectaban dinero para comprar las armas y los camuflados que fueron usados para “legalizar los asesinatos”.
La división de labores que hicieron dentro del batallón incluía reclutadores y todo un plan que resultaba en el traslado de civiles de una ciudad a otra con el fin de asesinarlos. El soldado profesional Alex José Mercado Sierra, otro de los comparecientes, se especializaba en el asesinato de estos civiles que llegaban engañados en busca de un trabajo. Según el Auto 128 de 2021 de la JEP, Sierra mencionó que el sargento Víctor Adolfo Cuéllar Quirá, que en el momento de los hechos estaba al mando de los pelotones Zarpazo y Albardón 1, daba la orden de trasladar a los jóvenes sin documentos para dificultar la identificación de los cadáveres.
Durante la audiencia en Valledupar, el magistrado Óscar Parra calificó de “relatos escalofriantes” los casos de 127 ‘falsos positivos’ del que la justicia transicional responsabiliza al Batallón La Popa.
Todo era un plan
Detrás del asesinato y desaparición de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate estaba la intención de aumentar los resultados que Batallón La Popa y así generar una sensación de seguridad Cesar. En general, los comparecientes refirieron que estas ejecuciones extrajudiciales se llevaron a cabo por la presión que los superiores ejercían sobre el grupo. Sin embargo, y a pesar de los cuestionamientos de los magistrados del caso, los implicados no dieron nombres de los altos mandos que les pedían resultados que derivaron en esa “escalofriante” práctica.
El teniente coronel (r) Heber Hernán Mejía Gómez, exjefe de operaciones, uno de los comparecientes presentes en la sesión, señaló que el comandante Publio Hernán Mejía, quien dirigió la unidad desde enero del 2002 hasta diciembre del 2003, manejaba la estructura criminal que funcionaba dentro del batallón “a su antojo”. Guillermo Gutiérrez Riveros, militar que tenía bajo su cargo la sección de operaciones en el batallón, explicó que con el cambio de comandancia entre el coronel Mejía y el coronel Juan Carlos Figueroa, las exigencias aumentaron. Esto hizo que el número de ejecuciones extrajudiciales aumentara y, en sus palabras, “los pelotones se volvieron una maquinaria de muerte”.
El sargento segundo José de Jesús Rueda Quintero se desempeñó como comandante de pelotón del grupo especial Zarpazo. Su llegada al Batallón La Popa se dio después del pacto entre paramilitares y miembros del Ejército, por lo que el plan criminal ya estaba en acción. Rueda explicó que interpretó como normal el hecho de trabajar con paramilitares, pues le dijeron que “no buscara cosas que no debía buscar”, pues él solo debía recibir las bajas.
El Sargento Primero (r) Efraín Andrade Perea, entonces responsable de la sección segunda, era analista de blancos cuando llegó al Batallón La Popa y su trabajo se trataba de hacer inteligencia para la institución. Sin embargo, con el tiempo vio que su trabajo no tenía sentido pues sus compañeros tenían permisos y salidas por lo que decidió unirse a las ejecuciones extrajudiciales.
Andrade Perea, sargento primero (r), sostuvo que los asesinatos se coordinaban con alias ‘39’, mano derecha de Jorge 40; el Sargento Primero (r) Manuel Valentín Padilla, exagente de inteligencia externa, uno de los comparecientes presentes en la audiencia; y el comandante Publio Hernán Mejía. (Leer más en: Desmovilizado asegura que alias ‘39’ y el coronel Mejía eran aliados)
Asimismo, contó que mientras que un grupo de militares se encargaba de cometer los asesinatos, otro grupo, entre los que se encontraba él, hacía informes fraudulentos en los que señalaba que los civiles llevaban material de guerra para así “legalizar” las muertes.
Como lo indica Andrade, Carlos Andrés Lora declaró en público que, además de hacer informes fraudulentos con actas de levantamiento falsas del CTI, los militares se ponían de acuerdo en las declaraciones que iban a dar.
El magistrado Parra le pidió al sargento Rueda que profundizara sobre las actividades de encubrimiento que realizaba el Ejército. Rueda explicó que todo el batallón se ponía de acuerdo para tener la misma historia. Además, se inventaban los combates en los que se daban las supuestas bajas, pues mientras uno de los soldados asesinaba a los civiles, los demás hacían tiros al aire.
La JEP ha reconocido este accionar como un plan macrocriminal que se llevó a cabo dentro del Batallón la Popa. Asimismo, víctimas como Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia, un joven que fue engañado bajo la ilusión de conseguir trabajo para luego ser asesinado, reclamaron al Ejército por no cuidar a la comunidad como era su deber. En su relato, Escorcia recuerda que durante la búsqueda de su hermano fue abusada y torturada por el Ejército Nacional. “¿Quién iba a imaginar que el Estado iba a tener a unos criminales guardados en el Batallón La Popa?”, fue su reclamo final.
Dentro del grupo de 12 comparecientes presentes en la audiencia había una multiplicidad de actores que cumplieron distintos roles según su jerarquía militar. Todos confesaron su participación de una u otra forma en la comisión de estos asesinatos. Bien sea cometiendo el delito como tal, dando órdenes a sus subalternos para que cometieran los asesinatos, trasladando personas de una ciudad a otra a partir de engaños, haciendo informes fraudulentos e incluso haciendo pactos con los paramilitares de la zona.
En la audiencia de Valledupar, los militares reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón a las víctimas presentes. El magistrado Alejandro Rameli reconoció el cambio en la actitud de varios de los implicados e insistió en que este tipo de audiencias son el primer paso para construir verdad en Colombia.
Los reclamos de las víctimas
Laura Piña era apenas una niña cuando su padre, Álvaro Adolfo Piña Londoño, fue llevado con engaños desde la ciudad de Barranquilla, Atlántico, hasta Codazzi, Cesar. Allí, los soldados del Batallón La Popa lo asesinaron e hicieron pasar como un guerrillero abatido en combate. Laura, vestida con una camiseta de su papá, recordó a su abuelo que murió días antes de la audiencia sin conocer la verdad.
Frente a ella se encontraba Alex José Mercado, el militar que se llevó a su papá a otro departamento para asesinarlo. El magistrado Parra aclaró que Mercado se especializaba, dentro de la estructura en el batallón, en asesinar a los civiles. Frente a Laura, el soldado contó que “mi sargento Cuéllar me da la orden de ir a Barranquilla, que el soldado Gómez Payares me va a entregar tres personas”. El militar, que ya estuvo preso por estos homicidios, reconoció que tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando y de qué iba a pasar con las personas que se estaban llevando.
Sin embargo, el reclamo de Laura y de muchas otras víctimas presentes en la audiencia se concentra en una sola pregunta que tenían plasmadas en sus camisetas: ¿Quién dio la orden? La joven le pidió a la JEP que le den celeridad a los procesos de los comparecientes que no reconocen su responsabilidad en los ‘falsos positivos’.
En particular, el comandante (r) Juan Carlos Figueroa, quien estaba al mano del batallón al momento de la desaparición y asesinato de Álvaro Adolfo Piña en 2005, no aceptó responsabilidad por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada que le imputo el tribunal de paz. Y Publio Hernán Mejía, comandante del batallón en el momento de los hechos, tampoco aceptó responsabilidad por estos asesinatos. Por esa razón, ambos se enfrentan a un juicio en la JEP que podría enviarlos a prisión durante 20 años.
Un proceso adversarial se da cuando un compareciente ante la JEP, que se somete de manera voluntaria y por petición a ella, se niega a reconocer su responsabilidad en los hechos que investiga. En este caso, por los rangos y cargos que ostentaban, Mejía y Figueroa fueron señalados en el Auto 128 como los máximos responsables de ‘falsos positivos’ cometidos por miembros del Batallón La Popa. José Pastor Ruíz Mahecha, jefe de inteligencia en el momento de los hechos, también enfrenta este proceso.
Daniela Rodríguez, representante de víctimas y parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) explicó, en entrevista con VerdadAbierta.com, que estos mandos insisten en que el proceso es una “guerra jurídica”, un “montaje” y solo se trata de unas pocas “manzanas podridas”. Sin embargo, dentro de la audiencia los comparecientes mencionaron varias veces sus nombres por lo que las hipótesis de la Sala de Reconocimiento respecto a su participación fueron soportadas.
Ahora se espera que la Unidad de Investigación y Acusación impulse el proceso en contra de estos tres militares para que se conozca la responsabilidad de los implicados. Rodríguez precisó a este medio que se espera que en este reconocimiento también incluya a altos mandos políticos que permitieron que estos crímenes ocurrieran.
De manera contraria, Eduard Gustavo Álvarez Mejía, quien comandó al grupo especial Zarpazo, admitió que todas las muertes que reportó fueron ilegítimas. Si bien señala que no asesinó a nadie, dio las órdenes para quitarle la vida a distintos campesinos de la comunidad.
En medio de su declaración la voz de la esposa de Uriel Evangelista Arias Arias se escuchó entre la audiencia preguntándole si había asesinado a un guerrillero. La voz cortada de la mujer resonó en el micrófono mientras que le decía al compareciente: “Yo quiero que usted me diga que él no era un guerrillero”.
El asesinato de de Uriel Arias se cometió después de que lo retuvieran ilegalmente en la carretera y le dispararan a pocos metros del lugar, por orden Álvarez. En respuesta, el exmilitar le respondió que su esposo no era un delincuente y que, a pesar de saber eso, dio la orden que acabó con su vida.
Dentro de las víctimas se encontraba Oseas Tomás Arias, quien reclamaba por el asesinato de su hermano. Además, recordó que fue expulsado del Ejército Nacional, del mismo batallón que asesinó a su hermano, por reclamar el cadáver de Uriel Evangelista, su primo.
Abelardo José Daza estuvo presente en la audiencia defendiendo la memoria de su papá, Jesús Enemias, un campesino que mientras iba de vuelta de la casa de su abuelo fue retenido por miembros del Ejército y asesinado más tarde. Abelardo recordó que la muerte de su papá dificultó la situación económica en su hogar por lo que tuvo que dejar de estudiar para apoyar a su madre con trabajo.
Daza le pidió directamente a Lora que aceptara que él dio la orden de asesinar a su papá y que, además, diga que no era guerrillero. A esa petición se sumó María Faustina Martínez, hermana de Noemi, una niña de 13 años perteneciente a la comunidad Wiwa, que también fue presentada como baja en combate. A Noemí, que además tenía dos meses de embarazo en el momento de su muerte, le pusieron un revólver y un camuflado que no le quedaba para “legalizar” su muerte.
El reclamo por el buen nombre de su hermana iba sumado a la exigencia que le hizo esta mujer a la JEP sobre la presencia de los asesinos de su hermana, pues no estaban presentes en el grupo de comparecientes. El magistrado Parra explicó que en este grupo se encuentran los máximos responsables de esos crímenes.
Sin embargo, el magistrado recalcó que esta audiencia es solo el comienzo del camino por la verdad y más adelante Martínez podrá escuchar y cuestionar frente a frente a los asesinos de su hermana. “Yo no los voy a perdonar, a ver si Dios los perdona”, dijo ella antes de hacer una última petición: “Queremos el perdón en donde está enterrada mi hermana”, le exigió a los comparecientes.
La petición más recurrente de las víctimas fue por el derecho al buen nombre de sus familiares. En el caso de César, el Ejército tenía a su servicio a un grupo de informantes y guías dentro de la comunidad que se encargaban de señalar a las personas de ser supuestos guerrilleros o de colaborar con las guerrillas.
Estos señalamientos no eran corroborados por los militares y alimentaron un estigma en contra de las comunidades Wiwa y Kankuamo. Para los magistrados presentes en la audiencia, los señalamientos hicieron que se diera una persecución desmedida en contra de estas comunidades, pues se llegó a “considerar a los indígenas como colaboradores de la guerrilla”.
La abogada Daniela Rodríguez, como representante de las víctimas de este subcaso, indicó a VerdadAbierta.com que las reflexiones que han surgido a partir de estos espacios, al escuchar a los militares decir que las víctimas no eran guerrilleros en muchos casos, es insuficiente. La abogada explica que muchas víctimas esperan que las afirmaciones de sus victimarios puedan llegar a instancias nacionales e internacionales. En distintos procesos del contencioso administrativo se han ordenado actos públicos de reconocimiento en los municipios “con la presencia de altos mandos militares, o incluso, del ministro de Defensa, mismos que no han sido llevados a cabo”.
También reclama que así como los medios de comunicación participaron en la difusión de noticias falsas respecto a las víctimas, también deberían participar en limpiar sus nombres. En cuanto a lo que debe hacer la JEP, está abogada considera que es clave que el tribunal considere que acciones deben llevarse a cabo para que las rectificaciones de los militares tengan la misma difusión que las acusaciones iniciales.
Rodríguez tuvo la posibilidad de recoger las sensaciones de las personas presentes en la audiencia. Esta abogada explica que quedaron dos sentimientos después de la audiencia. Por una parte, un grupo de víctimas pudo escuchar directamente a las personas que asesinaron a sus familiares. Estas personas pudieron “confirmar las versiones que tenían de cómo habían ocurrido los hechos, cómo los habían reclutado, quién o quiénes aportaron a consumar los hechos”, declaró la representante a este medio.
Por otra parte, otro grupo de víctimas no encontraron respuestas pues ninguno de los 12 comparecientes admitió responsabilidad en los asesinatos o aportó información útil para esclarecer los hechos. Por ejemplo, María Faustina Martínez, incluso reclamó frente a los magistrados que los asesinos de su hermanita no estaban presentes en la audiencia, “La sensación fue de desasosiego, incertidumbre y frustración”, sintetizó Rodríguez. Sin embargo, la representante explicó que estas sensaciones también le dio a las víctimas fuerza para seguir buscando la verdad, justicia, reparación y no repetición.
“A mí hermano le pusieron unas botas talla 44 sobre los zapatos que él tenía. ¿A quién se le iba a ocurrir que eso era una baja en combate? Eso era un disfraz y se debieron dar cuenta”, dijo Luis Carlos Meza al final de la intervención del último compareciente. Los reclamos de las víctimas fueron una constante a lo largo de la audiencia frente a lo que declararon los militares.
Afectación a la comunidad
La guerra que se dio en el territorio de las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo afectó sus proyectos de vida. La magistrada Belkis Izquierdo hizo una reflexión sobre la forma en la que las acciones del Ejército Nacional causaron un gran deterioro: “Hubo un daño multidimensional que afectó a las personas, a la comunidad, la tierra, la cultura y la espiritualidad”.
Las mujeres fueron quienes se encargaron de buscar e indagar por la suerte de hijos, hermanos y esposos que habían sido desaparecidos por militares del Batallón la Popa. El asesinato de los hombres de la comunidad puso sobre ellas una carga que hizo que tuvieran que cambiar sus actividades. La magistrada Izquierdo explicó que este cambio afectó la cultura indígena Wiwa y Kankuama, trastocando la forma en la que se transmite el conocimiento de generación en generación.
Las víctimas del Ejército fueron, en su mayoría, personas vulnerables como habitantes de calle y personas consumidoras de drogas psicoactivas. La comunidad indígena estaba compuesta por campesinos y agricultores. Osmaira Nieves Oñate, una de las víctimas presentes en la audiencia, recordó la vida de su hermano y le dijo a los comparecientes: “Ustedes atentaron en contra de la vida de jóvenes indefensos y pobres”.
Aparte de los asesinatos a estos jóvenes, el Ejército hizo uso de informantes dentro de la comunidad, lo que minó la confianza y la integridad entre comuneros. Para la Sala de Reconocimiento, esto fue parte de la estrategia de guerra que usó el Ejército en los tiempos más convulsionados del conflicto armado en el Caribe.
La mayora Sibelis Villazón, parte de la comunidad Kankuamo, subió al escenario para hablar como autoridad indígena frente al auditorio. Explicó que la presencia de los militares del Batallón La Popa en las tierras que habitaban las comunidades Wiwa y Kankuamo afectó el tejido entre el cuerpo y el territorio. Los actos violentos del Ejército desarmonizaron los cuerpos de los indígenas, lo que, a su juicio, les generó enfermedades como cáncer, hipertensión y afectaciones a la salud mental.
La mayora respaldó a las víctimas y aseguró que las comunidades indígenas están dispuestas a construir verdad y paz en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ella, como autoridad, está dispuesta a apoyar el proceso de construir la paz en la comunidad Kankuamo.
Pedro Loperena, autoridad Wiwa, comenzó su intervención preguntándole a los comparecientes “¿cómo reparar lo irreparable?”. En medio de su intervención, se detuvo y se acercó a los militares implicados en estas ejecuciones extrajudiciales y puso frente a ellos el conocido cartel que se pregunta “¿Quién dio la orden?”.
Esta autoridad indígena les reclamó a los comparecientes los nombres de los autores económicos, políticos e intelectuales que orquestaron toda la operación, pues en el Ejército “nadie hace nada sin que un superior de la orden”. La inconformidad de Loperena también se dio frente a aquellos comparecientes que leyeron sus discursos y terminó su intervención cuestionando que “el perdón no salió del corazón sino de un papel”.
La JEP, aún en construcción
Jairo Ignacio Acosta, parte del ministerio público, recalcó al final de la audiencia lo violentas que llegaron a ser algunas de las intervenciones de los comparecientes presentes en la audiencia. Los relatos de los victimarios llenos de detalles innecesarios y escabrosos llegaron a revictimizar a los familiares allí presentes. Daniela Rodríguez explica que, por ejemplo, las palabras del compareciente Soto Sepúlveda en la que explicó la ejecución de Ever de Jesús Montero Mindiola hizo que las mismas víctimas le pidieran que parara por el alto grado de detalles violentos.
Para Rodríguez, estas declaraciones crudas y sin censura fueron usadas por los medios de comunicación para mostrar el grado de “reconocimiento” que ejercieron los militares. Sin embargo, requiere que dicho reconocimiento debe ser “empático y sensible con el dolor de las familias”. El nivel de detalle al que llegó Soto Sepúlveda pudo causar más afectaciones a los familiares allí presentes.
La abogada del CSPP, en su intervención frente al auditorio, también cuestionó las justificaciones que dieron algunos comparecientes para cometer estos crímenes de lesa humanidad. En distintas ocasiones, los magistrados cuestionaron el origen de “la presión” a la que muchos exmilitares se refirieron y en respuesta los implicados explicaron que el Ejército funciona como cualquier empresa que presiona y exige resultados. Rodríguez menciona que esta comparación entre empresa y Ejército hace que “se equipare el derecho a la vida con un bien que se comercia”.
Sobre los macrocasos que lleva la JEP se han llevado a cabo tres audiencias de reconocimiento y varios encuentros privados entre víctimas y victimarios donde han tenido la posibilidad de escuchar y preguntar por sus familiares asesinados. El magistrado Óscar Parra recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz se mantiene en construcción y hay un debate constante sobre cómo deben llevarse a cabo las audiencias públicas.
Alejandro Rameli, magistrado del caso, destacó la fortaleza y resistencia de las víctimas para encontrar a sus familiares y la paz que la violencia les robó. El togado resaltó el cambio de posición que han tenido los comparecientes a lo largo del proceso. Los implicados, que comenzaron sus procesos en 2018 y 2019 negando sus acciones se encontraron con las víctimas, se disculparon y aceptaron ser responsables de estos hechos injustos y atroces que nunca debieron haber ocurrido.
En el Caso 03 hacen falta varias audiencias que llevar a cabo, en las que otros responsables deben aportar verdad para las víctimas. El magistrado Parra recordó que la justicia restaurativa no es libreteada y es algo que debe entenderse. Sin embargo, reconoció que hay componentes de la atrocidad que son innecesarios a la hora de aportar verdad.
El caso de los Llanos Orientales
Tras las audiencias de aceptación de responsabilidad del Catatumbo y Cesar, este lunes la JEP hizo pública la imputación a 22 miembros del Ejército pertenecientes a las Brigada XVI, a un exfuncionario del extinto DAS y a dos civiles terceros implicados en ‘falsos positivos’ en el departamento de Casanare. El tribunal descubrió que 303 víctimas, entre las que se encontraban jóvenes entre los 18 y 25 años, mujeres, ancianos y personas con discapacidades cognitivas, fueron presentadas como bajas en combate.
Con ese anuncio en el subcaso de Casanare, la JEP sigue avanzando para esclarecer y sancionar esos crímenes. Ahora, los militares imputados como máximos responsables y coautores tienen 30 días para aceptar o rechazar su responsabilidad en los hechos. En caso de que la rechacen, entrarán en un proceso adversarial que, en el caso de ser vencidos, se enfrentan a 20 años de prisión. Las víctimas acreditadas también pueden reaccionar a esta acusación.
En medio de sus investigaciones, el tribunal transicional determinó que, a diferencia de lo ocurrido en el Batallón La Popa, la forma de encubrir los asesinatos en Casanare contó con un “kit de legalización” en la Brigada XVI. De ese modo, el camuflado y el armamento que utilizaron para presentar a los civiles asesinados como bajas en combate, fueron cubiertos con recursos públicos.
Por lo tanto, los impuestos de los contribuyentes que debían ser usados en campañas de bienestar y protección a la población, se destinaron, según la JEP, a la comisión de estos delitos. Se estima que el montó asciende a los 140 millones de pesos, los cuales fueron gastados entre 2005 y 2008.
No obstante, los magistrados también han encontrado similitudes en el modus operandi de los batallones de Cesar y Casanare: las víctimas eran personas en situación de vulnerabilidad como trabajadoras sexuales y desmovilizados en proceso de reinserción; y en esos crímenes participaron comandantes, oficiales, mayores y coroneles, cometieron asesinatos y encubrimientos, a cambio de ascensos, viajes, comidas especiales y permisos.
Además, niños y jóvenes también fueron utilizados para cometer falsos positivos: no fueron presentados como bajas en combate, como sucedió en Cesar, sino que los utilizaron como reclutadores de posibles víctimas. El tribunal determinó que tres niños, niñas y adolescentes “fueron utilizados para participar de las hostilidades”, lo que constituye el crimen de guerra de utilización de menores de edad en el conflicto armado colombiano. Esta es la primera vez que este delito se imputa en la Jurisdicción Especial para la Paz.
