Un estudio realizado por Solivida y Pax Christi, con víctimas de la violencia en Cali, muestra que la mayoría de ellas siguen desconfiando de las autoridades y por eso no denuncian sus casos ni inician el proceso de reparación.
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Así lo demostró el estudio de 100 casos realizado por la asociación de Solidarios por la vida SOLIVIDA y la ONG internacional IKV Pax Christi, que encontró además que el estado anímico y mental de las personas que ha sido objeto de algún delito es complejo. Existen niveles elevados de incertidumbre y problemas para adaptarse a condiciones de vida normales. El estudio encontró que las víctimas pierden relación consigo y con su entorno.
El estudio, titulado Reparación formal y Reparación real – interrogantes y sugerencias, indicó que muchas de las víctimas, en especial, de los hechos más graves, son presas de la intimidación y el temor a denunciar, lo que aumenta los niveles de impunidad y de no reparación de las personas afectadas.
En la mayoría de casos el drama de la víctimas es invisible: “hay dolores que no se muestran por temor, otros que no se dicen por pudor, otros que no se muestran porque no se sabe de que manera hacerlo. La invisibilidad es una característica predominante”, afirma el documento.
Según el estudio, existe un desconocimiento generalizado de las víctimas acerca de la importancia de denunciar casos como los de desaparición forzada. Ante este delito, los afectados sienten miedo de que las represalias de la denuncia recaigan sobre sus familiares desaparecidos.
En cuanto a las víctimas de lesiones personales, en reiterados casos hay una distorsión de los relatos porque se presume, con razón, que la información puede filtrarse y las personas pueden ser re victimizadas, concluye el informe.
En este sentido, SOLIVIDA destacó la importancia de que se promuevan la creación de redes sociales que brinden un apoyo a las víctimas para que sus procesos de reparación sean más afectivos.
Según el estudio, la situación de estas víctimas y de sus familiares, provenientes en su mayoría de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, evidencia que la cobertura de atención a las víctimas de esa zona todavía es muy baja.
La falta de información entre las víctimas, y el desconocimiento de normas y procedimientos jurídicos por parte de las comunidades afectadas evidencian que en el país hacen falta servicios de orientación y gestión que mitiguen el impacto del conflicto sobre las poblaciones. El estudio demostró que muchas víctimas no tienen conocimiento sobre trámites y no saben cómo llegar a estos.
Adicionalmente, la situación de extrema pobreza y falta de recursos obligan a las personas y comunidades afectadas a abandonar los trámites que adelantan para obtener los beneficios que les otorga la Ley en su calidad de víctimas.
Uno de los problemas centrales para las víctimas se ve reflejado en la imposibilidad legal del Estado para reconocerlos y atenderlos. Un alto porcentaje de víctimas y de sus familiares son indocumentados. “En la Costa Pacífica es muy frecuente encontrar víctimas y familiares que no tienen cédula ni registro civil”.
El estudio
De los 100 casos estudiados en Calí, 70 fueron homicidios, 39 de ellos perpetrados por paramilitares del Bloque Calima. De estos 39 sólo 7 han sido denunciados ante un juez de Justicia y Paz, destacó SOLIVIDA.
La situación de estas víctimas y de sus familiares, provenientes en su mayoría de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, evidencia que la cobertura de atención a las víctimas de esa zona todavía es muy baja.
La falta de información entre las víctimas, y el desconocimiento de normas y procedimientos jurídicos por parte de las comunidades afectadas evidencian que en el país hacen falta servicios de orientación y gestión que mitiguen el impacto del conflicto sobre las poblaciones. El estudio demostró que muchas víctimas no tienen conocimiento sobre trámites y no saben como llegar a estos.
Adicionalmente, la situación de extrema pobreza y falta de recursos obligan a las personas y comunidades afectadas a abandonar los trámites que adelantan para obtener los beneficios que les otorga la Ley en su calidad de víctimas.
Uno de los problemas centrales para las víctimas se ve reflejado en la imposibilidad legal del Estado para reconocerlos y atenderlos. Un alto porcentaje de víctimas y de sus familiares son indocumentados. “En la Costa Pacífica es muy frecuente encontrar víctimas y familiares que no tienen cédula ni registro civil”.
El 85% del total de las víctimas del estudio son hombres.
El 88% de los hechos relacionados con las víctimas ocurrieron en los departamentos de Valle (41%), Nariño (32%), Cauca (12%) y Choco (3%).
Los delitos relacionados en el estudio de caso son 70 homicidios, 15 desapariciones, 11casos con lesiones severas discapacitantes, 3 casos de secuestro y 1 de tortura. 78% de estos casos ocurrieron entre el año 2000 y el 2008.
De los 11 casos registrados de víctimas con lesiones personales discapacitante severas no han presentado ninguna denuncia ante el fiscal competente de Justicia y Paz.
