Las alarmas están encendidas por la escalada de violencia en seis municipios de esa región de Antioquia, debido a la guerra que libran grupos sucesores del paramilitarismo y a la posible ruptura de un pacto de no agresión que tenía uno de ellos con la guerrilla del Eln. Este es el panorama de una región abandonada que pide soluciones estructurales a gritos.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo fue sumamente claro el pasado 31 de agosto, cuando emitió su Alerta Temprana 045-20 y advirtió que el nivel de riesgo que enfrentan los habitantes del Bajo Cauca antioqueño es “extremadamente alto”.
Y los hechos le dan la razón en menos de una semana, pues en la madrugada de ayer jueves un grupo armado sin identificar ingresó a la vereda Isla de la Dulzura, ubicada en el municipio de Cáceres, torturó a algunos habitantes y ordenó el desplazamiento forzado de alrededor de 300 personas.
Además, las acciones armadas de grupos criminales alcanzaron a la Fuerza Pública. Esa misma mañana fueron asesinados agentes de la Policía Nacional tras un ataque a la patrulla en la que se movilizaban. Los hechos ocurrieron en el corregimiento Caserín, en la vía que de Caucasia conduce a Zaragoza, en momentos en que los uniformados adelantaban operaciones contra la minería ilegal.
Cuatro días atrás, fueron asesinados en Tarazá dos hermanos, de 17 años de edad, y unas horas más tarde de ese hecho fue encontrado el cuerpo sin vida de la lideresa social Sandra Banda Meneses, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, del corregimiento La Caucana.
Para la Defensoría del Pueblo, la alarmante situación del Bajo Cauca antioqueño obedece a dos factores: uno estructural y otro coyuntural. El primero está definido por una exclusión histórica de proyectos de desarrollo y bienestar social, “que ha llevado a concebir este territorio como propicio para desarrollar economías de enclave formales e informales, que han aportado un muy reducido beneficio directo para estas comunidades”.
Y el segundo, la capitalización que han realizado diferentes grupos armados ilegales de ese abandono estructural del Estado desde 1950, que han impuesto a sangre y fuego sus intereses sobre las comunidades. Es así como el documento reseña conflictos entre colonos liberales y conservadores en esa época; el control territorial impuesto por las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl a partir de la década de 1980; las disputas y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a mediados de la década de 1990; el “control legado” a grupos sucesores del paramilitarismo a mediados de la década pasada; y la actual reconfiguración producida por las disidencias de las Farc y otros grupos.
Como un catalizador reciente de disputas armadas, la Alerta Temprana llama la atención que “la excarcelación de algunos exintegrantes de las AUC, en el marco de los procesos de Justicia y Paz, ha servido para avivar la llama de la violencia en la subregión en los últimos dos años y medio, pues la tendencia es que mandos medios de estos bloques recuperaran los territorios que estaban bajo su control antes de la extradición de mayo de 2018”.
Acto seguido, indica que, en los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza, los grupos armados cobran extorsiones y restringen la movilidad: “De hecho, en la mayoría de las zonas descritas en la presente Alerta existe un toque de queda de facto en horas de la noche, con el ánimo de evitar ser sorprendidos por la Fuerza Pública o los enemigos, y además con el propósito de movilizar material ilegal sin ser observados. Las amenazas, los homicidios selectivos, el desplazamiento forzado individual, el reclutamiento y vinculación ilícita de NNA (niños, niñas y adolescentes) son los hechos victimizantes en los que tiene más riesgo de ser afectada la población”.
Y especifica que el mayor impacto humanitario para las comunidades ocurre en zonas limítrofes o de confrontación entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Bvpa, también conocido también como ‘Los Caparrapos’), ambos grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc.
Consecuencia de esas confrontaciones, la escala de sus agresiones contra la población civil “es mayor y el impacto humanitario es más generalizado”, que la expone a otra clase de riesgos, como “homicidios de configuración múltiple, desplazamientos forzados masivos, interposición de población civil en medio de combates, minas antipersona y artefactos explosivos sin explotar, ocupación de bienes civiles por armados, reclutamiento de NNA, violencia sexual y abuso contra las mujeres”. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)
A pesar de que esa confrontación produce el mayor nivel riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Bajo Cauca desde hace un par de años, la Defensoría del Pueblo indicó que en los últimos meses “se observa un cambio sustancial en la dinámica de los actores armados ilegales, pues mientras en 2018 y 2019 esta se caracterizaba por la expansión hacia los territorios en donde tenían intereses económicos, para finales de 2019 y durante 2020 se observa el interés de atacar lo que se consideran las sedes de mando del enemigo, provocando masacres y desplazamientos forzados”.
En la actualidad se da una lógica de “aniquilación del enemigo”, en la que se involucra a los habitantes que son considerados como colaboradores de sus enemigos. “En este marco, los actos violentos adquieren una connotación de alta sevicia, como el cercenamiento de miembros, el empalamiento de cabezas, el degollamiento o la prohibición de levantar los cadáveres. Todo esto da cuenta de que los hechos de violencia, además de ser barbáricos, reflejan una agravación del escenario de riesgo para la población, con un profundo escalamiento de la violencia, que no ha parado ni en tiempos de pandemia”, señala la Alerta.
Como si fuera poca la violencia que produce la confrontación entre esos dos grupos de origen paramilitar, el Eln se podría sumar a la confrontación directa. Según el SAT, en los últimos años había “acuerdos tácitos” con esa guerrilla para respetar el control de sus territorios y sólo combatía a la Fuerza Pública, pero esa situación cambió a partir del pasado 2 de agosto, cuando las Agc incursionaron en el corregimiento de Puerto López y asesinaron a su jefe financiero.
Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo teme que ese hecho agudice, “aún más, el escenario (de riesgo), porque podría provocar que el ELN se aparte de los acuerdos funcionales para evitar su participación en la confrontación bélica, exacerbando aún más el escenario de vulneración de los DDHH y el DIH”. (Leer más en: ¿Qué pasa con el Eln en el Bajo Cauca?)
En medio de ese crudo panorama, esa agencia del Ministerio Público recordó que antes de la Alerta Temprana 045 de este año, había emitido cinco más para los seis municipios del Bajo Cauca y que la más reciente subsume todas las anteriores.
Asimismo, destacó que el 27 de mayo del año pasado, solicitó que se “hiciera un sesión CIPRAT (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) de seguimiento a dichas Alertas Tempranas por la agudización y exacerbación del escenario de riesgo descrito en cada una de ellas, en donde la Gobernación de Antioquia manifestó que dada la continuidad de las conductas vulneratorias advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas, tanto las autoridades municipales como la departamental, son incapaces de atender la emergencia humanitaria en los municipios del Bajo Cauca, razón por la cual se requería de la coordinación, concurrencia y subsidiariedad del nivel nacional para atenderla”.
Tres años de violencia advertida
Las comunidades del Bajo Cauca han sufrido al vaivén de las disputas por el control territorial en las que se han tranzado ‘Los Caparrapos’ y las Agc. En 2018 los primeros tuvieron mayor fortaleza y “afán de mantener y ampliar los territorios”. Sin embargo, en 2019 esa tendencia se revirtió, pues las Agc crecieron en número y empezaron a recuperar sus territorios perdidos, “amenazando para el año 2020”, bastiones importantes de ‘Los Caparrapos’. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)
En medio, esas disputas derivaron en reclutamiento forzado de menores de edad; amenazas, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de líderes sociales, “principalmente en zona rural donde es implementado el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito)”; violencia sexual y de género contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTI; vulneración de los derechos de autonomía de comunidades afrodescendientes e indígenas sobre sus territorios ancestrales; intimidaciones y amenazas contra personal médico, docentes y periodistas, quienes son amenazados y desplazados por realizar sus labores; y extorsiones a mineros, comerciantes, campesinos, migrantes y funcionarios públicos.
La Defensoría del Pueblo lamenta que en estos tres últimos años aumentaron las masacres, los homicidios selectivos, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, el reclutamiento de menores de edad, las extorsiones, las agresiones sexuales, entre otras violaciones de los derechos humanos y e infracciones del DIH, a niveles tan altos que no se veían desde 2009 y 2010. Y sostiene: “Se trata de los mismos actores armados, aunque con otros nombres, con los mismos repertorios de violencia; por eso varias fuentes comunitarias afirman que se trata del reciclaje de un conflicto violento ya vivido en la región hace una década”.
Sobre los asesinatos 1.057 ocurridos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de este año, según registros de la Policía Nacional, el SAT destaca que “a pesar de la confrontación abierta entre grupos armados, la mayoría de las muertes violentas en el Bajo Cauca no son consecuencia de enfrentamientos armados, sino de acciones selectivas, en donde el principal móvil utilizado es el asesinato sicarial cometido con arma de fuego”. También indica que contrario a lo esperado, pues los combates entre actores armados se dan en zonas rurales, la mitad de los asesinatos han ocurrido en sectores urbanos.
Y al respecto, concluye que “el 90% de los homicidios registrados en la subregión respondan a una modalidad sicarial, es un dato bastante significativo para el análisis porque indica que, a pesar de los más de veinte frentes de conflicto observados, la mayoría de los decesos no ocurren en medio de combate rural; antes bien son homicidios perpetrados contra población civil o en caso de que la víctima tuviera algún tipo de relación con un grupo armado, se trataba de civiles No combatientes, igualmente protegidos por el DIH”.
En cuanto a masacres, la Defensoría identificó que antes de 2018 ocurrían de manera “marginal”, pero que a partir de ese año se volvieron constantes. Y reseña cifras de la Policía Nacional para sustentar dicha afirmación, en las que se registran el asesinato de tres o más personas: cuatro fueron cometidas en 2018, seis en 2019 y tres durante el primer trimestre de 2020. Con 13 masacres en 27 meses, en promedio, cada dos meses fue cometida una en el Bajo Cauca antioqueño. En total, 43 personas perdieron la vida en ellas.
La sevicia es otro aspecto que llama la atención: “En varios casos que implican el cercenamiento de miembros del cuerpo, no se trata de facilitar el ocultamiento de los cadáveres, sino dejar un mensaje ejemplarizante y atemorizante para los enemigos y la población civil”. El SAT identificó su recurrencia a partir de 2019.
La desaparición forzada es otro crimen que sigue vigente en el Bajo Cauca antioqueño. Según registros del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), entre el 1 de enero de 2017 y el 29 de febrero de 2020, ocurrieron 81 casos generales de desaparición de personas, 64 correspondientes a hombres y 17 a mujeres. De ellos, 43 corresponden a presuntas desapariciones forzadas.
El municipio que tiene más denuncias de desaparición es Caucasia, con 38, que representan más del doble de los municipios que le siguen, Cáceres y Tarazá, con 17 registros cada uno. Al respecto, la Alerta Temprana indica que “el flagelo de la desaparición de personas parece concentrarse más en los municipios de la cuenca del (río) Cauca, ya que los municipios de la cuenca del (río) Nechí tienen menos de un registro por año: El Bagre 2, Nechí 4 y Zaragoza 3”.
De lo anterior se desprende que, una vez más, como en las épocas más duras del conflicto armado, los afluentes de agua siguen siendo utilizados para no dejar rastros de asesinatos. Al respecto, el SAT reseña que “de los 73 restos humanos en medio acuático, registrados por INML, 47 son caracterizados como muertes violentas por homicidio, casos que se pueden presumir como intentos de desaparición forzada, y 24 han sido muertes violentas accidentales o por accidentes de transporte fluvial”.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo considera que las estadísticas sobre desplazamiento forzado dan cuenta del impacto de la guerra que libran diferentes grupos armados en el Bajo Cauca está generando sobre la población civil, en donde los municipios más golpeados son Cáceres y Tarazá. (Leer más en: Dramático aumento del desplazamiento forzado en Bajo Cauca antioqueño y Desplazamiento forzado, sin freno en el Bajo Cauca antioqueño)
Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a la Víctimas, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2020, de los seis municipios de esa región antioqueño, 50.483 personas fueron obligadas a salir forzadamente de sus hogares. “Esto significa que, de los 260.681 habitantes de la subregión, proyectados por el DANE para el año 2020, cerca del 20% ha sido víctima de desplazamiento forzado”, concluye la Alerta Temprana.
Similar a las desapariciones forzadas, los municipios más golpeados por los desplazamientos son los ubicados sobre la cuenca del río Cauca. La situación más grave ocurre en Tarazá, pues durante esos tres años y cuatro meses, registró el desplazamiento de 18.590 personas, que equivaldría al 66 por ciento del total de su población, estimada por el DANE en 27.995 para este año; le sigue Cáceres, con 11.421 personas expulsadas, equivalente al 37 por ciento de sus habitantes.
La Defensoría del Pueblo también llama la atención que las localidades más afectadas por desplazamientos forzados en la zona rural son donde se implementa el PNIS, programa acordado en el Acuerdo de Paz con las Farc para sustituir los cultivos de coca: “Principalmente en los municipios de Tarazá y Cáceres (…) Así mismo, suelen ser zonas en donde se realiza explotación minera aurífera o hay otro tipo de interés económico, como en la cuenca del Nechí”. En cuanto a los desplazamientos ocurridos en áreas urbanas, ocurren recurrentemente en barrios y corregimientos adyacentes a los ríos Cauca y Nechí, especialmente los que permiten conexión a zonas rurales altas.
Aclarando que sobre la documentación de casos de reclutamiento forzado hay un gran subregistro, la Alerta Temprana consigna que, según documentación del ICBF, entre el 1 de enero de 2017 y el 29 de febrero de este año, 47 menores de edad fueron desvinculados de grupos armados ilegales en los seis municipios del Bajo Cauca. La mayor cantidad de los casos ocurrieron entre 2017 y 2018. (Leer más en: Bajo Cauca y sur de Córdoba: la guerra que se pelea utilizando niñas y jóvenes)
El SAT también recopila decenas de casos de extorsiones, despojo de tierras, accidentes de mina antipersonal, amenazas, restricciones de movilidad y confinamientos. Y recalca que el drama que padecen los habitantes del Bajo Cauca antioqueño, más allá de las acciones de grupos armados ilegales, también ocurre por la falta de integración a los proyectos de desarrollo de la región y la Nación; por la debilidad de la institucionalidad local y la ausencia del Estado; por la falta de alternativas económicas diferentes al narcotráfico y la minería no formalizada; por las altas condiciones de inequidad y de necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de la subregión; por los impactos socioambientales y económicos en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí, y las afectaciones de la emergencia de Hidroituango; y porque la respuesta del Estado ante esa crisis humanitaria estructural ha sido contingente y limitada a la militarización del territorio.
Por esa razón, emitió una serie de 46 recomendaciones a entidades del orden local, regional y nacional, para que atiendan de manera integral a la región y eviten la consumación nuevas violencias, ya advertidas. Mientras no se tomen decisiones de fondo, más allá de incrementar la presencia de la Fuerza Pública y de ofrecer recompensas cuando ocurren crímenes de gran impacto ante la opinión pública, las comunidades seguirán sufriendo las consecuencias de una guerra ajena, como ocurrió este jueves con los desplazados en la Isla de la Dulzura.
