Hoy, en La Dorada, un grupo de familias y tres organizaciones le entregarán un detallado informe a las instituciones que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que da cuenta del fenómeno de la desaparición en cuatro municipios de ese departamento. Documentaron y analizaron 187 casos.
En el departamento de Caldas hay registradas 10.118 víctimas de diferentes tipologías de desaparición. Esa una de las principales conclusiones a la que llegaron la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos); el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas; y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), luego de consultar, verificar y depurar 16.044 registros de cuatro bases de datos estatales.
Estas organizaciones están investigando el fenómeno de la desaparición y capacitando a los familiares de las víctimas en Caldas desde 2017. Su trabajo inició en el municipio de Samaná, pero después se extendió a La Dorada, Norcasia y Victoria. Y como uno de sus puntos culminantes, hoy le entregan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un detallado Plan Regional Integral de Búsqueda de las Personas Desaparecidas en la región del Magdalena Caldense.
“Es un informe de alrededor de 300 páginas, que contiene información de las víctimas como quiénes son y dónde podrían estar localizadas; recomendaciones técnicas para intervenir las zonas donde podrían estar; información sobre los perpetradores de los hechos e información sobre el estado del proceso de investigación; y un componente psicosocial de las familias y lo que necesitan para tener un apoyo efectivo por parte del Estado”, explica Diana Arango, directora de Equitas.
Y agrega que buscan que sea una herramienta clave para acabar con la incertidumbre de las personas que esperan por el retorno a casa de sus seres queridos o alguna de ellos, ya que no han vuelto saber de ellos en décadas. “Queremos que la JEP y la Unidad de Búsqueda asuman el Plan Regional Integral como un insumo para recuperar, identificar y entregar, como mínimo a las 187 personas que ya documentamos, y de ahí continuar el trabajo para identificar los casos que hacen falta”, reitera.
Particularmente sobre la JEP hay gran expectativa porque en agosto de 2018, familiares de personas dadas por desaparecidas y representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), le solicitaron que adoptara “medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del territorio nacional, en los cuáles se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto”. La petición fue hecha para zonas de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)
Hasta el momento, los togados recibieron la solicitud, le han pedido información sobre el tema a diferentes autoridades y han realizado audiencias con familiares de las víctimas por casos ocurridos en San Onofre, Sucre; en la Comuna 13 de Medellín y en el área de influencia de Hidroituango, estos últimos en Antioquia. (Leer más en: No hay cifras claras sobre desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín y Más sombras que luces dejó audiencia de la JEP sobre desaparecidos en zona de Hidroituango)
Hallazgos del Plan
El trabajo de investigación, en el que estuvieron involucradas 162 familias de los municipios de Samaná, Riosucio, Victoria y La Dorada, permitió la documentación de 187 casos de víctimas de desaparición forzada. Uno de los principales hallazgos es que todos los grupos armados recurrieron a esa cruel práctica; incluso, se establecen casos atribuidos al grupo Muerte a Secuestradores (MAS), creado por un grupo de narcotraficantes (Leer más en: Muerte a secuestradores MAS: los orígenes del paramilitarismo)
Y, como era de esperarse, el documento ratifica que el conflicto armado fue el principal combustible de las desapariciones forzadas. Sobre este punto, el trabajo aporta importantes hallazgos al establecer que el periodo en el que más ocurrieron está relacionado con la incursión de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a Caldas y los consecuentes enfrentamientos que tuvieron con el Frente 47 de las Farc.
Ese nivel de confrontación ocurrió entre los años 1999 y 2005, terminando tras la desmovilización colectiva de las Auc bajo las normas de la Ley Justicia y Paz (975 de 2005), que negociaron con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez entre 2003 y 2006, en el que dejaron las armas a cambio de reparar a las víctimas y contar lo acontecido del conflicto armado, para recibir penas alternativas que no excederían los ocho de prisión. Justo en esos seis años ocurrieron 132 de las 187 desapariciones documentadas.
Además, la investigación pone de presente la posible relación entre la desaparición de jóvenes y el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. De los casos documentados, 169 correspondían a hombres, y la mayoría de ellos se encontraban entre los 18 y los 40 años de edad. Al respecto, el informe indica que “entre la población de adolescentes y jóvenes se encontró que la mayoría de ellos fueron reclutados forzadamente siendo estudiantes o ayudando a sus familiares trabajando en las parcelas”.
Para Arango, esa situación deja en evidencia una política para reclutar o atentar contra hombres aptos para la guerra. Sin embargo, no fue empleada de la misma manera: “Con las Farc claramente era un tema más de reclutamiento para sus filas, y con los paramilitares un tema combinado de ‘limpieza social’, contra líderes de la comunidad y también de reclutamiento”.
Esas palabras encuentran eco en los casos documentados, ya que, de las 57 desapariciones atribuibles a las Farc, 27 corresponden a la práctica del reclutamiento ilícito; mientras que de las 70 referidas a paramilitares, cinco están relacionadas con reclutamientos de su parte.
Por otro lado, el informe añade una mirada adicional para adelantar las labores de búsqueda, pues pone en evidencia que se debe ver más allá de los escenarios locales y de sus fronteras, para dar con el paradero de las víctimas o recuperar sus restos, en caso de que fueran asesinadas y sus cuerpos ocultados para no dejar rastros.
Del total de los 187 casos de desaparición documentados bajo las diferentes tipologías empleadas, 35 de ellos, equivalentes a una quinta parte, ocurrieron en departamentos limítrofes y lejanos de Caldas: doce en Antioquia, seis en Boyacá, cinco en Cundinamarca y uno en Risaralda. En cuanto a los que están por fuera de la zona del Magdalena Medio, de la que hace parte la región caldense, se registraron dos casos en Santander, Norte de Santander y Cesar; y uno en Bolívar, Caquetá, Guaviare, Meta.
Al respecto, la investigación señala que “el hallazgo de casos en estas zonas del país por tipologías como desaparición (sin clasificar) y desaparición forzada, pueden obedecer, según refieren las narraciones de los hechos, a procesos de migración temporal en donde las víctimas se convirtieron en población flotante en departamentos que ofrecían sustento económico en labores relacionadas con cultivos de uso ilícito y también por prácticas de reclutamiento”.
Los aportes de los familiares de las víctimas se lograron por medio de Talleres de Cartografía Participativa y recorridos cartográficos por la región, que permitieron conocer los posibles lugares asociados a la ruta de desaparición. Es decir, sitios “donde se vio por última vez viva a la persona, posible destino, lugares de desaparición, de fallecimiento y de disposición”.
El documento destaca que esa información permitió delimitar áreas geográficas relevantes, asociadas a las rutas que siguieron las víctimas y los posibles sitios de muerte y disposición utilizados por los perpetradores. De ese modo, se constituyó en un aporte clave de las víctimas para la JEP, la UBPD y la CEV.
Además, producto de entrevistas y labores cartográficas, establecieron cuatro escenarios de disposición de los desaparecidos: “Arrojado al agua (43%), inhumado en fosa clandestina (39%), inhumado en cementerio (15%) y en superficie (3%)”. No obstante, el informe aclara que no fue posible establecer en todos los casos el sitio donde posiblemente fue dispuesto el cuerpo de la víctima, pues “de los 187 casos documentados, se tiene información georreferenciada de 146 lugares de disposición, de estos, 89 describen un escenario de posible disposición”.
Trabas
Además de capacitar a las víctimas y de realizar un trabajo psicosocial con ellas, la investigación destaca cómo ha sido la lucha para encontrar a sus seres queridos y los diferentes obstáculos con los que se han topado. De ese modo, concluye que “las víctimas de desaparición no tienen un derecho vulnerado, sino múltiples derechos vulnerados relacionados con un efectivo acceso a la justicia, los cuales se pueden agrupar en 3 grandes categorías: el proceso de búsqueda, la identificación y sanción de responsables, y la reparación por vía administrativa”.
Entre la información consolidada se encuentra que a 22 familiares les ha negado el Registro Único de Víctima; que tan sólo tres han sido reparados por vía administrativa y la mayoría de ellos son adultos mayores que esperan por reparación; y que el 61,5 por ciento de las familias denunciaron la desaparición de sus familiares y desconocen el estado de las investigaciones.
Otro problema de acceso a justicia es la falta de información suministrada por la Fiscalía a los familiares. El documento pone como ejemplo que algunos casos pasaron de la justicia ordinaria a Ley 975 de Justicia y Paz, sin ser informados. Esa situación produjo inconvenientes para que acudieran a juicios y versiones libres, pues los tribunales de ese sistema de justicia transicional se encuentran en Bogotá y Medellín, y no pudieron ser parte del proceso judicial por falta de recursos económicos para costear los traslados y alojamientos.
Otro problema se presentó con los defensores de oficio que les otorgó el Estado, ya que, señalan, “los abogados se presentan como contratistas de la Defensoría del Pueblo y que, debido a la cancelación de sus contratos, los dejan absolutamente desprotegidos y sin información relacionada con el abogado encargado de continuar con su representación”. Y, como si fuera poco, a pesar de que las familias han identificado a los presuntos responsables en el 63,2 por ciento de los casos, no hay sentencias.
Por todas esas razones, esperan que el informe que construyeron con Fundecos, Cedat y Equitas, sea la llave que ayude encontrar a sus seres queridos, saber la verdad de lo ocurrido y acceder a la justicia.
