Casi tres años después de la firma del Acuerdo de Paz, que contempló una salvaguarda explícita para fortalecer uno de los sistemas de protección más queridos y efectivos de los pueblos originarios, su implementación sigue en veremos. Mientras el Estado ha hecho poco o nada en la materia, los que no descansan son los grupos armados ilegales que a plena luz del día atentan y acribillan a sus integrantes.
“Primero hay que decir que el ejercicio de Guardia Indígena ha sido llevado al límite. En estos 15 días han puesto a prueba toda nuestra capacidad operativa y política; también los ejercicios de reacción y de contención. Nos han puesto a prueba de la manera más tremenda”.
Esas palabras fueron dirigidas por Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), a un grupo de coordinadores de la Guardia Indígena, durante una sesión de capacitación que realizaron el pasado 4 de agosto en Gualanday, a las afueras de Santander de Quilichao.
Capaz fue convocado de manera extraordinaria a esa jornada de la Escuela de Guardia Indígena, para que hiciera un análisis del panorama de derechos humanos que acontece en el norte de Cauca. Y la situación no era para menos, pues la Guardia y las 21 comunidades que comunidades que componen al pueblo Nasa en esa región se encuentran bajo la mira de grupos armados ilegales, que no titubean para atacarlos indiscriminadamente.
La reciente racha de violencia inició el 25 de julio, cuando en la vía que comunica al corregimiento de El Palo con el municipio de Toribío, a la altura del sitio conocido como La Chivera, hombres armados dispararon y arrojaron dos granadas a la camioneta en la que se movilizaba un grupo de guardias. Ese hecho no dejó víctimas mortales, pero sí cuatro heridos.
Posteriormente, hacia las dos de la tarde del 1 de agosto, fue asesinado Gersaín Yatacué, coordinador de la Guardia Indígena en el sector de San Julián, del resguardo de Toribío, por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Tres días después y en circunstancias similares fue asesinado Enrique Güejia, quien era médico tradicional y alguacil del cabildo de Tacueyó, cuando transitaba a las 5:30 de la mañana por la vereda La Luz, portando su bastón de autoridad indígena.
Tras hacer un recuento de esos hechos, a los que se sumaron sendos panfletos de amenazas colectivas supuestamente enviados por disidencias de las Farc, Águilas Negras y de un grupo que se identifica como el ‘Cartel de Sinaloa’ (grupo narcotraficante de México), Capaz enumeró los aciertos y las falencias que tuvo la Guardia Indígena en esos ataques frontales contra su sistema de gobierno propio y de autoprotección.
El coordinador del Tejido de Defensa de la Vida instó a los coordinadores de la Guardia Indígena a estar en máxima alerta porque contra sus integrantes y sus autoridades se está ejecutando un Plan Pistola, a raíz de su férrea oposición a la presencia de grupos armados y a la proliferación de negocios ilegales en sus resguardos. “Ponerle el pie al rinoceronte del narcotráfico es una decisión política que nos ha costado y creo que nos va a seguir costando”, sentenció Capaz, al recordar que en los últimos días la Guardia había capturado a once personas vinculadas con grupos criminales, decomisado vehículos robados y destruido narcóticos incautados en sus territorios.
Lamentablemente, esas palabras fueron un presagio de lo que aconteció seis después, cuando un grupo armado ilegal disparó sus fusiles indiscriminadamente y a plena luz del día contra los pasajeros de una chiva (bus) que se dirigían a la Feria del Café en el municipio de Toribío. El feroz ataque segó la vida de los guardias Kevin Mestizo Coicué y Eugenio Tenorio, y cinco nativos resultaron heridos, entre ellos una menor de edad.
La población afrodescendiente, que tiene 43 consejos comunitarios en el norte de Cauca, también ha sufrido la violencia de nuevos grupos armados. El incidente más grave ocurrió el pasado 4 de mayo cuando 16 de sus líderes sufrieron un ataque con granadas y disparos mientras estaban reunidos en la finca La Trinidad, de Santander de Quilichao, aprestándose para una reunión que tendrían con el gobierno nacional para hacerle seguimiento al cumplimiento de una serie de acuerdos adquiridos. (Leer más en: Ser líder social en el suroccidente, una labor de riesgo extremo)
El hecho de violencia más reciente que han sufrido los afrodescendientes del norte del departamento ocurrió en la noche del pasado domingo cuando 15 hombres de un grupo armado ilegal sin identificar, encapuchados y portando fusiles, retuvo y robó las pertenencias de quienes transitaban por el puente que comunica los corregimientos de Timba y La Balsa, en el municipio de Buenos Aires. Vale la pena recordar que ese lugar tiene una historia tormentosa para las comunidades, pues allí los paramilitares del desmovilizado Bloque Calima instalaron una base en el año 2000, en la que torturaron y desaparecieron a sus víctimas, arrojándolas al río Cauca.
Asimismo, en sus territorios han ocurrido asesinatos; intentos de secuestros, frustrados por la Guardia Cimarrona, que es el mecanismo de protección y control territorial de los consejos comunitarios; atentados; y han circulado amenazas contra los dirigentes afros.
Salvaguarda olvidada
“Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia indígena y la Guardia cimarrona”. Esa es la garantía que las comunidades indígenas y afrodescendientes del país lograron incluir, a última hora y producto de su fuerte incidencia a nivel nacional e internacional, en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz que se firmó el 24 de noviembre de 2016, para ponerle fin a 53 años de confrontación armada con las Farc y solucionar las causas estructurales del conflicto armado.
Las comunidades esperaban que se mejoraran las condiciones con las que sus guardias se encargan del control territorial. Sin embargo, cuando se aproxima el tercer año de la firma del Acuerdo de Paz, son nulos los resultados y muchos los cuestionamientos sobre la implementación de ese punto que les permitiría proteger los territorios que heredaron de sus ancestros y salvar vidas.
“Teníamos una ilusión muy grande de una pacificación del territorio, de un silenciamiento total de fusiles en el norte de Cauca, que le permitiera a la comunidad negra vivir y permanecer dentro del territorio. Le pusimos todo el empeño al proceso de paz, nos movilizamos diciendo sí a la paz, hicimos maratones por los territorios diciéndole a la gente hay que votar Sí en el plebiscito, pero no nos han cumplido”, responde Roxana Caicedo Mejía, consejera del Palenque de Derechos Humanos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), al ser preguntada por la implementación de la salvaguarda para la Guardia Cimarrona.
Cuando los líderes del pueblo afro tocan las puertas del gobierno nacional para hablar sobre el fortalecimiento de su Guardia se enfrentan a un obstáculo difícil de superar: la burocracia y el enredo institucional. “Siempre ellos se están tirando la pelotita entre la Presidencia y el Ministerio del Interior, porque supuestamente debe haber un concepto para el fortalecimiento de la Guardia. Ese concepto no lo hemos obtenido. Siempre se nos ha negado la favorabilidad; se nos ha dicho muchas veces que expliquemos en qué consiste la Guardia Cimarrona y estamos hasta la saciedad de decir en qué consiste”, se lamenta Roxana.
Aunque para algunos sectores de la opinión pública puede ser desconocida la Guardia Cimarrona, su labor y su espíritu son ancestrales. “Se basa en la resistencia de los hombres y mujeres que se escapaban de las fincas esclavistas y de ahí viene ese concepto de cimarrón, porque se metían en las selvas pesadas para conformar los palenques del país. En Cauca existió el palenque de El Castigo, ubicado hacia la zona del río Patía; en el norte del país uno de los más reconocidos es el palenque de San Basilio. En Montes de María y el Magdalena Medio también existieron otros palenques que son menos conocidos”, explica Víctor Moreno, consejero Mayor de Aconc.
En la década de los noventa, en San Basilio de Palenque retomaron la figura de la Guardia Cimarrona. Posteriormente fue adoptada por los consejos comunitarios del norte de Cauca en 2013, tras el Congreso Autónomo Nacional de Comunidades Negras, con el que se conmemoró el vigésimo aniversario de la expedición de la Ley 70, que reconoce los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes.
A partir de ese momento los consejos comunitarios del norte de Cauca son cuidados por un grupo de hombres y mujeres que, de manera voluntaria, con sus chalecos, gorras y chontas (bastones), recorren sus veredas haciendo control territorial, custodiando a sus autoridades y resolviendo conflictos.
“No es una guardia armada, es cívica. Sus prácticas de defensa personal se dan con la esgrima de bolillo (chonta)”, explica Roxana. “Se reactiva a partir de que los territorios sentimos la necesidad de tener un modelo de seguridad propio, que permita hacerle un acompañamiento cívico a nuestros líderes y a nuestros territorios”.
Por esa razón y dado el recrudecimiento de la violencia en el norte de Cauca tras la dejación de armas de las Farc, en Aconc esperaban que, por medio de la salvaguarda pactada en el punto de Garantías de Seguridad del Acuerdo de Paz, sus guardias pudieran contar con capacitación y elementos de comunicación para permitir el desarrollo de su labor.
“Ese fortalecimiento parte por darle insignias, chalecos, botas y radios de comunicación a los guardias porque se pierde la señal de celular en algunas zonas. Por ejemplo, cuando vamos de Santander de Quilichao a Caloto, entre La Ladrillera y San Nicolás se pierde totalmente la señal; cuando vamos para Suárez y Buenos Aires, también; entre Santander y Lomitas la señal es nula.
Prevención y otras necesidades
Para los Nasa, que reactivaron su Guardia Indígena en 2001 por los altos niveles de violencia que sufrían a manos de guerrilleros y paramilitares, la situación ha sido similar, aunque no les han requerido ningún concepto por parte del Ministerio del Interior.
“Esperábamos un reconocimiento no sólo simbólico ni político, sino un reconcomiendo eficiente alrededor de la Guardia Indígena. Que se dieran facultades operativas, logísticas y técnicas para hacer mejor el ejercicio de protección y con más resultados. Un reconocimiento desde lo civil y no desde lo militar, como se ha pretendido en lagunas ocasiones. Que ese reconocimiento fuera lo suficientemente claro para distanciarse de una acción coordinada con la Fuerza Pública, sino que fuera desde la competencia exclusiva de autoridades indígenas. No ha sucedido”, cuenta uno de los principales coordinadores de la Guardia Indígena del norte de Cauca, que pidió mantener en reserva su identidad.
Capaz, quien está a cargo del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, área encargada de monitorear la situación de derechos humanos, refiere que, debido a la compleja geografía del departamento, es fundamental mejorar las condiciones de comunicación y transporte: “Necesitamos vehículos para la reacción en emergencia que nos ayuden a desplegar guardias de manera rápida, porque nuestras chivas son bonitas y llevan bastantes personas pero son lentas; mejorar la comunicación de nuestros radios: hay torres que se están envejeciendo y son deficientes, el clima no ayuda mucho y hay algunas en zonas de bastante nubosidad y cuando se pone nublado deja de alimentarse algunas torres”.
Y enfatiza sobre su importancia: “En lo cotidiano parecen cosas simples, pero en una acción de respuesta de emergencia son fundamentales. Que una torre no esté operando es frustrante, igual que no tengamos cómo desplazarnos de manera inmediata donde otros guardias están en emergencia. Pedimos ese tipo de cosas que parecen sencillas y que son fundamentales”.
Sobre los ofrecimientos que les han hecho para recibir capacitación por parte del Ejército Nacional, aclara que la Guardia Indígena es cívica y no bélica, y, por lo tanto, “debe tener el conocimiento desde lo ancestral y desde nuestras prácticas, en vez de tener tratamiento de guerra. De eso no se trata”.
Voceros de las dos comunidades reconocen y agradecen el apoyo que han recibido por parte del gobierno nacional a través del Unidad Nacional de Protección (UNP); de hecho, el atentado a los 16 líderes afro fue repelido por los escoltas que les asignaron y dos resultaron heridos en el cruce de disparos. Sin embargo, insisten en la necesidad de buscar alternativas de seguridad como esquemas de protección colectivos y trabajar en materia en prevención, como también lo han recomendado sectores de la comunidad internacional que acompañan la implementación del Acuerdo de Paz. (Leer más en: “La mejor manera de tener seguridad es que se respeten los territorios”)
Así lo explica Roxana desde su vivencia personal: “Todo líder tiene familia y le dan un vehículo, un chaleco y un teléfono. Son de uso personal. Yo tengo cinco hijos y un nieto. En las amenazas me dicen que tienen ubicados a mis ‘lindos hijos’. Si yo tengo que salirme de un territorio y estoy con mis hijos, los escoltas van a tener que priorizar a quiénes dejan matar y a quiénes salvan. En cambio, si hay la suficiente Guardia Cimarrona en el territorio, mientras la UNP saca una parte de la familia, los guardias sacan a la otra. Tendrían que ser cosas complementarias”.
Y reitera: “Nadie le está diciendo al gobierno que dote a la Guardia de cosas complejas. No, le estamos diciendo: ‘denos las herramientas para capacitar a nuestra gente sobre lo que tiene que hacer en el territorio y las herramientas para tener una comunicación asertiva y efectiva en el momento que se necesita’, para que el resto de la Guardia pueda acompañar las situaciones que se están presentando”.
VerdadAbierta.com se contactó con la oficina de Emilio José Archila, consejero presidencial de Estabilización y Consolidación, encargado de coordinar la implementación del Acuerdo de Paz, y señaló que el Ministerio del Interior es el vocero competente para pronunciarse sobre la implementación de la salvaguarda para las guardias étnicas. Asimismo, este portal remitió un cuestionario a esa cartera y hasta el momento de publicar este reportaje no recibió sus respuestas.
Veintitrés días después de la publicación de esta investigación, por medio de su Grupo de Comunicaciones, el Ministerio del Interior respondió el cuestionario, reseñando algunas acciones que han realizado con las comunidades étnicas y señalando que trabajarán de manera concertada con ellas. En cuanto a la guardia de la población afro, refirió la “falta de claridad en el sustento jurídico requerido para su funcionamiento” y que tendrán un encuentro con la Guardia Cimarrona de San Basilio de Palenque para recoger experiencias. (Descargue aquí el cuestionario)
Región en llamas
Las comunidades del departamento de Cauca, especialmente las de la zona norte, viven una gran paradoja: mientras en el concierto internacional se habla de paz y posconflicto, en sus veredas ronda nuevamente la zozobra de los tiempos más convulsionados de la guerra. Y las alertas no están encendidas por los hechos recientes, sino por lo acontecido durante los dos últimos años.
La actual ola de violencia se debe a dos factores: la falta de diligencia del Estado para copar integralmente los territorios que anteriormente controlaron las Farc; y la consecuente disputa a sangre y fuego entre diferentes grupos armados y delincuenciales, entre ellos disidencias de la otrora guerrilla más antigua del continente, que buscan lucrarse con las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
“Sentimos que la violencia es una página que en el norte de Cauca nunca se terminará de escribir. Si el gobierno hubiese cumplido con la tarea de ocupar los sectores que estaban dejando las Farc, hubiera menguado un poco la situación de riesgo en la que nos encontramos. Al contrario, se dio mucho margen y hoy vemos es el caos y el despelote que hay en el norte de Cauca, donde todos los días aparece un panfleto nuevo con un actor diferente”, deplora Roxana.
Y agrega: “Antes sabíamos que había un cacique o un grupo que estaba en todo el norte, que era la guerrilla de las Farc con el Frente Sexto y la Columna Móvil Jacobo Arenas, pero hoy recibimos amenazas de Pelusos, Eln, disidencias, Cartel de Sinaloa, Clan del Golfo… También de las Auc, de las Águilas Negras y del Epl”.
Los ataques contra los pueblos étnicos han sido dispares. El más golpeado ha sido el indígena, que raíz del mandato de sus comunidades de prohibir la presencia de grupos armados y la circulación de rentas ilícitas, ha emprendido fuertes acciones de control territorial, capturando a hombres armados, expulsando grupos de sus resguardos, decomisando vehículos robados y destruyendo armas y drogas. (Leer más en: La zozobra sin fin de los indígenas Nasa)
Esa postura los ha puesto en la mira de los violentos y probablemente es la causa de los asesinatos de 44 miembros del pueblo Nasa durante los dos últimos años. Según registros de la Acin, en 2018 ocurrieron 46 homicidios en su territorio, de los cuales 26 corresponden a indígenas y, de ellos, siete estaban ligados a su organización. En lo corrido de este año han ocurrido 35 asesinatos dentro de sus resguardos, 18 de ellos eran nativos, seis pertenecía a la Asociación de Cabildos. Esa violencia, focalizada en dirigentes y guardias, está causando consternación.
“Durante los últimos tres años han asesinado autoridades indígenas en ejercicio, quienes portan un bastón mando y tienen un cargo delegado por las comunidades: Gerson Acosta (2017, gobernador de Kitek Kiwe); Edwin Dagua Ipia (2018, gobernador de Huellas); y Enrique Güejia (2019, médico tradicional y alguacil de Tacueyó). Además, en los últimos dos años, se han incrementado los asesinatos de guardias indígenas: uno en 2017, dos en 2018, y llevamos cuatro en 2019, lo que implica un retroceso enorme en términos de afectación comunitaria, organizativa y armónica”, advierte Capaz.
Para la Acin, los principales responsables de esas muertes son disidentes del Sexto Frente de las Farc, que se identifican como las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. “Creemos que son grupos residuales de la dejación de armas de la guerrilla de las Farc, que se han organizado en microgrupos y tienen una organización muy plana. Por eso lo maleable que han sido en cuanto a su posición con el narcotráfico y su acción delincuencial”, señala el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida.
Ese análisis es compartido por un investigador del conflicto armado que conoce de primera mano las dinámicas del norte de Cauca, que pidió mantener en reserva su identidad: “Ahí lo que está pasando es que las disidencias de las Farc están atentando contra los líderes indígenas y sus guardias por el control territorial que están ejerciendo y del que tienen derecho a hacer en sus territorios, por donde están pasando droga”.
Y prosigue: “El liderazgo de estas disidencias de las Farc, a diferencia de la antigua guerrilla, no tiene ningún contenido ni formación política y no mide los costos de matar líderes sociales. Antes, cuando estaba el Sexto Frente, ellos tenían muy claros sus límites comportamentales, políticos, territoriales y sociales. Sabían que no se podían meter con las Guardias ni con los territorios de ellos, porque meterse con un líder indígena tenía costos políticos inmensos. Más aún cuando sabían que en un proceso de dejación de armas permanecerían en el territorio y tendrían que recomponer muchos daños que habían cometido, pero a una escala mucho menor de lo que están haciendo las disidencias”.
De hecho, Capaz refiere una situación muy similar: “Creo que estamos en un segundo nivel mucho más degradado de la presencia de los actores armados en el territorio. Eso hace más inestable la zona: no son actores con ideología política, sino que estamos viendo a actores con una actuación delincuencial, lo cual es bastante grave. Antes, de alguna forma se daban debates de tipo humanitario para al menos salvar la vida; independientemente de otros argumentos, que se respetara lo más sagrado que es la vida, pero en estos días eso ni siquiera se ha llegado a hacer”.
Panorama afro
La violencia contra los consejos comunitarios, sus dirigentes y la Guardia Cimarrona no ha sido tan frontal como contra los Nasa. Sin embargo, el hecho de que no hayan sufrido el asesinato de los suyos, no significa que no padezcan otra clase de ataques que generan zozobra y obstruyen su labor.
En los registros de Aconc figuran más de 30 amenazas recibidas a lo largo de este año mediante panfletos, llamadas y mensajes de texto a celulares. También el “rapto” de dos comuneros que fueron liberados por la Guardia Cimarrona y tres atentados contra sus líderes: después del ataque con granadas a los 16 líderes que estaban reunidos en La Trinidad, fueron atacados las autoridades de los consejos comunitarios de Brisas y de Villa Rica. A eso se suma la aparición de cadáveres de personas ajenas a la comunidad en la vía que comunica a los municipios de Suárez y Buenos Aires.
“Hay territorios nuestros en los que no podemos subir. Nos dicen que si no vamos con los vidrios abajo no podemos entrar al territorio y algunos no se pueden bajar porque son blindados. Como autoridades nosotros no tenemos por qué tener sitios vedados pero la situación nos lo está causando. El paramilitarismo está fuerte porque han hecho presencia y se identifican como tales. A pesar de que el gobierno diga que las Águilas Negras no existen, en el norte de Cauca no se puede decir. Puede que sea una marca, pero existe”, plantea Roxana.
Uno de los consejos comunitarios donde más se sienten las amenazas es el de La Toma, ubicado en Suárez. Ahí, el pasado 12 julio, llegó un panfleto firmado por las Águilas Negras en el que le dieron un plazo de 72 horas a cuatro líderes de la comunidad para abandonar la región por “oponerse al desarrollo”. El texto refería lo siguiente: “Cada uno de sus colaboradores negros hps declarados objetivo militar al igual q todos esos sapos q los cuidan con todo y eso van a morir. AGUILAS NEGRAS PRESENTE (SIC)”.
Precisamente, para la población afro del norte de Cuaca, los principales riegos se derivan de su defensa territorial, en la que se oponen a la minería criminal y protegen a toda costa sus ríos. Los más afectados por el uso de mercurio y maquinaria pesada son Ovejas (Suárez), Teta (Buenos Aires), Mazamorrero (Buenos Aires), Quina Mayó (Santander de Quilichao), El Palo (Caloto y Guachené), Timba (Buenos Aires) y Cauca.
“El que se acabe un río afecta cultural y paisajistamente a una comunidad y al ecosistema. Nosotros hemos vivido en este territorio acorde con la naturaleza, porque cuando a nuestros abuelos les enseñaron a mazamorrear y hacer minería ancestral, les enseñaron que los ríos no se contaminaban y que la tierra no se vendía, porque les había tocado a nuestros ancestros, a precio de sangre y oro, comprar lo que tenemos”, sentencia Roxana.
Pero no sólo las amenazas de los disidentes de las Farc y de las Águilas Negras están causando temor. En las últimas semanas se habló con fuerza de la supuesta presencia del Cartel de Sinaloa, grupo narcotraficante mexicano, del cual han circulado múltiples panfletos.
Juan Carlos Garzón, coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que durante sus investigaciones no han encontrado participación directa de organizaciones armadas mexicanas que tengan estructura y mando: “Lo que se ve es que distintos grupos mexicanos tratan de asegurar rutas y de establecer alianzas con los grupos que están en el territorio. Aquí hay una mezcla de interpretaciones y de rumores”.
Además, indica que la influencia de estructuras armadas mexicanas se está sobredimensionando: “El hecho de nombrar a los mexicanos o dar algún tipo de conexión, con análisis tan irresponsables como los que he escuchado de quienes dicen que la práctica de cortar cabezas es típica de los mexicanos, termina infundiendo temor y causando confusión sobre las responsabilidades en términos de quién hace qué”.
En un sentido similar se expresa el investigador de la región que pidió mantener la reserva de su identidad: “Decir que hay carteles mexicanos en Colombia es totalmente exagerado, es un despropósito. Hay que entender que los enlaces y los intermediarios de carteles mexicanos, que muchas veces son de nacionalidades centroamericanas, siempre estuvieron haciendo negocios en Colombia. Lo que pasa es que las transacciones eran mucho más reguladas por las Farc y con su desmovilización se desregularizó el mercado. Al desregularizarse, los carteles empezaron a meterse mucho más de frente en algunos segmentos de la cadena, como la misma producción de la hoja, en la cual no estaban metidos antes. Entonces se han metido en cadenas y en segmentos de producción de la coca, donde antes no estaban porque los regulaban las Farc”.
Asimismo, indica que “con el desorden que se ha dado en el norte de Cauca desde 2016 en adelante, esta gente, de manera muy pragmática, lo que hizo fue irse metiendo, acaparando tierras, haciendo una presencia mucho más estable, pero por medio de intermediarios, nunca por medio de capos o carteles de alto perfil”. Y concluye: “Esos panfletos se consideran hechizos y son un uso de la marca de carteles mexicanos para despistar las investigaciones sobre quiénes están detrás de los asesinatos de líderes indígenas”.
Alertas sin reacción
Entre el 2 de enero del año pasado y el presente 22 de enero, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió ocho informes advirtiendo sobre los riesgos a los que quedaron expuestas las comunidades del norte de Cauca y de regiones aledañas, tras la dejación de armas de las Farc. Son documentos que describen con alto grado de detalle el fenómeno de reconfiguración territorial y disputa de poder en el que quedaron inmersos campesinos, afrodescendientes e indígenas.
Si bien fueron elaborados en diferentes periodos de tiempo y analizan municipios particulares, las alertas coinciden en señalar la presencia de grupos disidentes de las Farc que no se plegaron al Acuerdo de Paz; la proliferación de amenazas a nombre de grupos sucesores del paramilitarismo; la expansión del Eln desde el sur del departamento; y el arribo del Epl, grupo que tradicionalmente estuvo concentrado en la región del Catatumbo, a cientos de kilómetros de Cauca. Esa disparidad de grupos corrobora los análisis realizados por los encargados de monitorear la situación de derechos humanos de la Acin y de Aconc.
Uno de sus hilos conductores son las advertencias sobre el vacío de poder. “Estos grupos han impuesto cobros extorsivos a comuneros y campesinos, principalmente en las zonas con presencia de cultivos ilícito y el control de corredores para la comercialización de narcóticos, en municipios como Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Suárez, Buenos Aires, Morales, Cajibío, Patía, Argelia, El Tambo, Guapi, López de Micay y Timbiquí”, reza la Alerta Temprana 026, expedida el 28 de febrero del año pasado.
Asimismo, todas claman por acción efectiva por parte de toda la institucionalidad estatal: “La Defensoría del Pueblo en el informe de riesgo 019-17 del 21 de abril de 2017 había advertido que con la desmovilización de las FARC-EP, se podían incrementar los factores de violencia en la región si no se daba un control efectivo y una intervención integral en los territorios”, indica la Alerta Temprana 018, emitida el 28 de enero de 2018.
Por otro lado, la Alerta Temprana de Inminencia 050, realizada el pasado 9 de junio, cuestiona la implementación del Acuerdo de Paz: “La tardía llegada de las instituciones civiles y militares del Estado colombiano para copar los espacios que dejaron las desmovilizadas FARC-EP ha favorecido la incursión de dichas estructuras. El incumplimiento de compromisos firmados en el Acuerdo Final de Paz y de otros establecidos con anterioridad directamente con las comunidades por parte del Gobierno Nacional, han generado cierta resistencia hacia la institucionalidad, debilitando la posibilidad de avanzar en la consolidación de la paz en los territorios”.
De ese modo, el SAT también ha alertado sobre el riesgo que padecen las comunidades por cuenta de sus ejercicios de control territorial. Así lo expresó en su primera alerta de 2018, emitida el 2 de enero para el municipio de Suárez: “La situación del resguardo indígena de Cerro Tijeras, también ha sido particularmente grave debido a su posición de resistencia a la presencia de grupos armados ilegales, de la realización de actividades que atentan contra su territorio como la minería ilegal y el narcotráfico, o por las denuncias sobre el riesgo constante de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”.
Y la Alerta Temprana 035 del año pasado llamó la atención sobre el accionar de los grupos armados: “Preocupa por los métodos violentos con los que operan contra la población, su rápido crecimiento y expansión hacia municipios vecinos, así como por su capacidad de enfrentar a la Fuerza Pública. En el caso de las disidencias, se movilizan en pequeños grupos, optando como estrategia el no operar en contingentes numerosos para pasar desapercibidos, en la mayoría de las ocasiones sin camuflaje y portando armas largas”.
Todos esos documentos fueron remitidos a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), en la que tienen asiento representantes del Ministerio del Interior y de diversas entidades estatales, que tienen un plazo de diez días para reunirse y tomar decisiones para evitar violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por los riesgos detectados por la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, el paso del tiempo ha puesto en evidencia la poca efectividad de la CIPRAT, pues a pesar de las advertencias, el norte de Cauca y otras regiones del país están sumidas en profundas espirales de violencia y la disputa por el antiguo poder que ostentaron las Farc.
Desde una fase temprana el SAT identificó que “el inicio de la implementación de los acuerdos suscritos entre las FARC EP y el Gobierno Nacional en el departamento del Cauca, han exacerbado el riesgo para las comunidades y para los líderes, en particular en lo referente a la sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que ha generado una reacción adversa por parte de los diferentes grupos al margen de la ley que pretenden hacerse al control de esta actividad”.
A la fecha, las comunidades étnicas son inundadas con amenazas, sus dirigentes están la mira de grupos armados ilegales y las condiciones que se prometieron para el fortalecimiento de sus guardias cívicas de autoprotección no se ven por ningún lado. Es una deuda que los violentos están cobrando con sangre.
Investigación realizada con el apoyo de:
