Dos masacres en poco más de 24 horas generan entre los pobladores una profunda reflexión sobre el papel de la Fuerza Pública en esta golpeada región por el conflicto armada y caracterizada por la desatención integral del Estado. Líderes sociales expresan su preocupación por la facilidad con la que se mueven los grupos armados ilegales en veredas y corregimientos.
A través de su cuenta de Twitter, el Mayor General Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, con jurisdicción en el departamento de Córdoba, aseveró que “sobre la cobarde acción criminal de grupos armados organizados contra la población en la vereda La Cabaña, en San José de Uré, Córdoba; el Ejército Nacional incrementa las operaciones para capturar a los responsables y la Policía Nacional adelanta la investigación de los hecho”.
El mensaje fue difundido a las 11:11 de la mañana del pasado lunes, siete horas después de cometida la masacre contra una familia campesina, perpetrada por un comando armado de la estructura criminal conocida como ‘Caparrapos’.
En la acción armada perdieron la vida Vitaliano Feria, de 66 años de edad; su esposa Elizabeth Meléndrez, de 64; y su hijo Edison Meléndrez, de 36 años.
Los hechos, como lo precisó el alto oficial del Ejército, ocurrieron en la vereda La Cabaña, del corregimiento Versalles, municipio de San José de Uré. Una zona donde la confrontación armada ha sido una constante desde antes de firmarse el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016.
Pese a la promesa del Mayor General Ramírez sobre el incremento de las operaciones militares, 27 horas después de su anuncio fueron asesinados tres hombres, dos de ellos menores de edad. El ataque se produjo en zona rural del corregimiento Puerto Colombia, en la vía que conduce de San José de Uré al vecino municipio de Montelibano, a poco más de cinco horas de camino a pie de la vereda La Cabaña.
En este ataque, atribuido por algunas fuentes comunitarias a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), murieron Yesid Velarde, de 15 años de edad; Mario Payares, de 16; y un hombre de 46 años de edad identificado como Jairo Velarde.
Dos masacres en menos de 24 horas en una región altamente militarizada ha minado la confianza en la Fuerza Pública. Por ello, las afirmaciones del Mayor General Ramírez a través de su cuenta en Twitter no generan credibilidad entre las comunidades campesinas y sus líderes sociales.
“Siempre nos hemos preguntado por qué el Ejército con una capacidad tan grande de hombres en ese territorio no puede controlar a estos grupos armados que hay sobre toda esa zona”, plantea Arnobi Zapata, coordinador territorial de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor) y representante legal de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (Anzorc).
Su cuestionamiento se basa no solo en las dos recientes masacres, sino en una visión más estructural del problema: en el sur de Córdoba operan desde hace varios años estructuras criminales sin mayor control por parte del Ejército y la Policía.
Y ello sucede, según este líder campesino, a pesar de que desde el 4 de enero de 2019 se activó en esta región del norte del país la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, una unidad táctica del Ejército de poco más de 2 mil hombres que opera en las regiones del Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés.
Durante el anuncio de su activación, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseveró que “esta asignación permitirá un despliegue focalizado que tiene como propósito evitar que en el Bajo Cauca antioqueño, la criminalidad continúe en aumento, como ha venido sucediendo hace algunos meses”.
Contra campesinos
Tras 19 meses de las promesas del ministro Botero y de la activación de esa unidad táctica del Ejército, las preguntas por su eficacia en la lucha contra la criminalidad están en boca de quienes conocen a fondo el drama de la confrontación armada en el sur cordobés.
“¿Cómo pueden los ‘Caparrapos’ pasar por todos los dispositivos de seguridad de la región y llegar precisamente a la vereda La Cabaña y asesinar a la familia campesina?”, se pregunta Zapata.
“Vitaliano, Elizabeth y su hijo Edison vivían en esa vereda desde hacía mucho tiempo”, cuenta Zapata, quien recuerda que ellos habían sido desplazados en 2018 y 2019, pero siempre volvieron a su casa, pese a que les habían advertido que no podían volver.
“Vivían ahí, en la vereda La Cabaña, y se habían resistido a irse del territorio. Creemos que por esta razón asesinan a esta familia, porque no se quiso ir del territorio”, precisa este directivo de Ascsucor.
Luego de la masacre, los hombres armados fueron de casa en casa, y obligaron a sus pobladores a irse de la vereda. De no acatar esas órdenes, “les mocharían la cabeza”, afirma Zapata, reproduciendo versiones de la comunidad. Por lo menos 50 familias, según algunas organizaciones locales, se desplazaron hacia el casco urbano de San José de Uré, donde aún permanecen.
La confrontación en esta región cordobesa ha metido a las comunidades en un círculo vicioso, que también genera cuestionamientos hacia la Fuerza Pública. De acuerdo con cifras del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en los dos últimos años se han registrado 14 desplazamientos masivos de comunidades campesinas e indígenas, que huyen de las veredas para proteger sus vidas.
¿Y de qué han huido? De la confrontación entre ‘Los Caparrapos’ y los ‘Gaitanistas’, que se disputan el dominio de la región, que es vía de paso entre los departamentos de Córdoba y Antioquia. De San José de Uré se llega fácilmente, por vías terciarias, al corregimiento de La Caucana, en Tarazá. Son zonas estratégicas para cualquier grupo armado ilegal, donde no solo hay cultivos de hoja de coca para uso ilícito y laboratorios de procesamiento de la pasta de coca; también hay minas de oro; y se estima que grandes yacimientos de niquel y cobre.
La disputa armada es tan letal que algunas fuentes consultadas creen que el asesinato de los dos menores de edad y de su acompañante fue perpetrado por los ‘Gaitanistas’. Si bien no se atreven a dar explicaciones concretas, las características permitirían deducir que se trata de una retaliación por lo ocurrido en la vereda La Cabaña.
Guerra sin contención
Desde comienzos de 2019 cuando menos, este portal viene documentando lo que ocurre en el sur de Córdoba y cada vez son mayores las crueldades que aplican los grupos armados ilegales que operan allí, y lo más dramático es que las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario se agravan por cuenta del aumento de estructuras criminales ilegales y del pie de fuerza del Ejército. (Leer más en: Arde el sur de Córdoba)
A los ’Caparrapos’ y ‘Gaitanistas, se suman los disidentes del Frente 18 de las extintas Farc, que tienden a complicar la situación porque se cree que entre unos y otros se tejen alianzas para atacar a sus enemigos. En medio de ellos queda la población civil.
“A pesar de que hay una cantidad de Ejército desplegado, no son capaces de controlar ese territorio y la verdad es que no sabemos el por qué”, afirma Zapata. “Hasta el momento, no vemos resultados contundentes de la Fuerza de Tarea Aquiles contra esos grupos armados.
Para agravar la situación, detalla este líder social, se tienen reportes de las comunidades de la llegada al sur de Córdoba, desde el Urabá antioqueño, de “un supuesto comando especial de los ‘Gaitanistas’. Los mismos campesinos, en las veredas, veían cómo pasaban cantidades de hombres armados con armas largas y uniformados por sus veredas sin que el Ejército reaccionara”.
De acuerdo con análisis del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, los ‘Gaitanistas’ son la mayor amenaza no solo para San José de Uré, también para los municipios cordobeses de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador.
Le disputan parte de sus territorios los llamados ‘Caparrapos’, una estructura criminal que, paradójicamente, se desprendió de los ‘Gaitanistas’ para operar de manera independiente. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)
Este complejo panorama de riesgo para las comunidades campesinas e indígenas fue advertido el 18 de diciembre de 2019 por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana Nº 054-19. El informe, enviado a las autoridades nacionales, regionales y locales, detalló la difícil situación que vivían por lo menos 26.132 habitantes, entre campesinos e indígenas, de los municipios de Tierralta, Montelibano, Puerto Libertador y San José de Uré.
Esta entidad del Ministerio Público precisó en su informe que las advertencias sobre estos cuatro municipios se habían dado por lo menos desde el 2018 y los hechos en la región evidenciaban una “progresiva exacerbación del contexto de amenaza para la población civil”, sobre los cuales fue informada el Ministerio del Interior, en su condición de secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).
Por medio de las alertas, detalla el SAT, “no solo se informó sobre la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario […] sino que también se exhortó a las autoridades concernidas a coordinar sus acciones institucionales con el ánimo de disuadir, mitigar y/o detener la continua consumación de los riesgos advertidos”.
Uno de los cuestionamientos del SAT se dirigió a las entidades estatales que, a su juicio, concentran “sus esfuerzos especialmente en acciones de atención humanitaria a emergencias frente a la ocurrencia de eventos que constituyeron per se la consumación de riesgos advertidos, como es el caso de los desplazamientos forzados masivos”. En esencia, “dejaron de lado la prevención temprana [y urgente] que promueve la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo […] necesarias para evitar la ocurrencia de eventos como los señalados”. (Leer más en: El Sur de Córdoba: teatro de guerra con poca atención integral del Estado)
Al respecto, el coordinador territorial de Ascsucor reitera que esas alertas tempranas emitidas por el SAT de la Defensoría del Pueblo “no han sido atendidas por el gobierno nacional ni por los estamentos del Ministerio del Interior”. Y expone varias situaciones para demostrar que poco o nada de eco han tenido las recomendaciones planteadas en la Alerta Temprana Nº 054-19.
Una de ellas es que tanto Ejército como Policía “solo activan presencia de Fuerza Pública en esas veredas donde sabemos que viven los actores armados, cuando hay un homicidio o cuando hay un desplazamiento; mientras tanto no ven, ni oyen, ni escuchan absolutamente nada sobre estos grupos armados”.
Añade a sus explicaciones, que en el sur de Córdoba no hay registros de ataques frontales del Ejército con los ‘Gaitanistas’ y es por eso que esta estructura armada ilegal, que tiene presencia en la región desde hace por lo menos doce años, se mueve “como Pedro por su casa y no pasa absolutamente nada y uno no entiende por qué”.
Zapata concluye su análisis indicando que la falta de contundencia en la aplicación de las medidas sugeridas por el SAT de la Defensoría del Pueblo se debe a que entre la Fuerza Púbica aún prevalece “el concepto de guerra contra guerrilla, pero no han evolucionado a un concepto de persecución directamente a los paramilitares”.
Y para reforzar su argumento, refiere que en el Bajo Cauca antioqueño han bombardeado posiciones de la guerrilla del Eln y persiguen con igual intensidad a las disidencias del Frente 18 de las antiguas Farc, pero no así a los ‘Gaitanistas’. “¿Por qué con los Gaitanistas no sucede lo mismo?”, se pregunta Zapata.
¿Vaciar el territorio?
¿Qué hay detrás de tanta violencia contra las comunidades campesinas e indígenas? Zapata descarta, de plano, que sea por el narcotráfico: “Si acaso, en San José de Uré, habrá 20 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito”.
José David Ortega, integrante de Ascsucor y responsable del movimiento Marcha Patriótica en Córdoba, coincide con Zapata en esa apreciación y profundiza sus explicaciones al respecto, no sin antes advertir que lo sucedido en La Cabaña y Puerto Colombia no son hechos aislados: “son hechos que se sabía que iban a suceder y así lo había alertado la Defensoría del Pueblo”.
Este líder social argumenta que es falso que detrás de tanta violencia esté el interés por los cultivos ilícitos y, en general, por el narcotráfico. Para él, hay otros intereses en juego, que van más allá de esa actividad ilegal.
“Se lo digo en primera persona porque yo viví en ese territorio, soy desplazado de ese territorio: si los grupos al margen de la ley viven del narcotráfico, les generan condiciones a la familia para que cultiven coca para ellos seguir financiando actuar delictivo, pero ahora lo que quieren es que no haya gente en el territorio”, explica Ortega y, de paso se pregunta: “¿Si están desplazando a la gente, entonces quién les va a cultivar la coca?”.
Ambos líderes de Ascsucor plantean una hipótesis para intentar resolver esa pregunta: el propósito de los grupos armados ilegales en el sur de Córdoba es desocupar el territorio. ¿Para entregárselo a quién? “Eso no lo sabemos”, responde Ortega. “Detrás de esos asesinatos hay una clara intención de que necesitan el territorio sin gente. Hay otros intereses que no se han dicho ni se han investigado”.
Para reforzar su hipótesis, Ortega alude no solo a la masacre contra los tres campesinos de la vereda La Cabaña, sino a la orden perentoria que le dieron los ‘Caparrapos’ a la comunidad para que abandonaran la zona.
“En el 2019 también se presentaron casos así, por eso no son hechos aislados”, reitera este vocero de Ascsucor. “En el mes de abril de ese año, en el corregimiento Brazo Izquierdo, un grupo armado con fusil reunió la comunidad y en el parquecito de ese corregimiento, que eran alrededor de 60 personas, sacaron a dos jóvenes al azar, los tiraron al piso y los mataron delante de la comunidad. Ese mismo grupo se fue hacia arriba, se encontró a un señor que venía bajando, lo bajaron del caballo y lo mataron. Pero antes dijeron a la comunidad que necesitaban que se fueran del territorio, que no querían a nadie por aquí”.
“A los días -continuó Ortega- se fueron a una vereda que se llama El Cerro y cogieron a un señor llamado Manuel Osuna Tapia, lo amarraron, lo degollaron, lo torturaron, todo delante de la familia y luego incendiaron la casa. También dejaron el mismo mensaje: que no quieren a nadie en las veredas. Lo mismo pasó con el resguardo Dochama, donde también hubo un desplazamiento porque también les dieron 24 horas para que desocuparan el resguardo”.
¿De qué actividad entonces derivan sus rentas los grupos armados ilegales en San José de Uré? Zapata responde que de la extorsión generalizada. “Le cobran hasta al vendedor de empanadas”, por ello insiste en su hipótesis del vaciamiento de la región.
“Ellos (los grupos armados ilegales) intentan crear las condiciones para que no haya oposición a la entrada de esas empresas y quien controle el territorio podrá cobrar extorsión en todo ese territorio”, plantea este líder social.
Las empresas a las que se refiere Zapata son las mineras que estarían detrás de los potenciales yacimientos de níquel que tiene el subsuelo del sur cordobés. De hecho, la zona es de interés de la empresa Cerro Matoso, que anunció en abril del año pasado inversiones por 8 millones de dólares en proyectos extractivos en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador y Planeta Rica.
Esta empresa opera desde 1982 en el municipio de Montelibano uno de los yacimientos de ferroníquel más grandes del mundo. La mina es controlada por el grupo multinacional BHP Billiton, de origen australiano-británico.
Además, están las potenciales explotaciones de yacimientos de cobre en una zona limítrofe entre San José de Uré y Puerto Libertador. Desde hace un par de años la firma Minerales Córdoba, de la canadiense Minerals Corp., subsidiaria a su vez de High Power Exploration (HPX), tiene en etapa de exploración el proyecto San Matías, del cual hace parte la mina El Alacrán y que, según estimativos, tendría 300 millones de toneladas de cobre.
Ortega insiste en que masacres como las ocurridas entre lunes y martes en zona rural de San José de Uré no son hechos aislados: “En el Sur de Córdoba, desde hace muchos años se viene presentando un conflicto que lo hemos denunciado nosotros como organizaciones campesinas, también lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, y que la institucionalidad es muy poco lo que hace, el gobierno nacional es muy poco lo que hace sobre eso”.
Además, cuestiona que las recomendaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana Nº 054-19 no han sido tenidas en cuenta por las autoridades nacionales, regionales y locales.
“La institucionalidad no hace nada para desmantelar esos grupos armados. Hay abandono total del Estado frente a esas comunidades campesinas”, asevera Ortega y plantea que una de las alternativas sería implementar el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, pero tampoco, a su juicio, hay avances en ese aspecto.
San José de Uré hace parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como PDET, una iniciativa pactada con las extintas Farc para atender de manera prioritaria 170 municipios en el país afectados por la guerra. “Aquí es muy poco lo que se ha hecho”, ratifica Ortega.
Este líder social también cuestionó las medidas de militarización que ha tomado el gobierno nacional para enfrentar la criminalidad en el sur de Córdoba: “No entendemos, si la Fuerza Pública está por ahí, si está asignada esa tarea, por qué siguen los grupos armados andando por el territorio como si fuera la casa de ellos”.
En su análisis, este vocero de Ascsucor recoge lo que las comunidades y la misma Defensoría del Pueblo ha dicho en sus informes de advertencia y alertas tempranas: “en Córdoba la presencia del Estado no se reduce a fuerzas militares. Tiene que llegar al territorio con inversión social que transforme el territorio y los grupos armados tengan que irse”.
Y concluye que “si el Estado no llega y los grupos armados hacen lo que les da la gana y se meten al monte y desaparecen, pues entonces ellos se mantendrán ahí controlando y la Fuerza Pública lejos”.
