En este municipio el norte de Antioquia, la implementación del Acuerdo de Paz quedó interrumpida con la salida forzada de un grupo de excombatientes hacia Mutatá, en el Urabá antioqueño. En entrevista con el párroco del corregimiento quedaron plasmadas las preocupaciones de los pobladores y los pocos excombatientes que se quedaron allí.
Luego de que 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias decidieran desplazarse del corregimiento que los acogió durante los últimos tres años en su proceso de reincorporación a la vida civil, 150 personas que viven en el caserío y las casi mil asentadas en las veredas aledañas, temen que se repitan los hechos de violencia que padecieron 20 años atrás, cuando comandos paramilitares quemaron varias casas y obligaron a sus pobladores a abandonar la región
En el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del corregimiento de Santa Lucía se quedaron siete reincorporados de las antiguas Farc y sus familias, quienes, por voluntad propia, no quisieron trasladarse al nuevo sitio de concentración, en zona rural del municipio de Mutatá, sur del Urabá antioqueño, y ocuparon las viviendas de la parte central del predio, a donde llegaron en 2017 en busca de un lugar para iniciar una vida distinta a la de la guerra. (Leer más en: Reubicación de excombatientes en Mutatá, un reto para el gobierno nacional)
Quien ha alzado su voz a nombre de los campesinos y los pocos reincorporados que quedaron en Santa Lucía es el sacerdote Yonay Tuberquia Agudelo, párroco de la iglesia del corregimiento. Sus preocupaciones se centran en la desprotección en la que quedaron, luego del desplazamiento de los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias por razones de seguridad.
El prelado aseveró que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) dio la orden de desmontar las construcciones de la parte baja del predio que tenían arrendado y que hacía parte del ETCR de Santa Lucía.
El sacerdote Yonay pertenece a la Diócesis de Santa Rosa de Osos, lleva cinco meses como párroco en Santa Lucía y en ese poco tiempo ha tenido bastante cercanía con los excombatientes y la comunidad. “Desde la Diócesis hemos seguido todo el proceso de paz”, le dijo a este portal.
Tropas del Ejército y agentes de la Policía aún están en el corregimiento; sin embargo, el sacerdote teme que después de un tiempo se vayan: “Ituango tiene 124 veredas y ellos tienen que andar por todas. Hablé con el comandante de Policía hace poco y me dijo que no tienen la orden de salir, pero que si los necesitan en otro lado tendrían que irse”.
Si la Fuerza Pública es trasladada, como temen en Santa Lucía, se generará mayor vulnerabilidad en una región donde disidencias de las antiguas Farc, estructuras surgidas tras el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, organizaciones del narcotráfico articuladas con carteles internacionales y la guerrilla del Eln gravitan en la región, sin un control efectivo por parte de las autoridades, razón por la cual se generó el desarraigo de los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.
La voz del sacerdote
VerdadAbierta (VA): ¿Qué expectativas tenían los campesinos frente a la reincorporación de los excombatientes en Santa Lucía?
Yonay Tuberquia Agudelo (YTA): La gran expectativa era la esperanza de paz, vivir una vida más tranquila. Es una comunidad que lleva más de 40 años afectada por la guerra y sin embargo la gente tenía esa perspectiva de perdón. Saben que les hicieron mucho daño, pero ahora ya ellos han dado el paso y la comunidad los recibió para hacer un cambio juntos.
Ahora con la salida de ellos, llega otra vez la incertidumbre; qué va a pasar en el territorio y si se llevan la fuerza pública, mucha más es la preocupación.
VA: En mayo pasado hubo amenazas tanto a excombatientes como a la comunidad, ¿eso cómo ha evolucionado?
YTA: Sí, incluso hubo un desplazamiento corto de la comunidad de Santa Lucía hacia el ETCR. Fue un desplazamiento ilógico, lo vemos de esa manera, porque no tiene sentido salir de la casa a 100 ó 200 metros de donde vivían los excombatientes. Los grupos armados enviaron el mensaje de que si el Ejército o la Policía no se retiran, entonces van a haber desplazamientos y enfrentamientos. Esas amenazas a lo último no llegaron a término, por ahora.
VA: Pero con la salida de los excombatientes sí se cumplieron las amenazas.
YTA: Los excombatientes salieron por temor, porque claro, hay presencia de grupos armados en la zona. Hay presencia de disidencias, de paramilitares y debido a eso, los excombatientes ya no se sentían tan seguros. Por eso decidieron irse para otro lugar.
VA: ¿Cuál fue la reacción de la comunidad campesina tras el desplazamiento de los reincorporados?
YTA: Hay unos sentimientos de todo tipo. La gente nunca olvida el mal que les hicieron cuando estaban en la guerra. En esa zona se mantenía la guerrilla y ahí mismo decidieron quedarse para reparar un poco el daño causado. En esos días previos a la salida, hubo nostalgia de los excombatientes al dejar un lugar al que se habían arraigado y que querían seguir.
VA ¿Qué pasará con la infraestructura física del ETCR?
YTA: Estamos tratando de hablar con la ARN a ver si hay posibilidades de que eso quede para la gente. Lo que la comunidad quiere es que esas construcciones se queden ahí tal cual para que sean un servicio para ellos mismos. En la comunidad tenemos familias que no tienen hogar y quisiéramos que esas casas las pudieran usar. Sin embargo ya está la orden de desmontar la parte baja.
VA: ¿Qué cree que pasó con el Acuerdo de Paz en esa zona?
YTA: Creo que hubo errores de parte y parte. Los excombatientes se quejaban de que el gobierno nacional no les ha cumplido los Acuerdos y eso es evidente. Uno estando en la zona, se da cuenta que de cierta manera el gobierno falló en el cumplimiento de algunos puntos, como en la seguridad y las tantas muertes de los excombatientes aquí, a pesar de que ahí estaba la Policía y el Ejército.
Pero tampoco se desconoce que los excombatientes también fallaron en el cumplimiento, por ejemplo, que las disidencias se hayan rearmado supremamente rápido y que todavía hubieran quedado armas encaletadas, que tal vez tenían la intención de entregarlas, pero algunos rápidamente volvieron a cogerlas.
VA: ¿Qué acompañamiento gubernamental ha recibido la comunidad de Santa Lucía?
YTA: Hemos hablado con el señor alcalde de Ituango y él nos ha manifestado la intención de seguir preocupado por esta comunidad. En Santa Lucía se necesita muchísimo progreso, mejor educación, porque los jóvenes solo estudian hasta noveno y de ahí se tienen que ir hacia otra vereda a terminar el bachillerato.
Aquí no hay acceso a la información y la comunicación, la población no cuenta ni con una antena para señal de celular. Hablando también de la seguridad de estas personas, se hace muy complicado dar aviso al alcalde, a la zona urbana de alguna eventualidad que pase en la zona. No hay acueducto, la Pastoral Social con la misma comunidad ha hecho unos filtros caseros para potabilizar el agua, pero no es lo suficiente.
VA: ¿Qué intereses ilegales hay sobre Santa Lucía?
YTA: Este es un lugar montañoso y es un corredor estratégico para los grupos armados que se están disputando el territorio, eso no es desconocido para el gobierno ni para la comunidad. Por eso la comunidad no quiere que se lleven la Fuerza Pública, porque quedarían totalmente desprotegida, sería como decirles a los grupos ilegales, nuevamente bienvenidos al corregimiento. Se perdería todo lo que se ha avanzado hasta ahora.
VA: ¿Económicamente cómo se sostiene el corregimiento
YTA: La comunidad de Santa Lucía es totalmente campesina. El café es el mayor producto que se da en la zona y en general la actividad agrícola. Cuando llegó el ETCR, muchos campesinos se unieron a trabajar con los excombatientes en actividades de cuidado de ganado, cerdos, gallinas; es decir, en los proyectos productivos fruto del Acuerdo de Paz, lo que amplió las labores y la producción.
VA: En medio de la inseguridad, se expandió el virus COVID-19. Al respecto, ¿qué cuidados adoptó la comunidad para prevenir su llegada dado que uno de los focos de contagio es la zona de construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango?
YTA: En esta contingencia, las comunidades se han acogido a los protocolos nacionales. En el campo, la pandemia no ha afectado a nadie, nos cuidamos mucho, no salimos al centro urbano y nos quedamos dentro de la misma vereda para no contagiarnos con el virus.
VA: Finalmente, como iglesia católica, ¿cuál es la responsabilidad que tienen con Santa Lucía?
YTA: Acompañarlos. Y eso es lo que ha hecho la Diócesis de Santa Rosa de Osos, antes del proceso de paz, durante el proceso y ahora en la implementación. Esta comunidad lleva más de 40 años edificada en la zona y han tenido la presencia de un sacerdote. La tarea es acompañarlos mediante la guía espiritual como también en lo social, ayudarles para que sean atendidos por el Estado, al que le digo que no abandone a estas personas: también son colombianos y necesitan que los apoye y ayude.
