Fue mucho el dolor que causaron y así lo han reconocido, pero durante la guerra se impusieron metas de “retenciones” para financiar sus planes bélicos. Cada Bloque debía aportar su cuota anual a partir de 1993. Documentos internos del extinto grupo subversivo revelan la frialdad con la que manejaron este delito.
“El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos”, reconocieron ocho exjefes de la antigua guerrilla de las Farc en una declaración dada a conocer el pasado miércoles. “Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar ese lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y de cada uno de nosotros”. (Ver documento)
Ese pronunciamiento, que incluyó una petición de perdón a las víctimas de este execrable flagelo y a sus familias, se hizo público luego de que se difundiera la profunda conversación que sostuvieron Ingrid Betancourt, excongresista y excandidata presidencial, secuestrada durante seis años, cuatro meses y nueve días por el desaparecido grupo insurgente, y el sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), como parte del proceso de Contribución a la Verdad que impulsa este organismo creado por el Acuerdo de Paz.
Durante la conversación, Betancourt hizo referencia a las crueldades que padecieron las víctimas de ese delito atroz a manos de las Farc y lo resumió así: “En el secuestro hay un descuartizamiento de la dignidad, una anulación del ser humano”.
Los exjefes de las antiguas Farc se enfrentan desde el 4 de julio de 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que abrió el Caso 01, priorizando el secuestro de ciudadanos colombianos y extranjeros entre 1993 y 2012, periodo en el que se investigan más de 9 mil hechos. Hasta el momento se han registrado 2.107 víctimas. (Leer más en: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP)
No obstante, los afectados directos de ese delito son más si se amplía el espectro temporal. El Informe Génesis, un extenso trabajo de archivos preservados y compilados por el Grupo de Reconstrucción Documental Histórica del Ejército Nacional, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación, registra 13.958 secuestros perpetrados por las extintas Farc entre 1971 y 2014. Ese trabajo, que consta de ocho discos compactos, estructurado en 50 tomos y por lo menos 18 mil folios, le fue entregado a la CEV el 27 de agosto de 2018.
Ante la JEP, y de cara a las víctimas, los exguerrilleros de las extintas Farc están obligados a explicar las modalidades de secuestro, las razones de esa práctica, las políticas internas que la regulaban, la escogencia de las personas, el destino de los recursos que recibían por el rescate y el destino de cientos de plagiados, quienes fueron asesinados en cautiverio y sus cuerpos enterrados en fosas de las que hoy se desconoce su ubicación, y a dónde fueron a parar los recursos conseguidos mediante este delito.
Buena parte de las respuestas iniciales están consignadas en documentos de organismos de seguridad del Estado y de las mismas Farc, pues fue un asunto medular durante más de 30 años en las discusiones de sus comandantes sobre la financiación de la guerra.
Cruzando datos contenidos en el Informé Génesis con archivos de organismos de seguridad del Estado desclasificados en el proyecto Guerra Sorda, que es desarrollado por este portal, se pudo establecer que dos años antes de conformarse bajo la sigla Farc y actuando como autodefensa campesina, perpetraron por lo menos un secuestro extorsivo. Lo que vendría años después es, aún, una tragedia para miles de víctimas y sus familias.
Por 200 mil pesos
Dos meses antes de que el presidente de la República, Guillermo León Valencia (1962-1966), autorizara la Operación Marquetalia, que atacaría a las guerrillas comunistas en el sur del Tolima, ocurrió un hecho que bien podría constituirse en el antecedente de la práctica del secuestro extorsivo en las filas de lo que luego serían las Farc.
En un informe del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fechado en la ciudad de Neiva el 12 de marzo de marzo de 1964, dos investigadores relatan el accidente de una avioneta tipo Beaver, con matrícula HK-948, de la empresa AeroTaxi, una subsidiaria de Avianca, que operó en el país entre 1948 y 1974 atendiendo comunidades de zonas lejanas del país.
Según ese reporte oficial, la aeronave se accidentó en la mañana del 2 de marzo en un sitio conocido como Laureles, de la inspección de Chapinero, jurisdicción del municipio de Neiva, cuando realizaba un vuelo de rutina entre la capital huilense y la población de Planadas, en el departamento de Tolima. En el accidente pereció el piloto, capitán Rafael Guillermo Reyes Acuña.
El reporte del DAS planteó dos hipótesis sobre el siniestro aéreo: de un lado, que pudo estrellarse debido a fallas en instrumentos de control y al mal tiempo; y de otro, a un posible derribamiento “por los bandoleros de la cuadrilla de Pedro Antonio Marín (a. Tiro Fijo) y más exactamente comandados por (a. Teniente Isaías), de quien se sabe responde al nombre de José Alejandro Pardo, al parecer segundo comandante de la mencionada cuadrilla. Esta hipótesis se funda en que los bandoleros se encontraban en la zona en el momento del accidente”.
En horas de la tarde llegaron al lugar del accidente Fernando Luna Luna, gerente regional de AeroTaxi en el Huila, y el guía campesino Cantalicio Pérez. Ambos fueron retenidos por los hombres de alias ‘Tiro Fijo’.
En un intento de rescate del cadáver del capitán Reyes, adelantado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en un helicóptero tipo Hiller, fueron asesinados el teniente Guillermo Molina Latorre y el capitán del Ejército José Antonio López Uribe. Ellos iban acompañados por Tulio Giraldo, capital civil de AeroTaxi, quien fue secuestrado en el lugar del accidente.
Al final de la tarde, la guerrilla campesina tenía en su poder a tres personas, quienes, según el reporte del DAS, “fueron trasladados a un lugar desconocido”. Cuatro días después y luego de varios contactos, la empresa Avianca accedió a pagar 200 mil pesos por el rescate de sus dos empleados, que fueron cancelados en billetes “cuyo valor no excediera de cien pesos” y, al parecer, se destinaron a la compra de armas y municiones. (Ver documento del DAS)
Fuente de recursos
Un año después de ese hecho, pero esta vez en zona rural del municipio de Corinto, departamento de Cauca, fue secuestrado el empresario Harold Eder, presidente en esa época de la Junta Directiva del Ingenio Manuelita, uno de los productores de azúcar más antiguos del país. El plagio ocurrió el 20 de marzo de 1965 y fue atribuido a las guerrillas campesinas comandadas por alias ‘Tiro Fijo’, que pretendían exigir una millonaria suma de dinero.
Pese a los esfuerzos del Ejercito para rescatar al empresario, su cuerpo fue hallado el 13 de abril a nueve horas de camino del lugar del plagio en una fosa que, al parecer, cavó él mismo por orden de sus captores. El hecho conmocionó al país y puso en primer plano el delito por el cual hoy los exjefes de las extintas Farc están pidiendo perdón y dando explicaciones ante la JEP.
Muy probablemente a esa estrategia de financiación habría hecho referencia, de una manera velada, el informe que presentaron los guerrilleros de Marquetalia y Riochiquito, liderados por alias ‘Tiro Fijo’, a la Segunda Conferencia del Bloque Sur, realizada entre el 25 abril y el 6 de mayo de 1966, y en la cual se conformaron las Farc.
“No queremos terminar este informe sin hablar de nuestra forma de financiar el movimiento ya que esta experiencia debiera tenerse en cuenta por todos los movimientos guerrilleros que en algunos casos se ven en la imposibilidad de realizar sus tareas por falta de plata y otros esperan que todo les venga del Comité Central. Nosotros hemos puesto en práctica una conclusión que ahora oficializó el Congreso, en el sentido de que una parte de nuestra financiación debe correr por cuenta de los enemigos más recalcitrantes del pueblo y la revolución”, se lee en un fragmento del informe. (Ver documento)
¿De qué hablaban los hombres de alias ‘Tiro Fijo’ en ese documento? Como se verá tiempo después, se planteaba pasar de las contribuciones voluntarias que recibían de las comunidades y del Comité Central del Partido Comunista a un ingreso mucho más alto para financiar la estructura armada que se requeriría para “tomarse el poder”. Una de las fuentes sería el secuestro extorsivo.
Así lo fueron planeando poco a poco, a medida que iban creciendo en armas y se extendían por diversas regiones del país. Para la Tercera Conferencia, realizada entre el 14 y el 22 de abril de 1969, se contabilizaron 150 guerrilleros y sus gastos de operación se presupuestaron en 450 mil pesos, de ellos 350 mil vendrían del “trabajo financiero del movimiento” y los 100 mil pesos restantes de “Solidaridad”. (Ver tabla de gastos)
En las cuatro conferencias guerrilleras posteriores, según registros de la propia insurgencia, realizadas en abril de 1971, septiembre de 1974, enero de 1978 y mayo de 1982, fueron diversos los planteamientos expuestos entre la dirigencia de las Farc sobre la financiación de sus estructuras, que venían creciendo exponencialmente de acuerdo con sus planes militares.
En consonancia con su evolución, se trazó en la Quinta Conferencia, realizada entre el 4 y el 10 de septiembre de 1974, “una nueva política financiera […] partiendo de la organización de una comisión de finanzas por cada columna o frente”.
Para la siguiente conferencia guerrillera, llevada a cabo entre el 18 y el 25 de enero de 1978, la lectura de la realidad nacional que hacían los máximos dirigentes de las Farc era que estaban dadas las condiciones para avanzar en “el proyecto revolucionario”. Un año atrás se habían registrado grandes protestas sociales en diversas ciudades del país en medio del Paro Cívico convocado por las centrales obreras para el 14 de septiembre de 1977 y esa fue la base de la guerrilla para considerar que “la crisis del sistema” era “irreversible”.
En esa reflexión se preguntaron, y así lo dejaron plasmado en sus documentos, si disponían de las condiciones para “la tarea principal de crear un ejército revolucionario”. El asunto, precisaron, “se vincula a si en realidad median tales circunstancias en lo que hace al mando y a las finanzas […] El balance de tesorería dirá si cumplimos o no el presupuesto y si logramos superarlo”.
La pretensión de las Farc de “tomarse el poder” los llevó a plantearse un plan militar para seis años –1982-1988– que consistió en crear un ejército, organizado en 48 frentes guerrilleros y distribuidos alrededor de las 14 brigadas militares que existían para la época. Su meta era tener 28.800 hombres en armas en los primeros cuatro años.
“Cada frente tendría la meta de crecer hasta llegar a los 600 hombres a fines de 1986. Si al cabo de 4 años todos los frentes han logrado un crecimiento similar y cuenta cada uno con el básico de los 600 hombres, se podría comenzar a ventilar en 1987 el plan general para dar comienzo a la primera ofensiva de sondeo, y poder, en base a los resultados de esta, planear la ofensiva de 1988 para la toma del poder”, se lee en uno de los documentos internos de las Farc.
Esa operación a gran escala se planeó en dos fases y, en total, se iban a necesitar 30 mil millones de pesos, una cifra astronómica si se tiene en cuenta que para 1982 el salario mínimo era de 7.410 pesos. Ajustado ese valor a 2020, equivaldría a 2 billones 731 mil millones de pesos. Para ese año, las Farc, según cifras del Ejército, contaba con cerca de 1.800 hombres y buena parte de sus recursos los generaba el impuesto, llamado ‘gramaje’, a los compradores de base de coca y de marihuana.
Para la consecución de esa fuerte suma de dinero se pretendían organizar cinco comandos financieros en las ciudades que tendrían como objetivo “preparar las condiciones para la toma de grandes personajes y tomar un avión con los jefes del Pacto Andino, los jefes del petróleo, los bancarios internacionales, etc.”.
En las conclusiones de la Séptima Conferencia, realizada en mayo de 1982, y en informes posteriores, se hizo énfasis en varios aspectos sobre finanzas: se destacó la “falta de tacto en la búsqueda de personajes que den dinero” y se propuso “disponer de medios de inteligencia que nos eviten errores que desprestigien el movimiento”; se insistió en que la consecución de finanzas debía “tener un sentido político cualquiera sea la forma que los Frentes empleen para adquirirlas”; se le recordó a los comandantes que la política financiera “tendrá como base los grandes latifundistas y mafiosos enemigos de la revolución”; y se dejó claro que “esa política no podía durar mucho tiempo ya que es un factor de desprestigio, que no hay materia de recolectar finanzas más repugnante y por lo tanto impolítico”.
No obstante, los planes trazados por las Farc eran ambiciosos y se requerían millones de dólares para financiarlos. Y el secuestro extorsivo hacía parte de la estrategia.
“Nueva Colombia”
La meta de alcanzar 48 frentes se logró, y con creces, llegando a 60 estructuras en diversas regiones del país. Con esa aparente fortaleza se realizó la Octava Conferencia entre el 11 y el 18 de abril de 1993. Había una gran necesidad de conseguir recursos no sólo para sostener esa gran estructura armada, sino para financiar su más ambicioso proyecto: la llamada “Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia”, que requería, según la dirigencia guerrillera, una inversión de 52 millones de dólares en seis años para concretar su gran ambición: “tomarse el poder”.
En esa Conferencia se tomó una decisión operativa para fortalecer la guerra contra el Estado colombiano: crear siete Bloques de Frentes, que se distribuirían regionalmente. En la consecución del dinero se les pidió reunir 34,5 millones de dólares en los seis años. Los restantes 17,5 dólares los aportaría el Secretariado, la máxima instancia de mando de las Farc.
Para lograr parte de esa meta se pretendió fortalecer “las inversiones en minería, especialmente en la compraventa de oro, en la compraventa de ganado, compraventa de café y estimular con mucha fuerza las mejores relaciones con los campesinos, ganaderos, agricultores, caficultores y comerciantes para conseguir el aporte voluntario y amistoso de nuestros aliados estratégicos del campo y del sector urbano”.
Además, se pidió recabar información de los “sectores petroleros, eléctrico y minero […] que posibilite ubicar su vulnerabilidad, a fin de ejercer presión política y militar hasta lograr el aporte del sector energético”, lo que también se tradujo en secuestros de directivos y empleados.
Una de las conclusiones de esta Conferencia fue implícita en relación con el secuestro: “Mientras estén en vigencia los Decretos de Conmoción Interior y la Declaratoria de Guerra Total contra el pueblo, las FARC-EP podrán reivindicar las retenciones económicas o políticas, las que tendrán su correspondiente explicación, previa autorización de los organismos superiores”.
La crueldad con la que las Farc manejó la política del secuestro a partir de la Octava Conferencia se reflejó en el tipo de informes financieros que enviaban los distintos Bloques. En un primer reporte sobre la cuota asignada para financiar la llamada “Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia”, el Bloque Sur reportó, en 1995, la ejecución de 10 retenciones económicas a través de las cuales consiguieron 529 millones de pesos.
Por su parte, el Bloque Oriental reportó en 1997 que “se tienen […] 20 retenidos para cobrar de 8 a 12 millones de dólares y 45 candidatos para encorralar […] con proyección a cobrar entre 15 y 18 millones de dólares”. En este documento se precisó que “la base de las finanzas sigue siendo las retenciones”.
La política de la práctica del secuestro en las filas de las Farc ratificada por la llamada “Ley 002 sobre tributación”, expedida en marzo del 2000 y que, arbitrariamente, fijó “un impuesto” a personas naturales y jurídicas con un patrimonio superior a un millón de dólares y exigieron que se presentaran ante ellos. “Quienes no atiendan este requerimiento serán retenidos”. En el año de su expedición, el grupo guerrillero adelantaba conversaciones de paz con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).
Esta práctica criminal se fue degradando en las filas guerrilleras. En los reportes periódicos de los Bloques al Secretariado eran constantes las alusiones a secuestros sin autorización y al ocultamiento de algunas retenciones ante sus superiores; además, se registraron acuerdos con grupos delincuenciales para recibir personas plagiadas en las ciudades.
A esa degradación se sumó la estrategia que adoptaron algunos bloques y frentes de realizar secuestros masivos en las principales vías del país dado el agotamiento del secuestro individual como fuente de recursos. A esta modalidad se le llamó “pesca milagrosa”. Se trataba de retener vehículos para identificar a gente medianamente adinerada, plagiarla incluso por horas y cobrar rescate. En esa estrategia cometieron atropellos contra personas de bajos recursos que se vieron obligadas a pagar altas sumas de dinero por sus familiares.
Pese a que miles de personas padecieron esta estrategia de consecución de recursos a finales de la década de los noventa y comienzos de la del dos mil, la dirigencia de las Farc se empeñó en negar que hacía parte de su política de finanzas a través de un comunicado divulgado el 5 de octubre de 2001 conocido como “Acuerdo de San Francisco de la Sombra” y rubricado por voceros del gobierno nacional y del grupo guerrillero: “Las Farc expresan y ratifican que las denominadas “pescas milagrosas” en las vías, no hacen parte de su política. En ese sentido, las Farc darán las instrucciones a todos sus integrantes de no realizar este tipo de actividades”.
Pese a que la Novena Conferencia, realizada en abril de 2007, ratificó los postulados de la Octava Conferencia, realizada 14 años atrás, el agotamiento del secuestro como fuente de financiación de la guerra era más que evidente. Cinco años después quedó plasmado en un reporte del Bloque Oriental: “La que fue principal fuente de recursos económicos del bloque se acabó. Durante años obtuvimos cuantiosos recursos de esa fuente que no siempre supimos gastar, invertir, ahorrar”. Por esta razón plantearon su suspensión.
El 4 de julio de 2016, el grupo guerrillero derogó la llamada “Ley 002” como un gesto de “generación de confianza hacia el fin de la guerra”. La decisión se tomó en La Habana, Cuba, en desarrollo de los diálogos de paz con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). (Leer más en: Radiografía de las extorsiones de las Farc)
Atrás quedaban más de 50 años de la práctica del secuestro, que dejó a miles de víctimas, hogares destruidos, empresas quebradas y una estela de muertos y desaparecidos por los cuales tendrán que responder los exjefes de las antiguas Farc. Las grandes afectaciones causadas reclaman explicaciones claras, no sólo actos de perdón.
