La transformación rural en Antioquia se ve distante

Retrasos y recortes de recursos para el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de los municipios seleccionados de ese departamento, causan desaliento en las comunidades que participaron en su construcción. No reciben respuestas concretas y sus líderes no son convocados a reuniones de alto nivel en las que se hacen balances sobre su implementación.

Hace nueve meses que los habitantes de los 24 municipios priorizados con el Acuerdo de Paz en Antioquia construyeron el Plan de Acción para la Transformación de los territorios (PATR), que a su vez hace parte del PDET, cuya ejecución está proyectada para realizarse en los próximos diez años. Por esa razón y ante los evidentes retrasos, muchos dudan de que se cumplan las promesas del Acuerdo de Paz que buscan resarcir los daños que sufrieron por la guerra.

Es el caso de las Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC), planteadas como una estrategia para generar confianza entre Estado y comunidades que históricamente han vivido en medio del conflicto armado y han padecido el abandono. Estas obras sólo se han hecho en seis municipios (Anorí, Ituango, Briceño, Remedios, Cáceres y Valdivia) de los trece priorizados en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.

Tarazá también hace parte de ese grupo donde debieron hacerse obras este año, pero aún no han iniciado y en octubre se liquida el contrato con la Unión Temporal Urabá en Desarrollo quien fue la encargada de ejecutarlas en estos municipios con el presupuesto de $14.958 millones. 

Las obras en Valdivia fueron las últimas en empezar por la contingencia con Hidroituango. “Están retrasadas y tal vez no terminen este año, aunque creímos que nunca iban a llegar”, dice Benjamín Mesa, líder comunitario de ese municipio. Leer más en: ¿En manos de quién están los dineros de la paz en Antioquia?

En Anorí continúan las inconsistencias con la calidad y los sobrecostos de las obras, tanto, que algunos líderes están preparando un derecho de petición para la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de manejar los recursos destinados, porque no han quedado satisfechos con las respuestas de los ingenieros ante las dudas que han surgido.

Además fue suspendida la Convocatoria Pública Número 7 para elegir al contratista que ejecutará las obras en los seis municipios restantes de estas subregiones (Amalfi, Caucasia, El Bagre, Nechí, Segovia y Zaragoza), que estaba abierta desde marzo de este año y debió empezar en mayo. Con todo esto, los tiempos estipulados por la ART se van a alargando y queda una incertidumbre en las comunidades de cómo se irán a realizar el grueso de los PDET que deben empezar el otro año.

Después de generar once adendas o añadidos a la convocatoria, que modificaron el numeral 5 que se refiere al cronograma para el proceso de selección, fue suspendida temporalmente hasta nuevo aviso en la página del Fondo Colombia en Paz, que es el lugar donde llegan los dineros para la implementación del Acuerdo de Paz. En ninguno de los casos se explicó la razón de la suspensión dada el 16 de agosto. También se suspendió la Convocatoria Pública Número 14, que se refiere a la interventoría técnica, social, administrativa, jurídica, financiera y contable a los contratos de las PIC.

Escaso apoyo institucional a los PDET

El 30 de julio de este año se reunieron en Medellín el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila; y alcaldes locales de los municipios priorizados, para hacer balance de cómo va marchando la implementación del Acuerdo, pero no hubo presencia de líderes que han estado construyendo los PDET desde los territorios y son los que saben de los avance y dificultades.

Archila dijo en entrevista a los medios de comunicación locales que “aquí hay unos PDET con unos alcaldes muy místicos, muy comprometidos con el proceso”. Y en los territorios son los líderes y las comunidades mismas las que han estado atentos para que se cumpla lo pactado en La Habana, incluso sin la total disposición de algunos alcaldes, como es el caso de Anorí e Ituango, o los que están encarcelados como el de Cáceres o El Bagre.

Por otro lado, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha cuestionado varias iniciativas del proceso de paz y le reclama al gobierno nacional mejor comunicación: “Insisto al gobierno nacional que es urgente hacer una revisión de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para definir acciones en el corto plazo que apunten a la resolución de esta problemática. Y creo que de manera centralista e inconsulta con los departamentos se implementó el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y el PDET”.

Por otro lado, los recursos destinados por el gobierno del presidente Iván Duque para la ART en 2019 son de $114.067 millones y para el 2020 serán de $102.248 millones, según el Presupuesto General de la Nación, disminuyendo el 10 por ciento de inversión. Para los seis municipios que faltan en ejecutar las PIC del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, hay destinados $8.200 millones y serán 62 las obras que se realizarán.

En el artículo 143 del Plan Nacional de Desarrollo se habla de una hoja de ruta “para la implementación de la política de estabilización como una herramienta que articule los instrumentos derivados del Acuerdo Final, con los planes y programas sectoriales y territoriales, así como con los mecanismos de financiación y de ejecución para garantizar la concurrencia de entidades, de recursos y consolidar la acción coordinada del Gobierno nacional, las autoridades locales y la cooperación internacional, entre otros, en los 170 municipios que componen las 16 subregiones PDET”.  

Aunque allí no se explica cómo se pondrán en marcha los PDET, no hay un cronograma de ejecución ni acuerdos de inversión, información necesaria para las comunidades que tienen grandes expectativas en la materialización de las propuestas que dejaron plasmadas en los PATR.

Aún así, a mediados de agosto, la ART reanudó las reuniones con los grupos motores de cada municipio priorizado, conformado por líderes voceros, encargados de llevar las propuestas de sus comunidades. Estos encuentros se han dado en Caucasia, Nechí, Briceño, Tarazá y Anorí, explicando los avances de los PDET.

Continúan las quejas por inconsistencias

En algunos municipios las comunidades no han quedado satisfechas con los procesos de construcción de los PDET ni con la realización de algunas obras y menos con la interacción con la institucionalidad. El caso más particular es el del municipio de Anorí, que desde que iniciaron las obras han venido denunciando problemáticas en el manejo de recursos y en la participación comunitaria.

En Anorí se hizo reunión con la ART. “Nos dieron los avances con los PDET, pero siguen las inconsistencias. Por ejemplo, la cancha en La Primavera que cada vez es peor, ya quitaron las arquerías, no está funcionando. La caseta de Solano la diseñaron mal y tuvieron que tumbar una estructura. La caseta de Santa Gertrudis está parada; la cancha de La Concha hace como cinco meses la demolieron y así demolida se quedó porque no la siguieron. Notamos una alza en los precios de los materiales de las casetas, estamos viendo que hay un sobre costo de los materiales”, asegura José David Hernández, líder y veedor de este proceso.

En Tarazá, los campesinos y cultivadores de hoja de coca tienen planeada una asamblea el próximo 27 de septiembre para analizar las dificultades que se han presentado con el PNIS y el PDET y por los incumplimientos a los acuerdos que pactaron el primero de mayo en este municipio con encargados de la ART y la alcaldesa. (Leer más en: Campesinos de Tarazá, sin garantías en sus territorios)

Por otro lado muchos líderes han dejado de participar activamente en la construcción del PDET y  en el PNIS por amenazas y falta de garantías para proteger sus vidas, pues todos estos territorios siguen siendo objetivo militar de grupos armados que se disputan su control y el fortalecimiento de las economías ilegales.

Algunas organizaciones sociales y ONG encargadas de hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz han publicado informes sobre los avances y dificultades en los territorios, y señalan que ha disminuido el ritmo de la implementación y aumentado la inseguridad en estos municipios. (Leer más en: La violencia se mantiene en los municipios PDET de Antioquia)

“Preocupa que líderes y comunidades involucrados en procesos derivados del Acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios. Estos líderes son los principales aliados en territorio para avanzar en materia de construcción de paz y democracia y su protección es clave para el avance del fortalecimiento del Estado Social de Derecho”, dice el Instituto Krock en su más reciente informe, publicado el pasado mes de abril.

Aún falta resolver el tema de la tierra, pues en el momento ninguno de los trece municipios priorizados en Antioquia ha logrado el acceso y formalización, tampoco se ha logrado una verdadera conexión entre PDET y PNIS; además, la veeduría ciudadana no ha sido promovida con claridad para que todos tengan certeza de cómo se están distribuyendo los dineros destinados a la paz.