Históricamente han sido víctimas de asesinatos, amenazas, violencia sexual, desplazamientos y desapariciones forzadas por parte de actores armados, legales e ilegales. Esos hechos, que intentan ser justificados en la identidad, expresión de género u orientación sexual, se siguen presentando hoy en un momento en que el Estado todavía no es capaz de registrarlos ni de poner en práctica políticas de protección y prevención para esa comunidad.
Han pasado 52 años desde que una revuelta se presentó en el bar de ambiente gay Stonewall Inn, ubicado en el barrio Greenwich Village en la ciudad de Nueva York, entre policías que hicieron una redada, con agresiones y detenciones incluidas, y clientes del lugar, quienes se opusieron, resistieron y enfurecieron ante el actuar de las autoridades.
El hecho ocurrió en la madrugada del 28 de junio de 1969, una fecha que se convirtió en emblemática al marcar el inicio de la lucha abierta por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero y demás, y que luego se estableció como el Día Internacional del Orgullo LGBT.
Para conmemorarlo, habitantes de diversos países realizan marchas anualmente. Colombia, que desarrolló su primera movilización de ese tipo en 1982, no es la excepción. De hecho, la Mesa LGBT de Bogotá organizó para el próximo 4 de julio el evento en la capital.
A partir de la revuelta no sólo se iniciaron las marchas, sino que, además, se han venido dando otros acontecimientos importantes: se creó la bandera arcoiris para visibilizar la diversidad de las personas LGBT y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental.
En Colombia se empezaron a abrir espacios de socialización para hombres homosexuales; a escribir los primeros textos sobre la homosexualidad masculina; a producirse contenido audiovisual con personajes LGBT o con escenas explícitas de expresiones afectivas entre personas del mismo sexo; a darse la participación política de personas LGBT a instancias locales, departamentales y nacionales; se creó el medio LGBT El Otro; se fundó el Movimiento por la Liberacion Homosexual y el primer grupo de asistencia y apoyo a personas trans, llamado Transer.
Asimismo, se otorgaron garantias legales a través de la eliminación de la homosexualidad como delito en el Código Penal y como causal de mala conducta en el estatuto docente; la expedición de una politica pública para garantizar los derechos de las personas LGBT; la aprobación de la unión marital de hecho, el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parejas del mismo sexo y los procedimientos quirurgicos y cambios corporales para las personas trans.
Se esperan respuestas de la JEP
Otro hito importante fue la admisión, por primera vez en la historia, del crimen de persecución contra personas LGBT a un tribunal de justicia transicional. El hecho ocurrió el 29 de marzo de 2019, cuando las organizaciones Colombia Diversa y Caribe Afirmativo entregaron informes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los ataques registrados en la región de Urabá, Antioquia, y en el municipio de Tumaco, Nariño, ambas zonas priorizadas por esta instancia judicial creada con el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016.
“Durante el conflicto armado, muchas veces la violencia se hizo con complacencia de la sociedad y por eso los crímenes contra la población LBGT se naturalizaron”, expresó la magistrada Belkys Izquierdo al recibir los documentos. Y agregó: “La JEP se compromete a ser una justicia más cercana a ustedes y les agradece a las organizaciones sus aportes para hacer posibles la justicia, la paz y la reconciliación”.
Los documentos aportados por las dos organizaciones incluyen contexto de género y de las regiones, propuestas jurídicas, análisis psicosociales de los daños, afectaciones y propuestas de reparación a las víctimas. (Leer más en: En Tumaco, la cultura protege la vida)
La JEP ha recibido, en total, 12 informes relacionados con violencia contra la población LGBT por parte de Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, así como de la Alianza 5 Claves, la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, la Mesa Nacional de Víctimas y de organizaciones de víctimas del municipio de Chigorodó, Antioquia, entre otras.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, dijo en diálogo con VerdadAbierta.com que lo que se espera con el aporte de información a la JEP es que esa instancia transicional tome decisiones poniendo en el centro a las víctimas y exigiendo a los victimarios que no sólo respondan por lo que hicieron sino que expliquen el porqué de su actuar.
Asegura que es esencial que esa centralidad se vea reflejada en los casos de las víctimas LGBT, a quienes es necesario reconocer su orientación, identidad o expresión de género. Además, propone que los relatos de esa comunidad sean tenidos en cuenta en el análisis que la JEP hace para identificar la influencia de la diversidad sexual en patrones de macrocriminalidad inmersos en el conflicto armado. Y reitera que las conductas de los responsables, sean miembros de la Fuerza Pública, de la antigua guerrilla de las Farc o terceros responsables, sean investigadas a fondo.
“Las justicias transicionales —agrega Castañeda— están hechas para pasar de la guerra a la paz, para superar un conflicto armado y recomponer lo que está roto en la sociedad. Y que en esa justicia transicional participen las personas LGBT es una oportunidad de pensar que la recomposición de la sociedad colombiana también debe pasar por el reconocimiento de las personas LGBT”.
De acuerdo con los procedimientos establecidos por la JEP, luego de que las organizaciones de la sociedad civil entregan sus informes, pasan por un proceso de gestión en el que la información es sistematizada, estructurada y organizada. Para los casos territoriales, se procesa a través de categorías de análisis que permiten analizar hipótesis respecto a si la violencia contra la población LGBT fue realizada con el ánimo de discriminar o eliminar por prejuicio o si se cometieron para corregir, excluir, o eliminar la diversidad sexual.
Ese proceso se hace con el objetivo de identificar si varios agresores fueron responsables y cuáles fueron las acciones victimizantes que se presentaron, lo que permite establecer patrones y modus operandi en la investigación judicial que se adelanta en esta instancia transicional.
Para fortalecer esos procesos, la JEP conformó un equipo con profesionales especializados que están formulando un memorando de priorización sobre hechos de violencia sexual y violencias basadas en género, incluyendo patrones de criminalidad hacia personas LGBT atribuibles a la extinta guerrilla de las Farc.
Y justamente esa es la petición que organizaciones vienen haciendo desde hace años. “Lo principal ahora es la apertura de un caso nacional de violencia sexual, violencia reproductiva y otras violencias relacionadas con la sexualidad de la victima”, dice Lucía Baca, coordinadora del Área de Paz de Colombia Diversa.
Hasta ahora, la JEP tiene abiertos siete macrocasos priorizados, referidos al secuestro; las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas ‘falsos positivos’; el reclutamiento de menores edad para la guerra; la victimización de miembros de la Unión Patriótica; y sobre cuatro regiones —Urabá antioqueño, Pacífico nariñense y el norte de Cauca y Valle del Cauca—.
“Como están estructurados los macrocasos, al no tener un enfoque específico en estas violencias, no permite a la JEP ver cuál es esa sistematicidad, esa gravedad a nivel nacional de la violencia sexual”, asevera Baca.
Esta activista argumenta que un macrocaso sobre las violencias contra la comunidad LGBT permitiría no sólo tener herramientas, recursos y metodologías específicas para investigar ese tipo de hechos, sino adquirir una visión más amplia y conocer los casos de más víctimas. De lo contrario, afirma, “otra vez vamos a caer en la misma trampa de la impunidad que la justicia colombiana viene reproduciendo desde hace muchos años”.
Sin embargo, para Baca ese no es el único vacío que actualmente enfrentan. Ella advierte que la JEP tiene dificultades para transversalizar el enfoque de género: “Están incumpliendo los estándares internacionales de debida diligencia. No hacen preguntas, no hacen buenas preguntas o hacen pocas preguntas sobre violencia contra personas LGBT. Los comparecientes niegan la violencia y la JEP se queda con esa respuesta, no indagan más y no interpelan el lenguaje revictimizante”.
Y añade que, aunque se piensa que la violencia contra esa comunidad no devela elementos significativos sobre el conflicto colombiano, en realidad “pueden arrojar luz” sobre cómo fueron las dinámicas, las lógicas de control, la organización del poder y las ideologías de los grupos ilegales. Además, de cómo los actores armados “lograban no solo someter a comunidades enteras sino también controlar economías ilícitas”.
Patrones de violencia
De las 9’146.456 personas afectadas por el conflicto armado y registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 3.705 hacen parte de la comunidad LGBT. Además, de los 9’540.781 hechos reportados, ocurridos entre 1984 y 2016, en 2.567 de ellos están involucradas personas LGBT. De esa cantidad, 55 hechos se presentaron entre 1984 y 1989, 431 entre 1990 y 1999, 949 entre 2000 y 2010, 1.126 entre 2011 y 2016. En seis casos la fecha no es clara.
Por otra parte, 1.860 estuvieron relacionados con desplazamientos forzados; 423 con amenazas; 102 con homicidios; 84 con delitos contra la integridad sexual; 27 con acciones terroristas; 23 con pérdidas de muebles o inmuebles; 16 con desapariciones forzadas; 12 con secuestros; 12 con torturas; y 2 con reclutamiento a niños, niñas y adolescentes.
Pero, más allá de las cifras puras y duras, el informe Aniquilar la diferencia: Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), expone que los actores armados han implementado diferentes “repertorios de violencia, de regulación y control”, de acuerdo a sus intereses económicos, ideologías políticas, prácticas militares y, aún más importante, a un orden moral que buscan imponer.
Este documento explica que la visibilidad, las redes comunitarias, los oficios, los lugares a los que las personas pertenecen, la obediencia a los grupos armados y las características sociales, económicas, étnicas, raciales, así como la etapa de vida, son aspectos que se ha identificado influyen en quiénes son victimizados y quiénes no.
Muchas personas LGBT se hacen visibles en su ciudad o círculo social porque “se distancian de los parámetros de género establecidos en el orden social heteronormativo”, debido a su comportamiento o expresión de género.
Es el caso de Patricia, una mujer lesbiana que declara: “A veces mi vestir es un poquito más masculino que el de mis otras compañeras, ellas sí son un poquito más femeninas, y eso como que llama un poquito más la atención (…) Yo soy como más frentera, o sea, yo no oculto lo que soy, las otras niñas son más femeninas, no se les nota tanto”.
Su testimonio está contenido en el escrito del CNMH, donde se cuenta que actores armados le reclamaban por querer parecerse a un hombre. Esto está ligado a una idea de que las mujeres son inferiores y no deben intentar estar del lado del género “dominante”.
A las mujeres lesbianas también se les señala de ser las culpables de que otras tengan esa misma orientación sexual, pues se asume que ejercen influencia sobre ellas. Por esto, “los actores armados han querido castigar que estas mujeres se relacionen con otras mujeres de la comunidad y cuando ellas entablan relaciones sentimentales, sienten que les están quitando ‘lo suyo’, porque en su lógica las mujeres del territorio les pertenecen”.
Igualmente, se suelen hacer visibles los hombres que tienen expresiones de género asociadas con lo femenino o los hombres trans. A estos últimos se les intenta enseñar “cómo ser mujeres” o se les insta a ser violentos y agresivos porque se tiene la creencia de que para ser reconocidos como hombres es necesario manifestar dichas conductas.
Castañeda, quien asevera que desde Caribe Afirmativo se han logrado establecer las principales acciones victimizantes contra personas LGBT en el conflicto, confirma lo expuesto por el CNMH y resalta que los homicidios y los feminicidios son los más comunes, y que hay una mayor afectación hacia personas trans o hacia hombres gays con alta expresión de feminidad.
“La mayoría son cometidos con armas blancas o armas contundentes; y además hay presencia de multiples expresiones de violencia, como la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes”. También de la violencia sexual, con la que se trata de “corregir la sexualidad equivocada” de las mujeres lesbianas y bisexuales. (Leer más en: Los rastros de una guerra homofóbica)
El CNMH detalla que los actores armados, por un lado ven a las mujeres “como propiedades” y, por otro, a los hombres homosexuales como personas que renunciaron a tener un lugar de privilegio y que hacen quedar mal a los demás.
Asimismo, que “no hay que perder de vista que las dinámicas del conflicto armado están señaladas por el funcionamiento de una masculinidad hegemónica, encarnada en los grupos armados integrados mayoritariamente por hombres. Este hecho no es irrelevante, pues estos varones combatientes han sido educados como hombres ahondando en características como la fuerza, la autoridad y la violencia, y en su accionar en la guerra se materializa esa formación”.
Por otra parte, son blancos de ataques de los grupos armados quienes tienen expresiones afectuosas de forma pública y quienes se desempeñan como activistas o participantes recurrentes de actividades en defensa de los derechos de la comunidad LGBT.
“Estas acciones no solamente se han dirigido contra individuos sino que comúnmente se enfocan en colectivos o grupos, o en contra de personas específicas dentro de ellos, especialmente sus líderes. En estos casos, los armados transmiten mensajes que muestran cómo sus acciones buscan obstaculizar o eliminar la presencia y las acciones de estos grupos dentro de los territorios”, según el CNMH.
El Programa Somos Defensores reporta, desde 2016 hasta 2020, 13 casos de asesinatos a líderes LGBT en Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Tolima, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca.
Por su parte, el informe Más que cifras de Colombia Diversa registra 215 homicidios sólo en 2018 y 2019. Aunque en ninguna de las dos organizaciones especifica si los crímenes se dieron dentro o fuera del conflicto armado, permiten dimensionar la afectación a líderes. (Leer más en: El 2020, letal para la comunidad LGBTI del Caribe)
Castañeda señala que las amenazas hacia liderazgos son el segundo hecho victimizante que más se presenta contra personas LGBT y se dan comúnmente por medio de panfletos escritos y llamadas amenazantes que, en ocasiones, terminan en homicidios.
Como tercero en la lista figuran los desplazamientos forzados, que “están en el orden a prohibirles expresiones de género, prohibirles visibilidad de su orientación sexual e identidad de género bajo la amenaza de que si esos ejercicios, que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad, son expresados en el territorio, son motivos de desplazamiento”.
“Tenemos casos de desplazamientos forzados, tanto individuales como colectivos, y los colectivos casi siempre ocurren porque alguna persona que es visiblemente LGBT es asesinada o es amenazada, y lo que hace el resto de la colectividad es desplazarse ante el temor de que esa conducta vaya también a extenderse hacia ellos y ellas”, precisa Castañeda.
Sobre este tema, el CNMH indica que hay casos en los que el desplazamiento de personas LGBT tiene razones diferentes a la orientación sexual o identidad de género, pero que las consecuencias de esa victimización puede tener elementos en común entre los miembros de la comunidad.
En ese sentido, como la población LGBT suele perder contacto con su núcleo familiar por diversos motivos, de acuerdo con Baca, varios de los que se ven obligados a cambiar de residencia no lo hacen en compañía de sus allegados, lo que ha provocado que se de una desaparición posterior al desplazamiento.
Pero, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Castañeda afirma que existe una participación equitativa de los actores armados: “Los casos que hemos documentado en Caribe Afirmativo, mayoritariamente en la región Caribe, pero también en Antioquia, en el Magdalena Medio, en Arauca, en Cauca y en Casanare, dan cuenta de que si bien hay una implicación de todos los actores del conflicto, hay mayoritariamente acciones por parte de paramilitares, quienes tienen prácticas de mayor crueldad y mayor sevicia”.
Sobre los hechos en los que el autor es la Fuerza Pública, que incluye Ejército y Policía, considera que “son gravísimos porque se trata de la entidad estatal que está hecha para proteger y garantizar los derechos humanos y tenemos prácticas de violencia sexual, de amenazas, de uso excesivo de la fuerza, de violencia policial, inclusive de desaparición forzada”.
En todo caso, dice que no es posible jerarquizar o señalar quiénes son los que más incurren en victimizaciones a personas LGBT, pues el proceso de paz apenas está arrojando esa información.
Tras firma de Acuerdo de Paz
Colombia Diversa registra 1937 hechos y 2065 víctimas LGBT entre el 23 de agosto de 1993 y el 20 de diciembre de 2020.
Hasta el 31 de diciembre de 2018 se sabe que las zonas más afectadas fueron Antioquia, con 382 víctimas; Valle del Cauca, con 218; Bogotá, con 107; Risaralda, con 48; y Atlántico, con 47.
También hasta ese año, en el 49,8% de los homicidios no se conoce el responsable, en el 14,8% fue un conocido de la víctima, en el 15,1% fue la pareja, en el 6,5% fueron paramilitares, en el 4,7% bandas de delincuencia común o pandillas. El resto de porcentaje se divide entre clientes, desconocidos, familiares, fuerzas militares, funcionarios públicos, grupos armados al margen de la ley y policías.
En esos datos se evidencian casos tanto dentro como fuera del conflicto armado; sin embargo, la violencia en ambos es similar, pues cuando es externo “siguen las amenazas, siguen los homicidios y feminicidios. Hay una pequeña reducción en violencia sexual, hay una pequeña reducción en desplazamiento forzado. Y el patrón de persecución no es tan notorio como en el conflicto armado, pero sí siguen presentes”, según Castañeda.
Por otra parte, la situación de violencia contra personas LGBT en el tiempo posterior a la firma del Acuerdo de Paz no es alentadora. Colombia Diversa, en el informe Así van las cosas, expone datos de los últimos tres años: 316 hechos victimizantes se presentaron en 2018; 285 en 2019; y 109 en 2020.
Pero los especialistas coinciden en que los datos tienen subregistros y están incompletos. Baca señala que “el Estado colombiano no tiene cifras consolidadas sobre violencia contra personas LGBT y por mucho tiempo han sido las organizaciones sociales quienes asumen la tarea de documentar y de consolidar estas cifras. Las hay desde diferentes entidades, pero no hay un registro puntual que permita monitorear la violencia desde el Estado. Eso ya es un vacío impresionante”.
En esto influye la enorme y latente dificultad para denunciar la violencia ante las autoridades; primero, porque está naturalizada en el proyecto de vida de las víctimas; y, segundo, porque funcionarios del sistema judicial no creen en las versiones que los afectados les comparten, de acuerdo con Baca.
Por último, afirma la activista que el balance de protección por parte la instituciones gubernamentales a la comunidad LGBT “es muy pobre y es muy alarmante”, debido a que las políticas quedan consagradas en el papel pero no terminan por materializarse, lo que, entre otras cosas, ayuda a que las violaciones a derechos humanos no cesen.
* Foto de apertura: Mesa LGBT de Bogotá.
