A tres semanas de los comicios legislativos y las consultas interpartidistas para escoger candidatos a la Presidencia de la República, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) identificó nueve amenazas que enfrentan los aspirantes a los 16 escaños que el Acuerdo de Paz creó en la Cámara de Representantes.
El próximo 13 de marzo, los colombianos de 167 municipios asistirán a una cita inédita con la democracia: podrán solicitar un tarjetón especial para votar por víctimas del conflicto armado, que representarán en el Congreso de la República a 16 de las regiones más golpeadas por la guerra. Elegirán a los miembros de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
Esa es una de las promesas del Acuerdo de Paz que el Estado colombiano firmó el 24 de noviembre de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc para ampliar la participación política y la representación de regiones históricamente sumidas en el olvido. Sólo pudo concretarse ahora, luego de que la Corte Constitucional dirimiera, el 21 de mayo del año pasado, un pulso que se dio en 2017 en el Senado de la República, sobre si su trámite legislativo obtuvo o no los votos necesarios para su aprobación.
A 20 días de las elecciones, la FIP publicó el informe ¿La mala hora de las Curules de Paz? Escenarios de riesgo y acciones prioritarias, en el que enciende las alarmas por los escenarios de riesgo que enfrentan los 401 candidatos de la debutante circunscripción de paz. Lamentablemente y a diferencia de lo proyectado por el Acuerdo de Paz, el país no se encuentra en un escenario de posconflicto y en varias regiones, particularmente en donde fueron demarcadas las CITREP, la violencia armada se reavivó por cuenta de nuevas disputas entre grupos armados ilegales y redes de crimen organizado. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)
De entrada, el informe advierte que las CITREP no escapan a riesgos como la abstención, la desconfianza y la cooptación electoral por parte de maquinarias políticas, pero pone especial énfasis en el actual deterioro de la seguridad territorial, el cual se refleja en un par de indicadores del año pasado: mayor cantidad de víctimas de desplazamiento forzado en la última década y un alza en la tasa de homicidios.
Como si fuera poco, refiere cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), que alerta que 145 de los 167 municipios que conforman las CITREP, están bajo amenaza. De ellos, 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio. ¿La razón? Enfrentan escenarios de violencia y fraude electoral.
Ese escenario coincide con la Alerta Temprana 04 de este año, que emitió la semana pasada la Defensoría del Pueblo, enfocada sobre riesgo electoral, en la que dedicó un capítulo especial a las curules de paz. En ella, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de esa entidad, reitera que en el 97,6 por ciento del total de municipios pertenecientes a las CITREP, “se identificó algún tipo de riesgo”, y que en el 82 por ciento de las poblaciones existe un riesgo alto o extremo, generado, entre otras razones, por la presencia de las disidencias de las Farc (104 municipios); las Agc (86 municipios); y el Eln (69 municipios).
La situación ha sido tan compleja para los 167 municipios donde se realizarán elecciones a las CITREP, que el SAT emitió desde diciembre de 2017, por lo menos 117 alertas tempranas, lo que refleja el alto nivel de conflicto aún padecen estas poblaciones, golpeadas históricamente por la guerra y que parecen vivir en una rueda sin fin. (Leer más en: Por lo menos 521 municipios están bajo riesgo en actual proceso electoral)
Impactos y restricciones
El 2021, según registros de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), fue uno de los años con mayores afectaciones humanitarias, pues se registraron más de 73 mil víctimas de desplazamiento forzado y más de 50 mil de confinamiento. Además, según registros de la FIP, el 79 por ciento de los casos ocurrieron en municipios que conforman las CITREP y los más afectados están en las regiones del Catatumbo, Pacífico Nariñense, y Bajo Cauca antioqueño, así como en los departamentos de Cauca y Chocó.
Además, en lo corrido de este año, las violaciones de derechos humanos por cuenta de la violencia armada continuaron su escalada. El repertorio de afectaciones es amplio, con una guerra abierta entre disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln enfilada hacia líderes y movimientos sociales en Arauca, la comisión de decenas de masacres y asesinatos de dirigentes comunitarios, amenazas que conducen al exilio y atentados sicariales contra periodistas. (Leer más en: El coletazo de la violencia del año pasado arremete con fuerza en 2022)
La FIP alerta sobre el riesgo que produce esa instabilidad en materia de seguridad: “No solo por la situación de orden público, sino por la movilidad de las comunidades para ejercer el derecho al voto y de los candidatos para hacer campaña. En las elecciones de 2019 algunas organizaciones denunciaron que los actores armados impidieron la llegada de los votantes a los puestos de votación”.
Asimismo, indica que las afectaciones humanitarias tienen un alto impacto en las posibilidades de participación política, pues para candidatos y líderes sociales es necesario centrarse actualmente en las consecuencias electorales del desplazamiento, ya que en las zonas CITREP no se logró cambiar el puesto de votación o realizar la inscripción de cédula y la situación humanitaria generó impedimentos adicionales.
Y lamenta que “en regiones como Arauca y Cauca, con recientes ataques de grupos armados y homicidios de líderes, el proceso electoral ha pasado a un segundo plano para las comunidades, quienes están priorizando y exigiendo garantías humanitarias básicas”.
Incidencia de grupos armados
El informe identificó que los grupos armados ilegales pueden ver esta coyuntura electoral como una oportunidad para para medir sus capacidades de incidencia en la política. Y se refleja, por ejemplo, en regiones como Montes María y Urabá antioqueño, donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), ejercen un importante control sobre aspectos sociales, económicos y políticos de las poblaciones.
“Este tipo de amenazas afectan la participación de la población que, en ocasiones, opta por abstenerse del escenario electoral al percibir un posible riesgo. En gran medida, el ejercicio político es riesgoso porque aborda temas y agendas que pueden ir en contravía de los intereses de los grupos armados. En regiones como el Urabá, Montes de María y algunas zonas del Putumayo, las comunidades podrán votar, pero lo harán bajo las limitaciones explícitas e implícitas que imponen los grupos armados, con el temor de ser víctimas de un hecho de violencia o resultar señalados por apoyar a algún candidato en particular”, señala la FIP.
Y agrega: “Un efecto es la decisión de diferentes líderes sociales por no candidatizarse a las Curules de Paz debido al riesgo que ya enfrentan por haber impulsado agendas de sustitución de cultivos o programas del Acuerdo de Paz”.
Al respecto, la FIP concluye que, como parte de las dinámicas propias de esos territorios, es muy probable que los grupos armados también tengan algunas preferencias y tomen decisiones (usar o no la violencia contra ciertos candidatos): “En todo caso, la reacción de los actores armados hacia las candidaturas también estará determinada por la forma en la que normalmente estos grupos interactúan con las organizaciones de base y con la política local. En el actual contexto de fragmentación de los grupos armados, sus comportamientos diferenciados por región incidirán en la seguridad de los candidatos”.
Estigmatización
Que las agresiones contra líderes y organizaciones sociales son producto, en gran parte, de los señalamientos que sufren por oponerse a intereses de particulares y de grupos armados que van en contra de las comunidades que representan, no es ningún secreto.
Al respecto, la FIP indica que el 60 por ciento de los asesinatos de activistas sociales cometidos entre 2017 y 2021, ocurrieron en municipios CITREP. Por ello, señala que, como se ha alertado durante los cinco años de implementación del Acuerdo de Paz, esa situación refleja “que las trayectorias de estigmatización y violencia contra los líderes sociales involucrados en la implementación se están trasladando a los candidatos de las Curules de Paz. Eso se aprecia de manera más notoria con candidatos que se centran en la reparación de víctimas, la implementación del Acuerdo y el desarrollo territorial”.
Y los bajos niveles de implementación de políticas clave del Acuerdo de Paz, como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), este último se implementa en los mismos municipios que conforman las CITREP, generan más escenarios de inseguridad.
“En el caso de los líderes del PNIS, desde las etapas tempranas de su implementación se denunciaron casos de amenazas a quienes realizaron labores de pedagogía y socialización para la firma de acuerdos colectivos. Si bien esto varía regionalmente, estudios sobre el tema han identificado un aumento en los asesinatos de líderes tras la firma de los acuerdos comunitarios con el programa, sobre todo en municipios en los que hubo oposición a la expansión de cultivos, con presencia de grupos armados y conflictos de tierras”, señala el informe.
Otros riesgos y recomendaciones
La investigación de la FIP refiere otras amenazas como dificultades para acceder a los canales de denuncia y las rutas de protección de candidatos en riesgo; el desconocimiento y la limitada pedagogía sobre las curules de paz; los obstáculos que deben sortear las mujeres para participar en este espacio de votación popular; y la posibilidad de la eventual cancelación de elecciones de algunas de las circunscripciones por situaciones de orden público, como lo estableció el Acto Legislativo 02 de 2021, que faculta al Presidente de la República para tomar esa decisión, previo concepto de ciertas entidades.
Además, enciende las alarmas por limitaciones financieras y poca claridad sobre las reglas de juego en estos comicios extraordinarios. Si bien el acto legislativo que le dio vida a las curules de paz establece que la financiación de estas campañas será predominantemente estatal y se hará mediante anticipos y el mecanismo de reposición de votos, el informe señala que “las organizaciones sociales han insistido en que no es claro el procedimiento y que habría obstáculos burocráticos como la obtención de pólizas para acceder a la financiación. En casos en los que han logrado cumplir con los requisitos, continúan esperando la llegada de los anticipos”.
También están los intereses de políticos tradicionales para hacerse con esos escaños. En parte, están permeando las campañas de las CITREP por falta de claridad en la normatividad, carencia de pedagogía y de financiación: “Líderes y candidatos han denunciado posibles hechos de cooptación política, evidenciada en la financiación de publicidad, actividades de campaña de las Curules que se han realizado en las mismas sedes de los partidos tradicionales o apoyos políticos de conocimiento público, entre otros hechos. En departamentos como Caquetá, Urabá y Cesar, han denunciado irregularidades por esta influencia de partidos y clanes políticos”.
Para hacerle frente a ese panorama adverso, la FIP plantea ocho acciones prioritarias y las principales están orientadas al seguimientos de alertas tempranas diferenciales sobre la seguridad de los candidatos; a socializar las estrategias y rutas particulares de protección anunciadas por el Ministerio del Interior; a fortalecer los mecanismos planteados e implementados como parte de los puntos 2 y 3 del Acuerdo de Paz; y a garantizar mínimos humanitarios para la movilidad y seguridad de los candidatos y ciudadanos en regiones con disputas entre actores armados ilegales y alto impacto humanitario.
