El exjefe paramilitar señaló al Estado colombiano como el responsable del secuestro, asesinato y posterior desaparición de Kimmy Pernía Domicó, líder del pueblo Embera Katío. Esa versión riñe con la expuesta hace 13 años ante fiscales de Justicia y Paz. ¿Qué impacto tendría su nueva explicación en el proceso de extradición que enfrenta en Estados Unidos?
El señalamiento no podía ser más contundente: “Lo del líder Kimy Pernía Domicó fue un crimen de Estado”. La frase fue pronunciada por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso el pasado 1 de septiembre durante una conversación telefónica con la hija del líder indígena, Martha Cecilia Domicó.
El diálogo, que se conocía desde hace más de un mes por versiones de prensa, fue divulgado en su integridad el pasado viernes durante el Sexto Encuentro por la Verdad mediante un corto video realizado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), que ahondó en los impactos que ha dejado el conflicto armado entre los 115 pueblos indígenas del país, así como en mostrar los modos de resistencia ante la violencia e incentivar el reconocimiento de responsabilidades.
En ese escenario de Verdad se conocieron los detalles del diálogo que sostuvieron la indígena Embera Katío y el exjefe paramilitar, quien intentó explicar las razones que llevaron a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a matar y desaparecer a Kimmy Pernía Domicó en hechos ocurridos el 2 de junio de 2001 en Tierralta, Córdoba, un fortín de Mancuso y su estructura criminal.
“Yo como miembro de facto recibí una llamada del Estado, de las Fuerzas Militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño en este sentido de asesinar, nuestras órdenes eran de dar de baja, eso significa asesinar al líder Kimmy Pernía Domicó”, precisó quien fuera el jefe del Bloque Norte de las Auc.
Mancuso expuso en esa llamada las dos razones que llevaron a las Auc a matar al vocero de las comunidades Embera Katío cordobesas: de un lado un supuesto apoyo a las estructuras de la guerrilla de las Farc que operaban en sus territorios; y de otro, los reclamos por la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá, que afectaba sus costumbres y buen vivir.
“[…] decían que ustedes allá alimentaban a los grupos subversivos que estaban en la zona”, afirmó el exjefe paramilitar. Y en relación a la construcción de Urrá, sostuvo que a raíz de las protestas lideradas por Kimmy Pernía Domicó, “empezaron acciones sistemáticas desde el Estado colombiano, guiadas a debilitarlos a ustedes y terminar cualquier intento de reivindicar o materializar sus derechos”.
Mancuso reforzó esa versión agregando que, en un futuro, aún no muy claro, “les vamos a dar pautas que ustedes van a conocer cómo nos informaban a nosotros las instituciones del Estado cuando ustedes hacían presiones sobre ellos y cómo llegaban esas informaciones a nosotros para que de una u otra manera desembarazáramos de esa presión que ustedes hacían”.
¿Doble discurso?
No obstante, cuando Mancuso tuvo la oportunidad de comparecer ante fiscales de Justicia y Paz como parte de los compromisos de su desmovilización y desarme firmados con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), su versión sobre el crimen de Kimmy Pernía Domicó fue distinta.
El 16 de enero de 2007 este exjefe paramilitar compareció a una audiencia de versión libre en Medellín con el fin, según dijo, de contar la “verdad de todo lo que conozco” y entregar “la descripción y relato de los hechos de los que he tenido conocimiento, que he participado”.
En buena parte de esa audiencia, que se hizo bajo juramento, se dedicó a hablar de distintas acciones paramilitares, entre ellas las perpetradas contra personas y comunidades que, supuestamente, le colaboraban a la insurgencia. Fue en ese contexto que surgió su explicación de lo ocurrido con Kimmy Pernía Domicó.
“Hay una operación militar contra infiltrado subversivo en comunidades indígenas en Tierralta, aproximadamente en junio del 2001, Kimmy Pernía Domico”, indicó Mancuso y, a renglón seguido, detalló cómo se desarrolló ese asesinato.
“Es una orden que recibo de Carlos, que le prestara al comandante de los urbanos ‘El Paisa’ a ‘Hache Dos’ o ‘Johncito’, y yo le presto al comandante urbano, luego me entero de la acción”, que no era otra que retener al líder indígena y asesinarlo.
“Le pregunté al comandante Carlos Castaño por qué había sido la situación, me dice ‘porque este señor, dentro de las comunidades de ellos, estaban manteniendo la guerrilla en el área, además estaban en unas alianzas y acuerdos con las guerrillas para cobrar unas platas ahorradas en unas indemnizaciones que ellos estaban pidiendo y parte de esas platas estaban yéndose para las arcas de las Farc”, detalló Mancuso hace trece años. “Por eso ordenó el comandante Carlos Castaño la muerte de Kimmy Pernía Domicó”.
Ante la pregunta del fiscal de Justicia y Paz de si Castaño ordenó el asesinato a través suyo, este respondió que no: “Él le ordenó a ‘Hache Dos’. A mí me pidieron que prestara el comandante urbano que le colaborara a ‘Hache Dos’ que iba a realizar una operación militar”.
Con respecto a la exhumación del cuerpo del líder indígena, Mancuso aclaró que de eso sí sabía. Inicialmente lo enterraron en un desecho de la vía que de Tierralta conduce al caserío de Planchón de Callejas, pero varias semanas después y ante un inminente operativo de la Fiscalía para buscar su cadáver fue sacado y lanzado a las aguas del río Sinú, donde se perdió su rastro.
“El comandante Carlos Castaño me llamó y me dijo ‘necesito que venga a hablar conmigo’. Fui a hablar con él, me dijo ‘cuando Johncito dio de baja a Kimmy Pernía lo enterraron allá y viene una operación militar mañana para la zona para ubicar el cuerpo de Kimmy Pernía, sáquelo del área y tírelo al río Sinú’. Entonces yo le di la orden nuevamente al Paisa que desenterrara a Kimmy y lo tirara al río Sinú. A ese señor lo tiraron al río Sinú”, reiteró Mancuso.
Lo que se deduce es que no recibió esa llamada de la que habló con la hija del líder indígena asesinado en el tono que la explicó; además, se infiere que no se enteró del asesinato sino hasta después de ocurrido; y por la forma en que lo narró se concluye que se trató de un supuesto caso de “infiltración guerrillera”, sin ninguna relación, aparentemente, con los reclamos por la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá.
¿Frenar la extradición?
Actualmente, Mancuso se encuentra bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos luego de pagar doce años de cárcel tras ser condenado por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país, y está a la espera de que un juez resuelva si lo deporta a Colombia o a Italia.
Desde los tribunales de Justicia y Paz hasta organizaciones de víctimas han solicitado que sea deportado al país para que responda por los crímenes cometidos por las estructuras paramilitares que comandó en buena parte del norte y oriente colombiano, dejando miles de afectados.
Quienes conocen de cerca ese proceso, cuestionan la nueva versión del exjefe paramilitar y consideran que centrarla en la responsabilidad del Estado es un intento suyo para frenar su deportación al país e incidir para que sea enviado a tierras italianas, dado que, por su ascendencia, tiene pasaporte de ese país europeo.
Por eso alegan que ese tono con el que habla ahora no es otra cosa que una estrategia para convencer a los jueces estadounidenses de que las versiones sobre su participación en la guerra podrían generarle riesgos contra su vida en el país. De hecho, ha sido insistente en exponer que podría ser torturado en las cárceles colombianas para evitar que cuente lo que sabe de nexos entre paramilitares y sectores políticos, empresariales y Fuerza Pública.
“A la par de su narrativa afectuosa con las víctimas, ha dispuesto de un fuerte equipo de abogados en Estados Unidos dedicado a torpedear su regreso a Colombia. Allá tiene un discurso totalmente contrario a las víctimas”, le dijo a este portal una fuente judicial que sigue de cerca ese proceso y que pidió la reserva de su nombre por el cargo que ostenta actualmente.
“La Comisión de la Verdad es la única ventana que Mancuso tiene abierta”, dijo la fuente consultada para reforzar su argumento. “No puede olvidarse que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) rechazó, en primera instancia, su comparecencia y aún no resuelve si lo admite o no”.
Su interpretación de lo que está haciendo Mancuso ante la CEV es que busca confundir a los jueces estadounidenses y demostrar que sí está contribuyendo con la verdad, a pesar de las contradicciones expuestas, y evitar su deportación a Colombia, pese a los múltiples requerimientos.
Otra fuente consultada, que también pidió el anonimato, expresó su sorpresa por lo que está mostrando el otrora poderoso jefe paramilitar, responsable de miles de crímenes. “Por mucho tiempo creí en su situación, en lo complejo que fue cuando lo extraditaron a Estados Unidos en mayo de 2008, pero ahora le veo la doble cara: mientras en la Comisión de la Verdad se muestra receptivo a las víctimas, en Estado Unidos está hecho una fiera para no volver al país”.
Crítico diagnóstico
Más allá del hecho noticioso generado por la nueva versión de Mancuso sobre el asesinato de Kimmy Pernía Domicó, lo cierto es que sus palabras revelan la tragedia que vivieron durante la guerra las comunidades indígenas en el país, pese a que sus derechos ancestrales son respaldados por la Constitución Política de 1991 y el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que, en su conjunto, reconocen la diversidad étnica y cultural.
En la práctica, estos derechos les conceden a las comunidades indígenas varios mecanismos de protección, entre ellos el de la consulta previa, libre e informada sobre las intervenciones en sus territorios ancestrales conformados como resguardos.
De acuerdo con Patricia Tobón Yagarí, comisionada de la CEV y quien dirigió este Encuentro por la Verdad, los territorios indígenas albergan el 50 por ciento de los bosques, el agua y la fauna del país, propendiendo desde su cosmovisión por el cuidado del patrimonio ambiental de la Nación.
Pero, pese a la importancia de su labor, durante los últimos 70 años los pueblos indígenas han estado en medio de la guerra, al igual que siendo objeto de distintas violencias generadas por los intereses sobre la tierra que habitan.
“Estamos en un lugar que tiene riquezas, pero no hay mayor riqueza que la vida”, dijo, desde el departamento de Cesar, Delvis Estrada, lideresa de las mujeres del pueblo Kankuamo que lleva la memoria viva de la guerra en su comunidad.
La comisionada Tobón recordó que durante el conflicto armado “se cometieron procesos de estigmatización y en medio de la respuesta contrainsurgente del Estado colombiano contra las guerrillas […] hubo múltiples afectaciones a los pueblos indígenas”.
Y detalló, como ejemplo, lo ocurrido con los indígenas del pueblo Nasa asesinados por miembros de la Fuerza Pública en una de las acciones armadas más cruentas que ha quedado para la historia con el nombre de la masacre del Nilo, ocurrida el 16 de diciembre de 1991 en el municipio de Caloto, norte del departamento del Cauca.
Aquel día fueron asesinados 20 indígenas del resguardo de Huellas por agentes de la Policía Nacional y un grupo de civiles que, de paso, quemaron sus viviendas. Las investigaciones judiciales evidenciaron que la masacre fue ordenada por un socio de la empresa que tenía interés sobre el predio en disputa. “Esta masacre se pudo haber evitado. La institucionalidad sabía”, se lamentó Arcadio Mestizo, indígena Nasa. La Nación fue condenada por esta incursión armada.
Otro de los ejemplos que ilustra la acción de grupos armados contra pueblos indígenas es lo ocurrido a los Kankuamos, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se estima que por los menos 400 nativos fueron asesinados por estructuras paramilitares bajo el mando de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’ y con la complicidad de miembros del Ejército.
Un hecho que tuvo fuertes repercusiones en el pueblo Kankuamo fue el secuestro y posterior asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, conocida como ‘La Cacica’, perpetrado por guerrilleros del Frente 59 de las Farc el 30 de septiembre de 2001 en las montañas del centro del departamento del Cesar.
Las comunidades indígenas de la región recuerdan que luego de conocerse el crimen de Araújo Noguera, sus territorios se llenaron de paramilitares. Fue una época marcada por masacres y victimizaciones que hasta ahora se empiezan a contar. Una de las que más recuerda el líder indígena Jaime Arias fue la perpetrada el 8 de diciembre de 2002 en Atanquez, Cesar, la capital del pueblo Kankuamo, que dejó cuatro nativos muertos.
Los pueblos indígenas también fueron víctimas de reclutamiento forzado, incluidos menores de edad, violencia sexual contra las mujeres, desplazamientos masivos forzados, confinamientos y desaparición forzada. Entre los más afectados se destacan los Coreguaje (Caquetá); Yukpa (Cesar); Gunadule (Antioquia y Chocó); y Embera (desde Quindío a Córdoba).
La CEV reporta registros de 384.886 indígenas víctimas de distintos delitos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Las acciones insurgentes y contrainsurgentes generaron graves afectaciones a los pueblos indígenas durante varias décadas. De acuerdo con la comisionada Tobón, las distintas violencias vienen desde los años cincuenta, con las primeras guerrillas liberales; luego con las guerrillas comunistas; y desde la década de los ochenta con el auge del narcotráfico, los grupos paramilitares, el excesivo pie de fuerza estatal y las bandas recicladas de malos procesos de paz implementados: “Todo ello ha profundizado la violencia en estos territorios; sumado a la exclusión y la discriminación que tienen estos pueblos”.
Los ataques a las comunidades originarias tienen un fuerte impacto cosmogónico que tratan de contener a través de sus prácticas ancestrales. Y aunque no esperan que una vida arrebatada o un territorio ultrajado vuelva a ser lo que era, depositan su confianza en el reconocimiento por parte de los actores armados de los hechos, el compromiso del Estado por brindarles las garantías de vida digna a las comunidades indígenas y que las nuevas generaciones no vean en la guerra una posibilidad de vida.
Pese a esa voz esperanzadora, la realidad que actualmente padecen los distintos pueblos indígenas del país evidencia la continuidad de las afectaciones por parte de grupos armados y del mismo Estado. Fue por ello que, en defensa de la vida y de sus territorios, los Nasa, una de las comunidades más golpeadas por la guerra, promovió una Minga que los llevó a Bogotá con la intención de hablar con el presidente de la República, Iván Duque, pero no fueron recibidos.
“Cuando se habla de paz me duele… porque paz, no veo”, afirmó una lideresa del pueblo Embera que prefirió mantener su identidad en reserva. Sus palabras reflejan la situación de cientos de comunidades originarias que tienen en riesgo su vida, su identidad, sus prácticas culturales, sus territorios, su autonomía y su supervivencia.
Perdón de las extintas Farc
En el evento convocado por la CEV también participaron exjefes guerrilleros de las desmovilizadas Farc, quienes pidieron perdón por los ataques a los pueblos indígenas en el país. “Tratando de hacer bien, muchas veces hicimos mal”, reconoció Ubaldo Zúñiga, exintegrante del Frente 57, que operó en buena parte del Urabá antioqueño y chocoano, donde se asientan diversas comunidades de los pueblos Emberá y Zenú.
Además de múltiples violencias materiales, como ataques directos a sus caseríos y lugares sagrados, así como la destrucción de sus medios de subsistencia, las antiguas Farc asesinaron a decenas de sus líderes y reclutaron a cientos de nativos, obligándolos a participar en la guerra.
Rodrigo Londoño, antiguo comandante de esta guerrilla y hoy jefe del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), reconoció que el grupo alzado en armas al que representaba no tuvo en cuenta la opinión, la concepción ni las formas organizativas de los pueblos indígenas dentro del plan por la toma del poder.
“Para mí no es fácil. Para mí es duro reconocer cuán equivocados estábamos cuando hacíamos una lectura única de los territorios donde desarrollábamos nuestro accionar político-militar. Y en especial, cuando hacíamos nuestros planes para expandir nuestra presencia a lo largo y ancho de la geografía colombiana, sin tener en cuenta la diversidad de los pueblos que allí habitaban y en especial a los pueblos y comunidades indígenas”, reconoció Londoño.
Gerardo Jumí, secretario de la Mesa Permanente de Concertación Indígena reaccionó a las palabras de los exguerrilleros y afirmó que “nuestras comunidades ofrecen el perdón a cambio de la verdad histórica” y que los grupos armados se responsabilicen y no revictimicen a las comunidades.
Para los pueblos ancestrales, la verdad significa reparación y sanación colectiva, por eso, reafirmando el derecho a la no repetición, Jumí propuso la enseñanza de los valores de la diversidad cultural desde la más temprana educación.
Mirada extranjera
Varios exponentes internacionales depositaron su fe en el proceso derivado del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, y exigieron aunar esfuerzos por la verdad y reparación de los pueblos indígenas.
Marcel Lebleu, embajador de Canadá en Colombia, reconoció que en su país las comunidades indígenas fueron vistas como un problema, llegando a emprender procesos de “civilización”. Años después se trabajó para reparar a los nativos y eso mismo sugirió que se hiciera en el caso colombiano.
Por su parte Antonia Urrejola, Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resaltó la persistencia de los pueblos indígenas y comprometió la necesidad de escuchar los mecanismos de construcción social y sus particularidades culturales.
Además, expresó su preocupación por los altos índices de asesinatos a líderes y lideresas indígenas, y reprochó la lenta ejecución del Capítulo Étnico en la implementación del Acuerdo de Paz, así como la necesidad de respetar la autodeterminación política y administrativa de las que por derecho constitucional gozan las comunidades étnicas en el país, e insistió en que los modos de reparación y verdad deben tener un componente comunitario. (Leer más en: La exigua implementación del Capítulo Étnico)
