Hasta ahora, tres municipios de ese departamento se han beneficiado con el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Entre tanto, el resto de poblaciones guajiras esperan superar el letargo que padecen tras décadas de conflicto armado y abandono estatal, por medio de los recursos del proceso de paz. Este es el panorama del municipio de Fonseca.
Las historias de vida de los pobladores del departamento de La Guajira, en el extremo norte del país, no han estado exentos de padecer desplazamientos y abandono de tierras en razón del conflicto armado. Ahora esperan que, con los recursos que se invierten en la implementación del Acuerdo de Paz, ese pasado se supere y transiten por las sendas del progreso.
David García Mejía, víctima del conflicto armado en Fonseca, uno de los municipios de ese departamento fronterizo priorizado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), hizo parte de la formulación de iniciativas con las que las comunidades quieren retomar sus vidas, pero no olvida el pasado que atormentó a su familia, especialmente a su padre, quien se dedicaba a la ganadería y tuvo que dejar atrás todo lo que consiguió producto de su esfuerzo.
“Le tocó irse hasta del municipio de Fonseca para salvar su vida porque el Frente 59 de las Farc lo amenazó, a nosotros los familiares también nos tocó abandonar todas las tierras que tenía mi padre por allá hasta ahora, después del 2016, que regresamos con el proceso de paz. Volvimos a ingresar a las tierras, a comenzar de cero nuevamente”, recordó.
Su caso no es el único en la región. Por eso, recordar estas historias es necesario para la reconstrucción que se avecina, porque por la ausencia forzada de las familias, las tierras se deterioraron paulatinamente y ahora deben afrontar económicamente el resurgir de sus terruños.
Durante los casi diez años que la familia García Mejía estuvo por fuera de su lugar de origen, entre 1997 y el 2007, contó con el apoyo de varios familiares, y el padre alternó su permanencia en Valledupar, Medellín e incluso Venezuela. De ese periodo de tiempo, según datos de la Unidad de Víctimas, 111.052 guajiros se registraron como víctimas de desplazamiento forzado.
A pesar de esto, la afectación fue incluso superior puesto que, sobre todo, los campesinos tuvieron que enfrentar desde finales de los años 90 el impacto de la guerrilla de las Farc, con el Frente 59 que hizo mayor presencia en la zona, que impactó a diferentes familias que se ubicaban en el territorio de la serranía de Perijá, específicamente en veredas como Las Marimondas, Las Colonias, Pondores, Hatico Viejo o El Puy. Las cosas se complicarían más en 1998, cuando los hermanos Castaño Gil enviaron sus tropas al departamento y se consolidaron las Auc con el denominado Frente Resistencia Wayuú, adscrito a su Bloque Norte.
Sin embargo, hoy en día, en el corregimiento de Conejo, que agrupa las veredas mencionadas anteriormente, se encuentra un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde decenas de excombatientes de la antigua guerrilla más antigua del continente que dejaron las armas, hacen su tránsito hacia la sociedad civil.
Como recordó este miembro de la comunidad, a partir de finales de los años 90 se vivieron muchas situaciones difíciles para los campesinos de la zona con las Farc, lo que trajo consigo mucho desplazamiento, campesinos que abandonaron sus tierras, ganaderos que por motivos de secuestros y extorsiones sufrieron también una gran afectación. “La verdad que fue muy fuerte, se vivió para esta zona una violencia fuerte, bastante”, reiteró.
Pero llegó la esperanza
Luego de muchos años en medio de este conflicto, La Guajira también dio un paso hacia la reconciliación y el cambio, como lo hizo todo el país con la firma del Acuerdo de Paz que pactaron la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Como reconoció García Mejía, ahora están mirando algunos de los frutos del proceso y están volviendo a tener tranquilidad en cierta medida.
Dentro de esto vienen a colación entonces los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que son, a través del Decreto 893 del 28 de mayo de 2017, las herramientas creadas para ayudar a los campesinos a recuperar lo que la guerra les quitó.
“Hay unas expectativas pero hasta ahora en el momento no se ha visto nada. Hicimos parte del grupo motor en la realización de los programas y se escogieron iniciativas muy importantes en los ocho pilares, hay muchos proyectos, esperamos que en estos próximos diez años se vean reflejados esos proyectos que quedaron plasmados en ese programa”, sostiene García Mejía, con relación a los PDET, que considera son una reivindicación por lo que tanto los afectó durante varios años.
Jesús Cobo, quien también hizo parte del grupo motor de los PDET en este departamento en representación del corregimiento de Conejo, relató cómo fue el proceso de consolidación de las iniciativas de esta región que también abarca a la Sierra Nevada, a la Serranía del Perijá y a Zona Bananera.
En medio de su descripción hizo referencia a todas las fases que incluyeron, como en todos los territorios; preasambleas, con previa convocatoria; los núcleos que reunían la representación de cada corregimiento; la definición final de las necesidades afines que tenían las comunidades en cada región; entre otros aspectos.
De esa forma llegaron a los pactos municipales, acompañados ya de los entes territoriales y otras instituciones del orden municipal como las corporaciones autónomas, las ONG y organizaciones de la sociedad civil como las Juntas de Acción Comunal. En medio de esto, destacó Cobo, tuvieron que enfrentar algunas dificultades.
Puntualmente, se trató de la propuesta de la terminación de la segunda fase sobre la represa del río Ranchería donde aseguran haber encontrado una fuerte resistencia sobre todo con las etnias asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, (especialmente arhuacos y koguis), e incluso con un sector minoritario de las negritudes quienes no se mostraron de acuerdo con que se incluyera esto dentro de las iniciativas del pacto subregional.
En este sentido hizo énfasis en cómo dieron un fuerte debate para contrarrestar el argumento de que este era un proyecto que no le traía mucho beneficio a las comunidades asentadas sobre la Sierra Nevada, como sostuvieron los otros participantes del acuerdo, porque había generado muchos conflictos con las comunidades y desplazamientos.
Además se hablaba de que esta era una propuesta que beneficiaría básicamente a terratenientes, pero como manifestó Cobo, esa posición tampoco era cierta debido a que dentro del listado de beneficiarios del distrito de riego se identificaban personas que tienen desde dos, hasta 15 y 20 hectáreas. “La gran mayoría son personas que son minifundistas, no tienen mucha cantidad de tierra para ser beneficiarias con este proyecto”, puntualizó, al mismo tiempo que lamentó que este era un proyecto de importancia estratégica para la región desde el punto de vista de beneficios de las comunidades como del sector agropecuario.
“Sin embargo, no fue posible, dimos la batalla, no lo logramos y esa fue una de las grandes adversidades que encontramos en lo que tiene que ver con el desarrollo y la estructuración de los PDET en el nivel subregional”, señaló Cobo, quien dijo también que ahora tienen previsto que dentro de cinco años pueden ser revisadas las iniciativas que se contemplaron abrigando la esperanza de volver a incluir en el pacto subregional la terminación de la segunda fase sobre la represa del río Ranchería.
Tras esto se concluyó con la firma del pacto regional el 21 de diciembre de 2018 en Valledupar, Cesar, que reúne todas las propuestas de la comunidad. “Esperamos se desarrollen lo más pronto posible porque vemos con cierta preocupación que desde el año pasado cuando firmamos el pacto subregional no hemos sabido más acerca de qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar y en qué situación está lo que tiene que ver con la estructuración de los proyectos para que se implementen como tal los PDET en cada una de las comunidades de estos municipios”, agregó el líder.
Lo realizado hasta ahora
El municipio de Fonseca, en La Guajira, ha sido de los pocos territorios de esta subregión en los que se han llevado a cabo obras lideradas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), que hacen parte de los proyectos que realiza, con el propósito de generar confianza en las comunidades sobre la ejecución de estos programas.
De esta forma se contrató un convenio interadministrativo por el monto de 882 millones de pesos con el objeto de “acordar las condiciones para implementar el Proyecto de Red de Vías Terciarias para la paz y el Postconflicto en el municipio de Fonseca”, como aparece consignado en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública).
Precisamente Sandra Noriega, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pondores, reconoció que en dicha zona han visto las obras de Pequeñas Infraestructura Comunitaria (PIC). “Sentimos como comunidad que nos han ayudado, pero que para nosotros hubiese sido mejor una obra pequeña que impacte en las comunidad, a una obra pequeña en la que se invierten unos recursos que a corto plazo ya desaparecieron”, declaró Noriega.
Dijo esto porque, como argumentó, en esa vereda el mejoramiento de la vía duró tres meses, ya que la recuperación que se hizo no resistió al inicio de las lluvias. Con relación al seguimiento que como comunidad han hecho de estas obras, Noriega dijo que más que garantes se hicieron dueños del proceso tanto así que tuvieron una experiencia en la misma vereda donde les entregaron recursos para arreglar dos kilómetros y 100 metros, y ellos aportaron para completar cuatro kilómetros y medio.
“Con recursos propios de la comunidad completamos y pudimos hacer la obra, lástima es el detalle de que no es perdurable por las lluvias. Tenemos unas vías que ya se nos han convertido en canales de tantas perfilaciones que se le hacen cada vez que hay un mejoramiento, es sólo perfilado, entonces eso es lo que no nos permite que las obras perduren”, detalló esta líder comunal, de la misma forma que solicitó que los recursos se puedan invertir de una manera que sea perdurable en el tiempo.
En este sentido el anterior secretario de Planeación de este municipio, Hamphry Molina, quien estuvo hasta hace tres meses en este cargo, reconoció que se vean estos reclamos por parte de la comunidad puesto que con el plan 50/51 se hizo mantenimiento de vías, más no la construcción de las mismas.
“El problema de las vías rurales de estos municipios es de fondo no de forma, hay que hacerle una inversión que supera las posibilidades”, argumentó el exfuncionario de la administración, quien reconoció que más allá de las inconformidades de las comunidades desde la alcaldía prefirieron ser receptivos y tomar la opción que les brindaba el gobierno para estas adecuaciones.
Que empiece la ejecución
Mientras tanto la comunidad de Fonseca espera que los PDET empiecen a dar sus frutos. Como enfatizó Dalia Molina, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Confuso, los habitantes tienen la expectativa de que las iniciativas se comiencen a implementar porque representan la reactivación del campo.
“Es ahí en donde nos vamos a ver como comunidades, zona rural, beneficiados en la infraestructura, en vías, en educación, en salud, en todos los proyectos, pero es ahí donde se reactiva la economía”, indicó Molina, quien hizo referencia a que en la actualidad tienen muchas dificultades para transportar los productos que cosechan en la zona como el café, el arroz, la yuca, el frijol o el tomate, así como para cumplir con la actividad ganadera.
La desesperación porque los proyectos se empiecen a ejecutar también viene acentuada por las sensaciones que les transmiten a representantes como Dalia los demás miembros de la comunidad quienes están inquietos por empezar a ver el proceso, porque hasta ahora solo crece la desconfianza entre las personas creyendo que esto no va a salir adelante. “La expectativa ha sido muy grande por ese proceso de paz y nosotros nos sentimos contentos y orgullosos cuando nos dijeron que éramos zona priorizada y pensábamos que se nos iban a dar las cosas y al momento vemos todo estancado, vemos mucha pasividad de parte del mismo estado colombiano, de las administraciones, de los entes de control que en verdad deben ayudarnos a nosotros que no vemos ninguna colaboración para nuestra región y nuestras comunidades”, agregó Molina.
De acuerdo con la información suministrada por la Agencia de Renovación del Territorio, el siguiente listado corresponde a las obras realizadas en el municipio de Fonseca, La Guajira, dentro de las Obras de Pequeña Infraestructura, PIC, y el plan 50/51 de adecuación de vías terciarias. (Descargue informe sobre las obras ejecutadas)
