La Agencia para la Reincorporación y la Normalización ha invertido $735 millones en reincorporación en Caldas y cuenta con 41 personas involucradas en el proceso. Además, tiene otras dos modalidades abiertas en el departamento.
Hay excombatientes que no se sienten a gusto con los beneficios que les brinda el Estado para su reincorporación a la vida civil. Otros, según el más reciente Registro Nacional de Reincorporación, se sienten optimistas frente a su proceso y representan el 76,6% de los consultados que dejaron sus armas. “De 13.014 excombatientes acreditados, 10.415 fueron encuestados”, de acuerdo con el comunicado de Presidencia.
Las cifras deben ser tomadas con precaución. Según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta el 27 de junio de este año se ha confirmado la muerte de 123 excombatientes, 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio, circunstancias que contrastan con ese 76,6% de excombatientes que dicen sentirse optimistas frente al proceso de reincorporación.
Los excombatientes que son atendidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) están divididos en tres procesos: la reintegración, que está dirigida a las personas que se desmovilizaron de los grupos armados al margen de la ley; la reintegración especial, que está enfocada a los excombatientes que cometieron crímenes de lesa humanidad y que pagaron cárcel; y finalmente, la reincorporación de los excombatientes que se acogieron al Acuerdo definitivo de paz que se firmó en noviembre de 2016.
Para este informe se consultó a varios excombatientes en el proceso de reincorporación y reintegración con el Estado. Omar, excombatiente de las Farc que se desmovilizó de forma individual del Frente 57, comenta: “He recibido mucho apoyo de la ARN, me han ayudado a estudiar y he aprendido mucho sobre agricultura”.
Salió a los 16 años. Cuenta que ingresó a la guerrilla por error y que ahora está en el proceso de reintegración: “Entré a los ocho años por una equivocación, iban por mi hermano y éramos muy similares, se confundieron y me llevaron a mí. Yo ahora tengo 22 años y estoy en quinto de primaria. Es muy bueno que la gente quiera compartir con uno a pesar del pasado”.
Otra cosa piensa un exguerrillero del Frente 47, que prefiere no decir su nombre. Desconfía de lo pactado en los acuerdos: “No creo mucho en eso, estamos desprotegidos, lo que nos brinda el Estado no es suficiente. La situación no nos da mucha esperanza”.
Según Carlos Ariel Soto, coordinador del grupo territorial Eje Cafetero de la ARN, el reto más grande de esta agencia es garantizar la no repetición del conflicto: “Buscamos darle herramientas a los excombatientes para que puedan anclarse a la legalidad y desde ahí movilizar ejercicios ciudadanos de reconciliación”.
Otra visión tiene Víctor Hugo Ochoa, candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, quien prepara su tesis doctoral sobre jóvenes excombatientes en periodos de transición. A su juicio, no es posible una buena reincorporación por cuanto aún hay una sociedad hostil, agitada por el castigo y la sanción de los crímenes cometidos por ellos: “Los procesos de desmovilización sólo se dieron para excombatientes, pero el Estado no se ha desmovilizado”.
La reincorporación
Descrito en la página web de la ARN como un proceso cuya misión es “ impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. Por eso, a las personas desmovilizadas no solo se les brinda educación, formación para el trabajo y apoyo psicosocial, sino que también se les ayuda a impulsar sus proyectos productivos”. Bajo la condición de que “no vuelvan a delinquir después de su desmovilización”.
José Esteban, uno de los 41 excombatientes de las Farc que hacen parte de este proceso en Caldas, cuenta que un postulado importante de la otrora guerrilla era el de la paz: “Siempre anhelamos la paz, queríamos que el gobierno aceptara una salida política al conflicto. Así es como finalmente tenemos la oportunidad de reinsertarnos a la vida civil”.
El primer apoyo que reciben los que se acogieron a los beneficios del Acuerdo de Paz es un apoyo económico, llamado asignación única de normalización, que consiste en la entrega de $2 millones, por una única vez. En Caldas, según la ARN a corte de marzo de este año, había invertido $78 millones 650 mil. Es decir que cerca de 39 excombatientes recibieron dicha asignación en el departamento.
Después de la bonificación, los excombatientes tienen derecho a una renta básica que también fue pactada en el Acuerdo y que corresponde al 90% de un salario mínimo mensual. Esta renta se da por un espacio de dos años, que comenzó a contar desde agosto del 2017.
Según las cifras entregadas por la ARN en la renta básica, han invertido en el departamento $565 millones 124 mil 500.
José Esteban, quien ahora hace parte de un proceso productivo de cultivo de peces, expresa el camino recorrido: “Cuando me acogí al Acuerdo tenía 34 años. Muchos de los que iniciaron en las Farc no volvieron, pero muchos sí logramos salir. Yo hice mi tránsito en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande (Antioquia) y después de eso pude retornar a mi municipio”.
El gobierno nacional, además, debe realizar aportes a pensión cotizando durante 24 meses sobre un salario mínimo para los excombatientes de las Farc debidamente acreditados y se da sólo si no están trabajando. En esto, según la Agencia se han invertido en Caldas $67 millones 296 mil.
Finalmente, ellos pueden acceder a $8 millones para invertir en proyectos productivos. Estos recursos no los reciben directamente. Primero, la Agencia realiza un estudio de viabilidad de las iniciativas propuestas por los excombatientes. Después, paga directamente a los proveedores de los productos que los excombatientes necesitan para montar su negocio y les entregan los materiales con el fin de que comiencen el emprendimiento.
En el apoyo a proyectos productivos, la ARN ha desembolsado en Caldas $16 millones en un Centro Veterinario coordinado por una pareja de excombatientes.
A pesar de lo anterior, otro excombatiente piensa diferente a José Esteban: “A nosotros nos están matando, no nos están dando la seguridad que necesitamos, según nuestras cuentas han asesinado a 137 miembros de Farc”.
Ochoa, que estudia procesos de excombatientes en periodos de transición, critica la utilización del término “normalización” que va incluido en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización: “Esta es una obediencia y la obediencia es el sometimiento a una estructura de poder, mientras eso se siga legitimando, y haya alguien (excombatientes) que se sofoque por ese orden, la reincorporación no será un éxito”.
La reintegración
La Agencia, como se contó al inicio de este informe, maneja otros dos procesos: La reintegración y la reintegración especial.
“Tengo 18 años, antes de cumplir la mayoría de edad decidí salir de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Allá me presionaron para entrar, sabían todo de mí, finalmente decidí huir”, cuenta un exintegrante de estructuras que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que prefiere no dar su nombre por razones de seguridad.
En Caldas, según la ARN, hay 44 personas vinculadas y activas en este proceso, en todo el Eje (incluyendo Chocó que también hace parte de la jurisdicción de esta territorial) hay 265 personas activas. Lo que se busca con este programa, según la Agencia, es mantener en la legalidad a las personas que autónomamente deciden desmovilizarse y comenzar un tránsito hacia la vida civil.
Durante el primer año, la Agencia le brinda al excombatiente los dos primeros meses $400 mil y otro apoyo económico para gastos básicos como alimentación y vestimenta por $200 mil, este último por una única vez.
Después, reciben $480 mil mensuales, siempre y cuando este cumpla al menos el 90% de sus compromisos. Según la Agencia, ellos cuentan todo el tiempo con el apoyo de un profesional reintegrador.
El excombatiente cuenta que ahora con la formación que ha recibido durante un año y puede trabajar y generar ingresos desde la legalidad. Agrega: “Tuve mucho temor, creía que me iban a discriminar porque sabían mi pecado, pero no, todo ha sido muy bueno, he aprendido mucho”.
Después del año, los excombatientes reciben $160 mil, sólo si están vinculados a procesos educativos, formación para el trabajo, participación en ferias de empleo, realización de cursos en el Sena y/o atención psicosocial. Por cada beneficio reciben una ayuda de $160 mil, en el caso de que participen en los tres y cumplan los compromisos podrían recibir hasta $480 mil. El dinero se deja de recibir cuando terminan sus estudios.
Según el excombatiente de las Agc, a pesar de sus diferencias con los exintegrantes de las Farc, quienes en el marco del conflicto fueron enemigos de las Autodefensas, su relación como excombatientes ha sido muy buena.
“Siempre tuve temor, iba a estar con personas de lados muy distintos del conflicto, pero me di cuenta que no hay rencores, aquí no miramos de qué lado fuimos, sino que miramos cómo nos estamos reintegrando a la sociedad”, dice.
Igual que en la etapa final de la reincorporación, aquellos que se desmovilizaron de forma individual y que cumplan los requisitos pueden acceder a $8 millones para comenzar un proceso productivo.
Los que se desmovilizaron colectivamente que pertenecieron a las Auc tienen acceso a $2 millones para su proyecto productivo.
Rayén Rovira Rubio, Doctora en Psicología Social, pone en duda la idea de la “reintegración” y dice que es cuestionable: “En muchas ocasiones estamos hablando de una integración, pues hay excombatientes que nacieron en el monte y nunca vivieron en sociedad”.
Para ella es muy importante que haya acompañamiento terapéutico, que la sociedad asuma que hay parte de ella que estuvo a favor del enfrentamiento armado, pues la mayor parte del problema del proceso, según ella, no son los excombatientes, sino una sociedad que no los acepta; la activación de bandas criminales que los mata; y parte de la sociedad civil armada. “Eso es un peligro”, advierte Rovira Rubio.
Y es que en el caso de Caldas, ya hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo vigente desde el año pasado que advierte sobre la reorganización de estructuras armadas como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en Samaná, Pensilvania, Marquetalia, La Dorada y Norcasia, que se disputaron entre 1999 y 2006 el territorio en el departamento con los frentes 9 y 47 de las Farc.
Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en términos de disidencias, estima que “de un solo grupo (Frente I), en junio de 2016, hemos pasado a entre 16 y 18 estructuras [Deserciones durante la guerra” o “disidencias en la transición”], las cuales agruparían aproximadamente 1.200 integrantes con algún tipo de presencia en diferentes zonas de 13 departamentos del país”.
“Aunque las disidencias pueden surgir durante cualquier fase del conflicto armado interno, la evidencia indica que suelen aparecer con mayor frecuencia en medio de las negociaciones de paz”, dice la FIP en su informe Trayectoria y dinámicas territoriales de las disidencias de las Farc, difundido en abril de 2018.
La reintegración especial
Este proceso promueve la reintegración de miembros de grupos armados que cometieron crímenes de lesa humanidad y cunplieron con un periodo de condena intramural. Estas personas se acogieron a la Ley 975 del 2005. Las personas que hacen parte del proceso de reintegración especial pasaron por un proceso de justicia transicional en el que cumplieron con un periodo de cárcel y apenas recobran su libertad tienen, por medio de la ARN, acceso a beneficios de acompañamiento psicosocial, formación académica y para el trabajo.
Quienes hacen parte del proceso de reintegración especial cuentan con los mismos beneficios a los que acceden quienes hacen parte del proceso de reintegración, solo que deben cumplir el 100% de sus compromisos y no cuentan con el apoyo económico para el proyecto productivo. En Caldas solo hay cuatro personas que hacen parte de este programa.
* Foto de apertura tomada de la página web de la ARN.
