El sociólogo, víctima de un montaje del DAS, fue asesinado hace 15 años por sicarios de las AUC. Este martes el Estado pidió de nuevo perdón a sus familiares.
Los Correa de Andreis lloran a Alfredo. Lloran al hijo, al hermano, al padre, al sociólogo y profesor considerado un ‘sentipensante’ por los académicos e intelectuales de la región Caribe colombiana. Aún sienten rabia, impotencia. No importa que hayan transcurrido ya 15 años de aquella tarde de viernes en que un sicario de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) disparó a quemarropa contra él y su escolta, Edelberto Ochoa. Nada será como antes. Nada es suficiente. Ni siquiera otro acto de perdón público del Estado.
“Para quienes quedamos es doloroso. Mi papá mañana (hoy) va a cumplir 96 años. Mi mamá y mi hermano Jorge ya no se encuentran en este mundo. No hay palabras que, de ninguna manera, le devolverán la vida a mi hermano, Alfredo, pero entendemos. Ojalá que todo esto que se hace público sea el final de un periodo de horror que hemos vivido los colombianos, que seamos seres humanos mejores y con mejor futuro. Ojalá estas disculpas sean sinceras”.
El periodista Raúl Correa expresó su sentir durante uno de los actos de reconocimiento de responsabilidad ofrecidos este martes por el Estado, en las universidades Simón Bolívar y del Norte, en Barranquilla, para pedir perdón por el homicidio y la afectación al buen nombre, la dignidad y la honra del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.
En ambas instituciones se ordenó por igual la instalación de placas conmemorativas en lugares visibles para enaltecer la memoria de Correa y su dignidad humana como miembro de la sociedad y defensor de los derechos humanos.
“Los Correa de Andreis no nos consolamos y no nos vamos a consolar jamás. Las disculpas públicas no las aceptamos, ni las rechazamos, simplemente las escuchamos porque el nombre de Alfredo jamás estuvo enlodado; los que lo conocimos, sabemos que mi hermano era un hombre pulcro”.
A través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se dio cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que en noviembre del año pasado condenó a la Nación por la detención injusta del catedrático e investigador social.
“Correa de Andreis era sociólogo y profesor de las universidades del Norte y Simón Bolívar de Barranquilla, y se destacaba por desarrollar un intenso trabajo académico y social con población en situación de desplazamiento en los departamentos del Atlántico y Bolívar, labor que le originó el señalamiento inescrupuloso de ser ideólogo de las FARC”, aclaró la sentencia.
Exagente del DAS pidió espacio en la JEP
José Humberto Torres, abogado de la familia Correa de Andreis, dio a conocer que uno de los perpetradores del crimen pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Javier Alfredo Valle Anaya, exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), capturado en octubre del año pasado en Estados Unidos y detenido en un correccional de New Jersey. (Leer más en: El espía del DAS que persiguió a Alfredo Correa de Andréis)
“No ha habido poder humano que lo pueda deportar a Colombia. En el Consulado de Colombia en New Jersey nos dijeron que el Gobierno poco o nada puede hacer para que regrese al país. Si logran traerlo, esperamos que cuente la verdad real de lo que ocurrió en este caso, aquí hay muchos responsables por capturar”, reclamó Torres.
Según el apoderado de víctimas, en la JEP ya se asignó un abogado para estudiar si se cumplen los requisitos de elegibilidad. Valle fue el detective del DAS (suprimido) que llevó a cabo el montaje judicial a Correa. Se valió de testimonios “ensamblados” de exguerrilleros que aseguraron que conocían al profesor por el apodo de ‘Eulogio’, un ideólogo del Frente Caribe de las Farc y promotor de manifestaciones estudiantiles.
En septiembre de 2017, Valle Anaya fue condenado por un juzgado especializado de Bogotá a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida, homicidio agravado, peculado por apropiación y concierto para delinquir.
La participación del exagente en las falsas acusaciones para enlodar la reputación de Correa está más que probada. Sólo basta con consultar el fallo del Consejo de Estado, en el que se determinó que el DAS se alió con el Bloque Norte de las Auc, a través del Frente José Pablo Díaz, “para hacer ver” que el sociólogo era subversivo y tener así un motivo para ejecutarlo. (Leer más en: La lista negra del DAS)
“El profesor fue objeto de seguimientos y tomas fotográficas ilegales desde el mes de agosto de 2003 por parte del investigador de la Dirección seccional del DAS de Valledupar, Javier Alfredo Valle”, quien “tenía vínculos con el comandante paramilitar, alias don Antonio, personaje que ordenó la muerte del catedrático”, concluyó el Consejo de Estado. (Leer más en: La conexión Bloque Norte-DAS según ‘Don Antonio’)
Por el asesinato del profresor Correa D’Andreis, cometido por paramilitares en complicidad con agentes del DAS el 17 de septiembre de 2004, el entonces director de esa entidad, Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. (Leer más en: Los crímenes de Jorge Noguera y Jorge Noguera, ¿el espía de los ‘paras’?)
Peticiones puntuales
La familia Correa de Andreis quiere una verdad real, absoluta y no a medias. Por eso, a través de su abogado, solicitó formalmente y de manera pública que el gobierno colombiano se comprometa a exigir a Estados Unidos “hacer efectiva la deportación de Valle Anaya.
Otra petición va dirigida a la Fiscalía: que avancen las investigaciones contra Giancarlo Auque de Silvestri, exdirector de Inteligencia del DAS, y Rómulo Betancourt, director del DAS Bolívar, quien “pagó los viáticos para los testigos falsos”, aseguró Torres.
El tercer requerimiento es el comienzo de una demanda de repetición contra Demóstenes Camargo de Ávila, actual magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que siendo Fiscal 33 de Cartagena en 2004 “se prestó para ordenar la captura” de Correa.
“Quien firmó esa orden de captura está aquí, a unos kilómetros de distancia, administrando justicia. Los perpetradores gozan de buen nombre, buena familia, buena salud y la familia ni siquiera ha recibido la reparación administrativa. No es justo que el Estado responda por la demanda, cuando este señor está devengando millones de pesos”, cuestionó.
Por último, pidieron que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica auspicie el desarrollo y la culminación de un proyecto de investigación cuyo eje temático sea la defensa de los derechos humanos y se imprima una segunda edición actualizada de ‘Patrimonio y personalidad jurídica de los desplazados del Distrito de Barranquilla’, uno de los trabajos académicos liderados por Correa.
