Esta zona costera del departamento de Chocó, bañada por el océano Pacífico, está sometida por organizaciones del narcotráfico. El reciente asesinato de una ambientalista es un nuevo capítulo dramático que impregna de temor a sus pobladores y a quienes están ligados a la región por asuntos turísticos, científicos y culturales.
Ya han pasado nueve días desde que encontraron el cuerpo sin vida de Juana Perea en las playas de Nuquí, a poco más de 30 metros de la estación de Policía del centro poblado, y todavía no son claras las razones de su asesinato.
El homicidio de esta ciudadana colombo-española, con ascendencia gallega, conmocionó a lugareños y visitantes. Como pólvora se regó la noticia: “Mataron a una paisa, mataron a una paisa”. Así anunciaron el deceso violento de Juana. En aquellas tierras, el calificativo de “paisa” se usa para referirse a quien viene del interior, independiente de si es de Medellín, Bogotá, Pereira o Manizales.
El hallazgo del cuerpo sin vida de Juana afectó de inmediato a quienes la conocían. No entendían por qué le quitaron la vida a una mujer que había llegado a la región siete años atrás con su esposo, un estadounidense, a promover el turismo y a trabajar con las mujeres y los jóvenes de las comunidades nativas.
Los reportes indican que los asesinos le propinaron un tiro en la cabeza, a la manera de un ajusticiamiento, más propio del crimen organizado que de simples delincuentes. Quienes la vieron por última vez cuentan que estaba en la zona de Termales, donde vivía y construía su proyecto de vida. Pero su cuerpo fue hallado a las 6 de la mañana del pasado 29 de octubre en las playas de Nuquí, a 40 minutos en lancha de su lugar de residencia.
Este homicidio le sumó zozobra a una región que tiene un alto valor estratégico para el narcotráfico, pues hace parte de una ruta marítima de exportación de clorhidrato de cocaína que comienza en los puertos naturales de Tumaco, en Nariño; pasa por Buenaventura, Valle del Cauca; y transita por aguas chocoanas, hasta llegar a las costas panameñas.
En Nuquí, así como en los vecinos municipios de Bahía Solano y Juradó, el negocio está bajo la hegemonía de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que dominan la región costera a su antojo y sin mayor contención de las autoridades. “Aquí todos sabemos cómo funcionan las cosas, pero para vivir más hay que guardar silencio”, dijo uno de sus pobladores, consultado por este portal.
¿Atacan liderazgos?
El asesinato de Juana trajo a la mente de algunos lugareños lo ocurrido el 4 de junio de 2017, cuando varios hombres armados llegaron a un hostal del sector conocido como Playa Morromico, zona costera del Parque Nacional de Utría, y mataron a Javier Montoya, un antioqueño que pasó 40 de sus 60 años de vida promoviendo las bellezas naturales de Nuquí. Este crimen permanece en la impunidad. (Leer más en: En riesgo zona turística del Pacífico chocoano)
“Es un mismo guion”, afirma un poblador de Nuquí, quien tuvo la oportunidad de conocer a Juana y a Javier. “Es muy doloroso porque eran dos personas muy parecidas en su forma de ser, de pensar y relacionarse con las comunidades, ellos nos transmitían muy buenas energías”.
Ambas víctimas tenían varios puntos en común: amaban la región e hicieron de ella su proyecto de vida; estaban comprometidas en promover sus bondades naturales; trabajaban hombro a hombro con las comunidades locales; y ayudaban a construir conciencia ambiental entre los pobladores y los visitantes.
Una de las últimas actividades de la ciudadana colombo-española en defensa del medio ambiente fue participar en las discusiones sobre las consecuencias negativas que traería para la región Pacífica la construcción de un puerto de aguas profundas en la ensenada de Tribugá, proyecto privado que ocuparía 550 hectáreas en jurisdicción de Nuquí, según la Cámara de Comercio de Manizales.
Esa megaobra, en la que se pretendía invertir 178,5 millones de dólares en su fase inicial, de acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y que fue proyectada por empresarios caldenses, risaraldenses y antioqueños desde hace más de 30 años, venía siendo impulsada por la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A. (SPA), pese a la resistencia de organizaciones defensoras del medio ambiente que insistían en los graves daños que le ocasionaría a la biodiversidad del Pacífico chocoano, una de las sensibles del mundo.
El debate se intensificó este año por cuenta de la decisión que debía tomar la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre la concesión solicitado por SPA, que contemplaba la construcción del puerto y su explotación exclusiva por 20 años. Su propósito era consolidar el concepto de “ciudad puerto” a través de múltiples intervenciones.
No obstante, luego de cuatro años de análisis, la entidad estatal rechazó la petición de SPA y mediante comunicado de prensa difundido el pasado 29 de septiembre, anunció que “al no cumplir los requerimientos que constituyen un imperativo legal para dar continuidad del proyecto, en aplicación de las normas pertinentes, la ANI declara el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria”.
Se puso fin a una gran discusión internacional sobre el impacto negativo que causaría esa obra y que promovió Juana. “No sabemos si la mataron por ese activismo”, admitió uno de sus amigos, quien detalló que, desde hace varios años, “las comunidades de la zona de Tribugá han sufrido desplazamientos forzados y acosos por parte de grupos armados ilegales”.
Uno de las imágenes más fuertes del asesinato de Juana fue encontrar su cuerpo semidesnudo, sin pantalones, lo que hizo presumir, inicialmente, que se trataba de una violación, pero, tal como lo narró un visitante que estaba esa mañana trágica en Nuquí, se trataba de un asunto cultural: “Una señora se nos acercó y nos dijo que quienes la mataron le quitaron los pantalones porque con ello evitaban que el alma de la víctima los persiguiera”.
Al momento del asesinato, su esposo, Dave Forman, bombero de profesión, se encontraba trabajando en Afganistán, donde presta sus servicios a la firma estadounidense Fluor Corporation, que ejecuta contratos de apoyo logístico al Ejército americano.
En su cuenta de Facebook, Dave recordó el día de su matrimonio ante autoridad civil, ocurrido el 8 de enero de 2019: “Fue bajo perfil, y muy incierto, pero cuando nos casamos fue uno de los días más alegres de mi vida. Lo hicimos de esa manera con planes de tener una boda gloriosa en nuestra playa con todos nuestros amigos y familiares, después de que nuestro hotel estuviera en funcionamiento. Realmente siento que nunca hayamos tenido la oportunidad de hacer eso. Será mejor que me estés esperando con un vestido de novia cuando muera”.
Juana y Dave habían adquirido un predio en la zona de Termales, una de las más apetecidas para el turismo porque a pocos minutos de las playas brotan aguas termales la montaña, uno de los fenómenos naturales que atraía a los visitantes. Allí pretendían hacer su hotel.
Pero el proyecto iba más allá de sus propios intereses. “Estaba ayudando a organizar a las mujeres en el tema turístico y venía trabajando con los hoteleros en los protocolos de bioseguridad para que la administración municipal permitiera abrir el sector turístico”, cuenta uno de sus amigos.
¿Qué se pierde con el asesinato de Juana? Son muchas las pérdidas, reconocieron varios entrevistados para este artículo. Uno de ellos dijo que se pierde a una gran aliada en la investigación de las ballenas jorobadas a su paso por Nuquí, que se pueden avistar justo en la ensenada de Tribugá, uno de sus sitios predilectos para el apareamiento, alumbramiento e inicio de la crianza de estos grandes cetáceos.
“Ella fue de las primeras personas que apoyó nuestro trabajo este año para continuar con los estudios de las ballenas”, cuenta uno de los jóvenes científicos. “Y nos hizo una petición: que la primera ballena que viéramos le pusiéramos el nombre de Filomena”.
En su homenaje y como una manera de preservar lo que Juana representó, el pasado domingo pintaron en una de las paredes de la escuela rural mixta del corregimiento de Coquí un mural cuya imagen central es la ballena Filomena.
Quienes fueron más cercanos a sus labores comunitarias plantearon una visión bastante crítica de las consecuencias de ese homicidio. “Se pierde la confianza de ganas de ayudar, de entregarse a las comunidades, para sacar los procesos adelante”, aseveró uno de los amigos de Juana.
También se pierde la confianza de defender un territorio que les pertenece y uno de sus mayores temores, la confianza del turista. Nuquí vive, esencialmente, del turismo. Ante ello, uno de pobladores consultados agregó: “No sabemos cómo será la temporada turística de fin de año, cómo vamos a seguir trabajando. Siento que con lo que le ocurrió a Juana podría repercutir negativamente en nuestros proyectos”.
Pese a las adversidades, los nuquiseños se empeñan en resistir y avizorar un mejor futuro: “Hace muchos años hacemos un trabajo para que crean en nosotros. Tenemos que seguir empoderándonos y no dejarnos batir por tantas cosas que pasan”, afirmó uno de los entrevistados por este portal.
El cuerpo de Juana fue inhumano en el cementerio de Nuquí en un ataúd donado por los hoteleros y en medio de alabaos cantados por mujeres, un ritual propio del Pacífico colombiano.
Códigos de vida
“Ser líder es también saber respetar muchas cosas”, reconoció una de las personas en Nuquí consultadas. Y dejó entrever que quienes lideran procesos de empoderamiento de jóvenes y de mujeres, como lo venían haciendo Juana y Javier, “podrían ser mal visto por los ilegales”.
Y si algo han desarrollado los nuquiseños es la sensibilidad, no sólo por estar cerca al mar y tener a sus espaldas una espesa selva, sino porque justo eso, que son sus riquezas, los narcotraficantes las convirtieron en espacios de riesgo.
“El miedo permite que uno se vuelva sensible y cauteloso a cualquier cosa que esté pasando”, afirmó uno de los líderes de Nuquí. “Hay que ser muy sensible a muchas cosas: aprender el sonido de un motor y saber quién está llegando sin verlo. Eso es lo que uno tiene que aprender para sobrevivir acá”.
Buena parte de los sonidos de motores se escuchan a la media noche, cuando el mar es cortado por veloces lanchas que transitan hacia Panamá cargadas con alijos de clorhidrato de cocaína, en su camino a los mercados norteamericanos. Buena parte de esa droga proviene de las zonas de cristalización del sur del país.
La situación de vulnerabilidad de las comunidades se viene advirtiendo desde 2016, cuando el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, emitió el Informe de Riesgo N° 020-16A.I., fechado el 7 de junio de ese año.
En ese documento se lee que tanto los ‘gaitanistas’ como la guerrilla del Eln estaban en plan de expansión para copar los territorios que abandonaron los frentes 34 y 57 de las extintas Farc en su proceso de reincorporación a la legalidad ante los avances de las conversaciones de paz que adelantaba en La Habana, Cuba, con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Según el SAT, los corregimientos de Partadó y Arusí, en el municipio de Nuquí, “han registrado presencia de hombres armados que se identifican como Autodefensas Gaitanistas de Colombia”. Además, reseñaron afectaciones en los corregimientos de Jobí, Coquí, Panguía, Tribugá y Jurubirá, “ubicados en la zona costera y donde se han establecido controles contra la población civil y el desarrollo de estrategias de inteligencia”.
Esta agencia del Ministerio Público estableció que en mayor grado de riesgo se encontraban “las comunidades afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor General del Municipio de Nuquí los Riscales, consejos comunitarios locales de Arusí, Jurubida, Partadó, Tribuga, Coquí y Panguí; y las comunidades indígenas pertenecientes al resguardo indígena Ríos Jurubida, Chorí, Alto Baudó, en el municipio de Nuquí”.
Cuatro años después la situación no ha variado de manera positiva. Así fue advertida por un conjunto de organizaciones sociales a través del cuarto informe de seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó, divulgado hace varias semanas: “[…] las comunidades rurales, incluso urbanas, de la subregión se encuentran en situación de confinamiento, en la medida en que se prohíbe la libre movilidad y el desarrollo de las actividades cotidianas y productivas de la población, se retienen alimentos y bienes necesarios para la supervivencia como las lanchas y motores”.
La pobreza que padecen los nuquiseños, agravada por las restricciones impuestas desde marzo de este año por el gobierno nacional para contener la expansión del covid-19, ha sido aprovechada por los narcotraficantes para reconfigurar la economía local y reclutar “mano de obra”.
Además, se han generado prácticas que, paradójicamente, están ligadas a los operativos de interdicción marítima que adelantan las autoridades en altamar para incautar los alijos de droga ilegal. “Algunas personas recogen plata para pagar gasolina y en lanchas salen a buscar cargamentos que han sido arrojados al mar por los traficantes cuando detectan la presencia de las autoridades”, contó un poblador.
Culturalmente también se observan cambios en el gusto musical. En Nuquí se posicionó entre los jóvenes el tema “Narcolancha”, una apología al negocio del narcotráfico en ritmo de reggaetón interpretada por un artista llamado El Bewy, que describe la labor de quien lleva droga en lanchas desde Tumaco hasta Panamá y lograr hacer la entrega. “Ahora soy un empresario en Colombia y Panamá, como Pablo Escobar”, dice uno de sus coros.
En el ambiente nuquiseño riñen los alabaos en honor a Juana y la música que celebra las actividades ilegales de aquellos que, quizás, la mataron. Es un choque cultural en una región carente de la presencia integral del Estado, pero donde muchos resisten el embate de las adversidades.
“Desde hace muchos años hemos venido siendo secuestrados, violentados, pero hemos sido resistentes en el territorio y aquí estamos, porque hemos dicho que es nuestro territorio y aquí nos vamos a quedar”, reiteró un líder local.
Nota del editor: por razones de seguridad, los nombres de las personas entrevistadas fueron omitidos.
