Los campesinos del medio y bajo Putumayo han erradicado 8.686 hectáreas de coca en forma voluntaria y en esperan que el gobierno nacional les cumpla los acuerdos firmados. Sin embargo, las disidencias libran fuertes disputas por hacerse con el dominio que en el pasado ostentaron las Farc.
A pesar de los avances del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), hay preocupación por el incumplimiento del gobierno central, la presencia de las disidencias de las Farc y la reactivación del narcotráfico. Como hasta antes de que se firmara el Acuerdo de Paz y la otrora guerrilla más antigua del continente dejara las armas, esos factores impiden la anhelada no repetición de la violencia en ese departamento del sur país.
De las 18 estructuras disidentes que se encuentran en el país, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en Putumayo hay cuatro: los frentes 1, 48, 49 y 62, que desde 2018 han bajado desde Caquetá, para disputarse el control social y las rentas del narcotráfico en los límites con Ecuador y Perú.
Esas estructuras disidentes, en compañía del grupo delincuencial La Constru, están resurgiendo a partir del narcotráfico, el reclutamiento forzado y las alianzas para la explotación de la minería ilegal, los cultivos de coca y la tala ilegal de madera. En lo que va corrido de este año, 58 personas fueron sido asesinadas.
“Las disidencias están en un estado embrionario”, asegura el general Yúber Aranguren, comandante de la Brigada de Selva N.° 27 del Ejército: “La infraestructura de Putumayo es favorable para estos grupos, tienen los ríos de Caquetá, Putumayo y San Miguel para moverse y la selva para esconderse. Ningún grupo armado tiene el control territorial ni mucho poder militar, pero sí capacidad de daño”.
La Constru, que históricamente ha hecho presencia en el Bajo Putumayo, está relacionada de forma directa con la comercialización de la base de hoja de coca y el clorhidrato de cocaína. Este grupo renacería con facilidad a pesar de la captura de sus altos mandos, debido a sus alianzas con otras organizaciones.
Les compran droga a las disidencias del Frente 1 y a los herederos de ‘Guacho’ en Nariño; y ahora están asociados con la disidencia del Frente 48, comandada por Manuel, alias ‘El Politico’, sucesor de alias ‘Sinaloa’. Según las autoridades, La Constru nunca combate o se enfrenta a otras organizaciones, sino que ejerce control social, principalmente en áreas urbanas, por medio de las extorsiones, homicidios, amenazas y desplazamientos forzados. Están concentrados en Puerto Caicedo y Puerto Asís.
En Orito, Valle del Guamuéz, San Miguel, Puerto Asís y Leguízamo se encuentran alrededor de 49 personas de la disidencia del Frente 48 que estarían al mando de los carteles internacionales de la coca, por el control de las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, Brasil y Europa. Según las autoridades, esa disidencia también transita por Ecuador.
“Una de nuestras hipótesis es que Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, quiere reunificar todo el -antiguo- Bloque Sur y está haciendo contacto con las distintas disidencias para tener una estructura militar más fuerte. Sin embargo, el extinto ‘Sinaloa’, no se les quiso unir ni ir detrás del proyecto político de este exmando de las Farc, sino concentrarse en el narcotráfico”, aseguró un funcionario que pidió la reserva de su nombre.
La disidencia del Frente 62, conformada por 34 hombres, que estuvo bajo las órdenes de ‘Rodrigo Cadete’, absorbió a 22 hombres del Frente 7, que tenía presencia en Leguízamo; y ahora se concentran en Puerto Guzmán y Piamonte (Cauca). Es la disidencia que está intentando articular y organizar a los demás grupos en el departamento de Putumayo, incluido el Frente 48, y por eso ha tenido enfrentamientos con el Frente 1, hasta el punto que asesinaron alias ‘Sinaloa’.
El río Caquetá, que divide al departamento de Caquetá y Putumayo, es controlado por la disidencia del Frente 49, conformada por 55 hombres que también delinquen en Cauca. Allí también está la disidencia del Frente 1, comandada en este territorio por ‘Iván Mordisco’ con 22 hombres, cubriendo los bordes fronterizos de Puerto Guzmán y Leguízamo.
Ejemplo en la erradicación voluntaria
Las comunidades viven entre las amenazas de estos grupos armados para que no erradiquen los cultivos de coca y cumplir con el acuerdo departamental en el PNIS. Aún así, Putumayo es el departamento que más hectáreas de cultivos de coca ha erradicado en 2018. (Leer más en: ¿Tambalea la sustitución de hoja de coca en Putumayo?)
A octubre de este año, según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este departamento ha erradicado voluntariamente 8.686 hectáreas. Le sigue Antioquia, con 3.431 hectáreas.
Sin embargo, hay municipios donde ya se van a acabar los subsidios y no ha aparecido la asistencia técnica, el compromiso del PNIS para que las familias tengan un sustento económico con otros cultivos. Sólo ha llegado la asistencia técnica en la vereda La Carmelita, en Puerto Asís, que beneficia a 456 familias.
Y desde hace dos meses se abrió la convocatoria de personal técnico para comenzar la asistencia en Orito. Según Miguel Ortega, coordinador del equipo regional para la sustitución voluntaria en Putumayo, se espera que en el mes de mayo comience esta misma labor en los otros municipios.
El último informe de monitoreo anual de UNODC (que evaluó hasta diciembre de 2017 el número de hectáreas con coca en todo el país), mostró el crecimiento del 20 por ciento de la siembra de cultivos de coca en Putumayo, al pasar de 25.162 hectáreas en 2016, a las 29.589 en 2017.
Pero a las hectáreas erradicadas por los campesinos este año se suman las 5.373 que el Ejército Nacional ha erradicado de manera consensuada con los habitantes de este departamento. Es decir, hay un total de 14.059 hectáreas que ahora están sin coca, el 47 por ciento de las señaladas por UNODC.
Esa es una buena noticia empañada por la lentitud del gobierno nacional, para cumplirles a los campesinos y la amenaza de implementar la erradicación forzada y el uso de glifosato por parte del presidente Iván Duque. Por otro lado, están los sectores inconformes que, además de definir el control de la hoja de coca y disputarse las rutas de salida hacia el exterior, también están instalando laboratorios para el procesamiento en Ecuador y Perú. Tienen contacto con el cartel de Sinaloa en México o el grupo Comando Capital de Brasil para venderles cocaína.
Por lo pronto, las comunidades piden que se continúe con el programa de sustitución, que llegue ya la asistencia técnica para contrarrestar la resiembra de coca y que haya titulación de tierras, construcción de vías, redes eléctricas y mejor conectividad, incluso, para mejorar la seguridad en esta región. A final de cuentas, que aumente la presencia del Estado no sólo con militarización, en vez del terror de las disidencias.
