El éxito del sector palmicultor contrasta con la situación de cientos de sus obreros, quienes han padecido el detrimento de sus relaciones contractuales, persecución sindical y violencia paramilitar. Hoy luchan porque una de las principales empresas del sector no los deje en la calle.
En 1975, Marcos llegó a trabajar por primera vez a una plantación de palma de aceite, ubicada en San Alberto, Cesar. Su trabajo era cuidar la maquinaria con la que Indupalma, empresa pionera del sector, estaba tumbando bosque para abrir espacio a su plantación de palma. Él recuerda cómo en estos últimos 46 años ha tenido que luchar por sus derechos laborales, fue desplazado por amenazas contra su vida y ha enfrentado numerosas dificultades para reclamar su pensión.
Marcos no está solo en esos padecimientos. Mientras en las últimas seis décadas la industria de la palma de aceite en Colombia se ha expandido con apoyo del Estado, sus trabajadores han sido constantemente amenazados y atacados.
El éxito de la industria de la palma contrasta hoy con la incertidumbre que continúan enfrentando sus trabajadores. El país se ha convertido en el cuarto país productor de aceite de palma a nivel mundial. Empresas pioneras del sector, como Indupalma, surten los mercados nacionales e internacionales de este producto, uno de los más consumidos en el mundo. Al mismo tiempo, miles de trabajadores de la palma, como Marcos, han sufrido y siguen sufriendo arbitrariedades laborales y una constante incertidumbre sobre su vida y trabajo.
En las últimas semanas hubo una nueva ronda de despidos en Indupalma y la empresa mantiene su solicitud que presentó a finales del 2019 al Ministerio de Trabajo para despedir la totalidad de sus trabajadores de la plantación. ¿Por qué el éxito de la palma no se ha convertido en estabilidad y bienestar para sus trabajadores?
Una política estatal de apoyo a esta industria y de descuido hacia los derechos de sus trabajadores explica esta situación. El Estado colombiano ha permitido que las empresas de palma ejerzan un control violento sobre sus trabajadores para apropiarse de las ganancias del sector sin garantizar derechos laborales. La trayectoria de la industria de la palma en el país y la relación con sus trabajadores evidencian esta dinámica.
Algo de historia
La industria de la palma empezó a tomar fuerza en Colombia a finales de la década de los años cincuenta, cuando el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) estableció un programa de fomento a cultivos oleaginosos, privilegiando el cultivo de palma.
Mientras los inversionistas del sector recibieron créditos, exenciones de impuestos y la posibilidad de asociarse con organismos públicos para sembrar, los trabajadores que establecieron estos cultivos recibieron malos tratos. Uno de ellos recuerda que “devengaba unos 600 pesos y le salían [a uno] con 400 o lo ponían a firmar la planilla en blanco o a veces no aparecía en la planilla”.
Además de descuentos arbitrarios, no tenían dotación ni seguridad social para recoger los pesados y espinosos racimos de la palma. Mientras tanto, gracias a las labores de sus trabajadores, la industria crecía. Entre 1950 y 1974, pasó de ser casi inexistente en Colombia a cultivar 23 mil hectáreas.
Frente a estas condiciones de inseguridad y abusos laborales, los trabajadores organizaron varios intentos de huelga y sindicalización para exigir sus derechos. No fue fácil. En 1971, tras el primer intento de huelga en Indupalma, la empresa demolió la sede del sindicato con un buldócer y miembros de la junta sindical fueron acusados del asesinato del jefe de personal. Aunque la justicia los absolvió del crimen después de pasar cinco años en la cárcel, este tipo de ataques socavaron las posibilidades de exigir condiciones dignas de trabajo.
En 1977, el Paro Cívico Nacional recogió un descontento popular generalizado por el alza de los costos de vida producido por las políticas del gobierno del presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978). Hubo manifestaciones en Bogotá, Barranquilla, Neiva, Cúcuta, Urabá y muchas otras regiones. El apoyo popular al paro convocado por las centrales obreras forzó al gobierno nacional a subir el salario mínimo y a reconocer el derecho a la organización sindical. En este contexto, las empresas palmeras se vieron forzadas a reconocer a los sindicatos.
A finales de la década de los setenta, tanto la industria de la palma como las organizaciones de sus trabajadores se fortalecieron. Para 1978, los cultivos de palma en Colombia ya ocupaban más de 33 mil hectáreas. Simultáneamente, las oportunidades de organización sindical se expandieron.
Desde finales de la década de los ochenta, trabajadores de la palma enfrentaron una violenta retaliación, un patrón común en Colombia de acuerdo con investigadores como Mauricio Archila, quien, junto con cinco colegas más, plantearon en su libro “Violencia contra el sindicalismo 1984-2010” (Cinep, 2012) que “las acciones colectivas en procura de la conquista de mínimas condiciones laborales, enderezadas a superar las relaciones ‘primitivas’, provocan casi inmediatamente la violencia de la parte contraria, en este caso algo rezagada”.
Cifras del Cinep recogidas en esa investigación estiman que entre 1988 y 2005 por lo menos 1.714 trabajadores sindicalizados fueron asesinados. Noventa de ellos eran trabajadores del sector palmicultor. Marcos y sus compañeros de trabajo sufrieron de manera dirigida esta ola de violencia.
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en ese mismo periodo más de 60 trabajadores sindicalizados de Indupalma, incluyendo cinco presidentes del sindicato, fueron asesinados o desaparecidos, y otros cientos fueron desplazados de manera violenta.
En la mira paramilitar
Si bien este fue un periodo intensamente violento en el Magdalena Medio, la violencia paramilitar estuvo particularmente dirigida contra trabajadores de Indupalma. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “la principal de las empresas palmeras a la cual han pertenecido los trabajadores asesinados, desaparecidos o víctimas de otras violaciones es Industrial Agraria La Palma (Indupalma S.A.)” y testimonios de exparamilitares sugieren que representantes de la empresa colaboraron con estos grupos armados.
Al mismo tiempo, la extensa violencia en el Magdalena Medio permitió esconder la violencia dirigida contra los sindicatos y la posible permisividad de las fuerzas militares.
Indupalma usó de manera reiterada el contexto de violencia generalizada para argumentar que las muertes de sus trabajadores se debían a que estos eran victimarios, no víctimas, del conflicto. Varios trabajadores recuerdan las frecuentes acusaciones que recibían, por parte de directivas de la empresa y miembros del Ejército, de ser parte de la guerrilla.
Para los trabajadores sindicalizados de Indupalma, el apoyo del Estado a los ataques violentos en su contra era evidente en el día a día. Los sindicatos no sólo eran considerados enemigos internos por la doctrina de las Fuerzas Militares. Según testimonios de trabajadores y extrabajadores de Indupalma, la existencia de una base militar rodeada por la plantación de esta empresa no evitó los múltiples asesinatos que allí ocurrieron.
Mientras tanto, Indupalma y otras empresas se beneficiaron de la violencia que sufrían sus trabajadores. En 1995, la empresa obligó al sindicato a renegociar el pliego de condiciones laborales en medio de ataques y amenazas. Durante las negociaciones, paramilitares atacaron la sede del sindicato y quemaron las casas de los sindicalistas Luis Martínez y Tomás Cortés. A Tomás, quien era líder sindical, lo secuestraron y hoy continúa desaparecido.
Miembros de Sintraproaceites, el sindicato que representa a los trabajadores de Indupalma, recuerdan así ese momento: “El miedo colectivo era evidente, por la contundencia de los hechos, en medio de esa intranquilidad nadie quería seguir reclamándole a la empresa como se hacía en otros tiempos” y, por ende, “nos tocó aceptar el ingreso de las cooperativas de trabajo asociado. Aceptar el cambio de contratos de trabajo para mucha gente, nos tocó”.
Las condiciones que este y otros sindicatos aceptaron, en medio de ataques en su contra, tuvieron repercusiones en la estabilidad laboral en el sector palmicultor. En Indupalma, más de 200 trabajadores fueron despedidos y la empresa adoptó el modelo de ‘cooperativas de trabajo asociado’ como uno de sus principales mecanismos de contratación. Esta figura, prohibida por decreto presidencial en el 2011, fue adoptada progresivamente por otras empresas de palma, permitiendo que las empresas expandieran sus cultivos sin incurrir en costos laborales.
Bajo este esquema, los trabajadores recibían pagos por resultados y debían pagar sus propias herramientas y seguridad social. Si la plantación no era productiva en una cosecha, la empresa no estaba obligada a pagarles un salario mínimo a asociados de las cooperativas.
Esta modalidad de contratación generó inestabilidad laboral, debilitó a los sindicatos y generó ganancias para las empresas de palma. Después de llegar a tener más de mil miembros unas décadas atrás, hacia el año 2000, Sintraproaceites San Alberto tenía sólo 170 afiliados. Indupalma, por su parte, se había ha convertido nuevamente en una empresa lucrativa.
Apoyo estatal
Con los sindicatos debilitados, la industria de la palma siguió experimentando con mecanismos de contratación más favorables para las empresas. Desde finales de la década de los años noventa, cambiaron su estrategia de expansión hacia la incorporación de productores a pequeña escala.
Esa modificación fue posible gracias a una política pública de alianzas productivas diseñada por Carlos Murgas Guerrero, exministro de Agricultura entre 1998 y 1999 durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y accionista mayoritario del Grupo Oleoflores, una de las principales empresas productoras de aceite de palma del país.
Bajo este esquema, el gobierno nacional subsidia la integración de trabajadores y campesinos a la industria de la palma como proveedores de fruto de palma de grandes empresas. Si bien los subsidios están dirigidos a productores a pequeña escala, el poder de definir precios que tienen las extractoras de aceite de palma permite que estos subsidios sean capturados por las grandes compañías.
Esta y muchas otras políticas han permitido a la industria palmicultora colombiana posicionarse como la cuarta más grande a nivel mundial. Desde el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), ha recibido apoyo estatal para asegurar la demanda de su producto en mercados nacionales a través del mandato que obliga a incluir un porcentaje mínimo de biocombustibles —producidos en buena parte con aceite de palma— en todo el combustible diesel del país.
En la administración del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), el sector estuvo representado en el gobierno nacional. El mandatario nombró, en 2013, al entonces gerente de Indupalma, Ruben Darío Lizarralde, como Ministro de Agricultura, quien expandió la política de alianzas productivas.
El apoyo que diferentes gobiernos le han dado a la industria de la palma se convirtió en una política de Estado que le permitió a esta industria posicionarse como una lucrativa y competitiva actividad a nivel mundial.
¿En liquidación?
A pesar del éxito de la palma, Indupalma, una de las principales empresas del sector en el país, anunció su disolución voluntaria el 1 de noviembre de 2019. Esta fue una decisión sorpresiva para muchos, ya que, como han afirmado representantes de la empresa, Indupalma no está en quiebra. Además, es una pieza clave en la provisión de aceite de palma para otras empresas de su grupo económico, el Grupo Grasco, que produce aceites de cocina y jabones a base de aceite de palma.
Adicionalmente, las 11.695 hectáreas de cultivos de palma que tiene esta empresa en el sur del departamento de Cesar seguirán cosechando fruto de palma de manera productiva por varios años más. Después de más de un año del anuncio, la liquidación de Indupalma aún está en proceso y, según trabajadores de la empresa, sus cultivos han seguido operando a través de contratistas.
Sobre el futuro de Indupalma, Jens Mesa, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, afirmó que estos cultivos seguramente seguirán operando bajo nuevas modalidades.
En una entrevista radial, el líder gremial explicó que en Indupalma “hay un activo y operaciones productivas muy importantes que seguramente transformarán la manera cómo operan hoy en día para buscarles nuevamente un sendero de viabilidad”. Estas declaraciones sugieren que algunas de las operaciones que realiza Indupalma hoy continuarían una vez la empresa se disuelva.
En este contexto, aproximadamente 70 trabajadores directos que siguen vinculados a Indupalma se preguntan por qué la empresa busca despedirlos, si hoy necesita y se seguirá necesitando su mano de obra para operar los cultivos. Según testimonios de varios habitantes de San Alberto, la plantación de Indupalma continúa operando con empleados indirectos contratados por un operador logístico.
Mientras tanto, los trabajadores directos de Indupalma enfrentan la incertidumbre de la decisión que el Ministerio de Trabajo está pendiente de tomar sobre la solicitud de Indupalma de hacer un despido masivo de sus empleados.
Hace unas semanas un juzgado laboral de Aguachica, en Cesar, autorizó el levantamiento del fuero sindical de casi la mitad de la junta del sindicato. Indupalma también ha hecho varias rondas de despidos unilaterales, terminando el contrato de unos 15 trabajadores hasta el momento.
Los trabajadores, por su parte, han propuesto a la empresa que, al vender sus cultivos en el proceso de disolución, les permita conservar su empleo bajo la figura de sustitución patronal. Pero, por el momento, Indupalma parece estar decidida a operar con trabajadores indirectos, mientras desvincula a sus propios empleados.
Esta situación ha generado temor en San Alberto, donde temen que el proceso de disolución sea una maniobra de la empresa para deshacerse del sindicato. Esa inquietud está alimentada no sólo por la larga trayectoria de ataques sistemáticos contra el sindicato, sino por una historia de estrategias burocráticas que Indupalma ha utilizado para evadir responsabilidades y aumentar sus ganancias.
El 95 por ciento de Indupalma pertenece a la Empresa Agroindustrial Palmicultora Palmas de Oro (Sucursal Colombia). Según reportes de prensa, esta compañía tiene residencia fiscal en Panamá y es filial de otras dos empresas, Inverpalma y Promopalma.
Mientras tanto, en Colombia Indupalma sigue presentándose como una empresa familiar, de propiedad de herederos de su fundador, Morris Gutt. Su junta directiva está compuesta principalmente por miembros de esta familia. Esta situación sugiere que las transformaciones en la propiedad extranjera de Indupalma pueden ser una fachada por temas fiscales y las personas dueñas de la empresa no han cambiado.
La situación sugiere que los socios de la empresa palmera están dispuestos a cambiar la naturaleza de la empresa para aumentar sus ganancias.
Por otro lado, a lo largo de su historia, Indupalma ha sido una empresa líder en la experimentación con mecanismos de flexibilización laboral. En el pasado, sus experimentos laborales han marcado la pauta, convirtiéndose en el modus operandi, de la industria de palma. Si Indupalma logra disolverse y, tal como temen sus trabajadores, librarse del sindicato, ¿seguirán su ejemplo otras compañías del sector? Para evitar este desenlace, los trabajadores de Indupalma piden la intervención del Ministerio de Trabajo.
Los orígenes y crecimiento de la industria de la palma evidencian el papel fundamental que ha jugado el Estado para impulsar esta industria. Ha sido gracias a los proyectos de múltiples gobiernos, convertidos hoy en políticas de Estado, que el sector palmicultor colombiano se ha convertido en líder mundial. Al mismo tiempo, la falta de protección estatal a trabajadores de la palma ha permitido que las empresas de este sector se apropien de todas las ganancias sin generar verdadero bienestar para sus trabajadores.
Hoy, las acciones de Indupalma en contra de sus trabajadores pueden darle una estocada final a uno de los sindicatos más violentados en la historia de esta industria. Para cambiar esta historia, Sintraproaceites ha hecho múltiples solicitudes al Ministerio de Trabajo durante el último año para que asegure su derecho al trabajo y proteja al resto de trabajadores de la industria. Sin embargo, miembros del sindicato manifiestan que el ministerio ha mantenido silencio sobre buena parte de sus solicitudes y no ha dado un pronunciamiento definitivo sobre su situación.
La protección del Ministerio a la estabilidad laboral de los trabajadores de Indupalma haría que la historia de personas como Marcos no se repita. Durante los últimos 25 años, ha luchado por reclamar su pensión. En 1995, después de trabajar 20 años en esta empresa, fue desplazado de San Alberto por amenazas contra su vida.
Por esa razón, el extrabajador de la empresa aceitera no pudo seguir haciendo aportes a pensión y no alcanzó a completar el mínimo de semanas de cotización. En los últimos años ha hecho colectas y múltiples trámites burocráticos para completar sus aportes y reclamar su pensión. También sigue contando su experiencia, un capítulo fundamental de la historia de la industria de palma en Colombia, buscando que esta historia cambie.
