El Cauca, ubicado en el suroccidente colombiano, es uno de los departamentos más golpeados por la exclusión social, el abandono estatal, las disputas por tierras y el conflicto armado. La primera pandemia del siglo XXI arremetió con fuerza en sus municipios y se convirtió en un combustible que agravó diferentes crisis en salud, economía, educación, violencia intrafamiliar y conflicto armado.
Por: Lucía Ocampo
olgavolveras@unicauca.edu.co
Andrés Alejandro Córdoba
aacordoba@unicauca.edu.co
El 30 de enero de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró la aparición de un brote como emergencia de salud pública internacional. Se trataba de la presencia del nuevo coronavirus (SARS-COV-2 o Covid-19) detectado el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China.
Cuando Tedros Adhanom notificó al mundo de la existencia de la nueva enfermedad, ya hacía presencia en 19 países, con 106 casos registrados por fuera de China, que sumaba casi 10 mil. Mes y medio después, el 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia.
Colombia detectó el primer caso el 6 de marzo de 2020 en Bogotá: una ciudadana de 19 años procedente de Milán, Italia, advirtió síntomas de la nueva enfermedad. Ante el inminente contagio masivo, el Gobierno Nacional declaró, desde el 10 de marzo de ese año, las primeras medidas y protocolos de bioseguridad para evitar el esparcimiento del virus.
Doce días después, con el Decreto 457 de 2020, estableció el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país, con vigencia entre el 25 de marzo y el 13 de abril. Pero ante el aumento exponencial de casos, el margen de confinamiento se fue ampliando paulatinamente.
En Cauca el aislamiento se generó a partir del 21 de marzo. El gobierno departamental emitió el Decreto 0641, luego de documentar el primer infectado por Covid-19: un hombre de 61 años que llegó de España, según lo reporta el Sistema de Salud Pública (SIVIGILA). En casi dos años de pandemia, la Secretaría de Salud departamental ha sistematizado aproximadamente 71 mil casos de contagio.
La pandemia impactó la vida de millones de colombianos. El departamento de Cauca, lleno de contrastes y dificultades, no fue ajeno a las dinámicas que impuso la nueva normalidad derivada de la propagación sin control del virus Covid-19. ¿Surgieron nuevos problemas o se agudizaron los ya existentes en la región? A continuación presentamos un panorama general desde los ámbitos económicos, sanitarios, educativos y del conflicto armado.
La salud, fortalecimiento sobre la marcha
El país se ha enfrentado a cuatro picos en el avance de la pandemia, según reportan autoridades sanitarias. Cada uno apareció con desafíos propios que el sistema de salud debió asumir de manera inmediata. El contagio masivo por Covid-19 tomó por sorpresa a los centros hospitalarios, clínicas, médicos y personal de la salud que no esperaban enfrentarse a un virus de dimensiones globales.
“Colombia no estaba preparada para una pandemia. Como no había personal suficiente se tuvo que llamar a los servicios de consulta externa. Los que nos desempeñamos en salud, pero no en hospitales, estábamos como en la cuarta línea y teníamos que estar dispuestos si tocaba ir a atender”, relató Óscar Ospina, secretario de salud de Popayán, la capital de Cauca.
A esto se le sumó la insuficiente capacidad hospitalaria instalada: camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) limitadas, pocos ventiladores y personal médico para atender la emergencia. Según Diego Jaramillo Salgado, doctor en Estudios Latinoamericanos y docente jubilado de la Universidad del Cauca, la pandemia hizo visible los problemas de los sistemas de salud y su precariedad, “como el hecho de que el sistema de salud creado a partir de la Ley 100 de 1993, había entregado las instituciones de salud al sector privado y esto generaba una serie de limitaciones que con la pandemia se hicieron más evidentes”.
Para atender el contagio creciente y casos críticos, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán, el Hospital Universitario San José de Popayán y el Hospital Susana López de Valencia, se articularon para buscar alternativas de atención a pacientes con Covid-19. En un comunicado publicado el 6 de abril de 2020, el gobierno departamental anunció la compra de 20 respiradores artificiales o ventiladores mecánicos para adecuar 20 camas en la UCI del Hospital San José y la compra de 50 camas UCI nuevas para ampliar la capacidad del Hospital Susana López de Valencia.
En paralelo, se intensificaron las medidas establecidas por el Gobierno Nacional: lavado de manos, distanciamiento social y restricción de la movilidad a través del Pico y Cédula, al igual que el uso de vigías comunitarios.
El secretario Ospina asegura que las medidas institucionales fueron efectivas y resalta el saber ancestral del departamento: “En este territorio confluyen muchos conocimientos de diferentes modelos médicos. Popayán es una escuela mundial de medicina alternativa, es la zona donde más ha habido desarrollo en los modelos médicos étnicos, y eso fue lo que funcionó en la pandemia”.
Otro desafío ha sido el tratamiento de la salud mental. Integrantes del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, el Hospital Universitario Nacional de Colombia y la Fundación Sueño Vigilia Colombiana, publicaron en mayo de 2020 el artículo Consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental asociadas al aislamiento social.
Dicho documento establece que, además de la enfermedad física que puede generar el nuevo coronavirus, es posible que se haya minimizado el interés público de las consecuencias psicosociales de quienes experimentaron miedo, aburrimiento, soledad, ansiedad, insomnio o rabia. Igualmente, señala que esos estados pudieron evolucionar en trastornos como depresión, ataques de pánico y síntomas psicóticos, que derivaron en suicidios.
Según Jhon Jairo Muñoz Hurtado, docente e investigador del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cauca, “cuando aparece la pandemia se prioriza el modelo biomédico para salvar vidas, es decir, había que armar Unidades de Cuidados Intensivos, traer oxígeno, respiradores”. Sin embargo, lamenta que se descuidaron las consecuencias en salud mental que generarían el aislamiento preventivo, que rompió lazos sociales y causó cambios abruptos en la cotidianidad.
Aunque en Popayán todavía no se han consolidado cifras oficiales, el Secretario de Salud Municipal afirma que se evidenció el aumento de consultas por depresión, fobias y miedos. Así como el incremento de la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol.
Para atender las afectaciones por salud mental, la Gobernación del Cauca, en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia, lanzó el programa “Motiva tu Bienestar”, que tiene una inversión de más de cinco mil millones de pesos para lograr un alto impacto regional en la atención de las enfermedades mentales en los 42 municipios del departamento.
“Vamos a tener un alcance mayor al que tiene el Plan de Intervención Colectivas, que no ha podido llegar a todos los territorios”, afirma Jhon Jairo Muñoz, quien también se encarga de la coordinación del proyecto que tendrá una duración de 14 meses.
Por otra parte, desde el 20 de febrero del año pasado, el Ministerio de Salud puso en marcha el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. Inicialmente a Cauca le fueron distribuidas 666 unidades de vacunas, destinadas al personal de salud que atendía los casos del nuevo coronavirus, y paulatinamente se fueron distribuyendo más dosis para vacunar desde adultos mayores hasta niños de tres años de edad.
Según el Perfil Económico Departamental publicado en enero de 2022 por Mincomercio, el Cauca tiene una población de 1.436.916 habitantes, de la cual son población objetivo a vacunar los habitantes de 12 años en adelante, conforme a lo estipulado en el Plan Nacional de Vacunación.
De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social con corte al 11 de febrero, en los doce meses que lleva en marcha dicho plan de vacunación, en ese departamento del suroccidente colombiano se aplicaron alrededor de 1.359.416 dosis, incluidas primeras y segundas dosis, así como las de refuerzo.
Para el Secretario de Salud Municipal, Óscar Ospina, la vacunación es efectiva, pues “en los primeros 25 días del año no se ha muerto ni una persona por día. Tenemos una vacunación donde ya se tiene más del 70% de las personas de Popayán con segundas dosis aplicadas. A eso hay que agregarle que la gente que está ingresando a cuidados intensivos son no vacunadas o con esquemas de vacunación incompletos”.
A pesar del alto porcentaje de vacunados en la ciudad, el pasado 25 de enero el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicó la encuesta “Pulso Social”, que reveló que Popayán es una de las ciudades de Colombia con un alto índice de no vacunados que no tienen la intención de hacerlo: 60,3 por ciento. ¿La razón? Miedo ante posibles efectos adversos. Sin embargo, según el DANE, el 39,7 por ciento de la población no vacunada aseguró la posibilidad de hacerlo en el futuro.
“En Popayán hemos tenido cuatro picos donde se registraron un alto número de contagios y muertes. Este último se ha comportado de manera diferente porque hemos tenido el mayor contagio con la más baja ocupación de cuidados intensivos y muertes.En nuestro concepto, esto ha sido gracias a la vacunación que hemos acelerado en Popayán”, asegura Ospina.
Confinamiento y desempleo
Mediante el Decreto 417, del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional anunció las medidas económicas para afrontar la pandemia. Dentro de las más relevantes estuvieron la adaptación del teletrabajo en los casos en que fuera posible y la disposición de recursos que se encontraban a cargo de la Nación y Entidades Territoriales.
Según el decreto, esas medidas estaban “encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia”.
En la Gran Encuesta Pyme, liderada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la Cámara de Comercio del Cauca, el Banco de la República, entre otros, correspondiente al primer semestre de 2020, se estableció la negativa percepción de los empresarios sobre la evolución de sus negocios y la demanda durante la primera mitad del año.
Parte de ese comportamiento, según la encuesta, se explica por el choque ocasionado por el Covid-19 y las medidas implementadas para su contención, que terminó afectando la actividad empresarial y la generación de empleo en sectores como industria, comercio y servicios.
Otro informe presentado en abril de 2020 por la Cámara de Comercio del Cauca (Edición No. 4), estableció que de 436 empresas caucanas encuestadas, el 55 por ciento reportaron una disminución en las ventas en los tres últimos meses. Ante ese panorama, las principales preocupaciones de los empresarios caucanos se centraban en el desempleo y la disminución de ingresos.
Según Ana Fernanda Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, durante abril, mayo y junio de 2020, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró que el sector agrícola se fortaleció, mientras que variables como el consumo de energía no regulada, las exportaciones de café, el índice de producción industrial, los peajes de carga, las importaciones, el empleo formal, la construcción, el gasto de inversión ejecutado en educación y salud, entre otros, tuvieron una caída significativa del 12 por ciento, en relación al primer trimestre de 2020.
Para Carlos Corredor Jiménez, docente titular del programa de Economía de la Universidad del Cauca, “en Popayán hay dos sectores económicos muy importantes: el del Gobierno o administración pública, que en época de pandemia siguió funcionando, y el comercio como tal, que se vió profundamente afectado y tuvo un retroceso en su capacidad para generar empleo”.
Las personas con trabajo informal, como el comercio ambulante, resultaron afectadas en la pandemia por las restricciones de movilidad. Esto produjo una crisis al interior de los hogares por la falta de alimentos y dinero para sobrevivir.
Martín Chicangana, representante de la cooperativa Coopmesalarga dijo que antes de la pandemia el país ya venía viviendo una crisis económica. “El producto interno bruto que producen nuestros campesinos, indígenas y afros, a nivel de agro, prácticamente se está quedando aquí, no hay forma de sacarlos (…) No hay garantías para las personas que trabajan en el campo, no hay subsidios ni ayudas. Sumado a eso está la inflación en los precios, por lo que las personas que vivimos del día a día sentimos esa crisis desde antes del confinamiento”, puntualiza.
Según Corredor Jiménez, esa situación trajo a colación una discusión sobre una propuesta de un ingreso universal básico. “Ya teóricamente se había pensado en la idea, es decir, que todos los ciudadanos pudiéramos tener un ingreso provisto por el Estado que nos permitiera cubrir las condiciones básicas de salud, educación y alimentación”, dijo.
Una de las soluciones del Gobierno Nacional a las familias más necesitadas del país fue la ejecución del Programa Ingreso Solidario, que inició el 7 de abril de 2020. Según el Departamento de Prosperidad Social, se apoyaría a tres millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica que no eran beneficiarias de ningún otro programa social del Estado.
El monto mensual establecido por el gobierno central para los beneficiarios fue de 160 mil pesos. Por su parte, la Alcaldía de Popayán creó el programa Popayán Solidaria, para ayudar a poblaciones vulnerables del municipio, como adultos mayores, discapacitados y vendedores ambulantes a través de la entrega de alimentos.
A pesar del anuncio de estas ayudas, vendedores ambulantes del centro histórico de Popayán, como Diego Guerrero y Julián García, quienes llevan más de 20 años trabajando en el sector, aseguran que los beneficiados fueron pocos y que la mayoría tuvieron que ‘rebuscarse’ la manera de subsistir en medio de la pandemia.
Una señal de que las ayudas no estaban llegando a toda la población que lo requería, se evidenció el 14 de abril cuando aparecieron trapos rojos en las ventanas de casas de varios barrios de zonas vulnerables en el occidente de la ciudad, como por ejemplo, en El Valle del Ortigal, un barrio conformado por 1.604 unidades entregadas por el Gobierno Nacional a víctimas del conflicto armado, y el asentamiento Primero de Febrero.
“Fuimos los que más llevamos del bulto porque el Gobierno Nacional sólo ayudó a los ricos, a los estratos 0,1,2,3 y 4 nos mintieron. Las ayudas como el subsidio solidario fue una gran mentira, y los mercados se los dieron a unos pocos”, afirma Diego Guerrero, representante legal de una de las asociaciones de vendedores informales del sector del centro.
Igualmente, Martín Chicangana expresó que desde la plaza de mercado del barrio Bolívar solicitaron a la administración municipal de Popayán un recurso que estaba disponible dentro de la política pública de las comidas tradicionales, para poder abrir sus negocios ya que la mayoría habían quebrado al tener que cerrar durante la pandemia. Sin embargo, según Chicangana los recursos no fueron utilizados de manera óptima. “Se dedicaron a hacer eventos puntuales por internet, haciendo gastos innecesarios en vez de usar esos recursos en las cinco plazas de la ciudad”, asegura.
Para Corredor Jiménez, las ayudas planteadas por el Ejecutivo no funcionaron porque no se llevaron a la práctica cuando se requerían, fueron anuncios que no se materializaron de manera real. “Esto también pasa porque se piensa en un ciudadano ideal que no existe, es decir, un ciudadano que tiene acceso a internet, al teléfono y a ciertas condiciones irreales”, precisa.
Sin embargo, en otros municipios del departamento del Cauca como los ubicados en la zona norte si recibieron algunos alimentos por parte de la Gobernación del Cauca, así lo expresa Ricardo Laso, representante legal del Consejo Comunitario Corpa. “Nosotros recibimos en dos ocasiones ayudas por parte del Señor Gobernador Elías Larrahondo, quien siempre ha estado acompañándonos en nuestro proceso como comunidad. Fueron unos mercados, que aunque no alcanzaron para los 8 meses de confinamiento, sí ayudaron mucho a familias de escasos recursos”, dijo.
Sumado a esto, el 28 de abril de 2021, diferentes organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles y centrales obreras convocaron a una jornada de Paro Nacional para mostrar su inconformidad frente a la reforma tributaria denominada “Ley de Solidaridad Sostenible”, propuesta por el gobierno de Iván Duque.
Para José Enrique Urreste, docente de Ciencia Política de la Universidad del Cauca, la inconformidad e indignación de la gente por las afectaciones de la reforma sobre la clase media, fue lo que llevó a las calles a miles de colombianos como forma de protesta y oposición a las nuevas reglas tributarias que se pretendían establecer.
Sin embargo, para el académico Diego Jaramillo Salgado, docente pensionado de la Universidad del Cauca, si bien la pandemia tuvo incidencia en este hecho, porque hizo visibles los problemas de las instituciones estatales y las dificultades en muchos sectores de la población, no se puede sobrevalorar en términos de que fuera ella la que condujo a que se produjera los niveles de inconformidad que se presentaron.
A su juicio, si la pandemia no hubiera existido, el Paro Nacional se habría dado en febrero de 2020, cuando se convocó a movilizaciones que pretendían dar continuidad a las realizadas en noviembre de 2019.
Para la época en la que inició el Paro Nacional, en Popayán había 19.481 casos activos por Covid-19 según un reporte de marzo de 2021 emitido por la Secretaría de Salud Departamental. En junio del mismo año los casos ascendieron a 25.057. A pesar del alto número de contagios confirmados las personas decidieron salir a las calles y protestar. En medio de estos actos, el 12 de mayo de 2021 sucedieron en Popayán dos casos de agresión sexual por parte del Esmad hacía Alison Meléndez y Emily Tatiana.
Al día siguiente, en medio de la protesta en rechazo frente a lo ocurrido, un estudiante de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, Sebastián Quintero, falleció a causa del impacto de un proyectil de un arma no convencional lanzada en su cuello al parecer por un integrante del Esmad.
De igual forma, en medio de las protestas del Paro Nacional se registraron casos en los que civiles como Faver Camilo Carvajal y Jeison Mauricio Ramos, quien pertenece al pueblo indígena Yanacona, perdieron sus ojos a causa de disparos provenientes de esta misma unidad especial de la Policía Nacional.
Por otro lado, la brecha de género aumentó con la pandemia y aún no se ha logrado reducir. Según la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, se tienen niveles peores que antes de la aparición del Covid-19.
En ese sentido, programas como “Mil Mujeres”, liderado por la Alcaldía de Popayán, que apoyan emprendimientos de mujeres, han tenido una tasa de sobrevivencia del 85 por ciento. “Actualmente estamos en este proceso ayudando no sólo a la formalización, sino también en la gestión de recursos a través de la Fundación WWB”, asegura Ana Fernanda Muñoz.
La directora de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, Zully Meneses Hernández, afirma que la pandemia afectó fuertemente a las mujeres, porque un gran porcentaje de ellas se desenvuelve en el trabajo informal y durante el confinamiento perdieron sus empleos, lo que produjo que disminuyeran sus ingresos y se generara mayor dependencia económica.
“Las cifras de desempleo en mujeres en el Cauca en 2021 son alarmantes. Aumentó un 2,3 por ciento por encima de la tasa nacional. Además, en relación al 2020, se incrementó en nueve puntos el desempleo en el departamento”, precisa Meneses Hernández.
Frente a esto, Corredor Jiménez explica que históricamente la mujer ha tenido un rol de cuidadora, por el que no obtiene ninguna remuneración económica, y que en pandemia, que ha sido básicamente una crisis de cuidado, las desigualdades se hicieron más visibles porque además de asumir los roles tradicionalmente establecidos, las mujeres tuvieron que hacerse cargo de otras cosas como la educación de los niños en casa, entre otras actividades.
Con la fase de desconfinamiento y la necesidad de reactivar el sector económico en el departamento de Cauca, en noviembre de 2020 el Viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, anunció las estrategias “Cauca Responde”, una línea especial de crédito para las Mipymes y “Economía para la gente”, dirigida a las microempresas del país.
Por su parte, la Alcaldía de Popayán expidió el Decreto 2285 del 2020, que estableció los lineamientos iniciales para la activación del sector económico en la ciudad. Además, puso en marcha la iniciativa “Popayán Se Activa”, que ha constituido un fondo de 16 mil 100 millones de pesos invertidos como propósito entre la entidad bancaria Bancoldex, la Cámara de Comercio del Cauca y el Municipio, el cual fue operado por el Banco Mundo Mujer.
Para Martín Chicangana la reactivación económica de la plaza de mercado del barrio Bolívar se dio gracias a la solidaridad del campo. “La relación del campesino e indígena con la ciudad es fundamental. Para mí es el soporte y canal para poder enfrentar cualquier situación que se venga en el futuro”, asegura.
Finalmente, Chicangana recalca que la pandemia hizo que las personas reflexionaran en torno a la solidaridad y sobre el papel que cumplen las cocinas tradicionales para sostener la cadena y seguridad alimentaria para que la gente se alimente bien.
Al cierre de esta edición, a pesar de la insistencia de Co.marca, no se pudo establecer contacto con la secretaría de gobierno municipal ni la departamental para dialogar sobre las ayudas prometidas a los comerciantes, vendedores ambulantes y los recursos destinados a las plazas de mercado.
De las aulas a clases virtuales
El confinamiento modificó las dinámicas educativas manejadas en instituciones de educación preescolar, básica, media y de educación superior. Con el cierre de los establecimientos educativos debido al confinamiento, los métodos de enseñanza y aprendizaje se adaptaron a la virtualidad, situación que representó un reto en términos de conectividad, accesibilidad y pedagogía.
Uno de los hallazgos del estudio Efecto de la pandemia sobre el sistema educativo: El caso de Colombia, publicado por el Banco de la República en 2021, es el aumento de la tasa de deserción escolar en educación básica media y superior. Quizás esto se debe a que el escenario de aprendizaje en casa fue desfavorable.
En Colombia, sólo el 56,5 por ciento de los hogares cuentan con acceso a internet; y en las zonas rurales esta cifra desciende al 23,8 por ciento. Así lo reveló Juan Daniel Oviedo, director del DANE, en el marco del Congreso internacional de las TIC (Andicom), llevado a cabo en Cartagena en noviembre de 2021.
Para el mes de noviembre de 2020, el índice de conectividad en Cauca era del 30 por ciento, y se esperaba que en el 2022 subiera al 70 por ciento. Así lo había anunciado la entonces Ministra TIC, Karen Abudinen Abuchaibe, junto al gobernador departamental, Elías Larrahondo.
“Nos comprometimos con la instalación de 286 antenas satelitales para conectar más hogares a internet; conectaremos 773 colegios públicos de las áreas más apartadas por 10 años, y entregaremos 14 mil computadores para nuestros estudiantes y profesores”, manifestó en ese momento Abudinen Abuchaibe.
Sin embargo, el 11 de octubre del año pasado, según la Contraloría General de la República, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, declaró como impacto nacional el escándalo entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), en el que a pesar del anticipo de 70 mil millones de pesos que el gobierno nacional le giró a ese consorcio, no se instalaron a tiempo los puntos de internet acordados.
Así las cosas, el contrato que buscaba llevar internet a colegios de zonas rurales del país se incumplió, por lo que Centros Poblados deberá devolver el monto correspondiente al adelanto realizado por MinTic. En la actualidad el contrato ya está caducado y fue asignado a ETB para su ejecución.
Ante el problema de conectividad, en abril del 2020, por medio de un comunicado, el Secretario de Educación y Cultura del Cauca, Jorge Octavio Guzmán dijo: “Nuestro reto a partir de este 20 de abril está en garantizar la educación en zonas rurales, pues debemos emplear medidas diferentes a las clases virtuales”. Asimismo, afirmó que harían uso de guías, talleres, fichas y otros materiales de estudio, con el fin de garantizar la educación en casa.
Desde la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA), expresan que las medidas planteadas por el gobierno no fueron efectivas, porque a los docentes no se les brindó las garantías necesarias para ejercer la labor desde sus casas.
“Las principales dificultades que se tuvieron fue la falta de tecnología en la mayor parte del territorio, lo que impidió llegar a todos los estudiantes. Tampoco se nos ofreció una forma para transportar las guías o hacerlas llegar hasta las casas de los estudiantes y, sumado a esto, algunos de los docentes no estaban preparados para el desarrollo de la educación virtual”, señala Fernando Vargas, presidente de ASOINCA.
Para el desarrollo del retorno gradual y progresivo a la normalidad académica y formativa, el gobierno departamental expidió el Decreto 1211-11 de 2020, por medio del cual se conformó el Comité de Alternancia del Cauca. El documento planteaba una combinación de trabajo en casa mediado por las TIC y encuentros presenciales realizados de manera periódica, lo que exigía que las instituciones educativas cumplieran con ciertas normas de bioseguridad para poder operar dentro de este modelo.
Según Vargas, para ASOINCA, tanto el gobierno nacional como el departamental, no han brindado las garantías necesarias para volver a la presencialidad en las instituciones educativas. En 2021 interpusieron una acción de tutela que solicitaba suspender la presencialidad académica, la cual se vio respaldada a través del Auto Interlocutorio No. 432 expedido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán.
“Cuando se dio la orientación de la presencialidad nos dimos cuenta de que ni la Secretaría de Educación ni la Secretaría de Salud habían hecho las visitas respectivas para supervisar los protocolos de bioseguridad en las instituciones. Entonces se impuso un desacato, que fue colocado por más o menos unas 40 instituciones entre Cauca y Popayán. Ahí se demostró que el Estado no garantizaba las condiciones mínimas. Por eso nuestro llamado siempre ha sido en defensa del derecho de la vida”, asevera el representante de ASOINCA.
Pero para regresar a la presencialidad el único problema no era la emergencia sanitaria por la que se atravesaba. A raíz de la misma, estudiantes de educación superior no contaban con los recursos suficientes para acceder a las universidades. Por ejemplo, en 2020, el estamento estudiantil de la Universidad del Cauca presentó una iniciativa de Matrícula Cero a la Mesa de Negociación conformada por la Triestamentaria y la Dirección Universitaria.
En un comunicado la institución dijo: “Frente a este tema comparte los sentimientos del estudiantado, pero tendría serias dificultades financieras para asumirlo con el actual presupuesto, el cual ya está comprometido contablemente (…) La única opción para la exoneración del pago de matrículas, es que sea asumida por la nación, o en su defecto, por la Gobernación del Cauca y las alcaldías de donde son originarios nuestros estudiantes, acción que se realiza en otras regiones del país”.
Ante la respuesta, en febrero de 2021, un grupo de estudiantes decidieron encadenarse a la puerta de la Alcaldía de Popayán exigiendo que se garantizara la matrícula cero a todos los estudiantes.
“Evidenciamos que los estudiantes tenían serios problemas económicos, no tenían para un computador ni para matricularse, a duras penas para comer. Por eso nos reunimos y decidimos actuar, por lo que hicimos un ‘encadenaton’ en la Alcaldía”, resalta Paula Andrea Muñoz, estudiante de Derecho y Representante Estudiantil al Consejo Académico de la Universidad del Cauca.
Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional realizó la suscripción del Acuerdo de Matrícula Cero con las tres Instituciones de Educación Superior públicas del departamento del Cauca: Universidad del Cauca, Universidad Colegio Mayor del Cauca y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN.
¿Son las casas lugares seguros?
Las medidas de confinamiento obligaron a muchas mujeres a estar encerradas en sus hogares junto con sus agresores. Así lo señaló un informe emitido en 2020 por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, el encierro hace que se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia; se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares; la violencia se prolonga sin que sea interrumpida y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor”, refiere el documento.
Zully Meneses, directora de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, afirma que: “Al estar más tiempo en su casa, la violencia intrafamiliar aumentó, a lo que se suma las afectaciones económicas que tuvieron las mujeres. La dependencia económica que se genera a partir de eso refuerza los ciclos de violencia”.
Según un informe del Observatorio de Asuntos de la Mujer en el Cauca, del 2020, el cual se basó en las cifras reportadas por el Sistema de Salúd Pública (SIVIGILA) en la plataforma del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), “entre las semanas del 24 de marzo y 20 de julio del 2020, se reportaron 671 casos de violencia de género que corresponden al 45,4% del total de reportes entre enero y julio de 2020; en términos comparativos, en el 2019 durante el mismo periodo de tiempo, se registraron 943 casos, equivalente al 28,4% del total de casos reportados para ese año”.
Meneses explica que aunque las cifras de Violencias Basadas en Género (VBG) hayan disminuido, no significa que los casos se hayan aminorado; esto obedece a que las denuncias o reportes no han sido realizados en todas las situaciones, ya sea por miedo, restricciones de movilidad, entre otras razones.
“El confinamiento hizo que las mujeres tuvieran mayor dependencia, estuvieron más tiempo en sus casas con los agresores y eso hizo que las denuncias se redujeran. Aquí nos encontramos con muchas barreras de acceso a la justicia”, puntualizó Meneses.
Frente a las VBG, el Observatorio de Asuntos de las Mujeres del Cauca de la Secretaría de la Mujer, trabaja en la prevención y atención de violencias contra las mujeres, implementando estrategias como la atención del Equipo Violeta y fortalecimiento de la Casa Refugio para Mujeres Víctimas de VBG.
Datos consolidados de esa dependencia señalan que entre enero y octubre de 2021, fueron atendidas 396 mujeres víctimas de VBG, de las cuales, sólo el 36 por ciento realizó una denuncia formal. Las cifras también muestran que el mes en que mayor número de casos se atendieron fue en abril, que alcanzó un tope de 74.
Desde la Corporación Comunitar trabajan en la prevención de VBG y brindan acompañamiento jurídico y psicosocial a mujeres víctimas en cualquier escenario. “Durante la pandemia realizamos acompañamiento telefónico y virtual a todos los casos que teníamos, porque fue un momento muy difícil para las mujeres y sobre todo para las lideresas”, puntualiza Zully Meneses.
Es por esto que en 2020 Comunitar lanzó una campaña llamada Desde la distancia juntas nos tejemos, que buscaba extender lazos sororos y que las mujeres sintieran que no estaban solas. Para 2021, en alianza con el proceso de articulación de la agenda de paz en Cauca, hicieron la divulgación del pacto ético-político para la erradicación de las violencias contra las mujeres, el cual pretende articular acciones en todos los sectores para fomentar acciones que permitan erradicar las VBG.
En pandemia no cesa el conflicto
En abril de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que los grupos armados y criminales en Cauca parecían estar aprovechando las restricciones establecidas durante la cuarentena para expandir su presencia y control sobre el territorio. ”Un número creciente de grupos armados, así como grupos criminales que luchan por el control de las economías ilícitas en este territorio, están detrás de la mayoría de los ataques, que han aumentado en los últimos meses”, dice el informe.
Al respecto, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), se pronunció en julio de 2020 para denunciar el asesinato y abusos contra civiles por parte de grupos armados, para imponer sus propias medidas contra la propagación del Covid-19. “Han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus”, aseguró.
HRW también reportó que en 11 de los 32 departamentos se estaban imponiendo estas medidas por parte de grupos armados como el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, en suroccidente de Nariño; la columna móvil Jaime Martínez y la columna móvil Dagoberto Ramos, en Cauca; el Frente 10, en Arauca; los Frentes 7 y 1, en el Guaviare; y el Frente Carolina Ramírez, en Putumayo. El portal VerdadAbierta.com fue uno de los medios nacionales que investigó y registró estos hechos durante esa época. (Ver, por ejemplo, ¿Grupos criminales aprovechan pandemia para fortalecer sus negocios ilícitos?)
La orden dada en ese entonces, afirma verdadabierta.com, es que nadie podía transitar por las calles de los centros poblados desde las tres de la tarde y que los negocios a partir de esa debían estar cerrados, no se podía velar a los difuntos y quien quisiera salir de la zona hacia otros municipios del Cauca podía hacerlo con un permiso firmado por las Juntas de Acción Comunal. Frente a estos casos, Human Rights Watch, documentó en varias regiones del departamento el asesinato de seis civiles por parte de grupos armados para imponer el cumplimiento de medidas contra el Covid-19.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, también informó que los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados criminales se habían intensificado en algunas partes del departamento del Cauca, incluidos los territorios indígenas. A mediados del 2020, el programa DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció el aumento de ataques y amenazas en contra de las comunidades indígenas del Cauca y sus estructuras político-organizativas a partir del inicio de la pandemia.
El informe del Programa Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, reporta que en el 2020 se registraron 216 casos de amenazas individuales contra indígenas, lo que significó un incremento casi del 25 por ciento en relación al 2018 y 2019. Entre las conclusiones relevantes del informe menciona que la respuesta estatal concentrada en la militarización de los territorios no es la solución.
De igual forma, en el documento se afirma que “los grupos armados han tratado de aprovechar la pandemia para presentarse como garante de salud y orden público, siempre en combinación con amenazas en contra de las personas que no respetan sus indicaciones de restricciones de movilidad”.
José William Orozco, integrante de la Guardia Campesina en Cauca, dice que los grupos armados se fortalecieron durante la pandemia en aspectos como control del territorio y posicionamiento, y que la situación de amenaza y persecución durante la pandemia no es distante frente a los hechos se vivían antes del aislamiento preventivo nacional. “Nosotros vemos que el mismo gobierno ha permitido el reagrupamiento y el fortalecimiento de estos actores armados. La situación de amenaza y violaciones de derechos humanos siempre ha sido una constante. El único momento de tranquilidad que se tuvo fue en las semanas posteriores al acuerdo de paz”, dijo.
Sin embargo, el control territorial en diversos municipios y veredas del Cauca también fue ejercido por parte de las comunidades como método para evitar la propagación del Covid-19. En el municipio de Santander de Quilichao fueron instaurados diez puestos de control que duraron alrededor de ocho meses y según Ricardo Laso, les permitió resguardarse del virus, aunque trajo consigo afectaciones económicas. “Algunos nos lo agradecen y otros nos reclaman porque apenas inició la pandemia nosotros instalmos los puestos de control y no dejábamos entrar a nadie. Con mucha pena teníamos que devolver a las personas que querían venir a pasar la cuarentena porque teníamos que cuidarnos”.
Esta producción fue realizada gracias al apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y del Caribe, coordinado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios, y a la alianza periodística entre VerdadAbierta.com, Co.marca Digital, Radio Campesina de Inzá y la Escuela de Cine y Televisión Étnica de Santander de Quilichao.
* Foto de apertura: Andrés Felipe Dorado.
