En audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz para analizar la solicitud de medidas cautelares sobre los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, quedó clara la desarticulación de las entidades estatales para atender este fenómeno. Resultado de ello es la información dispersa y contradictoria que poseen.
“Yo soy la esposa de Arles Edison Guzmán Medina, desaparecido el 30 de noviembre de 2002. Mi esposo y yo teníamos un asadero en la Comuna 13 que era alquilado. Llegaron a preguntar por mi patrón, yo les dije que no era el patrón sino mi esposo. Preguntaron por el nombre y se fueron. Pensamos que nos iban a atracar. Él se fue y guardó la plata. Mientras eso, llegó un taxi con cuatro personas, entraron, lo llamaron por su nombre y hablaron con él tres minutos. Se paró y me dijo que se tenía que ir con ellos que por que el patrón de ellos le iba a hacer unas preguntas.
Les pregunté que quién era el patrón y no me quisieron decir. Me quité el delantal y les dije que me iba con mi esposo. Uno de ellos me puso la mano en el hombro y me dijo que ‘él iba solo y que tranquila que en una hora se lo devolvemos’. Una hora y van 17 años. Él me miró, lo cogieron del cuello y lo metieron en el taxi. Yo me desmayé en ese momento y cuando desperté llamamos a la Policía para contar lo sucedido, eso fue a las ocho de la noche y llegaron al otro día a las diez de la mañana, y eso que ya había Policía y Ejército allí con la Operación Orión.
Tomaron copia de lo que hablé y nunca volvieron a dar información. Pasados tres días yo fui una de las que dio un croquis a la Fiscalía, porque alguien me dijo que allí estaba Arles. Yo sola fui a buscarlo. Cuando estaba subiendo vi que estaban haciendo huecos en la tierra”.
Como esta mujer, son cientos de familiares de personas desaparecidas de manera forzada en esta populosa comuna del occidente de la capital antioqueña que llevan más de 16 años buscándolas sin tener claridad sobre sus paraderos y las causas que los alejaron de sus hogares.
Por esos hechos, y dado que se presume que decenas de víctimas fueron inhumadas en dos sectores de ladera conocidos como La Escombrera y La Arenera, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y un grupo de ciudadanos y familiares de personas desaparecidas solicitaron el 29 de agosto del año pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que decretara medidas cautelares para esos sitios y para otros 15 más en diversas regiones del país. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)
Sus voces fueron escuchadas y esta Jurisdicción convocó a una audiencia para miércoles y jueves de esta semana con el fin de escuchar a los familiares de las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 sobre lo que han vivido en los procesos de búsqueda durante los últimos 16 años.
Además, fueron citadas la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Ministerio del Interior para que dieran respuestas a los magistrados de la JEP, a las organizaciones sociales y a los familiares de las víctimas sobre sus actuaciones en este caso y los resultados de las investigaciones que habían adelantado.
La audiencia fue presidida por el magistrado Gustavo Salazar de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, quien estuvo acompañado por cuatro togados más.
Esta cita judicial tuvo un escenario simbólico lleno de emotividad. Las primeras filas de las sillas del auditorio del Palacio de Justicia tenían los nombres de algunas de las personas desaparecidas y las paredes estaban cubiertas con las fotografías de otro tanto de ellas. Los magistrados decían los nombres de desaparecidos como homenaje a su memoria.
Algunas integrantes de la organización de víctimas Mujeres de Caminando por la Verdad entregaron a los magistrados de la JEP un libro con todos los nombres de los desaparecidos y entre lágrimas y abrazos agradecieron por escucharlas y aportar en esclarecer lo sucedido, pues muchas de ellas ya han muerto sin saber qué pasó con sus familiares.
Tras dos días de intervenciones, lo que ha quedado claro entre las familias de las víctimas y las organizaciones sociales es la falta de articulación de las distintas entidades estatales obligadas a atender este caso, lo que generó una confusa información que ahora en la JEP tratarán de aclarar para determinar si se dictan las medidas cautelares para proteger esos lugares y facilitar la búsqueda de los desaparecidos.
Alertas silenciadas
“Nos dimos cuenta que a la gente no la estaban matando sino desapareciendo”, recordó Juan Diego Mejía, integrante del Movice. “Desde el año 2002 muchas de las víctimas fueron llevadas a La Escombrera. Mi madre hablaba con las vecinas y todas sabían o veían que para esa montaña se estaban llevando a las personas y no regresaban”.
Desde el 2004 se empezó a hablar de La Escombrera como un sitio de inhumación de víctimas de grupos paramilitares. Y a pesar de las denuncias que hacía la comunidad, las autoridades locales no atendieron las alertas y, por el contrario, permitieron que el lugar continuara funcionando como un gran depósito de escombros.
Las misioneras del Convento de la Madre Laura, que tienen su sede en el barrio Belencito de esta comuna, empezaron a prestar atención sicosocial a familias de desaparecidos, que padecían el terror impuesto por los grupos armados.
A las monjas se sumaron varias organizaciones sociales de la ciudad que decidieron realizar acciones de búsqueda y acompañamiento a los familiares de las víctimas, pues los atropellos y desapariciones seguían aumentando sin que la Alcaldía de Medellín, por aquellos años en cabeza de Sergio Fajardo Valderrama (2004-2007), ni las autoridades policiales y militares, hicieran algo para detenerlos.
“Entre el 2008 y el 2009 el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) presentó tres solicitudes del cierre de la escombrera ante el Fiscal Noveno Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos en Bogotá y todas ellas fueron respondidas de manera negativa”, detalló María Victoria Fallon, abogada del GIDH, en su intervención ante los magistrados de la JEP.
“También presentamos una tutela -agregó- reclamando una medida provisional. Fue parte de nuestros infructuosos intentos por detener la ignominia. La falta de voluntad y compromiso para buscar los desaparecidos de la Comuna 13 por parte de investigadores y fiscales era evidente. Y lo sigue siendo”.
Sólo hasta 2015 la Fiscalía inició excavaciones en La Escombrera, dividiendo el terreno en dos polígonos para ser removidos. Pasaron seis meses y el reporte fue desesperanzador: no hallaron ningún cuerpo. Ante ello, frenaron el trabajo de búsqueda. Pero lo que no se detuvo fueron los permisos para que siguiera operando allí el depósito de escombros. (Leer más en: Expectativa por labores de exhumación en la comuna 13)
“El problema de los desaparecidos de la Comuna 13 es asunto de voluntad política y ha primado la protección de los empresarios por encima de las víctimas. Cuatro alcaldes se han negado a proteger estos lugares por lo que acudimos a la JEP como última instancia”, aseguró a este portal Byron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha acompañado a las víctimas en sus reclamaciones penales desde hace más de diez años. (Leer más en: “Desaparecían personas en la Comuna 13 y decían que eran un mito”)
Este jurista hace referencia a los mandatarios Sergio Fajardo (2004-2007); Alonso Salazar (2008-2011); Aníbal Gaviria (2012-2015) y Federico Gutiérrez (2016-2019). En cada administración se hicieron solicitudes de protección sin resultad alguno.
El Estado se raja ante la JEP
Desde 2015, cuando se inició la excavación en La Escombrera, la Fiscalía trabajó por seis meses en 3.700 metros cuadrados que había señalado la Secretaría de Infraestructura de Medellín para buscar los cuerpos.
“Lo que hacíamos era ir separando las capas de escombros por niveles. El 14 de diciembre se alcanzó el suelo natural y no se encontraron cuerpos, aunque se hayan removido hasta 14 metros de altura”, detalló ante los magistrados Jhon Fredy Ramírez, encargado de identificación de cuerpos del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.
El primer de audiencia, funcionarios del Ente acusador entregaron la cifra de 113 personas desaparecidas en la Comuna 13. De ellos, 18 cuerpos fueron encontrados en el Cementerio Universal en 2017 cuando empezaron la búsqueda en este campo santo de la ciudad.
No obstante, el pasado 11 de julio se dieron cuenta de la pérdida de muestras de ADN de cinco de esos cadáveres, aunque afirman, de manera contradictoria, que en el 2016 recuperaron dos de esas muestras, lo que no permitió aclarar la situación.
El segundo día, por petición de la JEP para aclarar las cifras, la Fiscalía entregó el dato de 23 cadáveres identificados en el cementerio Universal, 19 de ellos exhumados, e hicieron referencia a posibles irregularidades y traslados de cuerpos de este lugar.
La Fiscalía basa su búsqueda en los testimonios de Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, quien hizo parte del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y ha declarado que él mismo inhumó cuerpos de víctimas de este grupo armado en la Escombrera. Sin embargo, sus indicaciones no han permitido encontrar ningún resto. La queja ante esto es que no se han tenido en cuenta las denuncias hechas por las organizaciones sociales ni los habitantes de la comuna.
La Secretaría de Inclusión Social de Medellín, delegada por el despacho del alcalde Federico Gutiérrez para dar el informe ante la JEP habló de 286 cuerpos exhumados en el Cementerio Universal, una cifra que dista de la entregada por la Fiscalía, lo que muestra, según los asistentes a la audiencia, la total desarticulación de las entidades estatales sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas en la Comuna 13.
Ante esta jurisdicción transicional también expuso Gina Camacho, representante de la organización Equipo de Trabajo Forense y Asistencia Sicosocial (Equitas), que ha acompañado el proceso de búsqueda en la Comuna 13, quien reclamó claridad estatal: “Se nota que la institucionalidad no tiene un registro unificado y consolidado, por lo que pedimos que se construya un universo cierto de desaparecidos”.
Ante ello, la Fiscalía planteó abrir un tercer polígono, donde podría haber ocho cuerpos, por lo que necesitan remover entre 5 y 6 mil metros cúbicos de escombros. Además, afirmaron que no van a intervenir el 20 por ciento que falta del polígono dos. “Es un suelo heterogéneo donde hay basuras, escombros y se está removiendo constantemente, además tenemos fuentes escasas porque la gente no quiere aportar información”, afirmó ante la JEP Nancy Posada, Fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia y Paz.
Se evidenció también que la Personería de Medellín no ha enviado oficios ni sancionado a funcionarios locales, por acción u omisión, ante los hechos ocurridos en la Comuna 13, ni la Procuraduría los ha investigado.
Por su parte la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, se limitó a dar informe de gestión y los recursos invertidos en las víctimas, sin embargo, dejó claro que “a la fecha no se ha determinado nuestra participación en intervención en el proceso de la Comuna 13”.
La Escombrera creció
Ante la falta de información entregada por la Gobernación de Antioquia, la JEP solicitó aclarar la situación de los tres títulos mineros que han estado activos en la zona para extraer materiales de construcción. La Secretaria de Gobierno Departamental, Victoria Eugenia Ramírez, aclaró que dos de ellos fueron cerrados y el tercero tuvo una prórroga por diez años, desde 2010, que favorece a la Construcciones El Cóndor.
Ante esa información, el magistrado Salazar, quien presidía la audiencia, se quejó por cuanto, a su juicio, “la Secretaría de Minas (de Antioquia) no ha tenido en cuenta las denuncias de las víctimas y esos títulos mineros han pasado por encima de las comunidades”.
Además, La Escombrera siguió con su actividad de recepción de escombros y la montaña siguió creciendo. Al respecto, el magistrado Salazar les preguntó a los representantes de la Alcaldía de Medellín por lo que han hecho durante en los últimos cuatro años para esclarecer la verdad. Paulina Suárez, secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, respondió que han realizado un plan integral de búsqueda, no obstante, quedó en el aire el tema de la Escombrera, que es competencia de la Alcaldía.
Como si fuera poco, la fiscal Nancy Posada planteó que uno de los inconvenientes en la búsqueda de cuerpos en este sector de la ciudad fue la construcción de un edificio de interés social, justo en la entrada de La Escombrera, llamado Altos de San Juan, en el que se invirtieron recursos de la Alcaldía de Medellín y del gobierno nacional.
Al respecto, la secretaria Suárez reconoció que apenas se estaba enterando en la audiencia que la Alcaldía había construido ese conjunto residencial. No obstante, Luz Elena Agudelo, integrante de la organización de víctimas Mujeres Caminando por la Verdad, le refutó diciendo que ellas venían señalando ese lugar desde el 2002, como zona de enterramiento de cadáveres, y también cuestionando la construcción del edificio, sin que fueran escuchadas.
Investigaciones archivadas
Siguiendo el curso de la audiencia, la abogada Fallon, del GIDH, hizo referencia a un informe realizado en 2010 por el Grupo de Investigaciones Biosociales del Cuerpo del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.
La investigación fue financiada por la Alcaldía de Medellín, a través de la Empresa Metropolitana para la Seguridad. El documento final fue archivado por decisión de la administración municipal, en ese entonces en cabeza de Alonso Salazar, y se negó de manera reiterada a publicar los resultados.
Las labores contratadas buscaban “recolectar información biológica y social de las personas desaparecidas en la Comuna 1 con fines de identificación antropológica forense”, se lee en su introducción. Además, pretendía “caracterizar el conflicto en cuanto a mecanismos de desaparición, modus operandi delos principales actores armados y establecer posibles patrones de accionar que permitan comprender las dimensiones del fenómeno y sus alcances”.
Fallon explicó que en enero de 2011 el GIDH solicitó mediante un derecho de petición una copia de los resultados de la investigación. “El derecho nos fue negado, dando a conocer que el informe fue devuelto a los investigadores para que hicieran ajustes. Se nos informó que ya se había entregado la segunda versión, pero que estaba a la espera de ser aprobado por investigadores y fiscales para hacerse público. Pero eso nunca se ha hecho”, contó.
El GIDH acudió a la tutela buscando que se amparase el derecho a la información, pero fue negada también. “Aun así, tuvimos una copia no formal del informe, donde aparecía un listado de 176 desaparecidos en la Comuna 13 y dos mapas, uno con posibles lugares de enterramiento y otro con ubicación de una casa de torturas por donde pasaron muchos de los desaparecidos”. (Descargar documento)
Esta organización de abogados defensores de derechos humanos le entregó copia del informe no oficial a la JEP y les pidió a los magistrados que solicitaran una copia oficial a la Alcaldía de Medellín.
Al respecto, VerdadAbierta.com pudo constatar que el documento entregado por el GIDH es sólo una parte del informe final. La parte aún bajo reserva consta de un análisis documental de lo ocurrido en la Comuna 13 realizado por especialistas en el tema, con lo que se pretendió darle un contexto detallado al trabajo forense.
Tras dos días de audiencia, la conclusión dada por el magistrado Salazar en rueda de prensa fue preocupante para las familias afectadas por la desaparición forzada en la Comuna 13: “La información no está consolidada, lo que preocupa a la JEP dado el tiempo transcurrido. Vamos a requerir más información por lo que los resultados pueden tardar más tiempo para determinar las medidas cautelares”.
Los magistrados dieron unos tiempos a las instituciones para entregar el resto de información que hace falta: tres días para que la alcaldía entregue el informe oficial que había sido archivado, diez días a la Fiscalía para aclarar las cifras de los desaparecidos y 30 días a la Gobernación de Antioquia para que presente una propuesta de trabajo con las víctimas.
