Vivir con menos de un salario mínimo después de la guerra

Desde que se acogieron al proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, los excombatientes de las Farc han tenido que aprender a vivir una vida que desconocían. De lo más difícil: sobrevivir con los recursos obtenidos tras la dejación de armas.

De lejos, Marisol* luce ansiosa. De cerca, es un manojo de nervios.

“No me gusta hablar de mi vida”, sentencia de manera tajante. Luego, me pide que no la llame por su verdadero nombre, ni siquiera por el que usó en la guerra, la misma que vivió de cerca en las montañas del Catatumbo por más de diez años.

“Voy a hablar con usted porque lo he visto varias veces por aquí por Caño Indio, pero sepa que de esto es mejor no decir mucho. Allá (en la guerra), uno dejó muchas cosas abiertas y eso pesa, pueden terminar pasándole factura”.

Acepto que hablemos sin que me diga su nombre porque es la tercera persona a la que le pido que conversemos sobre lo mismo y todas han dicho que no.

A los excombatientes que aún permanecen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, Norte de Santander, bautizado como ‘El Negro Eliécer’, les cuesta hablar de su pasado. “No quiero hablar de eso”, les repito una y otra vez, pero no es suficiente.

Marisol arrastra las palabras al hablar, y al final de cada frase, tiene un ‘cantadito’ propio de los ocañeros que delata su lugar de nacimiento.

En Caño Indio hace calor, mucho, y la planta que les provee la energía se enciende a la una de la tarde. A esa hora, Marisol se sienta a comer. Dice que no puede hacerlo si el ventilador no está encendido, y eso que, a decir verdad, el ventilador bota más calor del que hace afuera, donde la temperatura ronda los 36 grados y la humedad hace que el sudor empape la ropa.

“¿Vio lo que almorcé?”, me pregunta. Sí, le respondo. “Bueno, de ahí, el gobierno nos da una parte. Lo demás, nos toca comprarlo a nosotros. Ahí ya le estoy hablando de lo que usted quiere”…

De lo que yo quiero hablar con Marisol es del dinero que recibe mensualmente desde que entregó las armas al Estado y decidió permanecer en el ETCR, en el que dos años y medio después, aún continúa porque ‘quiere saber si el gobierno les va a cumplir con lo prometido’.

“A mí me consignan 740 mil pesos mensualmente. Para poderlos sacar tengo que ir hasta Tibú. Y para llegar al pueblo, tengo que esperar a que un esquema de seguridad de los que hay en el ETCR salga y me ‘eche la colita’ o mandar la tarjeta con alguien para que me retire”, cuenta.

Apenas recibe el dinero, tiene claros sus gastos, que no son muchos, pero desde que se reintegró a la vida civil, se volvieron fijos.

“De ahí saco una parte para enviarle a mi familia. No es mucho, pero allá me cuidan un hijo, porque yo tuve un hijo en la guerra que me criaron en la casa. A él le envío 250 mil pesos que invierten en su alimentación, en comprarle ropa, cosas del colegio e implementos para jugar fútbol, porque le encanta el deporte”.

Ese hijo, del que no revela su edad, tuvo la oportunidad de criarlo lejos del monte, pero temiendo que pudiera ser capturada, optó por pedirle a su familia que lo hiciera, “aunque nunca perdí contacto con él”.

En el ETCR de Caño Indio, de acuerdo con los mismos exguerrilleros y los datos entregados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), buena parte de las iniciativas económicas y emprendimientos que se han adelantado en más de dos años son producto de la autogestión de los reincorporados, a partir de los recursos que reciben y conservan todavía, y del apoyo de la cooperación internacional.

El acuerdo firmado con el Estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos estipuló que quienes hicieran dejación de armas recibirían tres beneficios económicos durante su proceso de reincorporación:

1. Dos millones de pesos de asignación única de normalización, por una sola vez, para suplir necesidades básicas como ropa, enseres, elementos de aseo, entre otros.

2. Noventa por ciento del salario mínimo, durante 24 meses, como Renta Básica Mensual para los excombatientes acreditados, a partir de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (15 de agosto de 2017), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato que les genere ingresos.

3. Ocho millones de pesos como capital semilla, por una sola vez, para apalancar una unidad de negocio individual, desarrollar una iniciativa vinculada a una organización formal asociativa o adquirir, construir o mejorar la vivienda.

De estos tres beneficios, Marisol recibió el primero y actualmente recibe el segundo. Este último, según el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, no tiene fecha de finalización. “La ayuda financiera que reciben los excombatientes se extenderá por tiempo indefinido, así como la asistencia en salud y los programas educativos”, aseguró el pasado 6 de agosto Archila, en el marco del anuncio que extendió por un año más los 24 ETCR en los que permanecen los exguerrilleros de las Farc desde la firma de la paz en 2016.

“Después de lo de mi hijo, hago mercado, porque el gobierno nos da unas cosas, pero otras, como las verduras y el ‘pelinche’ (carne, pollo, cerdo), nos toca a nosotros. También, todo lo de aseo”, indica Marisol. Para esto, destina cerca de 140 mil pesos, que parece poco, pero al vivir sola, se ajusta a sus necesidades.

“A nosotros aquí nos toca comprar cosas que a los demás habitantes de esta zona no, porque ellos en sus parcelas cultivan su ‘pancoger’, mientras que nosotros, como no tenemos dónde sembrar, nos tenemos que meter la mano al bolsillo para comprar la comida que el Gobierno no nos alcanza a suplir”.

Los artículos perecederos los guarda en una nevera que está pagando, y para la que debe destinar una cuota fija mensual de 60 mil pesos. “He querido meterme en un televisorcito, pero por ahora las cuentas no me dan. Cuando salga de la nevera de pronto me animo, porque al televisor hay que ponerle parabólica y eso sería otro gasto”, agrega.

¿Y con los 340 mil pesos restantes qué hace?, le pregunto, dándole pie para que siga enumerando sus gastos.

“De ahí tengo que sacar para pagar por el wifi en el ETCR, porque ese servicio lo prestan unos compañeros, pero hay que pagarles. Yo les doy 20 mil pesos por tener la clave y el servicio todo el día”.

Marisol, a quien la guerra, por fortuna no dejó con secuelas físicas, le gusta maquillarse. “Y el maquillaje es caro”, sostiene. Por eso, cuando va a Cúcuta, algo que hace con relativa frecuencia: tiene una parada obligatoria en los almacenes donde venden de estos productos.

“¿Usted sabe cuánto valen las cosas que uno se echa en la cara?”, me pregunta. Y antes de que pueda responderle, me dice que ‘son carísimas’. “A eso le invierto por ahí unos 50 mil pesos, cuando puedo, porque tampoco es que me sobre la plata”.

Y hasta aquí, según las cuentas, Marisol ya lleva gastados, de su salario, 520 mil pesos. Una cifra impensable cuando estaba en la guerra, porque allá, si bien no tenía salario, ‘todo nos lo daban’.

“Eso de hacer mercado y de estar comprando cosas para nosotros no lo veíamos en el monte. Ahora nos toca pagar por todo, hasta por el médico. Nosotros teníamos enfermeros, médicos y lo mejor, odontólogos. En estos días tuve unos problemas con unos dientes y por la EPS me demoraban mucho. Me tocó particular y se me fueron 70 mil pesos en eso”.

Los pocos pesos que le quedan a Marisol, alrededor de 200 mil, ‘cuando me va bien’, los está ahorrando para cuando le entreguen la capital semilla poder sumarle a su proyecto productivo o, en el mejor de los casos, para tener cómo amoblar su casa cuando se la entreguen. “Lo que llegue primero”, confiesa con un optimismo que, hasta este momento de la conversación, parecía no existir.

En Cúcuta la espera el desempleo

Si Marisol decidiese en un año irse a Cúcuta, cuando se venza el plazo que dio el gobierno nacional para que desaparezca el ETCR de Caño Indio, donde vive, tiene que saber que la ciudad cruza por una situación difícil en materia de desempleo. Si bien el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), no señala el nivel de desocupación de Tibú, donde está ubicado el ETCR, sí muestra que Cúcuta, hacia donde migra gran parte de la población del departamento, sigue ubicada en el segundo lugar en la lista de las ciudades con mayor desempleo en el país, con un 16.5 por ciento, siendo superada por Quibdó (Chocó), con el 18.1 por ciento.

• El Dane también reseña que el ingreso per cápita en Norte de Santander es de 439.610 pesos, cuando el salario mínimo legal vigente está en 952.148 pesos, incluido el subsidio de transporte.
• La cobertura de los servicios públicos en el departamento está en: 85.3 por ciento en acueducto, 78.7 por ciento en alcantarillado, 98.2 por ciento en energía, 45.9 por ciento en gas natural y 82.8 por ciento en recolección de basuras; está en la media nacional, sumados todos los indicadores.

* Nombre modificado por solicitud de la entrevistada.