Grupos armados, desplazamientos, incumplimientos del Estado con el Acuerdo de paz y las contingencias en la construcción del proyecto Hidroituango, han hecho que los ituanguinos tengan un presente lleno de zozobra y un futuro incierto.
“Bienvenidos al ferri La tranquilidad”, dice en voz alta un hombre bajo de estatura que lleva casco y chaleco azul. Es el encargado de dar la información a las personas que van al municipio de Ituango y que deben atravesar la represa para continuar el camino. Cuando menciona el nombre del ferri, una señora dice entre dientes que no siente tranquilidad sino miedo al pasar por ahí. Y eso que no sabe que ese mismo día tuvieron que evacuar empleados de las casas de máquinas por nuevas filtraciones de agua en los muros de la central.
Ituango no está tranquilo y no sólo por las contingencias en la construcción de la hidroeléctrica, que ha dejado confinados a sus pobladores en varias ocasiones, sino por el conflicto armado que se recrudece, además de la poca inversión del Estado. La implementación del Acuerdo de Paz ha sido escasa pese a que allí tienen un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde un puñado de exguerrilleros de las antiguas Farc trabajan para hacer tránsito a la legalidad.
El Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS) está sin iniciar; hay retraso de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y sigue el incremento de grupos armados ilegales, además de las disidencias de las Farc, que se han ido alimentando de excombatientes que salieron de los ETCR de Anorí e Ituango. Estas situaciones han hecho que la población viva en medio de la incertidumbre y algunos prefieran abandonar la región.
Ituango es un corredor estratégico para la ilegalidad. En casi todas las veredas hay cultivos de hoja de coca para uso ilícito. Y desde hace varios meses diversos grupos armados se disputan el control territorial. Por ejemplo, hasta el 2014 la producción y venta de pasta base de coca era regulada por las Farc, pero después de su salida como grupo armado, ese control fue asumido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Cuando inició el cese al fuego bilateral entre las Farc y la Fuerza Pública producto de las negociaciones de paz, en junio de 2016, en Ituango fue un hecho simbólico muy significativo que la Policía y el Ejército desmontaran las trincheras instaladas hacía más de diez años en el parque principal. Este lugar fue blanco de hostigamientos constantes por parte del Frente 18. Un habitante del pueblo recordaba esos ataques y le parecía increíble que, en medio de los combates, algunos guerrilleros se subían a la torre de la iglesia y desde ahí le dispararan a los uniformados.
Regresan las armas
Cuando se pensaba que el Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc, el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, crearía el escenario propicio para que las veredas ituanguinas, agobiadas históricamente por ese grupo insurgente, recobraran la tranquilidad, aparecieron grupos armados ilegales a copar las áreas que dejaron los ‘farianos’ en su camino a la legalidad.
El primer grupo del que se tenga referencia que se instaló en Ituango fue una banda conocida como ‘Pachelly’, estructura que llegó del municipio de Bello, Antioquia, en 2016. La Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de su entrada por el desplazamiento de diez familias en la vereda Pio X, que queda a 10 minutos de la cabecera municipal. En ese momento, denunciaron que ese grupo delincuencial controlaba el microtráfico. El grupo, según fuentes consultadas, aún permanece ahí.
Días después de que los excombatientes de las Farc se agruparan en la zona veredal de la vereda Santa Lucía, en el 2017, las Agc pasaron por distintas zonas rurales anunciando que ellos serían quienes controlarían el territorio y que todos debían acatar sus normas.
Se sabe también a través de las versiones de algunos pobladores que la guerrilla del Eln está incursionando en esta región por los límites con el municipio de Valdivia donde históricamente han hecho presencia y control en la margen oriental del río Cauca, pero ahora lo están cruzando y enfrentándose contra las Agc.
Por ahora el interés primordial de los grupos ilegales en esta región no está centrado en la minería ni en el narcotráfico a gran escala. El microtráfico es su mayor fuente de financiación, junto con las extorsiones a comerciantes, ganaderos, campesinos jornaleros y hasta contratistas del megaproyecto Hidroituango, que al parecer también tienen que pagar una cuota.
Obras que no resuelven el problema
Ante el panorama de violencia que vive Ituango, el Estado, a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), establecida a finales de 2015 con el fin de crear alternativas de desarrollo económico y supervisar las inversiones monetarias destinadas para el Acuerdo de Paz, llegó con obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC) a veredas de más de siete horas de camino desde el casco urbano.
Esas PIC se hicieron con la intención de lograr el acceso a las veredas nunca antes visitadas por el Estado y así ganar confianza para que durante los próximos diez años las comunidades tengan la posibilidad de acercarse a una reforma rural integral planteada en el Acuerdo de Paz.
En Ituango se registran 19 obras entregadas a la comunidad, seis de ellas contratadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por un valor de $438 millones, las otras trece fueron hechas por la Unión Temporal Urabá en Desarrollo a un costo de $771 millones. Quedan cinco obras en estructuración, es decir, que están en proceso de formulación y estudio de diseños. Estas tienen asignado $477 millones y las hará la Unión Temporal, según datos entregados por la ART.
De las obras ya realizadas se cuentan siete mejoramientos de escuelas rurales, cinco de casetas comunales, cuatro de restaurantes escolares, un parque infantil y un camino veredal. En estructuración se tiene mejoramiento y construcción de dos placas polideportivas y de camino rural, y la construcción de un tanque desarenador para el mejoramiento del acueducto del corregimiento de Santa Rita.
Aún así, varias de estas obras no han podido ser disfrutadas por las comunidades por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y Fuerza Pública. “En la vereda Santa Lucía la caseta comunal se mantiene sola; en la vereda Las Agüitas, vía Palmichal, es donde más obras se han hecho, se nota el cambio, pero la gente se está yendo”, afirma Lida Mira, residente de obras de la Asocomunal de Ituango.
La vía Palmichal fue hecha por el proyecto Hidroituango para conectar el Norte de Antioquia con el Bajo Cauca. Allí mucha gente vivía del barequeo en las riberas del río Cauca, pero con la construcción de la represa se quedó sin trabajo y emigró a otras veredas o municipios para buscar el sustento de sus familias. Los grupos armados ilegales también asedian esta nueva vía.
En la vereda La Ciénaga, a tres horas del corregimiento de Santa Rita (y a cinco horas del casco urbano) pidieron un camino carreteable como parte de las obras PIC “pero nos dijeron que no se podía, que el presupuesto no estaba destinado para eso”, afirma Aristides Jaramillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Ciénaga. Aunque les socializaron esta iniciativa y por ello los campesinos pensaron en soluciones inmediatas a las necesidades de su vereda.
Aún no hay plan de sustitución voluntaria
Diversos informes estatales indican que, en Antioquia, habría por lo menos 27 municipios con sembradíos de hoja de coca para uso ilícito y sólo en cuatro de ellos se inició el Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS): Briceño, Anorí, Cáceres y Tarazá. En municipios como Valdivia, Campamento e Ituango se firmó un acuerdo colectivo, donde se comprometían a no sembrar más hoja de coca e iniciar las inscripciones para el Plan.
En Ituango, los cultivadores de hoja de coca de 55 veredas firmaron el acuerdo colectivo en abril del 2018, “pero luego el Ejército Nacional llegó a erradicar forzosamente sin respetar los acuerdos que ya muchos campesinos habían suscrito, aún hoy siguen erradicando y nosotros no dejando”, expresa Dorance Arango, representante de la Asociación de Campesinos de Ituango (Ascit).
Además, en mayo del año pasado se presentó la contingencia en la construcción del proyecto Hidroituango, que afectó aguas arriba y aguas abajo a decenas de comunidades ribereñas, lo que frenó todo tipo de trabajo institucional, entre ellos el PNIS. Por tal motivo, a la fecha, no se ha firmado ningún acuerdo de sustitución voluntaria individual, entre otras cosas, por la falta de documentación requerida en el acuerdo. Arango asegura que “muchos campesinos han entregado todo lo que les han pedido, pero luego piden otros papeles nuevos o se los devuelven”.
En 2013 ese municipio tenía 27 hectáreas de hoja coca y para el 2017 se incrementaron a 865 hectáreas, según el Observatorio de Drogas de Colombia, ocupando el cuarto lugar en la lista de los lugares donde más se registran sembradíos en Antioquia, después de Tarazá, Cáceres y Valdivia.
El incumplimiento del gobierno nacional ocasionó que los campesinos de Ituango se movilizaran masivamente en tres oportunidades, según Arango, “para exigir que se implemente el PNIS, porque no ha llegado a este territorio y por eso se ha incrementado la violencia. Nos querían meter el programa Antioquia Libre de Coca, no aceptamos porque lo que queremos es lo que se firmó en la Habana”.
La primera movilización se hizo en abril del 2018 donde unos 200 campesinos llegaron a la cabecera municipal de Ituango, después de llevar ocho días de enfrentamientos con la Fuerza Pública para frenar la erradicación forzada en el corregimiento El Aro.
Hicieron presión bloqueando las vías y cerrando el comercio, por lo que fue necesaria una reunión con voceros de la administración municipal, la Gobernación de Antioquia, el gobierno nacional, las Farc y de comunidades. Se suscribieron acuerdos que no fueron cumplidos, y un mes después volvieron a movilizarse.
“En el en El Aro hay unas 700 familias que viven netamente del cultivo de coca y puede haber unas 300 hectáreas sembradas. Todos quisieron cambiar por otro proyecto y firmaron el acuerdo colectivo, pero vemos que hay engaño”, dice Marcos Suárez, líder de la Ascit.
La segunda movilización se hizo en el Nudo del Paramillo en mayo de 2018. Y la tercera fue en febrero de este año en el corregimiento de Santa Rita, donde más de mil campesinos, de 21 veredas, salieron a protestar por las continuas erradicaciones, además de la presión de los grupos armados ilegales que impiden que los labriegos sustituyan voluntariamente.
La gente está saliendo
Los desplazamientos son constantes en Ituango. Las autoridades del resguardo indígena Jaidukamá, del pueblo Embera Eyábida, han denunciado la presencia de los grupos armados ilegales en su territorio. El Ejército también ha entrado, intimidando a la población, preguntando por los actores ilegales y pernoctando hasta por veinte días dentro del resguardo.
El 28 de septiembre del año pasado hubo enfrentamientos entre disidencias de las antiguas Farc y las Agc en la vereda El Cedral, lo que generó el desplazamiento de por lo menos 300 familias hacia las montañas para proteger sus vidas. Los ‘gaitanistas’ amenazaron con tomarse la vereda y ejercer el control total, por lo que los pobladores temen que sean desplazados de manera definitiva. Cuentan allí que un día antes de ese enfrentamiento, la comunidad avisó a la Alcaldía del riesgo que enfrentaban, pero no fueron atendidos.
Aristides Jaramillo relata que de La Ciénaga también tuvieron que salir para preservar sus vidas: “Hace un año nos hicieron salir de la vereda, nos quedamos en el corregimiento Santa Rita durante veinte días porque había enfrentamientos. Todos perdimos cultivos, animales y regresamos porque no teníamos para dónde irnos”.
De acuerdo con Héctor Giraldo, concejal del municipio, en la vereda Santa Lucía, donde está el ETCR, el Ejército sigue estigmatizando a la población: “Ya los medios, las instituciones y los malintencionados dicen que son zonas independientes, que aquí no hay sino guerrilla. Por el hecho de ser de estos cañones nos investigan todo, hasta la comida, es como volver a tiempos pasados”.
Además, en la cabecera de Ituango, las Agc impusieron la prohibición del uso de casco para conductores y pasajeros de motocicletas con el fin de identificar de manera más fácil quién se mueve en el área urbana del municipio. Ante ello, las autoridades locales no han tenido otra opción que acatar de manera tácita esas normas.
Una de las paradojas en este municipio es que la firma del Acuerdo de Paz se ha expresado en más violencia. Ahora no se presentan masacres, como en el pasado, pero sí asesinatos selectivos. El año pasado se presentaron 60 homicidios, según la Defensoría del Pueblo. Además, proliferan las amenazas de muerte contra líderes sociales; el alcalde, Hernán Álvarez; la presidenta del Concejo, Mary Jaenis Castrillón; y varios profesores y rectores de instituciones educativas rurales y urbanas.
El asesinato de seis miembros del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) en Ituango también ha disparado las alarmas y la Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha hecho énfasis en que el Estado no ha brindado garantías a estas personas en proceso de reincorporación, lo que podría ocasionar un mayor número de deserciones del ETCR y se vayan a nutrir las filas de grupos armados ilegales, que están ofreciendo dinero para que se retiren y vuelvan a empuñar las armas.
Efectos del desarrollo
Desde el 12 de mayo de 2018, cuando se dio la contingencia en las obras de Hidroituango, el municipio quedó totalmente aislado y con una grave crisis humanitaria. La única ruta de acceso es vía fluvial por la represa y en ferri, razón por la cual la gente y los alimentos tienen que hacer doble transbordo para llegar hasta el casco urbano, lo que ha encarecido la vida cotidiana de los ituanguinos.
Por varios meses, los campesinos no pudieron sacar sus productos a otras regiones del departamento y tuvieron que regalarlos; el transporte y comercio debieron parar, generando grandes pérdidas económicas. Además, llegaron 130 personas desplazadas de las orillas del río Cauca y se instalaron en el coliseo del municipio sin ser reconocidos como afectados por las obras que ejecuta Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Un año duraron allí. A mitad de mayo de este año la Alcaldía y EPM les dieron casas en arriendo por seis meses y dos “mercados grandes”. “No sabemos qué va a pasar después de seis meses, porque nos quedamos sin nada, hasta sin río”, relata Óscar Mazo, uno de los afectados.
Otros pobladores construyeron un refugio humanitario cerca de la represa, sin que hasta el momento les hayan ofrecido solución alguna. Con la contingencia en Hidroituango, los enfrentamientos armados y la poca acción institucional a favor de las comunidades, la pobreza y la vulneración de los derechos humanos aumentaron y con ello la incertidumbre de miles de habitantes que se enfrentan a un futuro incierto.
