El Acuerdo de Paz generó esperanza en miles de familias que subsisten de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito en medio del abandono estatal, que pensaron que había llegado la hora de sustituirlos a cambio de recibir apoyo para emprender proyectos productivos y vincularse a la economía formal. Sin embargo, cuatro años después, las promesas difícilmente han trascendido del papel y quienes se le midieron a promover esa iniciativa son amenazados y asesinados.
¡Setenta y cinco! Esa es la cantidad de personas defensoras de derechos humanos relacionadas con la sustitución de esos sembradíos ilegales que fueron asesinadas entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio del año pasado.
Esa alarmante revelación hace parte del informe La Sustitución Voluntaria Siembra Paz, que presentan hoy la Corporación Viso Mutop, la Asociación MINGA y el Programa Somos Defensores. La investigación colectiva señala que los hechos ocurridos entre 2016 y 2017 evidencian las dificultades de poner en marcha la implementación del Acuerdo de Paz, pero que los años posteriores reflejan “un escalamiento de la violencia, agudizado por el incumplimiento de los gobiernos de gran parte de lo acordado, especialmente en lo relacionado con el punto 4 ‘Solución al Problema de las Drogas Ilícitas’ y en el mismo sentido a la ausencia de una efectiva implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)”.
En medio del relevo que ocurrió en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2018, cuando concluyó el periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018) e inició el de Iván Duque Márquez (2018-2022), ese año se destaca como el más violento para quienes promueven la sustitución voluntaria.
Al hacer una revisión geográfica, se encuentra que los 75 asesinatos ocurrieron en 12 de los 32 departamentos del país. Los cinco territorios con mayor cantidad de casos son Antioquia, con 24; Cauca, con 18; Norte de Santander, con 8; Putumayo, con 7; y Nariño, con 5. El resto ocurrieron en Córdoba, Caquetá, Chocó, Meta, Valle del Cauca, Bolívar y Guaviare.
El informe llama la atención sobre un punto fundamental: los departamentos con la mayor cantidad de asesinatos de promotores de la sustitución coinciden con los lugares en los que han ocurrido operativos de erradicación forzada: con 71 incidentes entre la Fuerza Pública y familias cultivadoras, Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia, registran alrededor del 76 por ciento de los casos.
Esos enfrentamientos ocurren en medio de políticas contradictorias, pues un año antes de terminar su mandato presidencial, Santos retomó las erradicaciones forzadas mientras el PNIS empezaba a dar sus primeros pasos. Y esa figura fue retomada con fuerza por la administración Duque, que incluso busca regresar a las aspersiones áreas con glifosato.
Al respecto, el informe hace una advertencia: “Esos dos caminos se están transitando al mismo tiempo, con un gran problema y es que además de la lentitud en la implementación de la sustitución, a los campesinos se les está imponiendo la erradicación, incluso a quienes quedaron inscritos en el PNIS”.
En cuanto al manejo del Programa de Sustitución por parte del actual gobierno nacional, la investigación lamenta que “paralizó el avance del PNIS alegando que éste había sido mal planificado, sacó la dirección del PNIS de la Presidencia y la pasó a la ART, detuvo los escenarios de participación del programa, remitió todas las peticiones a los PDET, y se dedicó a suspender o expulsar familias con la excusa de algún requisito no cumplido, violando el debido proceso de las afectadas”.
Por otro lado, en cuanto a los responsables de los 75 asesinatos, como suele ser costumbre en las agresiones que sufren los líderes sociales en Colombia, se desconoce la autoría en la mayoría de los casos. Y también queda en evidencia el incumplimiento del punto de no repetición de la violencia, pues una buena parte de los casos se les atribuye a grupos que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de las Farc.
Esta investigación documenta cinco casos emblemáticos de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que han sufrido agresiones por apostarle al Acuerdo de Paz y, concretamente, a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. A continuación, las reproducimos en el siguiente cuadro dinámico.
Manuel Gregorio González Segura, miembro de ASCSUCOR y beneficiario del PNIS, fue desaparecido al salir de su parcela ubicada en el corregimiento de El Palmar del municipio de Montelibano, Córdoba, el 26 de junio de 2019. Al día siguiente su cuerpo sin vida fue encontrado con impactos de arma de fuego, las manos atadas y signos de tortura[1].
Escasas semanas después, el sábado 6 de julio de 2019, en la vereda El Cerro, corregimiento de Versalles, municipio de San José de Uré, fue decapitado sin mediar palabra Manuel Osuna Tapias, campesino y miembro también de ASCSUCOR; posteriormente su vivienda fue quemada. La acción fue ejecutada por hombres armados pertenecientes presuntamente al Bloque Virgilio Peralta Arenas, más comúnmente conocido como Los Caparrapos. Según la asociación campesina hasta la fecha del asesinato de esta última persona, por lo menos 8 campesinos y 15 beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- habían sido asesinados en el sur de Córdoba[2].
Tan graves y escabrosos hechos no son los únicos que han sufrido los miembros de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba y los pobladores de la región, por su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz en lo relacionado con los programas de sustitución voluntaria de los cultivos considerados de uso ilícito. Las comunidades de varias veredas comprometidas con las iniciativas promovidas desde la asociación han enfrentado otras acciones violentas derivadas de los operativos que buscan imponer la erradicación forzada sobre la voluntaria. Ejemplo ilustrativo de ello son los hechos que se presentaron el 15 de febrero de 2020 en las veredas El Guineo y El Salado, corregimiento Juan José del municipio de Puerto Libertador, en las que campesinos y campesinas recibieron agresiones verbales, ráfagas de fusil y varias de sus viviendas fueron quemadas en medio de choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- y otros efectivos de la Fuerza Pública, dado que las comunidades bloquearon la acción de erradicación forzada en su deseo de defender la sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito[3].
Como si lo anterior fuera poco, desde el 2019 se han producido desplazamientos de comunidades como consecuencia de las disputas por el control del territorio entre estructuras de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Bloque Virgilio Peralta, más conocido como los Caparrapos. Según Prensa Rural, en el 2019 en la zona del alto San Jorge, se produjeron por lo menos 9 desplazamientos de población campesina e indígena[4].
Antecedente
ASCSUCOR surge por la esperanza de la población con que el inicio de los diálogos de paz conduciría al cambio, la paz y a mejores condiciones de vida para la región. Es así que el 15 de septiembre de 2012 en la vereda el Rogero del corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador, nace la asociación campesina, integrada a la Asociación Nacional de Reservas Campesinas -ANZORC-, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -COCCAM- y Marcha Patriótica. Su acción se proyectó hacia Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. En ese marco, la asociación asumió un papel importante como parte del proceso de pactos de sustitución colectiva de cultivos a partir del 2017, y en el 2019 asumió el liderazgo de una movilización de protesta contra las erradicaciones forzadas que buscaban implementarse en la región y en favor de la inclusión en el PNIS de familias que quedaron por fuera de este programa[5].
Es importante resaltar como 43 corregimientos y 173 veredas de Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y San José de Uré, manifestaron su deseo de participar en el PNIS. Su voluntad se materializó en la suscripción de 4 pactos colectivos de sustitución voluntaria con un universo aproximado de 7.655 posibles familias beneficiarias, con miras a erradicar 2.912 hectáreas de coca a partir del 2017. Ya para marzo de 2018, mientras la erradicación alcanzaba el 97% según lo señalado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNDOC-, los cuellos de botella de la burocracia gubernamental impidieron el desembolso prometido y, más grave aún, el inicio de los proyectos productivos que le permitiría a las comunidades del sur de Córdoba ganar su sustento una vez agotada la fase de transferencias condicionadas[6].
Breve contexto de la región
Las poblaciones del sur de Córdoba han sido históricamente sujeto de todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario como consecuencia de las disputas por el control del territorio de distintos actores armados ilegales, de las acciones represivas por parte de la Fuerza Pública y de las condiciones de vulnerabilidad asociadas a una deficiente presencia estatal que contrasta con altos niveles de corrupción.
Para la Defensoría del Pueblo, el deterioro de la situación en materia de derechos humanos que se viene dando desde el 2018 está asociado a los diferentes intereses legales e ilegales que se mueven en la región por su riqueza hídrica y los recursos minerales que posee como ferroniquel, oro, plata, cobre y carbón, imponiéndose así una economía extractiva de enclave en donde los beneficios no se revierten en la mayoría de la población y la economía campesina se ha visto abocada a la subsistencia a través de los cultivos considerados de uso ilícito. Para los actores ilegales, la región resulta estratégica por sus amplios corredores de movilidad hacia el golfo de Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, las rentas derivadas de las economías ilegales (minería y narcotráfico) y la constitución de zonas mixtas que les permiten el control y refugio en el Nudo de Paramillo[7].
De otro lado, en el marco de la implementación de la política de seguridad y defensa del actual gobierno, la región ha vivido una creciente militarización al ser considerada como una de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral -ZEII-, más conocidas como Zonas Futuro. El sur de Córdoba con una cobertura de 125 veredas que hacen parte de los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, ha sido priorizada en este plan de seguridad por ser para el gobierno una de las áreas donde se concentran cultivos de coca, se asesinan líderes sociales y se está produciendo deforestación en el parque natural del Nudo de Paramillo. Según Pedro Arenas de la Corporación Viso Mutop “para el gobierno nacional la política antidrogas es la militarización de los territorios vía programas gubernamentales como ‘Zonas Futuro’, que no es otra cosa que una nueva fase de la política de consolidación territorial. Ese es el discurso oficial, esa es la estrategia prioritaria, dejando de lado los discursos de construcción de paz asociados al Acuerdo de Paz”. En la misma línea para el presidente de ANZORC Arnobi Zapata, las ayudas sociales no requieren de intervención militar y, además, la intervención militar de los cultivos mediante la erradicación forzada podría incrementar las violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando en la región[8].
Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio
Los dos asesinatos contra miembros de ASCSUCOR mencionados anteriormente y el grado de violencia con que fueron perpetrados, da cuenta del alto grado de vulnerabilidad que para sus asociados ha significado su compromiso con la promoción e implementación de los pactos de sustitución voluntaria de cultivos en el marco del PNIS en el sur de Córdoba. La asociación fue incluida en la Alerta Temprana N°054-19 del 18 de diciembre de 2019, a la que se suman los cuatro documentos de advertencia durante el año 2018: La AT de inminencia No. 005-18 para el municipio de Tierralta, AT de Inminencia No. 023- 18 y 071-18 para San José de Uré y AT No. 083-18 para Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador. Pese a estos llamados el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, advierte una exacerbación de la situación de riesgo en los municipios que hacen parte del sur de Córdoba y que se expresa, entre otras situaciones, en 14 desplazamientos de comunidades, masacres, homicidios y utilización de medios para generar terror a las que se le suman acciones violentas por parte de miembros de la Fuerza Pública y limitaciones en la respuesta institucional para contener tales agresiones[9].
Estas circunstancias ponen de manifiesto las graves afectaciones al proceso organizativo de la región y, con ello, las dificultades para continuar con los procesos de sustitución voluntaria, lo que deja a las comunidades expuestas, de una parte, a las acciones violentas de los grupos armados ilegales y, de la otra, a la decisión del Gobierno de imponer la erradicación forzada, desconociendo la secuencia establecida en el Acuerdo de Paz, declarada exequible por la Corte Constitucional.
[1] Agencia de Prensa Rural.27 de junio de 2019.Pese a las Alertas tempranas Asesinan a otro campesino en el Sur de Córdoba. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24487
[2] Agencia de Prensa Rural. 8 de julio de 2019.Decapitaron y quemaron la casa de líder campesino en el Sur de Córdoba. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24519
[3] Agencia de prensa Rural. 15 de febrero de 2020.Infracción al DIH y violación a los derechos humanos del campesinado en erradicación forzada al sur de Córdoba. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25096
[4] Agencia de Prensa Rural. 15 de noviembre de 2019.Comunidades del Sur de Córdoba son desplazadas por grupos armados y gobernadora culpa al paro del 21 de noviembre. Disponible en: https://prensarural.org/spip/spip.php?article24864
[5] Puyana &Arenas, Asociación campesina del Sur de Córdoba ASCSUCOR. Octubre 2020. Estudio de caso, Documento de trabajo Viso Mutop.
[6] Ibíd.
[7] Defensoría del Pueblo. 18 de diciembre de 2019. Alerta Temprana N° 054-19. Disponible en: https://sigdefensoria.defensoria.gov.co/satarchivos/alertas/2019/054-19.pdf
[8] Verdad Abierta. 8 de junio de 2020. Zonas Futuro, territorios donde podrían incrementarse las violaciones a los derechos humanos? Disponible en: https://verdadabierta.com/zonas-futuro-territorios-donde-podrian-incrementarse-las-violaciones-de-derechos-humanos/
[9]Defensoría del Pueblo. 18 de diciembre de 2019. Alerta Temprana N° 054-19. Disponible en: https://sigdefensoria.defensoria.gov.co/satarchivos/alertas/2019/054-19.pdf
Emérito Digno Buendía, era un líder campesino de 44 años de edad, padre de 6 hijos e integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo -ASCAMCAT-, de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -COCCAM-; como parte de esta organización, lideraba un proyecto de sustitución de cultivos de coca por caña. Fue asesinado el 18 de mayo de 2020, en medio de un operativo de erradicación forzada adelantado por el Ejército Nacional en la vereda Totumito, que hace parte del corregimiento de Vigilancia en la zona rural de Cúcuta. En la misma acción resultaron heridos Juan José Orozco, Jimmy Alberto Cortéz y Jimmy Alberto González, quienes fueron trasladados a un centro de salud[1].
Según la denuncia pública de los hechos difundida por ASCAMCAT, los responsables del homicidio y demás agresiones serían militares del Batallón Hermógenes Maza, adscrito a la Brigada 30, quienes abrieron fuego contra las personas del asentamiento campesino ubicado en la mencionada vereda.
Con posterioridad al hecho los campesinos del asentamiento atacado se declararon en asamblea permanente, con miras a exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, la formulación de nuevos pactos y el cese de los operativos de erradicación forzada[2].
Antecedente
El 26 de marzo, en medio de una protesta campesina de rechazo a las operaciones de erradicación forzada, fue igualmente asesinado Alejandro Carvajal de 22 años de edad y también integrante de una Junta de Acción Comunal. Alejandro, al igual que Emérito, estaba promoviendo en Sardinata un proyecto de sustitución de cultivos de coca por caña, a través de la Asociación de Cañicultores Paneleros de Sardinata -Asocapasar-. El hecho fue atribuido a la Fuerza de Tarea Vulcano, batallón de operaciones terrestres número 9, al mando del teniente coronel Whílmar Montoya. Por este caso cursa una investigación en la Fiscalía General de la Nación, bajo el cargo de homicidio culposo[3].
Es importante señalar que la Fuerza de Tarea Vulcano es la unidad militar asignada a la región del Catatumbo en el marco de las llamadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral -ZEII-.
Desde el 11 de marzo un número aproximado de 800 erradicadores entre militares, policías y civiles contratados hicieron presencia en el municipio de Sardinata en la región del Catatumbo para ejecutar operaciones de erradicación forzada en corregimientos como El Guamo, San Miguel y las Mercedes, lo que generó la movilización comunitaria de los campesinos, la instalación de los asentamientos campesinos para defender los cultivos y el bloqueo de vías. Ni los llamados al Gobierno Nacional de autoridades departamentales como la Asamblea Departamental, el gobernador del departamento y el propio alcalde de Sardinata para suspender las operaciones de erradicación forzada, al menos durante el periodo de cuarentena, fueron escuchadas[4].
Breve contexto de la región
La región del Catatumbo vive de tiempo atrás una situación de crisis humanitaria de grandes proporciones; la decisión del Gobierno Nacional de ordenar la erradicación forzada a partir del mes de marzo del 2020 solo contribuyó a exacerbar este contexto. A la falta de una adecuada presencia estatal en bienes y servicios, se le suma la confrontación entre el ELN y el EPL por el control del territorio, el aumento de los cultivos de coca y la presencia de otras organizaciones criminales asociadas al tráfico de drogas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Rastrojos y un grupo disidente del frente 33 de las FARC. Todo esto se da mientras la respuesta gubernamental se expresa en más militarización, planes no concertados con las comunidades, incumplimiento de los compromisos adquiridos con los campesinos en el marco del PNIS y para completar el cuadro, la llegada desde el mes de junio a la región de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos. Según las explicaciones dadas por el Gobierno, su presencia tiene como propósito “cooperar” en el marco de la implementación de las ZEII en el combate a las organizaciones vinculadas al negocio del narcotráfico. Pese a toda la polémica desatada por ser una medida que no contó con el consentimiento previo del Senado de la República, la decisión en torno a su presencia no ha sido reversada.
En lo corrido del año hasta principios del mes de agosto del 2020, el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Calero, señalaba cómo se habían emitido11 alertas tempranas, para un número igual de municipios de la región del Catatumbo[5], lo que pone de manifiesto la grave situación en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario que enfrentan los pobladores de esta región, empeorada por la decisión del Gobierno de acelerar los operativos de erradicación forzada en el período de aislamiento social obligatorio como respuesta a la pandemia del COVID-19.
Al respecto se pronunció Amnistía internacional a través Erika Guevara Rosas, directora para las Américas señalando: “Los operativos de erradicación forzada de cultivos de coca en el contexto de la pandemia de COVID-19 son una sentencia de muerte para las comunidades rurales (…) La aspersión de cultivos ilícitos no solo significa quitarles a las comunidades rurales su único modo de subsistencia en medio de la pandemia, sino también puede eliminar cultivos lícitos, una importante fuente de alimento. Además, estos operativos exponen al contagio a una población con poco acceso a servicios de salud[6]”.
La decisión unilateral del Gobierno Nacional de imponer la erradicación forzada desconociendo las voces de las organizaciones sociales y autoridades de la región, ignora también cómo la implementación del PNIS permitió a escala nacional vincular 99.097 hectáreas y, en ese marco, las propias comunidades acabaron 50 mil hectáreas de coca[7].
Finalmente, es importante señalar cómo la región del Norte de Santander es una de las que registra el mayor número de asesinatos a liderazgos sociales desde la firma del Acuerdo de Paz. Según el Programa Somos Defensores han sido asesinadas 40 personas defensoras de derechos humanos hasta 2020.
Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio
El incremento de la violencia en la región del Catatumbo, asociada a la decisión gubernamental de suspender y ralentizar la implementación del PNIS e imponer la erradicación forzada, tiene un impacto negativo para el proceso de coordinación comunitario en torno al mismo que se había generado y principalmente, para las Juntas de Acción Comunal comprometidas que como en el caso de Emérito y Alejandro, perdieron a dos de sus integrantes.
Una de las organizaciones con una importante presencia en el territorio y que se ha visto seriamente afectada por las dinámicas de violencia que se han agudizado es ASCAMCAT. Según Juan Carlos Quintero uno de sus líderes, la asociación en lo que va corrido del 2020 ha perdido a 16 de sus miembros, quienes en su mayoría han sido asesinados por integrantes de la Fuerza Pública[8].
[1] El Espectador. 18 de mayo de 2020.Campesino muerto y tres heridos en un operativo de erradicación forzada en Cúcuta. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/un-campesino-muerto-y-tres-heridos-en-un-operativo-de-erradicacion-forzada-en-cucuta-articulo-920075/
[2] Contagio Radio. 18 de mayo de 2020.El Ejército habría asesinado a Amerito Buendía: ASCAMCAT. Disponible en: https://www.contagioradio.com/ejercito-habria-asesinado-a-emerito-digno-buendia-ascamcat/
[3] El Espectador. 5 de abril de 2020.El campesino que murió por un disparo del Ejército en el Catatumbo. Disponible en:https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/el-campesino-que-murio-por-un-disparo-del-ejercito-en-el-catatumbo-articulo-912869/
[4] Ibid.
[5] Senado de la República, Intervención Jorge Calero, Vice defensor del Pueblo, Audiencia Comisión de DD.HH. 3 de agosto de 2020. Disponible en: https://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1580-falta-de-programas-del-estado-en-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-y-atencion-a-la-poblacion-desplazada-se-denunciaron-en-comision-de-dd-hh-las-comunidades-de-la-region-de-catatumbo-en-norte-de-santander-clamaron-acciones-concretas-y-la-instalacion-de-mesas-de-concertacion-y-reanudacion-de-dialogo-de-paz-con-el-eln-bogota-d-c-03-agosto-de-2020-prensa-senado-la-audiencia-publica-convocada-por-la-sen
[6] Amnistía Internacional, Colombia. 22 de julio de 2020.Decisión de erradicar forzosamente cultivos ilícitos podría generar violaciones de derechos humanos, Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/07/colombia-erradicar-cultivos-ilicitos-violaciones-derechos-humanos/
[7] Senado de la República, Intervención de Emilio Ropero de la Ong Conpaz. 3 de agosto de 2020. Audiencia Comisión de DD. HH. op.cit, supra 5.
[8] Pares. 18 de mayo de 2020. Plan de guerra contra las comunidades del Catatumbo. Disponible en: https://pares.com.co/2020/05/18/plan-de-guerra-contra-las-comunidades-del-catatumbo/
El 4 de junio de 2020, un disparo de fusil le destrozó la mano derecha a Fernando Montes Osorio, camarógrafo de la red de reporteros comunitarios Voces del Guayabero, otro disparo destrozó su maletín donde guardaba equipos de trabajo. Fernando grababa las imágenes del desembarco de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 1 y de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, del Ejército de Colombia, y registraba con su cámara las acciones de militares y policías contra los campesinos manifestantes en la vereda Tercer Milenio, municipio de Vista Hermosa, Meta. Ese día cerca de 2.000 campesinos se reunieron en el lugar, provenientes de varias veredas, para oponerse a la erradicación forzada de sus cultivos de coca. La protesta se originó ante una campaña desarrollada por el Ministerio de Defensa en esa zona ribereña del Guayabero desde el 26 de mayo anterior, cuando una decena de helicópteros arribó a dicha vereda. En esa ocasión la comunidad afirmó que además de erradicar los cultivos de coca los militares arrasaron con cultivos de yuca, plátano y maíz, también destruyeron y saquearon viviendas[1]. La organización de derechos humanos Corpohumadea, que visitó la zona, documentó cerca de 80 denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El 27 de junio Yoanny Yefer Vanegas, uno de los líderes de las comunidades movilizadas y reincorporado de las FARC, fue asesinado en inmediaciones de la vereda Picalojo, en la vía que conduce de Cachicamo a San José del Guaviare. Ese mismo día su hermano Yilmer Cardona, quien es líder de la asociación campesina del Guayabero ASCATRAGUA y presidente comunal de la vereda El Silencio, fue detenido por militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, trasladado al casco urbano de La Macarena y posteriormente liberado.
Desde entonces, los operativos de erradicación forzada se han tornado violentos sobre las comunidades de las veredas Tercer Milenio, El Silencio, Miraflores, La Reforma, Caño Cabra, Nueva Colombia, Caño San José y La Tigra; estas veredas forman parte de la jurisdicción de los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico, Meta. De este conjunto de acciones de la Fuerza Pública y de protestas ciudadanas, las organizaciones de derechos humanos que son acompañantes en terreno han denunciado casi un centenar de personas heridas, la mayoría con disparos de armas largas.
Antecedentes
Las comunidades que habitan los centros poblados rurales de Puerto Cachicamo, Puerto Nuevo y La Carpa, en Guaviare; Bellavista, en Puerto Concordia; La Tigra y La Reforma, en Puerto Rico; Nueva Colombia, en Vista Hermosa; y La Catalina, en La Macarena; padecen el vivir en un epicentro del conflicto armado entre el Estado y las FARC EP, lo que se esperaba tendría una disminución con la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Igualmente, se esperaba que dicho Acuerdo permitiese la sustitución de cultivos a partir de la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito -PNIS-, considerado en el punto 4 del Acuerdo.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha mantenido sus planes de erradicación forzosa. Los campesinos pidieron primero ser escuchados por el gobierno, ser incluidos en programas de sustitución voluntaria, inversiones en proyectos y respeto pleno a la “secuencia correcta”[2] establecida por la Corte Constitucional al declarar exequible el acto legislativo que le dio validez al Acuerdo de Paz de 2016.
Según el reporte de Viso Mutop publicado en julio de 2020[3], el dispositivo de erradicación forzada se militarizó y además se tornó violento contra las comunidades, lo que se acompaña con la falta de cumplimiento de los protocolos de erradicación y derechos humanos, establecidos en la Ley 30 de 1986, según la cual estas operaciones deben contar con acompañamiento del Ministerio Público para que puedan velar por el respeto pleno de los derechos humanos. En las erradicaciones forzadas de 2020, que tuvieron como protagonista a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega[4] del Ejército, se habrían violado también principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, como el principio de distinción, al disparar armas letales contra una protesta campesina; se censuró la libertad de prensa y fueron atacados periodistas comunitarios, además se confinó población civil en aras de erradicar los cultivos de coca.
Breve contexto de la región
El proceso de poblamiento del río Guayabero está históricamente conectado con la búsqueda de tierra y con la evolución de la legislación ambiental, configurándose una problemática socioambiental desde mitad del siglo XX. La parte más alta fue usada como refugio por las guerrillas de Manuel Marulanda en la década de los 60, lo mismo que se dio en las cuencas de los ríos Pato, Duda y Güejar. Según Alfredo Molano Bravo, una colonización armada[5] se expandió hacia la parte baja del río llegando hasta La Macarena, el actual municipio de Puerto Concordia y zona rural de San José del Guaviare.
El Congreso de la República, mediante la Ley 52 de 1948, declaró Reserva Nacional la Sierra de La Macarena, sin embargo, existían problemas de linderos y la falta de una autoridad responsable de ella que tuviera efectivo control. En 1965, mediante decreto presidencial, se establecieron límites en los que la frontera sur fue el río Guayabero. En 1971, a través de un acuerdo de la Junta Directiva del INCORA, se decidió sustraer más de 500.000 hectáreas de tierra para administrarlas a través de adjudicaciones a familias ubicadas en las inmediaciones de Caño Cabra, el río Guayabero, los ríos Ariari, Güejar y Cafre. A finales de los años 70 ya se hablaba de unas 5.000 personas viviendo en el interfluvio de los ríos Ariari y Guayabero.
Las comunidades fueron estigmatizadas por un discurso oficial emanado desde despachos y cuarteles. Una operación militar de “recuperación de la soberanía del estado” se efectuó a comienzos de 1986 dirigida por el General Harold Bedoya desde la VII Brigada del Ejército. Las comunidades denunciaron múltiples violaciones a derechos humanos lo que conllevó un par de “éxodos” campesinos, uno en 1986 hacia San José del Guaviare, y otro en 1987 hasta el casco urbano de La Macarena. Esas movilizaciones campesinas lograron acuerdos con representantes del Gobierno Nacional en los que se incluyeron, entre otros, temas de infraestructura y de sustitución de cultivos de coca, toda vez que la pasta base de coca se había convertido en la economía de sustento del proceso de colonización, ante la falta de presencia del Estado.
Pero la violencia contra esas comunidades no cesó nunca. Tampoco solución a los problemas de tierra o de sustitución de cultivos. Otra marcha campesina tuvo lugar en el Meta para exigir solución al problema de las tierras, pero una delegación del Gobierno Barco les propuso un estudio socioeconómico para encontrarle solución a su ocupación. Desactivada la protesta, un grupo de expertos de la Universidad Nacional presentó un conjunto de recomendaciones a partir de una exhaustiva investigación, la que concluyó en 1989 con la declaración del área de manejo especial de La Macarena –AMEM -y la zonificación de su territorio.
Durante los años 90, la expansión de la frontera agrícola continuó en el sur del Meta y Guaviare. Nuevos planes militares se desarrollaron para erradicar los cultivos de coca. Las fumigaciones aéreas con glifosato dieron al traste con los cultivos ensayados por el primer Programa de Desarrollo Alternativo –PDA- de Naciones Unidas ejecutado en Colombia, el programa PLANTE no llegó allí con su oferta, mientras que las FARC EP se fortalecieron hasta finales del fallido proceso de paz del Caguán. Después de esto, en los 2000, el gobierno nacional implementaría el Plan Colombia y el Plan Patriota con los cuales pretendió (otra vez) recuperar el control de esa región. Desarrolló un “Plan de Consolidación Territorial” que fue militarizado para limpiar La Macarena de cultivos ilícitos, pero que no atendió a las comunidades de la ribera del río Guayabero en los límites con Guaviare.
Consecuencias para el proceso organizativo y comunitario
La comunidad del Guayabero ha sufrido un proceso de aislamiento por parte de las instituciones del Estado. La estigmatización aupada por funcionarios gubernamentales ha llevado al señalamiento de organizaciones tales como Juntas de Acción Comunal, la Asociación Campesina ASCATRAGUA y, en particular, la Red Comunitaria de comunicación Voces del Guayabero. Recientemente, ha sido el acompañamiento de la Corporación Claretiana, SweFor Colombia[6] y Fundación DHOC, entre otras organizaciones, lo que ha permitido una mayor atención de la prensa nacional e internacional sobre la situación de estas comunidades.
Las comunidades han insistido en que se abra una mesa de diálogo sobre temas de tierras, derechos humanos y sustitución de cultivos, como principales, para lo cual han mantenido la vocería de líderes campesinos que desde comienzos de año han estado en intercambios con la institucionalidad desde una agenda ambiental de la región. Sin embargo, se ha creado un clima de seguimientos ilegales, persecución y señalamientos que impidió concretar en julio ese esfuerzo de diálogo. Más recientemente, el 27 de octubre, las comunidades crearon un Espacio Humanitario Campesino, con el cual buscan que se respeten los más mínimos estándares de humanidad en medio de las operaciones militares. Desde el espacio humanitario se planteó un diálogo directo con el gobierno nacional para resolver los problemas urgentes:
- Crisis de derechos humanos por erradicación forzada.
- La crisis humanitaria y de garantía de derechos, conexa con el anterior, educación, salud, y otras garantías sociales.
- Uso y tenencia de la tierra.
Dentro de las consecuencias para el proceso organizativo y el territorio que vale la pena destacar, está la agresión de que ha sido víctima el colectivo de periodistas y camarógrafos comunitarios que ha cubierto y denunciado lo ocurrido en esta región, cuyo trabajo ha hecho posible que se conozca la realidad en la zona.
[1]El Espectador. 6 de julio de 2020. Las denuncias de los campesinos del Guayabero contra el Ejército y las disidencias. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/campesinos-del-guayabero-denuncian-abusos-del-ejercito-y-las-disidencias/
[2] La secuencia correcta se encuentra en la Declaración de Principios Rectores del Desarrollo Alternativo y consiste en que la primera obligación de los estados para superar los cultivos ilícitos es invertir en desarrollo, provisión de servicios básicos y que como consecuencia de ello los cultivos se reducen. Por su parte, la Corte Constitucional señaló como secuencia de la política pública que primero se debe ofertar el PNIS, en caso de que no sea factible porque las comunidades se niegan se puede hacer erradicación terrestre y en última instancia se podrían fumigar los cultivos.
[3]Vargas R., Arenas P., Corporación Viso Mutop. Julio de 2020. Erradicación forzada y derechos humanos.
[4]Liga contra el Silencio. 30 de julio de 2020. El descontrol militar en Guayabero deja civiles heridos y el Estado calla. Disponible en: https://ligacontraelsilencio.com/2020/07/30/el-descontrol-militar-en-guayabero-deja-civiles-heridos-y-el-estado-calla/
[5]Molano. A. Selva adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare.
[6] Se pueden ver publicaciones de SweFor Colombia en su fanpage sobre su acompañamiento al río Guayabero, https://www.facebook.com/sweforcolombia/
En la semana del 25 de septiembre de 2017, a la vereda El Tandil de Tumaco, Nariño, llegó un grupo de Policía Antinarcóticos para erradicar de manera forzada cultivos de coca. Su presencia alertó a los campesinos de la zona, quienes se comenzaron a organizar para manifestarse de manera pacífica en contra de estas acciones. Con el pasar de los días personas de las veredas cercanas se sumaron a la manifestación y para el 5 de octubre en la mañana se contabilizaban alrededor de 1.500 campesinos en El Tandil. Ese día decidieron construir un cerco civil humanitario alrededor de la base antinarcóticos que se estableció en la zona, para impedir que la Policía se acercara a los cultivos. Se argumentaba que esta acción iba en contra de lo pactado en el recién firmado Acuerdo de Paz que abría la posibilidad de hacer sustitución voluntaria de cultivos[1].
Las personas resistieron durante varias horas. Una decena de líderes de los campesinos intentaron establecer un diálogo con la Policía y solicitaron la instalación de una mesa para llegar a acuerdos, pero en medio de esta situación y de manera sorpresiva e indiscriminada a las 10:15 a.m. los uniformados comenzaron a disparar de manera directa hacia la multitud[2]. 23 personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, y 7 fueron asesinadas: Diego Escobar Dorado (31 años), Nelson Chacuendo Calambas (29 años), Janier Usperto Cortés (26 años), Jaime Guanga Pai (45 años), Alfonso Taicús (32 años), Iván Darío Muñoz (39 años) y Aldemar Gil Guachetá (25 años).
La Fuerza Pública señaló que abrieron fuego para responder a los ataques del frente Oliver Sinisterra, disidencia de las FARC, pero las versiones de las personas que se encontraban en el lugar y las pruebas recogidas en la zona desmintieron esta versión[3]. Los únicos afectados fueron los campesinos a quienes dispararon sin consideración a pesar de estar completamente desarmados y en una manifestación pacífica. Desde la llegada de los erradicadores a la zona en diferentes espacios y en comunicados se llamó a prevenir hechos de confrontación inminentes, sin embargo, las instituciones hicieron caso omiso de estas alertas[4]. Los hechos de El Tandil se convertirían en la primera masacre después de la firma del Acuerdo de Paz, ejecutada además por agentes del Estado.
Antecedentes
Casi un año antes de la masacre, el Gobierno firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, lo que prometía cambios para el departamento de Nariño, especialmente por lo consignado en el punto 4, que planteaba la posibilidad de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Esto era muy importante para Tumaco considerado como uno de los municipios con más hectáreas sembradas de coca en todo el mundo, donde al momento de la masacre se registraban 23.148 hectáreas, que representaban el 16% del total sembrado en el país[5].
En un territorio como El Tandil, en el que la presencia del Estado es intermitente y donde sus habitantes no tienen asegurado un mínimo nivel de bienestar, la siembra de coca se convirtió para muchas familias en un medio de sustento. A pesar de estas vulnerabilidades los campesinos habían manifestado su voluntad de sustituir los cultivos a raíz del Acuerdo de Paz. Sin embargo, esta intención pesó menos que la presión del Gobierno por erradicar 100.000 hectáreas de coca antes de que finalizara el 2017[6] y que estaba en parte influenciada por la presión de Estados Unidos[7] para tomar medidas frente al aumento de cultivos en el país. Justamente, en medio de las operaciones para cumplir con el compromiso de erradicación ocurrió la masacre de El Tandil.
Breve contexto de la región
La vereda El Tandil se encuentra ubicada en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, Nariño, una zona marcada por la prácticamente nula presencia del Estado y los altos niveles de pobreza. Aspectos que se han hecho mucho más complejos por la aparición de grupos armados ilegales, que han dejado a la población civil en medio del conflicto armado.
Esta situación ha sido histórica en la zona. Desde finales de la década de los 90 la guerrilla de las FARC llegó al municipio de Tumaco, se estableció y tomó el control del territorio, lo que coincidió con las acciones militares en departamentos como Caquetá, Meta y Putumayo, que produjeron que los cultivos de coca se trasladaran hacia otros departamentos, entre ellos Nariño[8]. Las fumigaciones aéreas con glifosato aplicadas en Putumayo, en medio del Plan Colombia, han sido señaladas como las principales responsables del traslado de cultivos de coca hacia este departamento que tiene una ubicación estratégica, por su proximidad entre los Andes y el Pacífico, y por la frontera con Ecuador.
En los 2.000, grupos paramilitares, principalmente el Bloque Libertadores del Sur, disputaron el territorio a las FARC[9], lo que generó permanentes enfrentamientos y graves violaciones de los derechos humanos de las comunidades. Algunos años después las FARC consiguieron establecerse como el grupo armado hegemónico, especialmente en el municipio de Tumaco. Con el tiempo el narcotráfico se convirtió en una de las rentas fundamentales para la financiación de este grupo armado, actividad que se facilitó en la zona dada su estratégica ubicación geográfica, pero esto a la vez permitió la aparición de bandas criminales que buscaban también sacar beneficios de la exportación ilegal de cocaína. Este contexto se hizo mucho más complejo después de la firma del Acuerdo de Paz y la salida de las FARC del territorio, lo que ha desencadenado múltiples disputas de diferentes actores con intereses en el narcotráfico. A 2017 se conocía de la existencia de once grupos armados organizados en el municipio[10].
La geografía de Tumaco y su ubicación sobre el océano Pacífico, lo ha convertido en un lugar estratégico para la siembra de cultivos de coca y la salida por el mar de la cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Esto ha generado que el municipio sea reconocido como uno de los lugares con mayor número de hectáreas de coca en el país y, además, como una de las zonas más importantes para la salida de cocaína, ya que se cree que por Tumaco salen al año entre 200 y 300 toneladas de este producto, el 80% de lo que se produce en todo el país[11]. Para 2017, en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, zona en la que se encuentra ubicado El Tandil, existían 7.180 hectáreas de coca[12].
A raíz del Acuerdo de Paz, 16.568 familias en Tumaco se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, luego de una protesta campesina en los sectores de Llorente, Carretera, Guayacana en la vía de Nariño que conduce al mar. En Nariño se firmaron 29 acuerdos colectivos de sustitución voluntaria entre 2017 y 2018, pero también fue el departamento con mayor número de acciones de erradicación forzada en 2017, según la Defensoría del Pueblo[13].Lo anterior muestra como a pesar de la voluntad de los campesinos de hacer la transición hacia otro tipo de cultivos la amenaza de la erradicación forzada por parte del Estado ha sido permanente y, además, deben hacer frente a riesgos por las intimidaciones de grupos armados que quieren impedir la sustitución, así lo denunció después de la masacre de El Tandil el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, que puso en evidencia que mientras estas situaciones ocurren el PNIS se implementa a un ritmo lento[14].
Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio
A partir de la masacre de El Tandil, las comunidades y los familiares de las víctimas se han enfrentado de manera constante a la impunidad. Desde el mismo momento del hecho los agresores argumentaron que los asesinatos se dieron en medio de un ataque de las disidencias de las FARC, puntualmente del frente Oliver Sinisterra, que lanzaron cilindros bomba y dispararon contra las personas que se encontraban en la manifestación y contra la Fuerza Pública. Este fue el argumento que sostuvo el Ministerio de Defensa frente a la opinión pública y que, incluso, fue replicado por el entonces presidente Juan Manuel Santos[15].
Esta versión fue la que mayor peso tuvo, a pesar de los testimonios de los campesinos que estaban en el lugar y de las mismas pruebas que realizó la Fiscalía en la zona, que confirman que el ataque se hizo en una sola dirección, desde donde se encontraban los Policías hacia el lugar en el que estaban los campesinos[16]. De esta situación se derivó lo que los familiares de las víctimas han debido enfrentar en los años posteriores; lo primero es que, dando credibilidad a la versión oficial, la investigación quedará en manos de una fiscalía especializada en bandas criminales, decisión que desconoció las demandas de los representantes de las víctimas que pedían que la investigación se asumiera por un fiscal de derechos humanos, al tratarse de un hecho en el que tenían responsabilidad actores del Estado[17].
En enero de 2019 la Fiscalía imputó cargos de homicidio agravado y tentativa de homicidio al capitán Javier Enrique Soto García, comandante del Núcleo Delta de la Policía Nacional y al mayor Luis Fernando González Ramírez, comandante del Pelotón Dinamarca I del Ejercito Nacional[18]; a pesar de esto no se tomaron medidas contra estos dos militares, quienes solo siguen vinculados al proceso de investigación. Meses más tarde, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tumaco remitió el caso a la Justicia Penal Militar, por considerar que cumplía los requisitos mínimos para estar en su competencia ya que, según se afirmó, el hecho se produjo dentro de las operaciones del Plan Hércules del Ejército. Esta situación causó indignación a los familiares de las víctimas y a las comunidades por considerar que debido a la gravedad del hecho los responsables no deberían estar cobijados por el fuero penal militar[19].
Tres años después de la masacre y de hacer frente a una investigación que ha dado pocos resultados y que ha pasado por encima de los intereses de las víctimas, finalmente el 3 de noviembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará que la investigación sea nuevamente asumida por la justicia ordinaria y, posiblemente, por un fiscal de derechos humanos[20].
[1]Movice. 7 de octubre de 2020. Exigimos que justicia ordinaria asuma investigación por masacre de El Tandil. Disponible en: https://movimientodevictimas.org/en/exigimos-que-justicia-ordinaria-asuma-investigacion-por-masacre-de-el-tandil/
[2]Corporación Jurídica Yira Castro. 2 años de la masacre del tandil: primera masacre después de firmados los acuerdos de paz de La Habana. Disponible en: http://cjyiracastro.org.co/nuestro-que-hacer/2-anos-de-la-masacre-del-tandil/
[3]Revista Semana. 4 de octubre de 2019. Masacre de El Tandil: dos años después, las investigaciones toman un curso inesperado. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/investigaciones-por-la-masacre-de-el-tandil-en-tumaco/634694/
[4] Pares. Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en 10 municipios. Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/01/TUMACO-1.pdf
[5]UNODC. Julio 2017. Colombia, monitoreo de territorios afectados
por cultivos ilícitos 2016. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf
[6]El Tiempo. 14 de septiembre de 2017. Las cifras del Gobierno para destruir 100.000 hectáreas de coca. Disponible en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/plan-del-gobierno-para-la-destruccion-de-cultivos-de-coca-130962
[7]Revista Semana. 13 de septiembre de 2017. Trump amenaza con “descertificar” a Colombia, el gobierno responde. Disponible en: https://www.semana.com/mundo/articulo/donald-trump-amenaza-con-descertificar-a-colombia/540228/
[8]Rocha. C. 10 de febrero de 2014. Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto humanitario. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/926
[9]CIVP. 15 de febrero de 2014. Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto humanitario. Disponible en: https://verdadpacifico.org/dinmicas-del-conflicto-armado-en-tumaco-y-su-impacto-humanitario/
[10]Pares. Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en 10 municipios. Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/01/TUMACO-1.pdf
[11]Rocha. C. 10 de febrero de 2014. Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto humanitario. Disponible en: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/926
[12]Pares. Lo que ocurre en Tumaco puede ocurrir en 10 municipios. Disponible en: https://pares.com.co/wp-content/uploads/2018/01/TUMACO-1.pdf
[13]Defensoría del Pueblo, delegada para asuntos agrarios. Diciembre de 2017. Análisis de la fase inicial del Programa PNIS.
[14]Verdad Abierta. 7 de octubre de 2017. Tensión por masacre de Tumaco se traslada a los discursos. Disponible en: https://verdadabierta.com/tension-por-masacre-de-tumaco-se-traslada-a-los-discursos/
[15]Ibid.
[16]Revista Semana. 4 de octubre de 2019. Masacre de El Tandil: dos años después, las investigaciones toman un curso inesperado. Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/investigaciones-por-la-masacre-de-el-tandil-en-tumaco/634694/
[17]Ibid.
[18]Fiscalía. 24 de enero de 2019. Por muerte de siete campesinos en zona rural de Tumaco (Nariño), Fiscalía judicializó a dos oficiales. Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/por-muerte-de-siete-campesinos-en-zona-rural-de-tumaco-narino-fiscalia-judicializo-a-dos-oficiales/
[19]Movice. 7 de octubre de 2020. Exigimos que justicia ordinaria asuma investigación por masacre de El Tandil. Disponible en: https://movimientodevictimas.org/en/exigimos-que-justicia-ordinaria-asuma-investigacion-por-masacre-de-el-tandil/
[20]Movice. 5 de noviembre de 2020. Por solicitud de las víctimas, Fiscalía pide que el caso de la Masacre de El Tandil regrese a la justicia ordinaria. Disponible en: https://movimientodevictimas.org/en/por-solicitud-de-victimas-fiscalia-pide-que-caso-de-la-masacre-de-el-tandil-regrese-a-justicia-ordinaria/
Marco Rivadeneira fue asesinado el 19 de marzo de 2020 en la vereda Nueva Granada, corredor Puerto Vega – Teteyé, Puerto Asís, Putumayo, presuntamente por las disidencias del Frente 48 de las FARC que hace parte de la estructura armada autodenominada La Mafia. Los hechos ocurrieron mientras se encontraba desarrollando una reunión con campesinos de la vereda para la socialización de los avances de la fase de diagnóstico, dentro del proceso de la mesa de concertación entre campesinos del corredor Puerto Vega – Teteyé y el Gobierno Nacional para la sustitución voluntaria de cultivos por fuera del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En medio de la reunión fue requerido y sacado del lugar por tres hombres armados vestidos de civil. Pocos minutos después llegó la noticia de su asesinato en inmediaciones del lugar.
Marco era una persona reconocida por su compromiso indeclinable con la defensa de los derechos humanos y la transformación productiva del departamento del Putumayo, por ello trabajó de manera incansable por los derechos del campesinado, la sustitución voluntaria de cultivos y la construcción de la paz con y para las comunidades. Este compromiso lo llevó a hacer parte de distintos procesos y articulaciones: era el presidente de la Asociación Campesina del Puerto Asís -ASOCPUERTOASIS-, vocero de la Plataforma Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, dirigente del Coordinador Nacional Agrario -CNA- y del movimiento social y político Congreso de los Pueblos. Por esta razón el homicidio de Marco constituye un caso paradigmático de las agresiones cometidas desde la firma del Acuerdo de Paz contra los liderazgos y procesos campesinos comprometidos con las iniciativas institucionalizadas o no de sustitución voluntaria.
Antecedentes
En agosto 6 de 2019, tras un proceso de movilización de siete veredas del Corredor Puerto Vega-Teteyé (La Esmeralda, La Cumbre, El Azul, Nueva Granada, Caucasia, Villa Marquesa, Alto Santa María) bajo el liderazgo de ASOCPUERTOASIS, se logró constituir una mesa de diálogo y concertación con el Ministerio del Interior, con el objetivo de avanzar en la transición productiva de la economía de la coca a la economía campesina en este corredor. La movilización se originó como respuesta al operativo violento de erradicación forzada llevado a cabo por la Unidad del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional y el ESMAD en la vereda La Cumbre el 3 junio de 2019, acción en la que Deobaldo Cruz, miembro de ASOCPUERTOASIS perdió uno de sus ojos.
Breve contexto de la región
Con posterioridad al Acuerdos de Paz y aprovechando la histórica ausencia del Estado en el departamento del Putumayo, distintos grupos armados con fuertes intereses con el negocio del narcotráfico se dieron a la tarea de copar el territorio, entre ellos las disidencias del Frente 1 Carolina Ramírez y del Frente 48 de las FARC y la organización sucesora del paramilitarismo conocida como La Mafia, entre quienes existirían acuerdos de trabajo conjunto y alianzas con estructuras internacionales de narcotráfico. Según distintas denuncias públicas, testimonios de las comunidades e investigaciones de prensa, el control de La Mafia “no solo se limita a las veredas y zonas rurales del corredor Puerto Vega – Teteyé y de varios municipios, sino que se ha extendido a las zonas urbanas y aledañas a las cabeceras municipales, consolidando su poder territorial durante la cuarentena”[1].
Recientemente se ha conocido también la conformación de la estructura Comandos de Frontera la que, según informes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, es la misma estructura La Mafia que con el cambio de nombre busca desligarse de asesinatos de líderes sociales y “responde a la alianza entre antiguos paramilitares del Bloque Sur y algunos integrantes del Frente 48 de las Farc que se rearmaron luego de firmar el Acuerdo de Paz en noviembre de 2016”[2].
Durante el año 2020 se incrementaron en el departamento los asesinatos contra los liderazgos sociales. El informe semestral del Programa Somos Defensores titulado El virus de la violencia, registró 9 casos en el departamento, de los cuales 4 estaban involucrados con iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos. Según la Comisión de Justicia y Paz, hasta septiembre de 2020 habían sido asesinados 19 antiguos combatientes de las FARC y suscriptores del Acuerdo de Paz, y en el mes de noviembre se reportaron cuatro asesinatos más[3].
Igualmente, se ha evidenciado un aumento de las amenazas, especialmente durante el periodo de aislamiento social como respuesta a la pandemia del COVID-19.
Desconcierta este aumento de las agresiones a los liderazgos sociales y la capacidad de control de estructuras armadas al margen de la ley, teniendo en cuenta que las fuerzas militares tienen desplegada en la región las 7 unidades tácticas que integran la Brigada XXVII de Selva: Batallón de Infantería Nº 25, con sede en Villagarzón; Batallón de Selva Nº 49, con sede en La Tagua; Batallón Especial Energético y Vial Nº9, con sede en Santana; Batallón de Ingenieros Nº27, con sede en Puerto Asís; Batallón de Artillería Nº 27, con sede en Santana; Batallón A.S.P.C Nº 27, con sede en Mocoa; Batallón de Instrucción y Entrenamiento Nº 27, con sede en Mocoa[4]. Esto además de la presencia regular de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-.
En cuanto a la erradicación forzada, con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, han aumentado las denuncias en el departamento sobre el accionar violento de la Fuerza Pública en el marco de los operativos desde el 2019 y, particularmente, durante el periodo de confinamiento obligatorio[5]. Paralelamente, el incumplimiento de los acuerdos firmados en el marco de los PNIS ha elevado la confrontación y protestas de las comunidades. La Agencia de Renovación Territorial[6] -ART-, informó que a corte 31 de agosto de 2020, que 20.326 familias entraron a hacer parte del PNIS en el Putumayo: 11.905 familias cultivadoras, 4592 no cultivadoras y 3829 que hacen parte del grupo de recolectores. En 2019, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, 20.000 campesinos arrancaron de manera voluntaria más de 12.000 hectáreas de coca en el Putumayo y, según la ART, el número de hectáreas erradicadas voluntariamente es de 9.547. No obstante, la misma Agencia informa que un total de 3.592 familias han sido retiradas del Programa PNIS en Putumayo por las siguientes razones: inasistencia a las actividades de asistencia técnica integral (39), incumplimiento de compromisos de erradicación (444), incumplimiento de requisitos administrativos (2.215), incumplimiento de verificación en terreno (431), retiro voluntario (390), ya atendido (73)[7].
Varios de los operativos de erradicación forzada han sido realizados en el mismo corredor Puerto Vega – Teteyé y concretamente en las veredas vinculadas a la Mesa de Concertación con el Ministerio del Interior para la transformación de cultivos de la que hace parte. En Nueva Granada, por ejemplo, se realizaron operaciones de erradicación dos días después del asesinato de Marco Rivadeneira. Con estos operativos no solamente se están desconociendo por parte del Gobierno Nacional los acuerdos hechos con las comunidades en la Mesa, sino también el deber de prevención temprana y urgente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T690 de 2017 y en el Auto 387 de 2019, mediante la cual se hace seguimiento al fallo de tutela que ordenó la suspensión de la aspersión aérea con glifosato (T-236 de 2017) y se establece una jerarquía en la aplicación de medidas de erradicación, dando prioridad a la sustitución voluntaria.
Consecuencias para el proceso organizativo y el territorio
El asesinato de Marco Rivadeneira ha tenido un impacto fuerte en la dinámica desarrollada por ASOCPUERTOASIS. Después del hecho, el dirigente de la asociación Deobaldo Cruz y el secretario de la Mesa de Concertación con el Ministerio del Interior se vieron obligados a salir de Puerto Asís, pues acompañaban a Marco en la vereda Nueva Granada el día en que fue asesinado y hasta el momento continúan manteniendo un bajo perfil. De la misma manera, los trabajos de la Mesa de Concertación se han visto debilitados; aunque formalmente ha sesionado veces, no se continuó desarrollando la ruta de trabajo acordada que se encontraba en la primera fase de caracterización debido a los riesgos que implica moverse por el corredor Puerto Vega-Teteyé; las siete veredas que hacen parte de la misma vienen participando en otros espacios con el gobierno regional y nacional sobre sustitución cultivos de uso ilícito y situación de derechos humanos.
Desde una perspectiva regional, la dinámica de la violencia que azota al departamento del Putumayo tiene consecuencias complejas y múltiples en el territorio que afectan los procesos organizativos y comunitarios. El control armado trasciende la economía ilegal en estricto sentido (flujos de producción, comercialización de coca) y se inserta en la vida misma de la gente y su tejido social.
La impunidad también sigue reinando en el territorio. Hasta el día de hoy el proceso por el asesinato de Marco Rivadeneira sigue en etapa de investigación en la Fiscalía y no hay ningún capturado.
En el caso de Deobaldo Cruz, el Procurador General de la Nación, pese a petición concreta que se le formuló, se negó a ejercer el poder preferente en la investigación disciplinaria de ese hecho, pues a juicio de esa entidad el hecho que dio lugar a la queja no constituye una violación de los derechos humanos y por tanto, no la asignó ni a la Delegada Disciplinaria para los Derechos Humanos ni a la Delegada para la Policía Nacional, habiendo remitido la solicitud a la Procuraduría Regional del Putumayo, la cual también se negó a asumir la investigación, por lo cual esta permanece en la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía del Putumayo. La pesquisa penal la dirige una Fiscalía Local de Mocoa, sin que se haya hecho imputación ni desarrollado acciones investigativas.
[1]Cajar. Denuncia pública “En Putumayo, armados amenazan con asesinar a personas con COVID-19”. Disponible en: www.colectivodeabogados.org
[2]El Espectador. 12 de septiembre de 2020. “Comando de la Frontera”: la alianza de paramilitares y disidencias que acecha Putumayo. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/comando-de-la-frontera-la-alianza-de-paramilitares-y-disidencias-que-acecha-putumayo/
[3]El Espectador. 20 de noviembre de 2020. Nuevo asesinato de excombatiente de las Farc, esta vez en Puerto Caicedo (Putumayo). Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/nuevo-asesinato-de-excombatiente-de-las-farc-esta-vez-en-puerto-caicedo/
[4]Ejército Nacional. Brigadas. Disponible en:https://www.ejercito.mil.co/conozcanos/organigrama/unidades_militares/brigadas/240197
[5]Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. 14 de julio de 2020. Erradicación forzada: una política que mata. Disponible en: https://www.observatoriodetierras.org/erradicacion-forzada-politica-que-mata/?doing_wp_cron=1595607774.1679968833923339843750
[6] Respuesta Derecho de Petición Asociación Minga, radicado 20202300057022.
[7] Ibid.
De ese modo, una de las conclusiones más fuertes de este informe es que existen “tres grupos de población en riesgo actualmente: i) Quienes se oponen a la erradicación y por ello son victimizados. ii) Quienes fueron o son promotores del programa PNIS y no cuentan con garantías de cumplimiento por parte del gobierno y de seguridad en sus territorios. iii) Quienes construyen en sus territorios apuestas autogestionarias o lideran procesos de negociación para otros programas en lógica de sustitución o reconversión, aunque estén por fuera del PNIS”.
Y prosigue: “En todos los casos hay victimización de hombres y mujeres y, en algunos casos, de niños también. Dentro de las comunidades en mayor riesgo se encuentran indígenas y afrodescendientes, quienes vienen siendo atacados por actores de distinta naturaleza”.
Además de hacer esa radiografía sobre la violencia que padecen los promotores del proceso de sustitución, a lo largo de tres capítulos más, este informe detalla las luchas del campesinado por ser reconocido como un sujeto político y social, que ha padecido el olvido y la exclusión estatal; hace un recuento de las políticas de lucha contra las drogas en Colombia y sus efectos en el campo; y evalúa la implementación del PNIS y destaca iniciativas de sustitución propias de algunas comunidades.
