Pasado más de un mes, el miedo y la zozobra recorren aún esta vereda del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, donde una incursión del Ejército dejó 11 personas muertas, entre ellas un menor de edad y una mujer en estado de embarazo. Familiares de las víctimas reiteran su reclamo de verdad y justicia.
Familiares de las víctimas que abandonaron Alto Remanso denuncian que no tienen garantías jurídicas y de seguridad para regresar a la vereda, escenario de un cruento operativo de tropas del Ejército que acabó con la vida de por lo menos 11 de sus pobladores.
“La mayoría de los que vivíamos allá, fuimos desplazados de otros lugares del país por la guerrilla antes del Acuerdo de Paz. Mi familia y yo estamos acreditados como desplazados ante la Unidad de Víctimas. Ahora estamos nuevamente desplazados, pero por el Estado. El Ejército aún está allá y la gente que se quedó dice que los mantienen insultando”, cuenta Argemiro Hernández, padre de Divir Hernández, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda.
Divier tenía 35 años de edad y su esposa, Ana María Sarria de 24 años, fueron dos de las víctimas mortales que dejó la incursión del Ejército Nacional el pasado 28 de marzo. La familia Hernández es natal de Paujil, Caquetá, y Argemiro recuerda que llegaron hace año y medio a una casa en la ribera del río Putumayo, exactamente en el Bajo Remanso, en búsqueda de un mejor futuro.
“Él sólo tenía quinto de primaria, pero era muy educado. Siempre fue muy familiar y nos colaboraba con cualquier aporte económico o cuando alguno de nosotros se enfermaba. Se hacía coger cariño y por eso lo nombraron presidente de la Junta de Acción Comunal”, se lamenta este campesino.
Y agrega que la esposa de Divier estaba embarazada: “Tenía dos meses, y dejó dos hijos huérfanos: un niño de dos años y una niña de seis. Prácticamente ellos quedaron a la deriva porque nosotros no tenemos recursos y hasta ahora ninguna institución se ha contactado para ayudar”.
Habitantes de la vereda estiman que por lo menos 60 personas vivían ahí y que más de la mitad se vieron obligadas a desplazarse hacia otras regiones. “El miedo y la incertidumbre ha generado que la gente se haya ido, principalmente, hacía Puerto Asís y Puerto Leguizamo, y no es para menos. Allá aún la situación es muy complicada”, afirma Ober Pama, tío de Brayan Santiago Pama, joven de 16 años de edad, asesinado en el operativo militar.
Fabian Álvarez, abogado de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que, hasta la fecha, las instituciones del Estado no han activado los mecanismos de emergencia y atención humanitaria para tratar la salud mental y física de las víctimas.
“La Unidad de Víctimas ha sido completamente ausente, Presidencia no se ha responsabilizado y Ministerio del Interior tampoco ha verificado la situación de los habitantes. Entonces, no sé sabe realmente cómo se encuentra la gente de la vereda”, dice Álvarez.
Hasta ahora, las familias del Alto Remanso se han sentido desamparadas y piden atención estatal para enfrentar el dolor y el miedo que les dejó el operativo militar contra supuestas disidencias de las antiguas Farc.
“Lo correcto es que el Estado envíe brigadas de psicólogos, médicos y abogados porque esta es una zona con mucho conflicto. Además, después de lo que ocurrió, el daño emocional es muchísimo mayor”, plantea Camila*, familiar de José Antonio Peña Otaya, de 40 años de edad y una de las víctimas del operativo militar mortal.
¿Qué ocurrió?
El pasado 28 de marzo, a las 7:30 de la mañana, el Ejército inició un operativo militar, supuestamente, contra los ‘Comandos de Frontera’, también conocidos como ‘Los Sinaloa’, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo. El objetivo era capturar a dos de sus integrantes, conocidos con los alias ‘Bruno’ y ‘Managua’, encargados del tráfico y la comercialización de drogas. En el lugar de los hechos los pobladores realizaban un bazar para recaudar fondos para sus actividades comunitarias.
En la tarde de ese lunes, el presidente Iván Duque afirmó que el operativo dio de baja a 11 miembros de dicho grupo armado y que representaba un fuerte golpe contra el narcotráfico. Sin embargo, al mismo tiempo habitantes de la región y organizaciones de la sociedad civil denunciaron graves irregularidades. Tras las versiones encontradas, el ministro de Defensa, Diego Molano, reafirmó que el operativo siguió todos los protocolos y defendió la incursión armada.
“Esto fue una masacre. Nos dimos cuenta que fue el Ejército y no la guerrilla porque luego de que pasaron los disparos, llegó un bote de la Armada y tres helicópteros. En vez de defendernos, dejaron que los violentos se subieran y al rato salieron vestidos con camuflados del Ejército. Inmediatamente sacaron a toda la gente y la ubicaron en el polideportivo con la espalda hacía atrás para que nadie mirara lo que estaba sucediendo”, recuerda Andrea*, asistente del bazar, quien quedó herida tras el operativo.
Santiago*, habitante de la región y defensor de derechos humanos, afirma que el comando del Ejército que perpetró la masacre se hizo pasar por una unidad de la disidencia conocida como Frente Carolina Ramírez para capturar a dos miembros de los ‘Comandos Frontera’.
“Lo irónico es que el Ejército ha trabajado de la mano con ese grupo armado aquí en el Putumayo. Los ‘Comandos Frontera’ son una agrupación real e irregular donde hay disidentes de las Farc, pero también paramilitares. Entonces, lo que sucede es que el Ejército iba a engañar a sus mismos aliados de guerra, haciéndoles creer que quienes matarían a sus comandantes eran los del Frente Carolina Ramírez”, comenta una de las fuentes consultadas que, por razones de seguridad, pidió omitir su nombre.
Ante la complejidad para esclarecer los hechos, la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo, integrada por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, realizó una Misión de Verificación el pasado 2 de abril en el territorio y estableció que “se desarrolló una ejecución extrajudicial, la cual pretendió ser presentada por el Ministerio de Defensa como un exitoso operativo con blancos legítimos”.
Agrega que fue cometida “una serie de irregularidades que refleja la intención de acomodar los hechos a la versión oficial, como el levantamiento de los cuerpos o la tardía presencia de la Fiscalía, quien inició investigaciones cinco días después de lo sucedido, y en los que hubo presencia permanente del Ejército y lluvias contantes”. Situación que entorpeció la recolección de información para determinar tiempo, modo y lugar de los hechos y, además, favorece la impunidad.
Según Diego Arteaga, coordinador de la Fundación Inty Grillos Colombia, la Misión de Verificación encontró alta presencia militar, y coartó las labores de investigadores y organizaciones de derechos humanos que estaban reconstruyendo la escena de los hechos. “El Ejército al tratar de cambiar el contexto real de la masacre, no se dio cuenta que la gente tiene memoria de dónde quedaron los cuerpos y cómo quedaron. Es imposible que le den de baja a tantos testimonios”, sostiene.
Demoras en Medicina Legal
El pasado 26 de abril, el ministro Molano fue citado a una sesión de la Cámara de Representantes para enfrentar un proceso de una moción de censura. En ese debate se conocieron nuevas inconsistencias de las versiones oficiales sobre el operativo.
La representante Katherine Miranda, citante del debate, denunció que las listas de los fallecidos que reposan en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo no coinciden: “El informe de la Defensoría es absolutamente claro cuando habla de 11 personas. Ministro, a la lista que usted les dio a los medios de comunicación le faltan Daniel Eduardo Paredes Sanjuán y Lizandro Paredes Sanjuán. Los dos oriundos de Puerto Leguizamo”.
No obstante, Molano señaló que tenía un informe donde la Defensoría corrige ese supuesto error: “Aquí no han aparecido dos muertos más y eso es necesario que lo determine la Fiscalía. Son las mismas once víctimas. Nadie ha querido ocultar nada”.
Los hermanos Sanjuán fueron dados por muertos desde el pasado 12 de abril, cuando esa entidad los nombró en el informe que presentó la misión humanitaria que llegó hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, sus familiares tienen más dudas que certezas porque aún no aparecen sus cuerpos.
Para Álvarez, de la OPIAC, el obstáculo para determinar el número exacto de civiles asesinados y desaparecidos se debe a que no hay una caracterización poblacional en el territorio.
“La OPIAC hizo una caracterización indígena, pero no hay una caracterización campesina que permita tener un panorama más claro. Si se tuviera, se sabría cuáles fueron esas otras personas asesinadas y de qué nacionalidad son porque ese es un espacio trinacional donde hay gente de Perú y Ecuador. Lo que quiere decir que, si hay víctimas de los países vecinos, la situación recobra un carácter internacional”, asevera este abogado.
Además de las dificultades para determinar el número exacto de víctimas que dejó el operativo militar, las jornadas de recepción de testimonios han presentado fallas. “La Fiscalía habilitó el 20, 21 y 22 abril, el problema es que lo hicieron en Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Estos municipios quedan a tres horas en transporte marítimo del Alto Remanso, por lo que no es garantía de absolutamente nada. Si en el futuro las víctimas ponen una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno va a decir que nadie quiso hablar”, asevera Álvarez.
Por su parte, familiares de las víctimas mortales denuncian que, hasta la fecha, Medicina Legal no les ha entregado el dictamen de balística que permite reconstruir la escena del crimen.
“No me los han entregado y me preocupa porque ahí es donde los militares van a quedar hundidos. Mi hijo no murió en el fragor de la bala, el cayó cerca de la casa y tenía más lesiones: el brazo izquierdo tenía un corte como de 18 centímetros y dos veces hicieron manipulación del cuerpo. Derechos Humanos ha hablado con Medicina Legal y lo único que dicen es que esos resultados se demoran”, señala Rodolfo Pama, padre de Santiago, el menor asesinado.
Incumplimiento del PNIS
“Nosotros estuvimos en la sesión de moción de censura y ellos continúan defendiendo la masacre porque, según ellos, somos indígenas y campesinos ‘narcocaleros’. Si eso fuera cierto, ¿por qué estamos inscritos al PNIS? El gobierno nos ha cumplido con ese programa y si no lo hubiera hecho, probablemente está masacre no habría ocurrido.”, reprocha Carmen*, indígena del Alto Remanso.
Esta mujer se refiere al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, incluido en el Acuerdo de Paz suscrito por el Estado colombiano con la antigua guerrilla de las Farc en noviembre de 2016, con el que se puso fin a una confrontación de más de cincuenta años.
En las negociaciones de La Habana, Cuba, se planteó la necesidad de ejecutar un programa que beneficiara a familias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras de hoja de coca para liberar los territorios de los cultivos ilícitos. Así nació el PNIS.
El objetivo central de este Programa es acompañar a las familias cultivadoras de hoja de coca para uso ilícito en su proceso de sustitución voluntaria, previa suscripción de un acuerdo, para que retornen a la legalidad a través de proyectos productivos. (Leer más en: PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas)
El departamento de Putumayo es uno de los más afectados por esos sembradíos ilegales desde tiempo atrás. En la década de los años ochenta aparecieron las primeras plantaciones de hoja de coca para uso ilícito y tras la ocupación de grupos armados ilegales, se estableció la economía cocalera en la región.
Según datos del Observatorio de Drogas, manejado por el Ministerio de Justicia, a junio de 2021, Putumayo es el departamento con mayor cantidad de familias vinculadas al programa PNIS: 31 por ciento son no cultivadores, 18 por ciento son cultivadores y 22 por ciento son recolectores. Sin embargo, a pesar de que las cifras entregadas por esta entidad parecen alentadoras, la realidad según sus inscritos es preocupante.
“Si el gobierno no se hubiera demorado con el PNIS, hace rato me hubiera ido de aquí. Yo me quería ir a Puerto Leguízamo para darle educación a mi hijo, pero nos incumplieron. El año pasado se volvió a activar el programa, el Consorcio Amazónico es el encargado, pero hasta ahora nada. Como quien dice, por esperar al gobierno, me mataron a mi hijo”, lamenta Pama, uno de los afectados en Alto Remanso.
* Nombre modificado por razones de seguridad
