Reciente investigación concluye que, tras cinco años de la firma, no se han determinado acciones concretas o afirmativas para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. De mantenerse ese ritmo de ejecución, se necesitarán 251 años para alcanzar las metas trazadas. Un factor más de revictimización.
El conflicto armado en Colombia impactó de manera desproporcionada y diferencial a las mujeres: fueron desplazadas de sus territorios, reclutadas por grupos armados y sus cuerpos sufrieron sistemáticamente violencia sexual y reproductiva. En 2014, en medio de las negociaciones en La Habana, Cuba, entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, se creó la Subcomisión de Género para atender a través de enfoques y proyectos específicos a las mujeres víctimas.
De acuerdo con la investigación La Paz será con las mujeres rurales o no será, realizada por la Corporación para la Protección y Desarrollo de Territorios Rurales (Prodeter), en alianza con Oxfam de Colombia, en la que participaron profesionales, lideresas y líderes sociales, los programas estratégicos creados para revertir los efectos del conflicto no están implementando de manera óptima el enfoque de género. De esa manera, las mujeres siguen en condición de empobrecimiento, exclusión y marginalidad. (Descargar documento)
Jhenifer Mojica, abogada e investigadora de Prodeter, afirma que a pesar de que el enfoque de género fue un avance en el Acuerdo de Paz, no reconoce totalmente el problema de desigualdad estructural en el que las mujeres están, especialmente las rurales.
“El conflicto armado las golpeó más, es la población con el porcentaje más alto de necesidades básicas insatisfechas y tienen mayor dificultad para la generación de ingresos. Estos elementos no los logra recoger totalmente el Acuerdo y cuando pasan a la discusión terminan siendo invisibilizados”, señala la experta.
Según la Contraloría General de la Nación, a diciembre de 2020 se habrían destinado 194 mil 119 millones de pesos al enfoque de género, es decir, sólo el 3 por ciento del total de los recursos aplicados para la implementación del Acuerdo. El 53 por ciento se orientó al pago de incentivos a familias que hacen parte del programa PNIS que tienen como cabeza de hogar a una mujer; 38 por ciento a la Reforma Rural Integral; 9 por ciento a justicia, verdad y reparación; 0,4 por ciento a participación política; 0,4 por ciento a asistencia técnica de proyectos con enfoque de género y el Punto 3 sobre el Fin del Conflicto no reportó recursos para el componente de género.
Entre 2017 y marzo de 2021, el Fondo de Tierras entregó 1.471 hectáreas a mujeres, que corresponden al 2 por ciento de la meta total. Durante 2020 sólo se otorgaron 9 subsidios y en 2021 no se adjudicó presupuesto para este fin. Respecto a la producción agropecuaria y la economía solidaria, el 37 por ciento de los créditos blandos fueron entregados a mujeres en el 2020.
En el 2020 y el primer trimestre de 2021, el Ministerio de Salud no reportó la ejecución de recursos para la implementación del Modelo de Acción Integral (Maite) que consiste en llevar atención integral de salud a los territorios.
En este mismo periodo, el Ministerio de Educación Nacional presentó una reducción del presupuesto para educación rural del 49 por ciento y no asignó recursos para el enfoque de género. Respecto al Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural, a junio de 2021 solo se entregaron 122 viviendas de interés social rural mejoradas y 4.024 viviendas nuevas.
Esos datos evidencian que la materialización del componente de género en el Acuerdo de Paz, a pesar de que ha beneficiado a mujeres, es insuficiente para cerrar las brechas entre ellas y ellos. Además, los reportes que ha entregado el gobierno del presidente Iván Duque (2018-2022) se limitan a cifras desagregadas de mujeres, es decir, separadas de sus componentes y con el agravante de excluir a la población LGBTI.
La investigación liderada por Oxfam Colombia tuvo como foco de análisis tres de los departamentos más afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas: Arauca, Caquetá y Cauca.
Arauca: mucho plan y poca ejecución
Este departamento fue priorizado en el Acuerdo de Paz, y 4 de sus 7 municipios hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que busca ejecutar de manera prioritaria programas en el marco de la Reforma Rural Integral. No obstante, en la práctica, el enfoque de género se ha asumido en la enunciación y no en la acción.
En los programas de adjudicación de predios baldíos hay inequidad en el acceso a la tierra y ausencia de acciones concretas para garantizar este derecho a las mujeres. Además, en la regularización de 39 predios de escuelas rurales que hacen parte del Plan de Aceleración de las Zonas Futuro, no se está implementando el enfoque de género para reducir las brechas.
Respecto al Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) que se encarga del ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo, no hay lineamientos que respondan a su objetivo y tampoco a las iniciativas de las mujeres campesinas sin tierra.
El componente de reactivación económica y producción agropecuaria registró la terminación de cinco proyectos para el fortalecimiento del sistema productivo de cacao, a través de la adquisición de maquinaria e infraestructura, beneficiando a 14 organizaciones mixtas. Así como la ejecución de ocho proyectos para el fortalecimiento social y comunitario de la mujer rural y de jóvenes que participaron en diferentes iniciativas. Sin embargo, en los programas mencionados ha habido cambios estructurales en la vida de los pobladores y mucho menos en el reverso de los efectos que el conflicto armado dejó en las mujeres.
Lidia Teresa Afanador, lideresa social y defensora de Derechos Humanos de Arauca, comenta que la implementación del Acuerdo de Paz ha sido poca y su enfoque de género es nulo: “Es cierto que hay propuestas de proyectos productivos y para las tenencias de la tierra para las mujeres, pero eso aún no se ha evidenciado en el departamento. La Agencia Nacional de Tierras no ha hecho el proceso y los gobiernos municipales y departamentales se han quedado cortos. Además, no han coordinado con las asociaciones y agremiaciones de mujeres. No nos tienen en cuenta”.
Caquetá: mujeres excluidas de la paz
Su subregión PDET, Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño, cuenta con un modelo de ordenamiento territorial alrededor del agua, la educación integral, el aprovechamiento sostenible y soberano de los recursos naturales, el turismo comunitario y el posicionamiento de productos nativos, locales y de origen amazónico. No obstante, está presentando conflictos con el uso del suelo por la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y el consecuente aumento de la deforestación.
Dentro de sus objetivos no incluyó un enfoque diferencial para facilitar el acceso a tierra para las mujeres y está dificultando el cumplimiento del enfoque de género pactado en el Acuerdo de Paz. De 40 iniciativas, tres están vinculadas a mujeres y corresponden al 7 por ciento de las acciones relacionadas a tierras y se encuentran sin ejecución. Actualmente, hay 514 proyectos de reactivación económica, salud rural y educación, pero sólo 151 están vinculados al componente género y representan el 29 por ciento en 17 municipios.
Las entrevistas que realizó el equipo de Oxfam Colombia a funcionarios de los municipios de Paujil, Montañita y Milán evidencian que, en su mayoría, desconocen el enfoque de género del Acuerdo de Paz. Además, admiten que los programas de salud rural y acceso a la tierra no tienen enfoque diferencial para atender a las mujeres campesinas.
Sandra González Sanabria, lideresa de reincorporación en Caquetá, afirma que la falta de formación sobre el enfoque de género en las entidades estatales aumenta las barreras de las mujeres para participar en los diferentes procesos: “Realmente deben trabajar en conocer más sobre las mujeres rurales y, además, concientizar en sus derechos porque muchas desconocen lo que se ha logrado en la conquista por la equidad de género”.
Cauca: discriminación territorial
El municipio de Inzá están ubicado en los límites entre Cauca y Tolima, en la cordillera Central del Macizo colombiano. Históricamente, ha sido afectado por el conflicto armado, debido a su ubicación geográfica estratégica para grupos guerrilleros como el Epl, M-19 y Farc. Pese a su condición de pobreza y violencia estructural, fue excluido del PDET y no le asignaron recursos para la paz.
En reacción a esa exclusión, la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT) ha solicitado al gobierno nacional la implementación de la Reforma Rural Integral, pero su demanda ha sido ignorada por no ser territorio PDET. Además, el actual Plan de Desarrollo Municipal no incluyó el enfoque de género y las mujeres quedaron por fuera de las decisiones políticas que inciden en su calidad de vida.
Las organizaciones femeninas exigen el cumplimiento del Acuerdo y la materialización de su participación en espacios, pero el gobierno nacional no les gira recursos e imposibilita la existencia del enfoque diferencial. Por su parte, líderes y lideresas sociales tienen dificultad para asistir a los espacios de discusión por no recibir recursos y ellas, además, por tener altas cargas en labores domésticas y de cuidado.
“El ser mujeres, desafortunadamente, nos pone en posiciones diferentes. A la mujer rural le ha tocado ser mamá, papá y proveedora del hogar. Esto genera desventajas a la hora de acceder a oportunidades de formación, trabajo y de participación en los espacios organizativos. Además, el enfoque de género del Acuerdo de Paz no se está implementando por falta de voluntad política y esto nos mantiene muchísimo más atrás”, comenta Maricely Sandoval Solarte, lideresa afro del Norte del Cauca.
En Cajibío, las mujeres tienen participación en todos los sectores e insisten en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. No obstante, el Concejo Municipal no aprobó la política de género y esto ha generado desacuerdos.
En Corinto, al no materializarse proyectos e inversión real, la participación de las mujeres en el consejo consultivo del municipio ha disminuido. Además, las lideresas rurales que hacen parte del PDET denuncian que los proyectos que se están ejecutando no tienen en cuenta el principio de igualdad y el enfoque de género.
Pobreza con rostro de mujer
Las mujeres rurales han sido, históricamente, discriminadas por su género, edad, profesión, características étnicas y raciales o por ser víctimas del conflicto. Y, aunque existen marcos normativos nacionales e internacionales para reconocerlas como actoras políticas y sujetas de derechos, las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres continúan vigentes.
Debido a que la desigualdad se sitúa especialmente en la población rural, la pobreza multidimensional es tres veces superior que en las ciudades. Así, cuatro de cada diez mujeres son pobres, es decir, no cuentan con condiciones de vida digna o bienestar. Esta situación de desventaja es estructural porque las relaciones sociales, familiares y laborales están atravesadas por el machismo que determina que ellos deben manejar la tierra, la producción y el capital; mientras que ellas se deben dedicar a labores domésticas y de cuidado.
Este trabajo invisibilizado y no remunerado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es de ocho horas diarias, mientras que en los hombres es tan sólo de tres. Además, la tasa de desempleo rural de las mujeres suele triplicar a la de los hombres, por lo que los ingresos de las mujeres rurales son notablemente inferiores.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las mujeres rurales en Colombia tienen una relación precaria con la tierra por estereotipos que reproducen sus condiciones de vulnerabilidad y que se traducen en: bajo porcentaje de ellas son propietarias de la tierra, no suelen disponer de registros o constancias que las acrediten como titulares, y muchas veces desconocen sus derechos como cónyuges, compañeras o herederas. Datos de la Contraloría General de la Nación revelan que sólo el 26.1 por ciento de la propiedad de la tierra está bajo titularidad de ellas, frente al 73.6 por ciento de ellos.
Medidas urgentes
Luego de su investigación en diversas regiones de país, Oxfam Colombia le recomienda al gobierno nacional la implementación prioritaria del Acuerdo de Paz que, tal y como quedó a través del Acto Legislativo 02 de 2017 y la Sentencia de la Corte Constitucional C-630 de 2017, es una política pública de Estado que lo obliga a garantizar el derecho a la paz.
Además, señala la importancia de materializar el enfoque diferenciado para las mujeres rurales porque las medidas asistencialistas que, históricamente, ha mantenido con esta población reafirman la desigualdad y la discriminación.
Asimismo, hace un llamado para que los funcionarios y contratistas del Estado reciban capacitación para asumir la responsabilidad que les corresponde en la ejecución del enfoque de género porque cuando están en los territorios desconocen de las acciones afirmativas que requieren las mujeres rurales y dificultan la reducción de las brechas de género.
Igualmente, invita al gobierno nacional a tener mayor compromiso con la destinación de recursos para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. Según la Contraloría General, durante el 2020 y 2021, la asignación de presupuesto para género fue marginal y sólo alcanzó el 4 por ciento del total del dinero destinado para la construcción de Paz. Esta práctica está generando atrasos y ausencia de garantías para las mujeres víctimas, la seguridad de líderes y lideresas, y de las mujeres firmantes que habitan en los territorios.
Respecto a la invisibilización social, política, económica y cultural que continúan viviendo las mujeres rurales, pide que se promuevan garantías para su participación en condiciones de igualdad en los diferentes espacios de decisión. Así como la adopción de metodologías por parte de las instituciones que tengan en cuenta la diversidad étnica y cultural de las mujeres porque el enfoque de género debe ser transversal e interseccional.
Mojica sostiene que el reto es lograr que el enfoque de género se vuelva práctico y reitera que esto se puede lograr sólo si las mujeres tienen una mayor centralidad en el Acuerdo de Paz. “La paz será con las mujeres o no será, porque si ellas no tienen un mayor nivel de participación, si no logran estar en estancias de toma de decisiones y si sus necesidades no son centrales en el Acuerdo, no se podrán cerrar las brechas de desigualdad”, concluye.
