Cinco organizaciones sumaron esfuerzos para investigar las agresiones que padecieron las lideresas sociales de Colombia entre 2013 y 2019. El panorama es desconsolador y revela que, aunque padecieron menos ataques que los hombres, enfrentan graves formas de violencia ligadas a profundas brechas sexistas, racistas y clasistas.
En los últimos siete años, en medio de un proceso de paz y de tránsito hacia el posconflicto, que paradójicamente terminó aumentando los niveles de riesgo y de violencia que ya padecían desde tiempo atrás, 1.336 defensoras de derechos humanos sufrieron algún tipo ataque a causa de las múltiples reivindicaciones que abanderan. En total, fueron asesinadas 84 y 1.132 recibieron amenazas.
Esas son algunas de las principales conclusiones del informe Defensoras: Voces de Vida y Resistencia, publicado este miércoles por Sisma Mujer, la organización feminista Limpal, la Cumbre de Mujeres por la Paz, el colectivo Grupo Género en la Paz (GPaz) y el Programa Somos Defensores. Más allá de las cifras, que evidencian patrones y pautas claves para entender ese flagelo, el documento analiza a profundidad los escenarios de riesgo que padecen las lideresas sociales, que, sólo por su condición de género, sufren una violencia diferenciada. (Leer más en: Mujeres tras el telón de la guerra)
“De forma puntual, las defensoras de derechos humanos deben encarar prejuicios y discriminaciones en virtud de los estereotipos sociales de género que invisibilizan el papel político de estas mujeres. Sin embargo, existen otros factores que entrecruzan las dinámicas de violencia como la raza, la etnia y la ubicación geográfica que exacerban la discriminación hacia las mujeres y la falta de reconocimiento de su labor de defensa”, indican las organizaciones.
Y a modo de ejemplo, ponen de presente la situación de las defensoras negras, raizales y palenqueras, cuyo “legado de la esclavitud continúa delineando la marginalización socioeconómica y, sin embargo, a través de movimientos de los feminismos negros y decoloniales se han creado respuestas colectivas: la interseccionalidad y la sororidad o solidaridad de las mujeres negras”. (Leer más en: Las mujeres de ASOM, claves para transformar el norte de Cauca)
La investigación hace un barrido por los llamados de atención que han realizado algunas entidades estatales, en los que advierten riesgos diferenciados que padecen las mujeres que defienden diversas agendas.
Entre ellos está la Alerta Temprana 026-18, emitida por la Defensoría del Pueblo en febrero de 2018, mediante la cual advirtió las amenazas que se ciernen alrededor de líderes, lideresas y organizaciones sociales de todo el país. En ese documento alertó que, a diferencia de las amenazas dirigidas contra hombres, “el lenguaje usado en los mensajes amenazantes contra defensoras incluye contenido sexista, alusiones al cuerpo, insinuaciones sexuales y, en el caso de las agresiones a personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OISGD), evidencian los riesgos asociados al desarrollo de su identidad y orientación”. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Esa diferencia también había sido reseñada por la Corte Constitucional, concretamente en su Auto 098 de 2013, en el que indicó que las defensoras “encaran riesgos de género que no enfrentan los defensores varones, en la misma proporción, debido a los roles preestablecidos que subvaloran y degradan la condición femenina… las mujeres defensoras enfrentan de forma constante el riesgo de ser objeto de abusos, agresiones y esclavitud sexual, trata de personas con fines de esclavitud sexual y doméstica, el reclutamiento con fines de explotación doméstica y sexual, amenazas de violencia sexual, humillaciones públicas con contenido sexual, marcas en el cuerpo producidas con objetos corto punzantes o quemaduras en la que imprimen mensajes denigrantes contra la víctima”.
Asimismo, el alto tribunal se pronunció sobre las intimidaciones que reciben las lideresas, las cuales generalmente son vinculadas con sus familias: “Muchas de las amenazas y actos de violencia se dirigen contra miembros del núcleo familiar, especialmente contra hijos e hijas, lo cual pone de manifiesto que tales ataques también pretenden una afectación diferenciada que ocasione daños en los bienes y relaciones que las mujeres consideran valiosos e importantes dada su condición femenina”.
En buena parte, esas alarmas encendidas por la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, explican por qué las amenazas son la agresión más recurrente para silenciar las voces de defensoras de derechos humanos, lideresas sociales y autoridades étnicas. (Leer más en: La valiente lucha de las mujeres del Catatumbo por su dignidad y la paz)
En medio de ese panorama de continuum de violencias, como lo califican las cinco organizaciones, las mujeres sufren revictimizaciones y otras agresiones por parte de funcionarios estatales al atender las denuncias, obstaculizando su acceso a la justicia y perpetuando el ciclo de agresiones en su contra.
“La principal razón está en las pocas herramientas de análisis e interpretación que limitan el acceso efectivo a la justicia y reparación de mujeres víctimas, lo que desencadena en impunidad con respecto a la investigación y enjuiciamiento de los autores de dichas violencias. Es de destacar, que muchas mujeres defensoras han expresado que se sienten más maltratadas por las instituciones que por otros actores debido a la desinformación por parte de funcionarios/as del sistema judicial conduciéndolas a un escenario de re-victimización constante”, sostiene el informe.
Radiografía de la violencia
Entre 2013 y 2019, Somos Defensores documentó 4.355 hechos de violencia, de los cuales 1.336 fueron contra defensoras de derechos humanos y 3.017 contra defensores. Es decir, casi la tercera parte de los casos corresponden a hechos contra mujeres, quienes fueron víctima de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida y obstaculizó su activismo.
A pesar de la diferencia, al revisar las cifras detalladamente, se encuentra que las agresiones contra las mujeres tuvieron un mayor aumento: “El incremento porcentual de las agresiones deja ver la manera cómo se ha agudizado la violencia contra defensoras, incluso por encima de los ataques contra hombres, pues en el período analizado las agresiones contra mujeres aumentaron en un 165%, mientras que las de los hombres se incrementaron en 116%”.
Lo anterior se explica por la diferencia de agresiones ocurridas en 2013 y en 2019, las cuales fueron aumentando constantemente, a excepción de los años 2016 y 2017, cuando las comunidades y los líderes sociales recibieron un respiro por la firma del Acuerdo de Paz y la dejación de armas de las Farc. Sin embargo, a partir del año siguiente, la violencia volvió a picar en punta: “Para el año 2018, el panorama cambió nuevamente y las agresiones contra defensoras presentaron un aumento preocupante, con un incremento del 64% de casos de agresiones en relación con el año inmediatamente anterior”.
A juicio del informe, esa situación “responde a las dificultades para la implementación de los Acuerdos de Paz en las regiones y a la incapacidad del Estado para ocupar con su institucionalidad los espacios que anteriormente estaban controlados por las FARC, lo que permitió que otros actores, en particular armados, fijaran sobre estos territorios sus intereses y surgieran múltiples disputas para tomar el control de estas zonas. Entre las pugnas de los armados por dominar estos lugares y el control social, la más perjudicada fue la población civil y, particularmente, las personas defensoras de derechos humanos”.
Y como efecto secundario, apostarle a la implementación del Acuerdo de Paz y a la construcción de las políticas del posconflicto, generó una exposición del liderazgo de decenas de mujeres que terminó convirtiéndose en un factor de riesgo. “Las defensoras son un actor muy visible por sus roles en las comunidades y esto las convierte en un blanco para los grupos armados que quieren tomar el control de los territorios, los cual implica conseguir el control de la población”, agrega el informe. (Leer más en: El día en que las mujeres se anticiparon a la refrendación de la paz y Visión de las mujeres, fundamental en formulación de los PDET)
Bajo ese contexto, las lideresas sociales sufrieron asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, uso indebido del sistema penal, desaparición forzada, violencia sexual, robos de información y heridas. Entre ellas, la agresión más recurrente fueron las amenazas, con 1.132 casos (85 por ciento); seguidas de los asesinatos, con 84 casos (seis por ciento); y los atentados, con 57 casos (cuatro por ciento). (Leer más en: Vuelven las amenazas contra organizaciones de mujeres)
Las lideresas más afectadas fueron las indígenas, con 118 casos; las comunitarias, con 75 casos; las campesinas y las de víctimas, con 68 casos; las afrodescendientes, con 66 casos; y las comunales, con 63 casos. Ante ese panorama, el informe concluye que los roles más afectados son los “asociados con la defensa de la tierra y el territorio, como los de las mujeres defensoras indígenas, que tienen en el centro de sus movilizaciones el respeto de los derechos de sus comunidades y del territorio como espacio vital sin el cual no hay garantías”. (Leer más en: Masacre de Tacueyó: el alto costo de ejercer la autoridad propia)
En cuanto a los presuntos responsables de las 1.336 agresiones contra defensoras de derechos humanos, el informe revela que la mayoría de los casos corresponde a grupos de origen paramilitar y que se desconoce quiénes son los autores materiales de 331. En menor medida, aparecen la guerrilla del Eln, disidencias de las Farc y miembros de la Fuerza Pública.
Bogotá, como Distrito Capital, es la región donde más agresiones ocurrieron (483), y le siguen los departamentos de Cauca (127), Valle del Cauca (119), Atlántico (62), Antioquia (61) y Santander (50). Sobre la capital de la República, la investigación aclara que el alto número de agresiones corresponde a las amenazas masivas que se dirigen contra organizaciones que tienen sede en ella.
En cuanto a los 84 asesinatos ocurridos en esos siete años, Somos Defensores identificó que disminuyeron entre 2014 y 2016 respecto a 2013, pero que ocurrió un grave aumento a partir de 2017. En este caso se desconoce quiénes son los presuntos responsables en la mayoría de los casos; y los departamentos con más asesinatos son Cauca (13 casos) Antioquia (10), Norte de Santander (ocho), Arauca (siete) y Valle del Cauca (seis).
Además de ese diagnóstico, el informe hace una radiografía de las entidades estatales a cargo de la protección de las lideresas sociales y de los pocos resultados en materia de sanción de los crímenes que sufren, revelando alarmantes fallas.
Por esa razón, hace 19 recomendaciones para que se implemente de manera efectiva el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos; y se pongan en marcha, con enfoque de género, los mecanismos consagrados en el Acuerdo de Paz para la protección de la defensa de los derechos humanos y mejorar las condiciones de las regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
Foto de apertura: Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
