Hernando Londoño, director nacional del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, expuso algunas restricciones que impone Parques Nacionales Naturales para su implementación y, de paso, hizo fuertes críticas a la manera cómo se concibió esta iniciativa en el Acuerdo de paz. Comunidades campesinas también se quejan.
“En vez de mejorar, nos tiene jodido el Acuerdo de Paz”, sentencia Jennifer Martínez, lideresa de la vereda San Miguel, del municipio de Mesetas, departamento de Meta. Hace cinco años, ella empezó a incentivar a las comunidades de su vereda para que se recogieran en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc, pero cuando empezó a ver las falencias de la implementación, se alejó de los espacios de seguimiento porque prefería “estar bien con su comunidad”.
Una de las iniciativas pactadas para ofrecerle una salida a miles de campesinos, indígenas y afros, sacarlas de la ilegalidad y comenzar a superar el problema de las drogas ilícitas en el país, es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Si bien se concibió como una alternativa esperanzadora, con el paso del tiempo surgieron los tropiezos en su implementación y campesinas como Jennifer Martínez comenzaron a perder la fe en los resultados, sobre todo cuando se valoran las dificultades que afrontan las comunidades que habitan áreas protegidas, como los parques nacionales naturales de los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.
En estos tres departamentos se encuentran los parques Chingaza, Serranía de Chiribiquete, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Sierra de la Macarena y Sumapaz (Meta); Serranía de Chiribiquete, Cordillera de los Picachos, Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los Churumbelos Auka Wasi y Cueva de los Guácharos (Caquetá); y Serranía de Chiribiquete, Sierra de La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak (Guaviare).
En total, se estima que abarcan 6,4 millones de hectáreas y de acuerdo con estimaciones estatales, que surgen de una caracterización sobre uso, ocupación y tenencia de tierras en los parques, son habitadas por 700 familias, compuestas por 2.385 personas.
Los problemas de las comunidades surgen porque Parques Nacionales Naturales (PNN), la entidad encargada de tutelar esas extensas reservas naturales, adoptó políticas de conservación ambiental que ahora riñen con la implementación del PNIS, situación de la que se quejan las comunidades y que intenta resolver el director nacional del Programa, Hernando Londoño.
Para precisar qué pasa con la implementación del PNIS en zonas de reserva, VerdadAbierta.com conversó con Londoño, quien desde hace tres años lleva sobre sus hombros la responsabilidad de cumplirle a las 99.097 familias que han decidido erradicar de manera voluntaria sus sembradíos de hoja de coca para uso ilícito en los 14 departamentos donde tiene presencia esta iniciativa y en el que se han invertido 1,7 billones de pesos, según datos del gobierno nacional.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo califica, en general, la implementación del programa en esta subregión Guaviare y sur de Meta, donde hay presencia de comunidades en zona de reserva?
Hernando Londoño (HL): Yo llego hoy a La Macarena y quiero implementar el PNIS y el director del Parque me dice: ‘qué pena, usted no puede traer abejas porque las abejas son una especie introducida y usted no puede meterla al Parque’, entonces me frena el PNIS.
En términos generales, si a uno le preguntan cómo va el PNIS en esos territorios uno dice: hemos hecho un esfuerzo por cumplirle a las familias y las cifras no lo contradicen, las cifras nuestras son inmensamente significativas. Pero si uno va a mirar por qué no hemos implementado proyectos, hombre, porque Parques [PPN] no nos deja entrar.
Yo tengo problemas con los operadores que no pueden implementar el proyecto productivo porque Parques no me permite entrar, ni siquiera a mí como gobierno. O sea, Parques no ha entendido que el punto 4 del Acuerdo de Paz es constitucional, es una obligación constitucional del Estado. El presidente Duque quiere cumplirle a las 100 mil familias, quiere entregarle los recursos.
Pero no puedo entrar porque, obviamente, hay restricciones ambientales y porque el PNIS no se pensó para Parques. El PNIS se pensó como si fuéramos a sustituir cultivos ilícitos en el Valle, en el Magdalena Medio donde se puede titular o donde no hay problemas. Y así no funciona.
Las familias están en territorios muy complejos, las familias que cultivaban coca y que resolvieron voluntariamente erradicar los cultivos no están en la Sabana de Bogotá, están en unos territorios complejos donde no hay accesos, donde no hay vías, donde no hay títulos. Están en el territorio donde, además, hay factores que están permanentemente presionando a las familias para que retornen a la ilegalidad.
VA: ¿Cómo va el Programa en Guaviare?
HL: Los cinco componentes del programa de sustitución son: el primero, la asistencia alimentaria, que son los pagos de los 12 millones de pesos en efectivo que le entregan a cada familia. El segundo componente es el de la asistencia técnica integral que son 24 meses de asistencia técnica. El tercer componente es el de los proyectos productivos de huertas caseras. El cuarto componente es el de proyectos productivos de ciclo corto. Y el quinto es el de proyectos productivos de ciclo largo. Todo eso sumado da 36 millones de pesos por familia.
En Guaviare, en pagos, vamos en el 88 por ciento de la asistencia alimentaria; el 93 por ciento de las familias tienen asistencia técnica; el 89 por ciento tiene proyecto de huerta casera; el 85 por ciento de los recolectores están atendidos y es la cifra más alta del país, porque en el resto del territorio tengo el 40, el 35, el 20. Y el 4 por ciento de las familias ya ingresaron a los proyectos productivos de ciclo corto.
VA: ¿Y por qué tan bajo ese 4 por ciento?
HL: Lo primero que hacía el programa era atenderlos en asistencia alimentaria, después en asistencia técnica, huertas caseras y después proyecto productivo ciclo corto, o sea, es secuencial. Ahora, si a uno le dicen que ‘¿por qué está tan atrasado?’, pues porque esto valía 3.6 billones de pesos y el gobierno no los tenía. Si nos hubieran dejado la plata, pues reclámenme y diganme por qué no ha avanzado teniendo la plata, pero a mí me dan la plata puchitos. Ha habido años en que me dan 300 mil millones de pesos, habiendo solicitado 1.1 billones.
Son 7.200 familias sólo en Guaviare a las que el programa les ha entregado 96.969 millones de pesos en tres años. ¿Sabe cuánto se tardaría la Gobernación de Guaviare para llevar 96.969 millones a todo el sector agropecuario del departamento? 50 años, porque el presupuesto de inversión para todo el sector agropecuario de la Gobernación de Guaviare es de menos de 2.000 millones de pesos al año, no para 7.200 familias, sino para las más de 40 mil o 50 mil que hay en Guaviare.
Entonces, no pueden decir que el gobierno no está cumpliendo, no pueden decir que no se ha hecho un esfuerzo inmenso. Es una realidad. Yo digo, venga, esto sólo va para los cultivadores que dejaron la coca, ¿cuándo le regalan un peso al que nunca ha sembrado coca? A ese pobre señor le toca ir al banco al que le presten al DTF + 2 (una tasa de interés variable) porque regalado no le dan ni un tinto en el banco, después se lo cobran en los intereses.
Cuando salen los cultivadores de coca allá a decir que es que el gobierno no les ha cumplido, que es que el gobierno no les ha llevado, ¡hombre, de por Dios! Algo nos está faltando de pedagogía en los territorios porque no se ve la realidad.
VA: ¿Y cómo va en Meta?
HL: En Meta es similar. Vamos en el 95 por ciento en pagos, o sea más alto; en el 98 por ciento en asistencia técnica; en el 95 por ciento en huertas caseras; y en el 7 por ciento en proyectos productivos. Sin embargo, en recolectores no voy sino en el 17 por ciento, pero a las 9.644 familias de Meta vinculadas al PNIS ya se les han entregado 114.855 millones de pesos.
El presupuesto de la Secretaría de Agricultura, todo, incluida nómina, de los últimos tres años, tendría que multiplicarse por 17 veces para llegar a 114 mil millones, es decir, sería en 52 años.
VA: Y en términos de sustitución voluntaria, ¿cómo van en ambos departamentos?
HL: En Meta se ha sustituido 4.130 hectáreas y en Guaviare 3.394. Hemos entregado una cantidad de plata impresionante. Si yo te digo cuánta plata voy a invertir en lo que resta del año en Meta y en Guaviare pues las cifras son inmensas. En Guaviare, son más de 50 mil millones de pesos y en el Meta son casi 70 mil millones.
VA: ¿Cómo se aseguran de que en esta región no vayan a volver a cultivar si la mayoría de los habitantes de esta región no poseen títulos de propiedad de los predios?
HL: Aquí hay dos temas que son fundamentales: uno, las zonas no titulables por ser Parques, que eso me parece perfecto, pero también las zonas no titulables porque son zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959.
Después de una lucha muy grande este gobierno se dio la ‘pela’ de tramitar el Acuerdo 58, que es el de los Contratos de Conservación Natural y Derechos de Uso, y es otorgarle un derecho de uso a una familia que está en Ley 2 de 1959, que no es titulable, pero permitirle tener ese derecho de uso por 10 años, prorrogable y heredable, que es como otorgarle un título, lo único que le pide es que suscriba un contrato de conservación natural donde se le pide a la familia que conserve las condiciones en las cuales están los territorios.
Con ese contrato de conservación y ese derecho de uso, la familia puede, en primer lugar, implementar el PNIS porque yo puedo invertir recursos en una área que está formalizada, lo que no puede el Estado es implementar el PNIS donde la familia no tiene formalizada la propiedad o el uso del suelo.
Eso es excelente porque le permite a las familias que toda la vida han peleado por los títulos en zona de reserva forestal, está bien, no le titulan el baldío porque es reserva forestal, pero le otorgan un derecho de uso para que se puedan quedar en ese territorio, entonces es bueno.
Pero la gente no aprecia eso y dice: ‘yo llevo aquí 30 años, ¿cómo así que ahora me van a dar el derecho a usar esto y fuera de eso me descuentan dos millones de pesos?’ Yo le digo: ‘no, es que esto no vale dos millones, lo que vale dos millones de pesos es el trámite, es el topógrafo, es la georreferenciación, es hacer todo el trámite con la Agencia Nacional de Tierra’.
De hecho, yo no fijé esas tarifas. A mí la Agencia Nacional de Tierras me dijo que valía dos millones y medio, pero pues yo llegué a un acuerdo en que no pago más de dos millones de pesos por ese trámite porque no me parece descontarle a la gente tanta plata.
¿Por qué se da tanta presencia de cultivos ilícitos en esos territorios? Porque a quien le encuentren un cultivo de coca no le pueden quitar nada porque no es dueño de nada, por eso la presión de los grupos al margen de la ley está sobre aquellos territorios donde no se puede titular.
VA: ¿Qué pasa en el caso específico de las comunidades de Tercer Milenio, Puerto Cachicamo o Nueva Colombia, que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena?
HL: Efectivamente, una de las dificultades que ha tenido el PNIS, por los problemas de planificación en su implementación desde el principio, es que no se concibió que sustituir cultivos ilícitos en áreas de manejo especial tales como parques nacionales requiere la autorización de la autoridad ambiental, que en este caso es la Unidad de Parques.
En virtud de que se requiere una autorización, PNN ha dicho que los lineamientos técnicos para sustituir cultivos tienen que enmarcarse en los lineamientos del manejo del parque, en este caso es la restauración, la recuperación; y que no hay posibilidades de adelantar actividades económicas productivas diferentes a lo que se pueda obtener con negocios verdes provenientes de productos no maderables del bosque y otras actividades como ecoturismo y de ese tipo.
Hasta tanto la autoridad nacional que tiene que ver con el manejo de los parques no nos dé los lineamientos, ejecutar el PNIS con estas familias que decidieron sustituir voluntariamente cultivos ilícitos, pues, no se ha podido adelantar. Venimos manejando mesas de trabajo con ellos y hemos llegado a acuerdos, pero igualmente la gente que está dentro de los parques tiene que entender que el cultivo de coca es ilícito y que la sustitución sólo puede darse en virtud de una restauración y recuperación de las áreas ambientales.
Entonces, esa dificultad que hemos tenido desde la dirección de sustitución de cultivos, ha atrasado la implementación y la ejecución de esa sustitución especialmente a familias que están dentro de los parques nacionales naturales.
Eso se da en esas veredas que he mencionado porque es donde, hoy por hoy, tenemos más inconvenientes en la implementación, pero no solamente porque tengamos familias dentro de parques que suscribieron acuerdos de situación voluntaria de cultivos, sino porque son las veredas donde más cultivos se están presentando actualmente y donde ha habido más problemas con la Fuerza Pública cuando llega a erradicar.
VA: Cuando un equipo periodístico de este portal estuvo con comunidades de Tercer Milenio, Puerto Cachicamo o Nueva Colombia, que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Serranía de La Macarena, que no tienen títulos, recogió testimonios de familias que aseguraban que aun así eran beneficiarias del PNIS, ¿es así?
HL: Sí. En primer lugar, a la gente se le pagó los 12 millones. La gente hubiera podido con esos 12 millones salir a buscar un predio afuera porque tenían una plata en efectivo, pero la gente no lo hizo.
A la gente también se le dio asistencia técnica, a la gente también se le han llevado los apoyos de las huertas, porque Parques cedió y nos entregó lineamientos para la implementación de la seguridad alimentaria, entendiendo que la gente tiene que comer.
Pero vamos llegando ya al componente de proyectos productivos y ahí sí estamos mal.
VA: En estas regiones, las familias dicen que 12 millones no es una cifra que asegure que una familia de cinco personas sobreviva, de cara además de los incumplimientos en los pagos. ¿Qué responde a esta crítica?
HL: Pero el salario mínimo mensual rural puede estar por los 500 mil, o sea, son dos años de salario mínimo, además la gente no tiene solo coca, la gente tiene otras actividades. Eso lo hemos detectado en todos los casos.
Lo fácil es decir: ‘sí, es que 12 millones no alcanzan para nada’, pero ¿a cuál campesino que no ha sembrado coca le han regalado 12 millones? Recordemos que ellos vienen de una actividad que mal que bien es ilegal.
Sí, el programa está atrasado, pero, primero, crearon un monstruo de 3.7 billones sin tener un peso; segundo, crearon un programa para atender de una manera que no se podía porque estaba en territorio donde no se podía hacer el PNIS como estaba, o sea, le faltó toda la planeación del mundo. Y, tercero, se pusieron a entregar una cantidad de incentivos que lo que hace es motivar a que los vecinos se pongan a sembrar coca. Es un incentivo perverso.
Esa suma de cosas está generando ese caos social en los territorios. La gente todavía no ha entendido que esta fue una oportunidad que le dio el Estado, que le dio el gobierno, para que dejara los cultivos y que se pusieran de acuerdo y cogieran lo poquito o mucho que les da el gobierno y hagan algo propositivo. La gente vive peleando porque no le damos. Yo le digo, pero venga, ¿cuánto se les ha dado? Me parece injusto en esos territorios con los que no han sembrado coca.
VA: Todo esto resume un poco el problema agrario en Colombia.
HL: No se puede pensar que un programa de sustitución voluntaria vaya a solucionar los problemas del campo. Este es un componente, pero acordémonos que el punto uno del Acuerdo tiene la Reforma Rural Integral En últimas no podemos pretender que el PNIS solucione todos los problemas. El PNIS está enfocado en sustituir cultivos ilícitos, no a solucionar problemas de tierras, no a solucionar problemas ancestrales de otros componentes de la reforma, como vías terciarias, infraestructura productiva, comercialización y mercadeo. Si le pedimos todo eso a un sólo programa, pues obviamente esto será un fracaso.
Si esto lo volvemos integral dentro del PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y de la Reforma Rural Integral, seguramente vamos avanzando, pero pedirle todo al PNIS es un error..
VA:¿Desde su perspectiva, usted cree que hoy en día la gente le cree al PNIS?
HL: El PNIS ha venido cumpliendo al ritmo que los recursos del Estado le permiten porque, además, nos llegó la pandemia, la plata se fue para otras cosas porque la pandemia exigió otras prioridades y otras obligaciones. Sin embargo, este año el gobierno dijo: ‘oiga, hay que cumplirle a las familias PNIS’ y este año me dieron 700 mil millones de pesos. Esa es la plata que tiene el Ministerio de Agricultura para hacer inversión en todo el país. Yo estoy en 56 municipios y el país tiene 1.130 municipios.
Yo tengo 700 mil millones sólo para invertir en 100 mil familias. No son ni el 5% de las familias del sector rural y le estoy entregando el 70% del presupuesto del Ministerio de Agricultura.
Que crean en el PNIS o no crean en el PNIS casi que, como dijo un amigo, ya me tiene sin cuidado. A la gente se le está cumpliendo con los pagos, a la gente se le está cumpliendo con la asistencia técnica, a la gente se le está cumpliendo con las huertas caseras y a la gente se le están contratando los proyectos productivos de ciclo corto.
Programa alternativo
VA: Desde el año pasado, el gobierno propuso Hecho la Medida, una estrategia para las familias que no estaban en el PNIS. ¿En qué va esa estrategia?
HL: PNIS es una obligación que tiene el gobierno con 100 mil familias, que se lo dejaron heredado, pero eso no puede desviar la atención de que hay en Colombia otras 140 mil familias que hoy tienen coca.
Las 100 mil familias de PNIS ya cumplieron y dijeron: ‘listo, acabamos 44.185 hectáreas’, pero hoy hay otras 140 mil familias que tienen cultivos ilícitos. Y, ¿qué se les puede ofrecer a ellas que no sea PNIS?
Hecho a la Medida no es a la medida del gobierno, es a la medida del territorio y construido con los territorios, en los territorios y con las comunidades. Cada territorio tiene una medida especial, cada comunidad tiene una medida especial. Es una construcción colaborativa, donde pone la Gobernación, pone la Alcaldía, pone la gente, ponemos nosotros, pone la cooperación internacional.
Vamos a una comunidad, por ejemplo, la vereda El Indio. Hay 300 familias de las cuales hay 100 que tienen coca y dicen ‘vengan, nosotros queremos acabar la coca de toda la vereda, ¿por qué no nos ayuda con un proyecto?’. Nos vamos, decimos, ‘venga, miremos aquí el uso del suelo qué nos permite, miremos aquí como están las condiciones de tenencia de la tierra, miremos a ver aquí qué es lo que podemos producir y se pueda comercializar y vender’.
Y entre todos construimos una propuesta que tenga un componente de formalización de la propiedad, que tenga un componente ambiental, que tenga un componente de ciclo corto productivo para generar seguridad alimentaria, ingresos cortos y que tenga un proyecto de mediano y largo plazo asociativo, colectivo, territorial, que podamos apalancar con un privado que esté dispuesto a absorber la cosecha.
Pero a la gente no le gustó, ¿por qué? Porque no eran los 36 millones de pesos. La gente ahora lo que dice, es: ‘No a mí deme los 36 millones, si no me da eso, yo no voy a arrancar’. Entonces ahí tenemos un problema y es que cuando llega el momento en que le dice a las familias, suscríbame el acuerdo de erradicación voluntaria para poder iniciar el proyecto le dicen: ‘Ah, no. Si no me trae la plata, no’. Entonces es como si estuviéramos comprando cultivos de coca y el Estado no compra cultivos de coca.
VA: Pero según eso, ¿Hecho a la Medida no se ha implementado en el país?
HL: Sí, claro. Tenemos un proyecto en Vichada; en Arenales y Morales, Sur de Bolívar; en Sardinata, Norte de Santander, con la Gobernación y la Alcaldía; tenemos uno de miel de abejas, que creo que estamos montando también en el Norte de Santander; tenemos uno en Valdivia, Antioquia, que ya tiene el concepto de viabilidad sectorial; tenemos uno en Timbiquí con la alcaldesa para coco; tenemos uno, inclusive, con el alcalde de Barbacoas, para sustituir coca mediante un título de minería artesanal, con un título formalizado.
Estamos construyendo uno en Meta que es ambiental para atender familias no PNIS también en Parques que se está construyendo con la Gobernación y con el Ministerio de Ambiente. Estamos avanzando.
VA: Tal como lo evidenció la masacre de la comisión de tierras en Mesetas, ¿funcionarios del PNIS han tenido problemas en territorio con actores armados ilegales?
HL: Sí, hemos tenido amenazas. En Meta, nuestra profesional en el municipio de Mesetas está amenazada. Está amenazado obviamente el coordinador. En Guaviare sí que están amenazados allá en Calamar. Están amenazados ahí en la zona de Puerto Concordia y en esa zona que es limítrofe, Meta-Guaviare, ahí también tenemos problema. Tenemos amenazas en Caquetá, tenemos amenazas en Putumayo, tenemos amenazas en Tumaco; amenazaron a varios.
Esto no es fácil, porque uno está tratando de que la gente se retire de una actividad ilícita que afecta a los intereses de los grupos al margen de la Ley.
VA: ¿Qué les dicen en estas amenazas?
HL: Que no nos quieren volver a ver en el territorio, que no pueden ir. ‘Dígale a fulano que no aparezca por acá, porque aquí no queremos verlo’.
VA: ¿Y cómo se están protegiendo los funcionarios del PNIS?
HL: Nosotros tenemos, en el marco del programa de sustitución y lo que hace la Consejería para la Estabilización y la Consolidación, la estrategia de protección de líderes, que es clarísima, y la ruta de protección de líderes y cómo debe seguirse esa ruta para que cualquier alerta tenga una rápida reacción de las entidades para brindarles protección.
Lo mismo sucede con los funcionarios nuestros, que no tienen el carácter de líderes porque la Unidad Nacional de Protección no nos brinda protección a los funcionarios, pero sí por lo menos ante Fiscalía y ante las autoridades de Policía de cada uno de los territorios se deja expresa evidencia de la amenaza para que determinen las acciones que se requieran tomar con los funcionarios.
VA: ¿Y esto ha hecho que no vayan a terreno?
HL: Pues yo tengo que cumplirle a las familias. Yo tengo contratistas que están ejecutando entregas esta semana en Uribe, entregan lo de seguridad alimentaria y están entregando lo del proyecto de ciclo corto. Toca con seguridad y tratando que ellos vayan con protección, pero no es fácil.
Las familias no pueden ser las que resulten afectadas porque los funcionarios estén amenazados. Ahí lo que nos toca es tener muchísimo cuidado de cómo hacemos esa atención para que no vaya a suceder lo que le pasó a la gente de la Unidad de Restitución de Tierras.
VA: Por último, ¿cuáles son las zonas más retadoras para implementar el PNIS?
HL: En Colombia hay hay seis enclaves de cultivos ilícitos, seis sitios donde se está generando la mayor producción, la mayor transformación y el mayor desarrollo de la actividad ilícita alrededor de los cultivos de coca y son en Nariño, son en Argelia y El Tambo en Cauca, son en Puerto Asís en Putumayo, son en el Catatumbo, son en el sur de Meta y norte de Caquetá y Guaviare, y Nordeste antioqueño y sur de Córdoba.
En esos sitios, donde se está concentrando la mayor producción y productividad de cultivos ilícitos, quiere decir que hay todavía mucho por hacer, mucho por avanzar, pero en términos generales en el Meta y en Guaviare ha habido buena respuesta y se ha podido avanzar, digamos que no todo es tan difícil ni tan malo.
Esta entrevista surgió de una misión de prensa a los departamentos de Guaviare y Meta coordinada por el Programa Somos Defensores.
* Foto de portada Proclama del Cauca.
