En medio de la reactivación de la vida socioeconómica por los estragos de la pandemia del Covid-19 y las campañas de relevo en el Congreso y la Presidencia de la República, persistió la violencia, de manera silenciosa y constante, contra líderes sociales. Dos organizaciones encienden las alarmas por ataques que sufrieron por proteger sus entornos.
Entre enero y mayo de este año, se han registrado 42 violaciones a los derechos humanos contra líderes y defensores de la naturaleza en Colombia. A esa conclusión llegó la Corporación Regional Yariguies Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM), junto con la Fundación Conflict Responses (CORE) y Extinction Rebellion Colombia, tras concluir un registro sistemático de la violencia contra los liderazgos ambientales en el país.
Con el apoyo del Programa Somos Defensores, las tres organizaciones construyeron desde mediados de 2021 un sistema de información que hacen público a través del Primer informe del sistema de información de violaciones a los Derechos Humanos contra Lideresas y Líderes Ambientales en Colombia entre Enero y Mayo de 2022.
El sistema de información documenta y sistematiza los casos de agresiones contra líderes que se encargan de proteger la naturaleza y el territorio de los conflictos ambientales que se generan por la intervención de proyectos económicos, obras o acciones de interés público o privada que se dan en Colombia y América Latina alrededor de los hidrocarburos, la minería, la deforestación, los cultivos de uso ilícito y los laboratorios, asi como de la ganadería, los monocultivos y los humedales.
Las 42 agresiones que registraron se traducen en 11 asesinatos, 19 amenazas, 4 desplazamientos forzados —uno de estos hacia el exterior— y 8 atentados. “Los hechos mencionados, han sido padecidos y sufridos por 37 lideresas y líderes ambientales en Colombia durante los primeros cinco meses del 2022”, se lee en el documento.
El monitoreo se hizo en 18 departamentos, entre los que se destacan La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Se seleccionaron debido a que están afectados por diversas actividades extractivas convencionales de minería, hidrocarburos, monocultivos y cultivos de uso ilícito, que alteran el medio ambiente, a lo que se sua la presencia de grupos armados ilegales.
Los tres departamentos que repuntan con el mayor número de agresiones son Santander (23), Cauca (6) y Antioquia (4). Según el tipo de liderazgo, los más afectados por la violencia letal han sido los indígenas (7), campesinos (2), afro (1) y ambiental (1).
En cuanto a los perpetradores de la violencia contra lideresas y líderes ambientales, en 35 hechos no se han podido identificar quiénes son responsables de esas agresiones y en algunos de ellos el informe se los atribuye a las AGC. Este grupo, de origen paramilitar, estaría involucrado en tres, dos de las cuales son amenazas colectivas ocurridas en la región del Magdalena Medio.
Los otros dos actores de los que se tiene información son la Fuerza Pública, que habría estado involucrada en el asesinato de dos líderes ambientales en medio de procesos en defensa del territorio en contra la erradicación de cultivos de uso ilícito, y la responsabilidad de la Columan Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc en al menos dos asesinatos en el Cauca, uno de ellos en enero de este año en el municipio de Buenos Aires, cuando fue asesinado el Guardián del resguardo Las Delicias y defensor del medioambiente, Breiner David Cucuñame López, un jóven de 14 años.
“Sí, a este niño los armados ayer le cortaron las alas en nuestra Madre de los Bosques. Sí, él es uno más de muchísimos que siguen siendo asesinados por la disputa territorial mafiosa que se incrustó en nuestros territorios. Duele profundamente el desangre de la Madre de los Bosques en todas partes”, expresó en un comunicado el CRIC
Indígenas, las principales víctimas
En el caso de los liderazgos abanderados por indígenas, la violencia letal se concentra en los departamentos de Cauca y Nariño, “siendo los grupos de las disidencias de las FARC, como la Columna Jaime Martínez o Dagoberto Ramos, los que más violentan a las comunidades indígenas, al igual que la presencia de las Águilas Negras bloque Sur Occidental la que también genera amenazas contra liderazgos indígenas”, analiza el informe.
El documento precisa que la guardia y los dirigentes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); los consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); y de la Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) son los liderazgos que más están sufriendo violaciones a los Derechos Humanos por parte de actores armados, legales e ilegales.
A raíz de las dinámicas del conflicto, en el objetivo primario de defender el territorio y la naturaleza en departamentos como el Cauca, las comunidades indígenas han ceñido su lucha a “controlar y detener la expansión de los cultivos de uso ilícito, los laboratorios para la elaboración de la pasta base de coca y cocaína que se encuentran en los diferentes resguardos indígenas del departamento del Cauca, y que están generando contaminación por los precursores químicos para la elaboración final del producto, lo que también lleva a un uso indiscriminado del agua”, precisa el documento.
La violencia sistemática contra los liderazgos indígenas, además de debilitar el proceso organizativo tiene un segundo gran daño: desestimular el nacimiento y el relevo generacional de nuevos liderazgos.
Extracción petrolera
La economía extractiva de hidrocarburos es uno de los asuntos más espinosos en la lucha medioambiental, en particular la manifiesta intención del gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) de adelantar las pruebas de fracking en el Magdalena Medio.
El informe señala que una de las preocupaciones con este tipo de actividad economía son los “presuntos casos de lavado de activos, blanqueamientos de recursos del narcoparamilitarismo y guerrillas en supuestos empresarios con contratos de cualquier tipo de bienes y servicios con empresas petroleras, con alcaldías de los municipios de la región o con los departamentos que conforman el Magdalena Medio”.
La oposición a estos intereses privados le ha traído riesgo a los liderazgos sociales. Según recoge el informe, en reacción a la movilización y participación de los jóvenes en debates públicos en la Asamblea Departamental de Santander y en el consejo municipal de Puerto Wilches, así como a trabajar en incidencia en las calles, llegaron las intimidaciones, que se intensificaron a comienzos de 2021.
Uno de los casos más conocidos es el de la lideresa Yuvelis Morales, integrante del colectivo Jóvenes Unidos por Puerto Wilches y del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (Aguawil), y Consejera de Juventud del municipio, que se opone al avance del francking. La gravedad de las amenazas llevaron a esta joven a abandonar el país a finales de febrero de este año para salvaguardar su vida.
Empresas y violencia contra líderes
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), una organización sin ánimo de lucro y con más de 70 investigadores a nivel mundial, que documenta agresiones contra defensores de derechos humanos relacionadas con contextos empresariales, actualizó su informe que en 2020 realizó sobre Colombia, en el que alerta que, dos años después, persisten las agresiones contra quienes plantean preocupaciones sobre los impactos de las operaciones empresariales.
Bajo el título, Empresas y derechos humanos en Colombia: se necesita protección urgente para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, el informe da cuenta de los ataques registrados entre 2015 y 2019, y mostró agresiones concertadas y a veces letales que enfrentan los defensores de derechos humanos que buscan prevenir o exponer el abuso por parte de las empresas. Llegó a la conclusión de que Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer esa labor.
Y no es para menos, pues, de acuerdo con su monitoreo, durante esos cinco años fueron asesinados 72 líderes sociales y 181 sufrieron algún tipo de agresión, lo que equivale al “nueve por ciento de todos los ataques ocurridos en el mundo en este periodo”.
Dos años después, el panorama no ha mejorado: el CIEDH registró 58 ataques, estableció que el sector de hidrocarburos fue el más peligroso e identificó que la mitad de los ataques se dirigieron a defensores ambientales
Sobre los ataques, señala que al igual que en otros países de América Latina, “son perpetrados por una variedad de actores, incluidas empresas de seguridad contratadas por empresas, fuerzas armadas, autoridades locales u otros funcionarios públicos que apoyan proyectos que dicen ser de “interés nacional”, a pesar de la oposición de la comunidad”.
Y concluye que la mayoría de los ataques están conectados a grupos paramilitares y grupos delictivos organizados: “Estos grupos están llevando a cabo ataques en represalia por la resistencia a las operaciones empresariales apoyadas por grupos paramilitares que, presuntamente, a veces actúan en nombre de empresas privadas”.
Por otro lado, la investigación encontró que la mayor cantidad de ataques contra defensores que se oponen a intereses empresariales se concentraron en el departamento de Santander y están relacionados con las preocupaciones sobre el agua en un área que ha visto décadas de extracción petrolera.
