Opositores sabotean restitución a víctimas en Urabá

Desde 1993, los integrantes de la familia González se dedicaron a trabajar como jornaleros en fincas ganaderas del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño. Un año después, el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les adjudicó el predio Parcela número 2, en la vereda Sadem de ese municipio, como parte del programa Subsidio Integral para la Reforma Agraria.

Con las ganancias obtenidas trabajando en fincas vecinas como administradores, cuidanderos y jornaleros, los González adecuaron la Parcela número 2 y empezaron un negocio propio de cría y engorde de ganado.

En las décadas setenta y ochenta, las guerrillas de las Farc y el Epl se asentaron en el Urabá antioqueño, ubicado estratégicamente por su acceso al mar Caribe, al Parque Nacional Natural Paramillo y al norte del departamento del Chocó, zona fronteriza con Panamá. Por entonces, en la región tenían lugar múltiples conflictos sociales, relacionados con el acceso a la tierra, la vivienda, los servicios públicos y las garantías laborales para los obreros de las plantaciones de banano.

La conflictividad armada se exacerbó en 1994, con la llegada a la zona de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), lideradas por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil.

En 1995, el señor González y otros campesinos fueron retenidos por guerrilleros, obligados a participar en el robo de un ganado y amenazados para que no denunciaran lo ocurrido. Temeroso por posibles retaliaciones de los paramilitares, González decidió abandonar su parcela y desplazarse con su familia a San Pedro de Urabá, al norte de la región.

Un año después, los señores Antonio Aguirre y Ana Joaquina Benítez se asentaron en la Parcela número 2, mediante un acuerdo informal con uno de los líderes campesinos de la vereda.

En 1998, ante el recrudecimiento del conflicto y la pobreza en la que se encontraban, los González le exigieron a los Aguirre la devolución de la Parcela número 2, a lo que estos se negaron argumentando que el Incora les había entregado el predio por motivo de abandono de los anteriores propietarios. La información resultó ser falsa, dado que el Instituto nunca les adjudicó la tierra.

Los González, angustiados, acudieron al Incora para recuperar el terreno, pero ese mismo año la entidad inició el trámite de caducidad de la adjudicación. Casi una década después, el entonces Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) revocó la resolución que el Incora había expedido en 1994, dejando sin tierra a los González.

En 2016, tras los fallidos intentos por recuperar la parcela, la familia solicitó su restitución integral ante los jueces especializados en restitución de tierras. En el proceso, los Aguirre se presentaron como opositores y alegaron que accedieron al predio de buena fe exenta de culpa, por lo que pidieron indemnización.

En 2017, la Sala Tercera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia dictó sentencia a favor de la familia González, reconociendo su calidad de víctima de desplazamiento forzado y de despojo administrativo, por lo que ordenó la restitución jurídica y material de la Parcela número 2. El Tribunal, además, no reconoció la buena fe de la familia Aguirre y negó una compensación económica a su favor, argumentando que no vivía en el predio ni dependía de su explotación.

Pese a la decisión judicial, los Aguirre continuaron oponiéndose en la práctica a la devolución de la parcela a sus legítimos dueños, a través de personas que se identificaron como integrantes de la Asociación de Campesinos del Urabá (Asocampura), que se opone a la restitución de tierras.

El 23 de noviembre de 2017, los Aguirre y un grupo de Ascompura impidieron la entrega material del predio, atacaron verbalmente a las víctimas y a los funcionarios que acompañaban la diligencia e instalaron una pancarta que rezaba: “Somos propietarios y compramos de buena fe, no violentamos, no desplazamos, no despojamos. ¡Trabajamos la tierra!”. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representa a los González, comprobó en terreno que los manifestantes no eran ocupantes secundarios, ni residían en la vereda.

Posteriormente, los Aguirre desvalijaron y destruyeron la casa de recreo que tenían en la parcela, tumbaron árboles, arrancaron cercas y dañaron los cables de la electricidad. El 5 de diciembre, cuando se llevó a cabo un segundo intento de entrega del terreno, los opositores y Asocampura esperaron a que los funcionarios abandonaran la zona e invadieron la finca. Un día después, la CCJ emitió un comunicado público en el que declaró que “es lamentable la oposición que se está haciendo en Urabá a la restitución de tierras mediante mecanismos ilegales con el fin de hacer fraude a las sentencias judiciales”.

Finalmente, con la intervención de la Policía y el Ejército Nacional, el predio pudo ser materialmente restituido.

Para ver la historia principal haga clic aquí: https://verdadabierta.com/muchos-campesinos-poco-campo/

Con el apoyo de: Embajada de Suecia.​