La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) acaba de cumplir 25 años de existencia y este portal habló con uno de sus voceros sobre los retos que han afrontado, la negación de derechos por parte de entidades estatales, la implementación del Acuerdo de Paz y la ola de violencia que padecen en el denominado posconflicto.
La posesión y el uso de la tierra es un problema histórico de Colombia. Y quienes lo han padecido con mayor rigor son las comunidades indígenas que, ante el incumplimiento de los derechos que les había reconocido la Constitución Política de 1991, tuvieron que movilizarse cinco años después para que el Ejecutivo les prestara atención.
A mediados de 1996, ante el no reconocimiento de los territorios indígenas y de una racha de asesinatos, realizaron movilizaciones en diferentes regiones del país. Una de las más fuertes fue la toma pacífica de la sede del Episcopado, en Bogotá, entre el 6 de julio y el 9 de agosto, que derivó en la creación de la CNTI, tras diálogos con el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper (1994-1998).
Es un espacio de diálogo conformado por entidades del Estado, encabezadas por el Ministerio de Agricultura, en el que inicialmente tuvieron espacio la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia y la Confederación Indígena Tayrona. Posteriormente se sumaron las organizaciones Autoridades Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama.
Camilo Niño Izquierdo, uno de los líderes del pueblo Arahuaco, ecólogo, magister en Desarrollo Rural y quien preside la Secretaría Técnica de la CNTI, habló con VerdadAbierta.com con motivo del vigésimo quinto aniversario de esa organización. Su balance es crítico.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo ha sido el relacionamiento con el gobierno nacional?
Camilo Niño Izquierdo (CNI): La Comisión Nacional de Territorios Indígenas no es una ONG, no tiene personería jurídica: es un espacio de diálogo y de concertación entre el gobierno nacional y el gobierno indígena en materia territorial. Busca darles respuesta a las necesidades y problemáticas que afectan a los territorios indígenas.
El dialogo ha sido complejo. Al principio, el espacio estuvo solo y no había convocatorias para materializar las exigencias de derechos; sin embargo, en los últimos años se ha venido asentando y es presidio por el Ministerio de Agricultura, a través del Viceministro de Desarrollo Rural. Discutimos temas de formalización, implementación del Acuerdo de Paz, catastro multipropósito, consultas previas virtuales, aspersiones áreas.
Anteriormente no era tan efectivo, hoy en día al menos nos venimos reuniendo con mayor periodicidad en los últimos años y esos diálogos se materializan en acuerdos con el gobierno nacional.
VA: ¿Desde cuándo se ha dado esa mejoría?
CNI: La Comisión siempre ha estado sesionando. Anteriormente no había permanencia y se convocaba para hacer una sesión, los delegados se iban a territorio y esperaban una nueva convocatoria que se planteaba a partir de necesidades coyunturales. Hoy ha cambiado. En medio de las exigencias se reglamentó que nos reunamos seis veces al año y se viene haciendo desde 2018. Venimos con mayor periodicidad y eso nos permite hacerle seguimiento a los acuerdos y tener más incidencia.
VA: ¿A cuántos pueblos y resguardos representa la CNTI?
CNI: Si bien hablamos como organizaciones indígenas, la Comisión ha intentado desmarcarse de las organizaciones filiales para no representar solamente a quienes tienen asiento en el espacio. Cuando nosotros incidimos, lo hacemos sobre problemáticas estructurales que afecten la constitución, ampliación y saneamiento (de los territorios o resguardos indígenas). Si eso se resuelve, no sólo se beneficia a quienes tienen espacio, sino que redunda en todos los pueblos indígenas de Colombia. Intentamos que lo que se discuta redunde en todos los pueblos indígenas sin importar dónde esté.
Nosotros no constituimos, ampliamos ni saneamos porque es obligación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Les exigimos y hacemos seguimiento a sus actividades; así tenemos la radiografía de cuántas solicitudes a nivel nacional existen. Hemos identificado que en la Agencia existen más de mil solicitudes de ampliación, constitución y saneamiento, que suman más de 8 millones de hectáreas, que están desprotegidas. Es decir, que no tienen una figura de protección colectiva.
En esos territorios es en donde se ha incrementado la mayor amenaza en términos de que actores privados, legales y estatales, tengan presencia y disminuya la población, porque hay asesinatos sistemáticos de los pueblos indígenas y de líderes y lideresas que están exigiendo la protección de los territorios. Hay una relación entre la no formalización y no reconocimiento dentro de los derechos territoriales, y los asesinatos sistemáticos.
VA: ¿Están reclamando la formalización de 8 millones de hectáreas?
CNI: Efectivamente. Nosotros hablamos de formalización porque todos los resguardos indígenas, 779, que suman el 28 por ciento del territorio nacional, han hecho el esfuerzo autónomo o con cooperación, de adquirir de predios contiguos a los lugares donde se han constituido los resguardos, y hacen ocupación de la tierra para que entre un proceso de ampliación.
Sin embargo, la entidad (ANT), a través de la implementación de instrumentos normativos, administrativos, hace que esos instrumentos se ralenticen muchísimo y los proceso demoran demasiado en materializarse.
Por ejemplo, mi resguardo (el Arahuaco de La Sierra), ubicado entre Cesar y Magdalena, que fue constituido en 1983: en la actualidad, como arahuacos, tenemos posesión y uso de más de 50 mil hectáreas que se han comprado a través de los recursos del Sistema General de Participación, de donaciones o de convenios con gobernaciones y alcaldías, y solamente falta formalizarlos. Llevamos ocupándolas por más de 30 años y no se ha avanzado ni en un sólo metro cuadrado de ampliación, porque ya estamos dentro de ese territorio. Es decir, no estamos ocupando nuevos territorios ni desplazando a campesinos o empresarios. Por situaciones como esa es que decimos que no hay un avance significativo frente al tema.
VA: ¿Por qué es importante que esas nuevas tierras queden bajo la figura del resguardo?
CNI: En primer lugar, porque los territorios, para nosotros los pueblos indígenas, son la garantía de permanencia y pervivencia. Es como un libro donde está escrito, a través de espacios sagrados, cómo debemos relacionarnos con el entorno: nos establece la ruta sobre cómo debemos vivir, dónde se puede construir o no. El territorio da fundamento político, organizativo, cultural y espiritual a los pueblos indígenas, el no reconocimiento lleva al deterioro de los pueblos, porque no nos permite recrear y practicar la cultura.
VA: Más allá de la cosmogonía, ¿qué implicaciones jurídicas representa un título colectivo como el resguardo?
CNI: Es fundamental porque le permite a uno viabilizar otros derechos. Si a mí no me reconocen el territorio donde tengo mis espacios sagrados, va ser más difícil hacer mis prácticas y relacionarme porque estaría en territorios privados; pero también (es requisito) para acceder a inversiones y al censo poblacional: el gobierno no está teniendo en cuenta la población que está por fuera de los resguardos, así lleven mucho tiempo habitándolos. Por no estar dentro de la figura del resguardo, están siendo excluidos de una inversión social que es obligación del Estado.
Segundo, cuando los territorios no están protegidos, se vuelven vulnerables a la intervención externa, tanto legal como ilegal. Ese es un gran problema que desencadena otros: garantizar la seguridad jurídica contribuye a que tengan mejor calidad de vida, derecho a la consulta previa y poner en práctica sus propios planes de vida.
VA: Uno de los motivos de la conmemoración fue denunciar y reclamar garantías porque los asesinatos de indígenas han aumentado un 200 por ciento en los últimos años. ¿A qué periodo corresponde ese aumento y cuántos indígenas fueron en ese espacio de tiempo?
CNI: Uno de los actores que vio con gran optimismo el Acuerdo de Paz fue el indígena. Sin embargo, los acuerdos se quedaron plasmados en un Capítulo Étnico, donde se iba a conceder una mayor porción de tierra, donde habría sustitución de cultivos, mayor inversión, pero no se han reflejado hoy. En los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) se llegaron a acuerdos, pero no se han cumplido y se dispararon, entre 2016 y 2020, los asesinatos de indígenas. Estamos hablando de 361 personas que hacen parte de pueblos indígenas: es como si mataran a un indígena cada cinco días y en lo corrido de este año van 53 asesinatos.
Eso representa que los pueblos indígenas tienen un perfil: hoy son líderes y lideresas que han venido organizándose. La muerte de estos líderes representa un golpe a las estructuras organizativas políticas, tradicionales y culturales, que afectan directamente a los pueblos.
VA: ¿Por qué aumentaron los asesinatos en el denominado posconflicto?
CNI: Porque en nuestros territorios hay muchos intereses. Por ejemplo, Putumayo, donde hay la mayor solicitud y explotación mineroenergética, sobre todo de petróleo. Allá se ubica la mayor solicitud de protección territorial y es un departamento donde se han disparado los asesinatos. Ese tipo de intereses hace que la presencia los pueblos indígenas, sea vista como un obstáculo para las actividades que se quieran implementar.
Estoy hablando de actores legales e ilegales. Los territorios indígenas tienen posicionamiento geoestratégico que permiten que ciertas economías ilícitas se muevan y los pueblos, al hacer control territorial, son señalados y atacados. Defender el territorio está constando la vida.
VA: ¿Cuál es el balance de Comisión Nacional de Territorios Indígenas sobre la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz?
CNI: Desde la Comisión, nuestro balance no es optimista. Para nosotros no ha redundo en resultados concretos que contribuyan a fortalecer el tema territorial. La media de avance no ha sido significativa. Si se toma de 2016 hacia adelante, el reconocimiento es el mismo con paz o sin paz, pero han matado a más indígenas. Es un tema de perspectiva y de entregar resultados: para nosotros es nefasto y lo mostramos con cifras, para el gobierno nacional sí ha dado resultado. Si uno dice que da resultados y otro que no, algo está fallando.
¿Qué identificamos nosotros? Que el gobierno está haciendo doble contabilidad: está tomando procesos que venían antes del Acuerdo de Paz y los presenta como si estuviera cumpliendo con los acuerdos, porque tiene al Acuerdo como indicativos y no como algo vinculante.
Tampoco vemos avances significativos en el tema de reconocimiento territorial. Pero hay programas e implementación de políticas, como el Catastro Multipropósito, donde se están violando la consulta previa en algunos territorios. No es optimista la implementación de los acuerdos de paz, no ha redundado en beneficios para los pueblos indígenas.
VA: ¿Cómo va el proceso de restitución de tierras?
CNI: El tema de restitución de tierras es una discusión compleja porque actualmente existen 571 solicitudes radicadas ante la Unidad de Restitución de Tierras desde 2011 y solamente han salido 16 sentencias que han beneficiado a pueblos indígenas. Tampoco es muy optimista el avance. En once años sólo van 16 sentencias y no se están cumpliendo.
VA: ¿Por qué no se están cumpliendo las sentencias de los jueces de restitución?
CNI: Toda sentencia de restitución de tierras ordena que se deben proteger los derechos fundamentales al territorio, donde se constituya, amplíe y sanee. Es decir, vuelve y llega a la Agencia Nacional de Tierras, donde están radicadas más de mil solicitudes. Entonces, la capacidad institucional, a pesar de esas órdenes judiciales no avanza y entra en el círculo de solicitudes. Es una revictimización de los pueblos. La Agencia tienen más de 171 órdenes judiciales sin avances significativos.
