La Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, con más de 200 integrantes, se configura como uno de los actores clave para trabajar por la paz territorial en el departamento. En 2017 ejecutó cerca de 415 millones de pesos en desarrollo de las llamadas Obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria.
Dicen que el nombre Buenos Aires se debe a la permanente brisa y a la calidez de su clima. Que su bandera representa la paz que debería reinar en toda Colombia, así como la riqueza de su suelo, el amor de su gente por el municipio y la esperanza de los bonaerenses por un mejor porvenir. Y a pesar de que el viento pareciera soplar en contra, se lucha por un futuro mejor.
Entre las cordilleras Central y Occidental, Buenos Aires hace parte de los trece municipios que conforman la región norte de Cauca (Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Puerto Tejada, Caloto, Guachené, Villa Rica, Corinto, Miranda, Padilla, Jambaló, Caldono y Toribío). Una zona de fuerte confluencia étnica y diversidad geográfica, donde afros, indígenas, campesinos y mestizos conviven en medio de ruachuelos, colinas bajas, zonas planas y montañosas.
Una región históricamente azotada por toda clase de conflictos. La expansión de la minería y el narcotráfico; las heridas de la guerra, que ya ha dejado más de 50 mil víctimas en la zona, según el Registro Único de Víctimas; la lucha contra la invisibilización y el abandono estatal; y las amenazas colectivas y el enorme riesgo que corren las vidas de quienes resisten y defienden el territorio, son algunos de los innumerables factores a los que se enfrentan las comunidades nortecaucanas.
Buenos Aires pertenece a esta golpeada región del norte del Cauca y es uno de los tantos territorios que le apuesta a la paz estable y duradera en Colombia. Hace parte de los 24 municipios priorizados en la subregión Alto Patía Norte del Cauca que en el 2018 participaron en la construcción del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con el que se pretende promover el desarrollo de esta zona del suroccidente del país.
Ya desde el 2017 el gobierno nacional llegaba a este territorio a través de programas como el de obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), que en su primera fase tuvo una inversión en todo el país de 34 mil millones de pesos para 52 municipios priorizados inicialmente en 15 departamentos, según el tercer informe de gestión de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) del 31 de enero de 2019. Esta estrategia ha buscado suplir necesidades básicas a corto plazo en diferentes comunidades rurales donde la ausencia estatal es latente, mejorando la calidad de vida de las personas y fortaleciendo los vínculos comunitarios.
En el departamento de Cauca, para la fase l del proyecto, se escogieron cuatro municipios: Caldono, El Tambo, Buenos Aires y Miranda, en donde se logró una inversión aproximada de 2.589 millones de pesos través del desarrollo de 27 proyectos. La intención era generar confianza entre las comunidades afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito y cercanas a las llamadas en ese momento Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN), hoy conocidas como Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR), donde decenas de excombatientes de las antiguas Farc hacen tránsito a la vida legal.
Según datos de la ART, en Buenos Aires se invirtió un total de 448 millones de pesos en obras PIC I, de los cuales 32 millones fueron ejecutados por Funcop y 415 millones por la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), una de las organizaciones más importantes del norte del departamento. (Descargar fichas PIC Buenos Aires)
Veinte años de trabajo comunitario
ASOM, con más de 200 mujeres vinculadas, es una de las organizaciones con más prestigio en el departamento. Surgió oficialmente en el año de 1999 como respuesta a la constante vulneración de derechos humanos, a la falta de políticas públicas efectivas, al inadecuado manejo de los recursos naturales y a la necesidad de defender la autonomía, la cultura, la vida y el territorio.
La construcción de la represa La Salvajina, que afectó profundamente la economía y las prácticas ancestrales en Buenos Aires, fue uno de los detonantes que impulsó a ASOM a crecer. Yefferson Ocoró Mina, presidente de la Asociación Municipal de Juntas del municipio de Buenas Aires (Asojuntas), destaca la labor de ASOM en el territorio y su perduración en la zona: “La incursión paramilitar en el municipio también propició que las mujeres identificaran la necesidad de organizarse y se dieran cuenta de que estaban hechas para cosas grandes”.
Para Clemencia Carabalí, representante legal de ASOM, ese reconocimiento no ha sido gratuito, es resultado de la claridad, el compromiso y la templanza en la toma de decisiones; es algo por lo que se ha trabajado desde hace más de 20 años, con especial énfasis en articular e involucrar a la comunidad lo máximo posible.
“Buscamos involucrar de la mejor manera a las comunidades en los PDET. Trabajamos pensando en el beneficio de la comunidad y eso nos permitió hacer un poco más de lo previsto, tanto en presupuestos, como en calidad y en el diseño mismo”, aseguró la lideresa.
ASOM ha trabajado previamente en proyectos productivos, en capacitaciones y procesos formativos, pero en temas de construcción el desarrollo de las obras PIC fue su primera experiencia. Para lograrlo, recibió la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como socio estratégico para ejecución, y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) como aliado en la estructuración.
El ingeniero Alejandro Jaramillo, funcionario de apoyo técnico de la ART, explicó la labor de cada organización en el proceso: El PNUD se encargó de realizar los perfiles y presupuestos de las iniciativas previamente estructuradas por FUPAD en cooperación con la comunidad a través de talleres de priorización. A partir de allí, y considerando la capacidad de ejecución de cada organización candidata, ASOM y Funcop fueron seleccionadas para realizar 11 obras en 10 de las veredas bonaerenses, beneficiando a más de 1.704 familias.
¿Obras son amores?
En Buenos Aires, la fase l de las PIC, consistió básicamente en fortalecimiento educativo, social y comunitario a través del mejoramiento de infraestructura escolar en nueve veredas, mejoramiento de vías de acceso en una y almacenamiento de agua en otra.
Jimena Carabalí, habitante de la zona, asegura que el impacto de estas obras ha sido tanto positivo como negativo. “Por ejemplo, el tanque de agua en la vereda El Porvenir, donde se invirtieron 49 millones de pesos no sirve porque ni siquiera llega el agua hasta allá. Era necesario verificar que hubiese agua potable”, aseguró. En esa crítica concuerda Diana Lucero, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Porvenir, quien aseguró que la Alcaldía se había comprometido a solucionar los inconvenientes: “Hasta el día de hoy eso no se ha cumplido, la obra PIC de nuestra vereda prácticamente es inútil”.
Al respecto, desde ASOM reconocieron que sin duda existen dificultades, pues son inherentes a lo social: “Siempre las personas esperan más, porque se necesita mucho. Hay unos muy contentos, mientras otros no tanto”. Pese a ello, la representante de Asociación consideró que aún hay mucho por hacer: “Para mí, comparado con todo lo que hay que hacer, es nada, a veces me siento un poco molesta porque no es nada lo que se ha hecho y es mucho lo que quieren mostrar. Deberíamos hacer más y mostrar menos”.
Ocoró Mina considera que en estas zonas donde el Estado no ha hecho mucha incidencia, es difícil satisfacer todas las necesidades de las comunidades. Sin embargo, dijo, “lo más importante, es que se está demostrando que las mujeres afros del norte del Cauca son plenamente capaces de ejecutar recursos, de ser transparentes y generar excelentes resultados. Todo en pro de que nuestros derechos no sean vulnerados a grandes rasgos”.
Manuel Cortés, secretario de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires, el tema de las PIC generó un impacto tan positivo que las comunidades que no tuvieron la posibilidad de realizarlo quedaron con ansias de ser beneficiadas.
“Ese proceso ayudó mucho para el tema de fortalecimiento y para generar confianza a la comunidad de que sí podemos hacer las cosas y hacerlas de buena manera. Ojalá acá en Buenos Aires se hubiera podido realizar en todas las veredas”, afirmó Cortés. Para el funcionario, estas obras son una forma de empezar desde abajo y poco a poco ir subiendo, hasta trabajar con obras más ambiciosas y significativas.
Asimismo piensa Esneyder Gómez, asesor de la ART en la subregión Alto Patía Norte del Cauca. A su juicio, estas obras son ejercicios importantes, por eso se respeta la planeación veredal, pues son las comunidades las que priorizan y, en algunos casos, las mismas que ejecutan: “Al menos es ir llegando con cosas a cada uno de los territorios y trabajar situaciones definidas por las comunidades. Una obra PIC es muy local, muy de la vereda: un salón comunal, una adecuación de vía, una placa huella en un sitio crítico algo muy concreto”.
Amenazas latentes
Co.marca Digital intentó ir a territorio en varias oportunidades durante el pasado mes de junio para conocer de primera mano el trabajo realizado por la comunidad. Sin embargo, no fue posible por la difícil situación que se vive en la zona por estos días.
Para Jimena Carabalí la situación ha empeorado, pues antes se sabía que la guerrilla de las Farc era quien tenía incidencia en el territorio, pero ahora que no están la incertidumbre y el temor crecen: “Ya no se puede andar de noche, uno no sabe a qué atenerse. Antes se sabía que ellos estaban y cuidaban, ahora uno no sabe quiénes son los responsables de las cosas que suceden”.
Según el informe trimestral enero-marzo 2019 de Somos Defensores, en Cauca se registraron el 13,9% de las agresiones hacia defensores de Derechos Humanos durante ese periodo en Colombia, seguido de Córdoba (12,7%) y Antioquia (7,3%). Este departamento es tristemente una de las zonas donde más amenazas y asesinatos de líderes sociales se presentan a nivel nacional. Para el año 2018 hubo 30 homicidios confirmados, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. (Leer más en: Ser líder social en el suroccidente, una labor de riesgo extremo)
Justamente Clemencia Carabalí, la vocera de ASOM, fue víctima, junto a otros 15 líderes afro caucanos, de un atentado armado ocurrido el pasado 4 de mayo en la finca La Trinidad, de la vereda Lomitas, en Santander de Quilichao, que dejó dos escoltas heridos adscritos a la Unidad Nacional de Protección. Ella aseguró que esa incertidumbre y los riesgos que se corren en sus territorios son lo que dificultan la implementación de la paz y la materialización de los anhelados cambios en zonas afectadas por el conflicto armado.
“Nos tiene muy preocupados porque Colombia tiene todo para que todos pudiéramos caber. Uno espera muchos cambios, pero también somos realistas de lo que está pasando”, agregó la lideresa. “Una quisiera ver cambios más reales. Ver que la apuesta que hicimos por la paz se pudiera percibir en todas las áreas, pero al parecer no hay ninguna voluntad política real para que esos cambios sean posibles”.
