En este corregimiento de Ibagué, el conflicto armado fue agudo, tanto que fue declarado zona roja durante muchos años. Las víctimas aún claman por conocer la verdad y que haya justicia.
Josefina Marín tiene un restaurante cerca de la pequeña plaza central de San Juan de la China. Allí recibe comensales todos los días. Los domingos llegan más que de costumbre porque es día de mercado y muchos de los campesinos que bajan de las veredas son conocidos suyos. El plato vale cinco mil pesos y los clientes salen contentos, agradecidos y saboreando la buena sazón. Ella siempre está sonriendo. Se desenvuelve en la cocina con agilidad para que el hambre de los que esperan no se alargue.
A algunos no les cobra y les dice: “hoy lo invitó un angelito”. Cuando se le pregunta por ese angelito se sonríe mientras menea su cuerpo con ternura, como abrazando a un niño. “Me gusta ayudarles a algunas personas que necesitan un plato de comida, aquí a muchos les falta”. El restaurante, además, es su casa. Allí tiene sus habitaciones y el baño, que también es público.
A unas pocas calles del restaurante de Josefina, en una zona que rodea la placa polideportiva del centro del corregimiento, donde se mezclan carros y gente, bajo un sol picante, Nury Bonilla, una mujer de 70 años y de baja de estatura, carga un bolso lleno achiras, un producto que vende cada ochos días para financiar sus gastos. “Llevo cien paquetes que me consigue un nieto, pero no siempre se venden todos”.
Ella vive en Ibagué, pero tiene una finca en una vereda a 10 minutos de San Juan de la China, donde se queda con sus dos hijos cada vez que visita el corregimiento, “pero ya no sabemos qué hacer con la finca, va a tocar venderla porque no está produciendo nada y lo que tenemos son deudas”.
Estas dos mujeres tienen tres puntos en común: son oriundas de San Juan de la China, ambas fueron afectadas por el conflicto armado y ninguna de las dos ha sido reconocida como víctima por el Estado, incluso, a una de ellas le han negado esa condición.
Josefina perdió a su hijo de 11 años a manos de un grupo de encapuchados que lo raptó el 13 de diciembre de 1999. En un intento de rescate por parte de las autoridades fue asesinado por sus captores el 26 de enero de 2000. Y el esposo de Nury murió cuando un grupo armado asaltó su finca en la madrugada del 31 de diciembre del año 1993.
El corregimiento de San Juan de la China queda a 38 kilómetros de la ciudad de Ibagué, capital del departamento de Tolima, tramo que se recorre en poco más de una hora en vehículos de servicio público. El centro poblado está sobre el filo de la montaña y se compone de una calle larga, bordeada de casas y locales comerciales.
Su altura permite divisar, a lo lejos, algunos municipios del sur del departamento y extensas planicies con varios tonos de verdes: son los cultivos de arroz en sus diferentes etapas de crecimiento. Además, en las madrugadas y atardeceres sin nubes, se puede observar el majestuoso Nevado del Tolima, una cumbre de 5.215 metros sobre el nivel del mar. El paisaje más cercano se compone de cultivos de café, sembrados simétricamente, que ocupan gran parte de las montañas.
En ese paisaje idílico la violencia se afincó a finales de la década del noventa y comienzos de la del dos mil. Guerrillas y paramilitares afectaron de manera dramática a sus pobladores, varios de los cuales recuerdan aquellas épocas como las peores en sus vidas.
Rescate trágico
En la noche, los ojos de Josefina Marín se notan cansados después de preparar desayunos, almuerzos y cenas durante el día. En la mesa que antes sirvió de comedor, pone un sobre de manila donde guarda los recuerdos de su hijo Helver. Hay fotos, recortes de periódicos y unas hojas de papel escritas por los integrantes de la familia en las que alguna vez relataron cómo vivieron la pérdida de su ser querido. “Todos los días lloro a mi hijo, no acepto que le haya pasado eso”.
En una de las sillas está sentado Rodrigo Peña, esposo de la mujer, silencioso, sin ganas de volver a mirar el sobre. En tono bajo y con un dejo de resignación dice: “otra vez a verla llorar”. Josefina empieza a leer lo que escribió hace por lo menos 15 años durante unas terapias a las que asistió para canalizar el dolor y la pérdida de su hijo. Esta noche, afirma con orgullo, que es la primera vez que no suelta una sola lágrima.
La historia de esta pareja comenzó en 1987 cuando Josefina se fue a vivir con Rodrigo a una casa construida en bareque y sin servicio de energía eléctrica de la finca El Diamante, propiedad del padre de Rodrigo, en la vereda La Violeta. En ese lugar nacieron sus tres hijos. Helver Rodrigo era el del medio.
“Éramos muy felices, compartíamos sueños, juegos y mucho amor”, recuerda la mujer. En esa vereda, Helver estudió de primero a cuarto de primaria. “Todo transcurría normal. Cuando se vive bonito, así no tengamos plata, pero desde que haya amor y unión familiar, no hay nada más”.
El domingo 5 de abril de 1999, a las 5 de la tarde llegaron unas 20 personas a la casa, haciéndose pasar por paramilitares. “Nos sacaron a todos al patio, yo con mis hijitos, nos filaron y, apuntándonos con sus armas, preguntaban por Rodrigo, mi esposo. A los trabajadores también los filaron”. Además, esculcaron la casa y se apropiaron de dinero y una escopeta.
A las diez de la noche pidieron mercado para hacer comida. “Les pasé mercado, ollas, panela. No dejaron de encañonarme. Se fueron a la una de la mañana porque Rodrigo dijo que les daba dos millones de pesos al martes siguiente”. Pero al clarear el lunes, la familia se desplazó hacia San Juan de la China, porque allí había policía y se sentirían protegidos.
Pese a que Josefina siempre quería volver a la finca, se decidieron por montar una cafetería y se dedicaron a trabajar en ella. Alquilaron un sótano, donde vivían apretujados.
Ese mismo año Josefina quedó embarazada de su cuarto hijo. Lo esperaban con muchas ansias. Helver quería que fuera un niño. “El 8 de diciembre, Helver se ganó un bingo de 160 mil pesos. Hubo partido de fútbol, hice tamalitos, avena, yogur, buñuelos, dulces de unos y otros. Transcurrieron así las fiestas, pero todo tan bueno no dan tanto”.
El 13 de diciembre Rodrigo madrugó a Ibagué con su hermano Gabriel, quien iba conduciendo su propio carro. Ya estando en la ciudad vio los mismos hombres que habían estado en la finca en abril, ambos se reconocieron y ellos gritaron: “míralo, ahí va y me echaron la madre. Mi hermano aceleró y ellos dispararon e hirieron a Gabriel. Traté de prestar algún teléfono por ahí para avisar a Josefa que se fuera con los niños, pero nadie me lo prestó”.
A las 8 y 30 de la mañana de ese día llegaron aquellos hombres al corregimiento con los rostros cubiertos. Le dispararon a un carro con pasajeros y ahí murió un hombre. “Siguieron por toda la plaza disparando y humillando a la gente con armas. Le dispararon a un muchacho que estaba en un local de la esquina. Se concentraron en la esquina de la heladería. Helver estaba conmigo en el local. Cerré las puertas y nos metimos en el baño”, relata Josefina.
Luego llegaron al negocio de Josefina, le gritaban que abriera o lo tumbaban. De una patada lograron abrir la puerta. “Eran dos hombres los que gritaban, Albeiro y Jorge Bocanegra. Nos sacaron, nos sentaron en la esquina de la casa, se quitaron el pasamontañas y me preguntaban por Rodrigo, que él les había fallado”.
Luego de amenazarla con matar a su esposo, le preguntaron a Helver si era hijo de él, a lo que el niño respondió afirmativamente. “Esos tipos le dijeron, ‘vamos chino’ y él se fue con ellos en medio de tiros y madrazos. Yo tan solo les supliqué que no me fueran a matar a mi niño”. Además de secuestrar al menor, notas de prensa de la época reportaron que por esa acción armada murieron tres personas.
En un centro asistencial en Ibagué, donde Rodrigo llevó a su hermano herido, se enteró de que Helver fue raptado. Desesperado, se fue a presentar la denuncia al Gaula y a esperar que les dieran razón.
En los días posteriores al rapto de Helver, Rodrigo se la pasaba entre San Juan de la China e Ibagué, viajando, escondido, entre cargas de café y mercancía, “para que nadie me viera viajar porque me daba mucho miedo que me mataran el niño. Me partía el alma cuando llegaba a la casa y lo primero que me preguntaba mi esposa era si habían llamado o qué han dicho del niño y yo decía, nada”.
A los ocho días del rapto del menor, los secuestradores llamaron a Rodrigo y le exigieron un pago de 120 millones de pesos, “que porque la plata se había duplicado ya que en la finca habían sido 2 millones de pesos”.
Rodrigo se la pasaba todo el tiempo buscando cómo conseguir prestado dinero para el rescate de su hijo. “No tenía nada qué vender, pues lo que teníamos a nombre de nosotros si sumaba unos 5 millones, era mucho. Éramos muy pobres”.
El 29 de diciembre enviaron un mensaje a la familia con la voz de Helver: “yo no tengo por qué estar aquí, estoy aburrido”. A la mamá le decía que para delante, que él estaba bien. Josefina no comió casi en esos 45 días que estuvo Helver en cautiverio, “siempre decía, yo comiendo y mi niño no, yo con cama y mi niño no. Yo hablaba sola, parecía verlo”.
El 15 de enero de 2000 Helver cumplía 12 años. Ese día lo pasaron entre lágrimas e incertidumbre. Diez días después Rodrigo recibió una llamada donde se escuchaba la voz de su hijo, y sin saber si era una grabación o no le dijo: “papá, sáqueme de aquí. Fue lo último que yo escuché de mi niño”.
Once días después las noticias daban cuenta del intento del Gaula de rescatar a un secuestrado en zona rural de Anzátegui. Se trataba de Helver, quien murió en el operativo, junto a dos de los agentes que participaron en la acción policial. Estando en Ibagué, Rodrigo les preguntó a los uniformados si se trataba de su hijo y le respondieron que sí. “Yo estaba en la calle, gritando como loco, luego me tocó ir a la morgue, estaba flaquito, como con frío, estaba allí mi niño, inerte, sin vida. Mataron mis ilusiones”.
Josefina se fue con sus tres hijos para la capital tolimense a constatar el drama que padecían. “Rodrigo abrió una bolsa y me dijo, ‘mira cómo nos volvieron al niño’. Yo lo abrazo, le doy picos, le echo la bendición. No hallaba qué hacer, me partieron el corazón en pedazos; al morir mi niño, me quitaron un pedazo de mí misma”.
Dos tiros por la espalda causaron la muerte de Helver cuando corría a los brazos del mayor Solís Javier Aldana, quien, junto con el capitán Jaime Rojas, participaron en el intento del rescate. Los tres murieron en el lugar. Josefina y Rodrigo no sabían de ese operativo.
En este intento de rescate, de acuerdo a informes de prensa de la época, también murieron dos integrantes del grupo que raptó al menor, se trató de Carlos Aguiar Cifuentes y Jorge Bocanegra, y tres más fueron capturados. Versiones periodísticas, basadas en fuentes policiales, indicaron que detrás de estas acciones estaban dos hombres, conocidos con los alias de ‘El Chulo’ y ‘El Zarco’.
De alias ‘El Chulo’, identificado como Robinson Ramírez Peña, se sabía que venía delinquiendo en la región desde hacía más de diez años y se le relacionaba con la comisión de secuestros en los frentes 21 y 50 de las antiguas Farc. Su captura se produjo en Bogotá el 28 de agosto de 1996 y el 18 de octubre de 2000 fue asesinado en la cárcel La Picaleña, de Ibagué. Su nombre está asociado al crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, baleado por sicarios el 13 de agosto de 1999 en una calle capitalina.
Sobre alias ‘El Zarco’ era poco lo que sabía, de hecho, en esa época no había sido identificado. Al parecer se había asociado con alias ‘El Chulo’ en actividades criminales y actuaba con varios hombres en el municipio de San Antonio. En sus inicios delictivos, que datan de comienzos de la década del noventa, habría tenido alianzas con frentes subversivos del Ejército Revolucionario del Pueblo y los Bolcheviques del ELN, que operan al noroccidente del Tolima.
Después de velar y enterrar a Helver, Josefina y Rodrigo fueron citados al día siguiente al Gaula. Allí les mostraron fotos del niño que los secuestradores le habían tomado, en algunas estaba sonriendo y con un pan en la mano; en otras triste, vestido de negro. La madre pidió las fotos, pero solo le regalaron unas fotocopias mal sacadas.
Helver pertenecía al grupo ecológico orientado por el Comité de Cafeteros y el Instituto Técnico Agrícola San Juan Bautista, donde cursaba grado séptimo. Todo el corregimiento quedó consternado tras su asesinato y varios medios locales y nacionales reportaron el hecho.
Los padres del niño se quedaron esperando que el Estado actuara para salvaguardar los derechos de la familia como víctima, hicieron la respectiva denuncia, pero nunca fueron asesorados para iniciar una demanda legal. Solo hasta el año pasado una líder del corregimiento ayudó para que la Fiscalía escuchara la versión de los hechos. Sin embargo, no se les ha notificado sobre reparación alguna.
Poco tiempo después de la muerte de Helver les llegó un panfleto firmado por el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, mediante el cual le notificaban a Rodrigo: “de acuerdo al servicio de inteligencia de nuestra organización usted es un fiel colaborador del frente Tulio Varón de las FARC que opera en la jurisdicción de San Juan de la China y sus alrededores. Usted sabe muy bien que lo que está haciendo da margen para tomar drásticas medidas de ajusticiamiento para usted y su familia… No queremos perjudicarlo a cambio de que usted nos haga una colaboración de carácter económico”. Además, le decían que si le informaba a alguna autoridad lo declaraban objetivo militar. Él hizo caso omiso al mensaje y continuó con su vida.
En el 2014, dos años después de iniciados los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, Rodrigo encontró bajo la puerta de su casa una nota firmada supuestamente por ese grupo guerrillero mediante el cual invitaban a los jóvenes de San Juan de la China a ingresar a la organización guerrillera; además, los conminaban a “rendir solemne homenaje al 50 aniversario de las FARC-EP por mantenerse en resistencia y optimismo”.
“Da tristeza encontrarse con esas cosas después de haber vivido tanta tragedia”, dice Rodrigo después de estar atento a las palabras de Josefina. Nunca fueron reconocidos por el Estado como víctimas y menos aún han recibido indemnización alguna por su tragedia. Irse a dormir fue el mejor remedio después de un día lleno de labores y una noche cargada de recuerdos.
Negativa contradictoria
Germán Saavedra es uno de los hijos de Nury Bonilla que aún vive en la finca El Triunfo, de la Vereda El Rubí, donde ella, con su esposo, Gonzalo Saavedra, trabajaron arduamente por sacar adelante a su familia.
Con la timidez propia de los campesinos se alegra con los visitantes, a quienes les prepara una buena taza de café, cultivado, tostado y molido en sus tierras. Luego de atenderlos, propone un recorrido por sus predios y en esa caminada evoca los trágicos hechos ocurridos entre la noche del 30 y el amanecer del 31 de diciembre de 1993 que acabaron con el asesinato de su padre.
Un poco nervioso y con la voz entrecortada, relata cómo desde un día antes estaban dedicados a preparar las festividades de fin de año con algunos vecinos. Pero en la penúltima noche del año la alegría se transformó en tragedia cuando su casa fue asaltada por más de cien hombres que empezaron a disparar contra la edificación, sin razón alguna.
“Eso fue un jueves, como a las 9 de la noche. Rodearon la casa por todos lados. Mi papá dormía en esa pieza, cerca de un beneficiadero antiguo de café y salió con el arma que tenía para cuidar la casa, los frentió, pero ellos le respondieron con una ráfaga y lo acabaron, luego lo remataron y lo tiraron por este cafetal para abajo. A uno de mis hermanos lo amarraron y se lo llevaron. A los otros nos dejaron tirados en el piso detrás de la casa. Cuando todo se calmó salimos a buscar a mi papá y casi no lo encontramos. Eso fue muy duro”.
A su hermano, Erleín Saavedra, lo encontraron vivo cerca de la casa, pero a su papá lo hallaron muerto, con el cráneo destrozado. Ese mismo día la Fiscalía hizo el levantamiento del cuerpo. Cuenta Germán que nadie se esperaba que eso pasara porque no hubo amenazas.
A raíz de esos hechos, la familia salió desplazada de la finca y la dejaron abandonada durante seis años. “Mi papá era muy trabajador, esta finca la tenía muy bonita, era una de las más cafeteras con la de Chepe Aguirre, era una finca muy productiva, la tenía bien sostenidita”.
La noche de la muerte de Gonzalo, los mismos hombres que acabaron con su vida asesinaron a siete campesinos más, entre ellos a Jairo Díaz Zabala y a su hijo Mauricio. Cerca del centro poblado segaron la vida de otras cinco personas. “En el momento de los asesinatos, 120 hombres atacaron la estación de policía para inmovilizar la acción de las autoridades”, reportó el periódico El Nuevo Día de Ibagué tres días después del ataque.
Nury quedó con seis hijos y cuatro nietos menores de edad, todos vivían juntos. Tuvieron que abandonarlo todo, las pertenencias, la finca con cultivo de maíz, café, plátano, frijol, ganado, para irse a la ciudad de Ibagué. “En calidad de desplazados es muy difícil conseguir trabajo estable, además, viviendo siempre con la muerte frente a nosotros y la desesperación constante, fuera de los traumas sicológicos sufridos en toda la familia”.
Y de ahí en adelante empezó otro sufrimiento, cuando se intentaron acreditar como víctimas. Pasados 26 años después de esos hechos, el Estado les ha negado de manera reiterada el registro y, en consecuencia, acceso a los programas asistenciales y a la reparación administrativa.
Con una legislación aparentemente a su favor, el 10 de agosto de 2008 Nury presentó la solicitud de reparación a la Subdirección de Atención a Víctimas de Acción Social por lo sucedido a su esposo y a toda su familia. La petición fue admitida para estudio y el 20 de noviembre de ese año se la negaron con el argumento de que la víctima “no fue dada de baja por insurgentes al margen de la ley sino por delincuencia comunes y guerras entre familias”.
En San Juan de la China los pobladores les atribuyeron aquellos asesinatos a las milicias urbanas ‘Norma Patricia Galeano’ de las Farc, entre los que estaba Wilson Ramírez Peña, alias ‘Bizcocho’, oriundo de este corregimiento, un guerrillero que hizo parte de la falsa desmovilización del Frente Cacique La Gaitana de esa organización guerrillera, ocurrida en marzo de 2006 y en la que dejaron sus armas por lo menos 70 personas, entre ellas 12 mujeres y seis menores de edad.
Si bien esa desmovilización colectiva fue considerada un montaje por las autoridades, razón por la cual está siendo procesado el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien se encuentra prófugo, varios de los exguerrilleros fueron cobijados por la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, que otorgaba beneficios de ocho años de cárcel a quienes dejaron sus armas de manera colectiva si contribuían con la verdad sobre su paso por la guerra.
En ese contexto, alias ‘Bizcocho’ ratificó lo que decían los pobladores de San Juan de la China, les explicó a fiscales y jueces de ese tribunal transicional lo ocurrido aquella noche y las razones por las cuales asesinaron a ocho campesinos. En audiencia de versión libre realizada el 21 de noviembre de 2008, aseveró que esta incursión fue ordenada el 25 de diciembre por el jefe del Comando Conjunto Central de las Farc conocido con el alias de ‘Adán Izquierdo’ y perpetrada por una comisión del Frente 21, entre los que estaban algunos milicianos de la ‘Norma Patricia Galeano’.
“Desde el 26 de diciembre nos desplegamos en los alrededores del pueblo y el 30 de diciembre en la noche nos fuimos para la finca del señor Gonzalo Saavedra porque había indicios de que allí se encontraba Nemesio Zabala y su hijo Aristóbulo Saavedra. Llegamos aproximadamente por ahí a las 10 de la noche u 11, no recuerdo la hora exacta, y rodeamos la casa”, detalló el exguerrillero.
Las razones de ese ataque, según el postulado, estaban fundamentadas en la presunta relación de algunos miembros de la comunidad de San Juan de la China con supuestos grupos de autodefensa que operaban en el sur del Tolima. Los insurgentes llevaban una lista de 24 personas para asesinar en aquella incursión.
“El 30 de diciembre a eso de las 6 de la tarde nos desplegamos para la finca del señor Gonzalo Saavedra. La orden era que la ejecución la teníamos que hacer el 31 de diciembre en horas de la noche. Los íbamos a coger bailando. Pero entonces llegó un muchacho, que le decían ‘El Ñeque’, un chofer, y nos dijo que Nemesio se nos iba a ir, que era la carnada más grande y que estaba por los lados de adonde Gonzalo Saavedra, por eso tomamos la determinación ese día”, explicó alias ‘Bizcocho’ y precisó que la incursión a la finca de los Saavedra la acometieron 30 guerrilleros.
Al llegar a la casa de la familia Saavedra, rodearon la casa: “Y gritamos que todo el mundo saliera con las manos en alto. En el momento en que dijimos esas palabras, ya teniendo rodeada la casa, apagaron la luz. Al instante salió un señor dando bala a todos los costados, que fue don Gonzalo Saavedra”.
De acuerdo con la versión del exguerrillero, uno de sus compañeros reaccionó y le disparó en el rostro del campesino con un fusil R-15, destrozándole la cara. “Yo lo cogí del cuello de la ruana y lo arrastré a un cafetal y allí lo dejé. Luego volvimos a la casa, la requisamos, preguntando por Nemesio Zabala y Aristóbulo, y esa familia no hacía sino llorar y preguntando por el papá, aunque ellos no sabían que el papá ya estaba muerto”.
“Son delincuentes”
Pese a esas declaraciones, la entidad estatal explica en su respuesta de rechazo a la solicitud de reparación que “es claro que existen profundas diferencias entre el obrar de grupos armados organizados al margen de la ley y la delincuencia común, en la medida en que a través de las acciones de los primeros (guerrillas y autodefensas por definición legal) se persigue atentar contra el Estado y el sistema político vigente, los segundos no persiguen dicha finalidad”.
Ese argumento, según Nury, es contradictorio por cuanto en uno de los documentos que le presentó a la Unidad de Atención a Víctimas de Ibagué expuso que la indemnización la recibió “la señora Luz Estella Duarte a quien ‘Bizcocho’ asesinó, en la misma masacre, la misma fecha, la misma vereda a su esposo y su hijo, ya le fue reconocido y pagada en su totalidad”.
Insistiendo en sus derechos, Nury interpuso una acción de tutela el 30 de noviembre de 2011 contra el Ministerio de Protección Social, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Presidencia de la República “y otros integrantes que formen parte del sistema integral de atención a la población desplazada, a fin de que se proceda a la protección de mis derechos constitucionales fundamentales a la vida en condición de dignidad, a la restitución de víctimas por la muerte de mi esposo Gonzalo Saavedra, mi desplazamiento forzado, derecho a la integridad personal, derecho a la vida”.
La tutela fue respondida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Ibagué. En esa ocasión, el juez Diego Fernando Caballero rechazó la petición con el argumento de que era “improcedente, por tanto, carece del principio de subsidiariedad, por lo cual deniega las pretensiones de la accionante, toda vez que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno”.
Además, en la respuesta este operador judicial explica que las riñas o disputas personales no tienen nada que ver con el despliegue bélico de grupos de guerrillas o autodefensa e implican un tipo de violencia distinta a la política por lo que son ajenas al marco de reparación individual por vía administrativa.
El 3 de enero de 2012 Nury le envió una carta a Jorge Eduardo Valderrama, secretario técnico, delegado ante el Comité de Reparaciones Administrativas de la Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia, “para hacer una interposición de recurso de reposición contra el acta Nº 002, mediante el cual se resolvió no reconocer la calidad de víctima de mi cónyuge Gonzalo Saavedra y a mi grupo familiar”.
Esa fue la última comunicación que ella tuvo con el Estado en su búsqueda de reclamar atención del este en su calidad de víctima del conflicto armado con el fin de recibir una reparación administrativa. Al no recibir respuesta satisfactoria, dejó el caso abandonado, porque, además, no tenía con qué pagar abogado.
Pese a todas las adversidades, Nury y su familia aún conservan la esperanza de que con el Acuerdo de Paz logrado con las extintas Farc su calidad de víctima se pueda acreditar ante la Jurisdicción Especial para la Paz y lograr la atención del Estado. De no lograrlo, se verá en penosa tarea de vender la finca, que desde la muerte de Gonzalo ha dejado de producir como antes, y que está en riesgo de ser embargada por el Banco Agrario, entidad con la que tiene una deuda por once millones de pesos.
Este artículo hace parte de la investigación La guerra en movimiento. Tomas guerrilleras y crímenes de guerra en la ejecución del Plan Estratégico de las FARC-EP en el Tolima (1993-2002), realizada por Dejusticia y VerdadAbierta.com.
