Esa fue la conclusión a la que llegó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz tras convocar a una audiencia de seguimiento. De carácter urgente, magistrados ordenan implementar nuevos mecanismos que permitan esclarecer los homicidios y contribuyan al desmantelamiento de las organizaciones criminales.
Los homicidios a excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc continúan aumentando sin contención. Según el Sistema Integral para la Paz, desde el 1 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de abril de 2021, se reportaron 327 firmantes asesinados en diferentes regiones del país. De ellos, 315 habían suscrito acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De continuar esa crítica situación, se afectará el proceso de implementación y consolidación del Acuerdo de Paz.
Alejandro Romelli, magistrado de la JEP, afirmó que estos crímenes no sólo le generan una pérdida de comparecientes a los tribunales de justicia transicional, sino que también afectan el derecho a la verdad de las víctimas y merman la confianza hacía la institucionalidad.
El análisis de la situación de seguridad de los antiguos miembros se dio hace unos días durante una audiencia pública de seguimiento a las de medidas cautelares de protección a los comparecientes forzosos ante la JEP en la que se revisaron los avances de la Fiscalía General de la Nación en materia de avances en la investigación de los crímenes cometidos contra los firmantes del Acuerdo de Paz.
Desde marzo de este año la JEP ha estado atenta a la evolución de las investigaciones penales abiertas tras los asesinatos cometidos contra los antiguos miembros de las Farc desde que se firmó el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. (Leer más en: JEP tiene bajo la lupa investigaciones de Fiscalía sobre crímenes contra exFarc)
La situación es tan preocupante que en decisión tomada el 27 de enero de este año, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional debido al “bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes”.
Para atender el requerimiento de la JEP, el Ente acusador revisó en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía la etapa procesal de una muestra de 25 casos de excombatientes asesinados y encontró que no todas las sentencias condenatorias han sido proferidas por homicidio, sino que también han sido por desaparición forzada y concierto para delinquir.
A partir de los análisis realizados, se estableció que en el 92 por ciento de las condenas, es decir, en 23 de las 25 sentencias, se realizaron preacuerdos negociados entre la Fiscalía y el acusado, y el 8 por ciento restante se logró por allanamiento a cargos por parte del imputado. Hasta el momento, se desconoce si los preacuerdos han contribuido a lograr eficacia por parte de la Fiscalía en la persecución de los autores criminales y sus organizaciones delictivas.
“En algunos casos se han concedido beneficios como detención domiciliaria porque quedan penas muy bajas a través de los preacuerdos con la Fiscalía. Uno supone que a quien hace parte de una organización criminal de esta naturaleza no se le debería conceder estos beneficios que ofrece el ordenamiento jurídico”, lamentó Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Según la muestra estudiada, el 48 por ciento de las personas fueron condenadas bajo el título de autoría, el 32 por ciento se atribuyó complicidad y el 20 por ciento fueron sancionadas bajo coautoría. Lo que quiere decir que las sentencias proferidas no han logrado esclarecer quiénes son los otros autores, entre ellos los autores intelectuales, y a cuál organización criminal pertenecen. A este problema se suma la dificultad para conocer exactamente el móvil por el que se perpetraron los crímenes.
En el 48 por ciento de los casos, es decir, en 12 de las 25 sentencias, se consignó el móvil que señaló el condenado y en el 53 por ciento restante no se registró el móvil. Situación que imposibilita encontrar patrones entre los asesinatos y le dificulta a las instituciones identificar mecanismos para evitar de manera más efectiva los crímenes.
“En la mayoría de las sentencias se consignó el móvil señalado por el condenado. No sé si esto pueda generar un sesgo en la lucha que se adelanta contra las organizaciones criminales”, cuestionó Álvarez.
Respecto a los grupos armados que cometen crímenes contra firmantes del Acuerdo del Paz, el 64 por ciento pertenecen a organizaciones criminales. De estos casos, al menos el 43 por ciento se le atribuyen a las disidencias de las Farc coordinadas por Miguel Botache Santanilla, alias ‘Gentil Duarte’. Un 25 por ciento pertenecen a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), nombradas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’; el 18 por ciento a ‘Los Pelusos’, denominación que recibe una antigua disidencia guerrillera del EPL; y el 14 por ciento restante a otros grupos.
El informe Silenciando la Verdad, publicado en abril del año pasado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, señala que la expansión territorial de organizaciones criminales ha ocasionado que conflictos regionales se hayan convertido en macrorregiones, resultado en una dinámica letal para los firmantes del Acuerdo.
Asimismo, el hecho de que la Fuerza Pública custodie los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) o en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), ha agravado el arraigo de los excombatientes en estos lugares pensados para su proceso de volver a la vida civil porque son perseguidos y señalados por los actores armados ilegales de ser colaboradores de sus rivales en armas.
¿Qué dice la Fiscalía?
Hernando Toro Parra, director de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, reconoció que hay un incremento de la violencia y de las organizaciones criminales en el país. Sin embargo, defiende la metodología que ha venido implementando y señala que es una tarea conjunta con todas las ramas del poder público.
“Llevamos cinco años del Acuerdo de Paz (…) y hasta ahora se está construyendo un plan de acción que contribuya al desmantelamiento, sin que todavía exista una política pública”, admitió el funcionario.
Entre el 2017 y abril de 2022, se han registrado 437 afectaciones a firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias. La UEI de la Fiscalía reportó 255 avances procesales sobre el total de los casos, es decir, el 58,3 por ciento. De estos, hay 70 sentencias condenatorias, 74 están en juicio, 29 tienen imputación de cargos, 70 órdenes de captura y 12 casos precluidos. Los departamentos donde más se registraron estos hechos victimizantes son: Cauca, Antioquia, Nariño, Caquetá y Putumayo.
Según Toro, los detonantes de estos crímenes están asociados al control territorial y la confrontación entre grupos armados ilegales. Además, agrega que “también actúan cuando se afectan sus finanzas criminales, quieren imponer restricción a la movilidad para el fortalecimiento de sus dinámicas militares, buscan la vinculación forzada de personas en reincorporación y en retaliación contra quienes consideran contrarios a sus causas”.
En este sentido, la UEI de la Fiscalía está ejecutando proyectos focalizados por macroregiones para combatir los grupos armados ilegales, distribuidos así: macrorregión Noroccidental (Antioquia, Bajo Cauca, sur de Córdoba y Río Sucio); macrorregión Pacifico sur (Cauca, Putumayo y Tumaco); macorregión Norte (Norte de Santander y sur de Bolívar); macrorregión Llanos (Arauca, Casanare, Meta y Caquetá); y macrorregión central y Amazonas (Huila).
Toro indicó que estos proyectos permitirán entender mejor las dinámicas de criminalidad por regiones, según las estructuras criminales responsables de las afectaciones, no sólo contra personas en reincorporación, sino también contra defensores de derechos humanos y líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC).
Controversia en la JEP
En la audiencia pública, Juan Manuel Rubiano, vocero del Partido Comunes, creado luego de la firma del Acuerdo de Paz y al que pertenecen cientos de antiguos guerrilleros de las Farc en proceso de reincorporaciòn, se despachó contra la UEI de la Fiscalía: señaló que esta institución sólo tuvo en cuenta los homicidios e ignoró otros hechos victimizantes, como los desplazamientos forzados, colectivos e individuales, de los que son víctimas constantes los firmantes.
“Creemos que las cifras sobre la cual se está calculando el esclarecimiento no es la adecuada. Si se suman otros hechos victimizantes como injurias, calumnias, secuestros y torturas, posiblemente el análisis puede ser más complejo. Así que la Unidad Especial de Investigación debería priorizar estos delitos”, reiteró Rubiano.
Además, cuestionó que esta institución sólo presentó avances procesales del 58,3 por ciento de los casos, lo que significa que el 41,7 por ciento de los casos restantes permanecen en total impunidad.
Por su parte, Diana Cadena, Procuradora Delegada para el seguimiento del Acuerdo de Paz, destacó los avances en materia de investigación, pero aclaró que no son suficientes. Y llamó la atención sobre las metodologías implementadas por la UEI de la Fiscalía, calificándolas de deficientes porque hay pocas sentencias proferidas por homicidio.
En este sentido, la representante del Ministerio Público en esta instancia de justicia transicional le recomendó al Ente investigador tener un rol más activo en la Comisión Nacional de Garantías, espacio en el que se está diseñando la política pública para desmantelar a los grupos armados.
Cadena también instó a la UEI de la Fiscalía a avanzar en la priorización territorial a través de la conformación de más equipos itinerantes donde esa entidad no tiene presencia para facilitar las denuncias de los reincorporados: “Los excombatientes no pueden presentar denuncias en muchas zonas del país porque no hay presencia estatal a través de sus instituciones. Por ejemplo, Argelia, Cauca, no tiene Fiscalía y además está el temor de que sean vulnerados al dar a conocer las causas”.
La conclusión del director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP tampoco fue tan positiva. Señaló que los resultados presentados por la UEI de la Fiscalía no permiten deducir si realmente están impactando o no las organizaciones criminales, en los preacuerdos no compulsan copias y tampoco establecen patrones de macrocriminalidad. Por lo que el trabajo adelantado por este organismo, hasta el momento, no es satisfactorio para atacar la impunidad de los crímenes contra los excombatientes y desmantelar a los grupos armados ilegales, concluyó.
Tras finalizar las intervenciones y analizar los documentos presentados por la UEI de la Fiscalía, el magistrado Ramelli le ordenó al representante de la Fiscalía que en los próximos 45 días hábiles fortalecer los instrumentos para lograr mayor esclarecimiento de los crímenes cometidos contra los excombatientes de las Farc, entre ellos, aumentar el número de fiscales y los equipos de investigación, priorizar la asignación de recursos en los departamentos donde más se reportan hechos victimizantes y crear un censo unificado donde se tenga en cuenta el contexto de los crímenes hacia esta población.
