Varios de ellos fueron expulsados de sus tierras por grupos armados ilegales por el hecho de velar por el bienestar de sus comunidades. En la capital antioqueña recibieron el beneficio de albergue y alimentación por parte de la Gobernación de Antioquia, pero esa ayuda finalizó y ahora no tienen a dónde ir. La zozobra es constante y las soluciones se ven lejanas.
El pasado jueves 6 de marzo, el líder campesino José Ariza recibió una carta que lo dejó bastante angustiado y sin saber qué hacer. La misiva venía firmada por María Fernanda Posada Puerta, directora de Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación de Antioquia. En ella le notificaban la “finalización de las medidas complementarias y transitorias de hospedaje y alimentación” otorgadas en el marco de la “Ruta de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos”.
Se trata de uno de los beneficios contemplados en el decreto expedido por la Gobernación de Antioquia el 21 de enero de 2019 para atender a activistas, dignatarios, dirigentes sociales, comunitarios y campesinos que, como José Ariza, han tenido que abandonar sus regiones por cuenta de amenazas y atentados contra sus vidas.
“Básicamente, te pagan habitación en un hotel de Medellín y te garantizan la alimentación durante los meses que estés aquí”, explica el líder campesino, quien, desde el pasado jueves, no cuenta con esas medidas de protección y ahora deambula por las calles de la capital antioqueña sin saber dónde pasará cada noche.
De Medellín, José sólo conoce los parques más representativos del centro de la ciudad: el Parque Bolívar, la Plazuela San Ignacio y el Parque de Berrío. No tiene familia, ni amigos ni vínculos cercanos que lo puedan socorrer en este momento. La única compañía con la que cuenta son los dos escoltas que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) en febrero de 2019. También le asignaron una camioneta para que se movilice. Y tal parece se convertirá en su hogar temporal, tal como él mismo lo afirma: “¿Para dónde me voy a mover? No puedo devolverme para la tierra porque todavía tengo el riesgo allá. Aquí no conozco a nadie. Será dormir en la camioneta mientras resuelvo”.
A esa ciudad llegó en julio de 2019 proveniente de Betania, municipio del suroeste de Antioquia, donde pasó toda clase de penurias. “Fui a pedir trabajo a la Alcaldía, pero me dijeron que como no era del partido político del alcalde, no me podían colaborar. Por los escoltas, pues no me queda fácil pedir trabajo en fincas. Entonces, pedí trabajo a varias personas en el pueblo, pero apenas veían los escoltas, me decían que no. Decidí venirme para Medellín a ver cómo resolvía. Fue entonces cuando la Defensoría del Pueblo me ayudó con la gestión y pude ingresar al programa de la Gobernación (de Antioquia)”.
José llegó a Betania en febrero de 2019, luego de sufrir un atentado contra su vida dos meses antes, en diciembre de 2018. “Yo soy nacido en San Juan de Arama, departamento de Meta. En una época de mi vida estuve trabajando en el suroeste antioqueño. Cuando en Bogotá me dijeron: ‘Es mejor que se traslade para un municipio donde usted esté tranquilo, ya que hay riesgos serios para su seguridad en esta ciudad’, pues decidí irme para allá, porque conocía la región y esperaba conseguir trabajo allá”, recuerda.
Su calvario comenzó en 2016, cuando fue elegido presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santo Yarumales, de La Macarena, Meta. “Desde que me eligieron, las disidencias del Frente 27 de las Farc comenzaron a presionarme dizque porque era ‘muy cercano al Ejército’. La cosa se complicó más cuando ayudé a rescatar y reestablecer los derechos de un menor de edad que había sido reclutado por las disidencias”.
“Luego, con la implementación del PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos) continuaron las amenazas -continúa José-. Yo soy el coordinador del PNIS en mi vereda. Allá logramos erradicar el 98 por ciento de coca. El 3 de diciembre de 2018, en horas de la tarde, llegó a mi casa un hombre en motocicleta, que estaba interesado en comprar ganado, que si sabía de alguien que estuviera vendiendo. Hablé con él un rato y cuando menos pensé, sacó un arma y me disparó. Menos mal el arma se le ‘trabó’ y pude escapar”.
José recibió un disparo en la pierna que no le dejó lesión grave alguna. El propio Ejército Nacional colaboró con su traslado desde La Macarena hasta la ciudad de Bogotá. Allí estuvo hasta el 15 de febrero de 2019, día en que la UNP expidió la resolución donde catalogó su situación como “riesgo extremo”, le otorgó como medida de protección dos escoltas y un vehículo y le recomendó no regresar a La Macarena y trasladarse hacia otra región del país donde estuviera más tranquilo.
Curiosamente, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas negó la inscripción de José en el Registro Único de Víctimas, “y la verdad no entiendo por qué. Yo apelé y ahora está en manos de la Corte Constitucional la decisión final. Es cierto que la Unidad me suministró el albergue mientras estuve en Bogotá, pero creo que mi caso amerita que me consideren víctima”, dice el líder campesino.
No es el único caso
En Medellín, José conoció otros líderes campesinos que, como él, tuvieron que abandonar sus municipios por cuenta de amenazas de muerte proferidas por grupos armados ilegales y debieron refugiarse en hoteles pagados por la Gobernación de Antioquia. Uno de ellos fue Mario*, labriego proveniente del corregimiento La Caucana, de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, quien además de ser hoy su mejor amigo en esta ciudad, también está padeciendo su mismo viacrucis.
Mario llegó a la capital antioqueña el 1 de mayo de 2019. Un par de días antes, el grupo armado ilegal conocido como ‘Los Caparrapos’, que delinque en esta región del departamento, lo amenazó de muerte y le dio 24 horas de plazo para abandonar el municipio. Las razones para tal intimidación las tiene claras el líder campesino.
“Yo era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de mi vereda, que queda en el corregimiento La Caucana. Resulta que allá se estaba implementando el PNIS”, relata Mario. “Llegó este grupo armado y comenzó a cobrar vacuna a todos los del PNIS. 200 mil pesos cobraban por beneficiario. Yo me quejé ante el presidente de la Junta, pero como que no le gustó. Y eso no es todo. El presidente comenzó a meter gente que no era de la vereda, sino que venían de Córdoba, para que cobraran esa plata del PNIS. Yo comencé a reclamarle, a decirle que porqué hacia eso y a los días comenzaron las amenazas”.
Mario tocó las puertas de varias entidades oficiales pidiendo ayuda. Finalmente, la que respondió su llamado fue la Defensoría del Pueblo y en julio de 2019 gestionó su ingreso a la “Ruta de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos” de la Gobernación de Antioquia. El beneficio recibido fue el mismo de José: habitación y alimentación, los mismos que llegaron a su fin el pasado 6 de marzo.
“A mí también me llegó la carta de la Gobernación de Antioquia donde me dicen que ya se acabó el beneficio”. A diferencia de José, Mario sí tiene familia en el Valle de Aburra, pero cómo él señala, “¿cómo voy a ir donde ellos, a ponerlos en riesgo? Si recién llegado fui donde ellos y lo primero que me dijeron fue: ‘Nos duele tu situación, pero no te podemos tener aquí’, y los entiendo. Yo me vine con mi esposa y mi hija. Pero les dije que se fueran para donde el papá y ahora están en un pueblo al que no me atrevo a ir por miedo”.
Finalizando el mes de julio, Mario recibió por parte de la UNP un chaleco anti-balas, un botón de pánico y un teléfono celular como medidas de protección. “Imagínese lo que es ir a pedir trabajo con este chaleco. Te miran como si tuvieras una enfermedad peor que el coronavirus. Desde que estoy aquí no he podido conseguir trabajo”, exclama el líder campesino, quien afirma que estar en Medellín no es garantía para su seguridad. “Yo mismo he visto a comandantes de ‘Los Caparrapos’ aquí en Medellín, por el Parque Berrío, por la Estación Universidad del Metro. Por aquí se mantiene esa gente, entonces, ¿qué seguridad puede tener uno?”.
Garantías de protección
Actualmente, la “Ruta de Protección a Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos” de la Gobernación de Antioquia brinda medidas complementarias y transitorias a 27 personas, 13 de las cuales responden a la categoría de líderes sociales, campesinos, comunitarios o defensores de derechos humanos, explica María Fernanda Posada Puerta, directora de Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación de Antioquia.
“Lo que pasa es que hay casos donde la amenaza se extendió hasta el núcleo familiar, entonces, hay que extender la ruta de protección para ellos también. De ellos, varios no son de Antioquia”, explica la funcionaria y aclara que “estas medidas son transitorias y sólo se aplican mientras la entidad competente, en este caso la Unidad Nacional de Protección (UNP), hace la valoración del riesgo y genera las medidas a que haya lugar una vez defina el riesgo del líder”.
En ese sentido, añade Posada Puerta, “el tiempo que duran las medidas transitorias y complementarias van hasta por tres meses, que es el tiempo que toma la UNP para hacer la valoración del riesgo. Hay casos en que hemos extendido por mucho más tiempo las medidas, pero ha sido porque la UNP se ha demorado en hacer la valoración del riesgo. Pero repito, son medidas transitorias y complementarias. La Gobernación de Antioquia no es la instancia ni competente ni responsable de hacer valoración del riesgo ni brindar protección. Es competencia de la UNP”.
Según la funcionaria, los casos de Julio Ariza y de Mario* ya fueron valorados por la UNP y debe ser esta entidad la que debe brindar la atención, el acompañamiento a sus casos particulares: “Ellos ya no son beneficiarios de las medidas de la Gobernación porque ya tienen sus esquemas de protección. En este caso se trató de una excepcionalidad por petición de Ministerio Público”.
La Directora de Derechos Humanos, DIH y Víctimas de la Gobernación enfatiza que mientras existen protocolos y rutas nacionales de atención para las víctimas de desplazamiento forzado “que cuentan con recursos financieros propios que otorga la Ley 1448, para la protección de los líderes el gobierno nacional no otorgó recursos, y eso es lo complejo, porque esas erogaciones las tiene que hacer directamente la Gobernación de Antioquia y esos recursos pues hay que usarlos con responsabilidad”.
Claro está, eso lo tienen presente tanto José Ariza como Mario*, quienes sólo piden que el Estado les tienda una “mano amiga” para reconstruir sus vidas luego de la tragedia que significó para ellos abandonarlo todo por cuenta de las amenazas proferidas por grupos armados ilegales.
“Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Solo queremos que nos ayuden con una reubicación, que nos den una tierra para trabajar, que eso es lo que sabemos hacer”, asevera Julio Ariza quien denuncia que actualmente otros líderes están atravesando por su misma situación.
“Hay un líder, de aquí de Antioquia, que le finalizaron el beneficio en diciembre y, sin mentirle, hoy es un habitante de calle. Y como nosotros hay otros líderes que pueden quedar en la calle en los próximos días”, agrega el activista. Por su parte, Mario agrega que “sólo del PNIS puede haber unas 125 familias como desplazadas aquí en Medellín. Claro, unas resolvieron con familiares, se auto albergaron, pero otras personas, como yo, quedamos prácticamente abandonadas”.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente
