Incumplimientos, erradicaciones forzosas, militarización e imposiciones del gobierno nacional llevaron a estos indígenas a no vincularse en la sustitución de cultivos de coca en Nariño.
Los Awá, como muchos de los pueblos indígenas de Colombia, se vieron obligados a adaptarse y subsistir de la hoja de coca. A pesar de nunca haberse establecido propiamente como agricultores, pues su población era seminómada y dedicada a la caza y la recolección, la oleada de desplazamiento que ocasionaron a principio de siglo los paramilitares, las fumigaciones y el Plan Colombia desde el departamento de Putumayo hacia el occidente de Nariño, fue vinculándolos a las complejas economías de la coca.
Nariño es el departamento del país con mayor extensión sembrada con coca, con 45.735 hectáreas, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), de las cuales 19.517 ha se encuentran en Tumaco. (Leer más en: Tumaco y el reto de dejar atrás la coca)
Después de más de una década de fumigaciones, erradicaciones forzadas y militarización de sus territorios, en una guerra que no es suya, los Awá buscan mecanismos para que las familias de su pueblo que viven de la coca puedan pasarse voluntariamente a sembrar otro tipo de cultivo y salir por fin del círculo vicioso de la llamada “guerra contra las drogas”.
Sin embargo, decidieron no vincularse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), dispuesto en el Acuerdo de Paz que firmaron la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, puesto que consideran que no respetó su derecho a la consulta previa ni se ajustó la iniciativa a su cosmovisión como pueblo originario.
No obstante, según denuncian sus autoridades tradicionales, lo decisivo para tomar distancia es que luego de más de un año de implementación del PNIS en la costa del Pacífico nariñense, el gobierno nacional no le ha cumplido a las comunidades acordado y continuaba con las erradicaciones forzosas, por lo cual consideran que no hay garantías para ellos.
¿Quiénes son los Awá?
En su lengua, el awapit, se definen como gente de montaña. Después de siglos de defender su territorio de incas, españoles, criollos, colonos, Fuerza Pública y grupos al margen de la ley, se mantienen en varias zonas de la actual frontera entre Colombia y Ecuador, especialmente en los departamentos de Putumayo y Nariño, donde la selva del piedemonte costero y la cuenca del río Telembí concentran la mayor parte de su población.
Este pueblo cuenta con cerca de 30 mil indígenas que comparten alrededor de 22 mil kilómetros cuadrados por los que vienen luchando desde que el Estado empezó a reconocer sus resguardos y autoridades tradicionales con la Constitución Política de 1991.
Se definen como un pueblo tranquilo que, en medio de las dificultades, ha tratado de preservar su territorio como un lugar para el desarrollo del pensamiento, para trabajar y disfrutar, pero esto no ha sido fácil: el despojo de sus tierras, la presencia de grupos armados, la minería y los cultivos de palma que se han ido implantando allí ya no les permiten pescar, cazar ni cultivar plantas medicinales en la selva, según sus costumbres.
La población Awá ha sufrido los rigores del desplazamiento forzado, por lo que sus tradiciones se encuentran en alto riesgo de desaparecer. Su situación quedó consignada decisiones de la Corte Constitucional mediante la sentencia T025 de 2004 y el Auto 04 de 2004, que los incluyó en la lista de pueblos en peligro de extincióna.
Al respecto, Jairo Javier Bisbicús, fiscal de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa),
asegura en tono nostálgico que “(esto se origina en) los distintos intereses que hay en el territorio, un territorio que se ha convertido en campo de batalla, un territorio que ha servido para todos los grupos armados como corredores estratégicos para mover el narcotráfico, para el tema de la minería (…) todo esto ha costado muertos de nuestros compañeros, desapariciones, un sinnúmero de víctimas, un sinnúmero de niños huérfanos”.
Víctimas indígenas
Los crímenes contra los Awá son casi incontables y, en algunos casos, de extrema gravedad. Tal vez el más recordado es la masacre de Tortugaña Telembí, cometida el 4 de febrero de 2009 por la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc.
Ese hecho violento hace parte del Caso 002 que abrió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el fin de esclarecer y judicializar los crímenes que presuntamente cometieron esa extinta guerrilla y miembros de la Fuerza Pública en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1990 y 2016.
Además, agentes del Estado, paramilitares de distintas denominaciones y el crimen organizado han dejado víctimas por todo el territorio Awá. Tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, han padecido 26 asesinatos, 64 amenazas y el desplazamiento de más de 800 personas.
Por esta razón, la Unipa ha venido construyendo su “Camino de protección propia” como parte del Plan Integral de Reparación Colectiva que el Estado está obligado a implementar en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional y en consonancia con los programas de seguridad y protección contemplados en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz.
Se trata de un programa de fortalecimiento para la Guardia Indígena destinado a la protección de sus líderes y comunidades que se inició en 2017 con un contrato por 300 millones de pesos entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unipa. (Descargar Convenio Interadministrativo 383)
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para resolver la grave situación que viven las comunidades indígenas en las zonas cocaleras del occidente de Nariño. Desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque Márquez (7 de agosto de 2018) cinco líderes de la Unipa han sido asesinados por los grupos armados que se disputan los territorios y el negocio de la coca que anteriormente controlaban las Farc.
Además, hoy no se sabe si podrá continuar la ruta de protección mencionada, que se desarrolló principalmente en los resguardos del municipio de Barbacoas, pues el nuevo Ejecutivo no le ha dado continuidad a la financiación de esta iniciativa.
¿Por qué no hacer parte del PNIS?
De acuerdo con un informe del Observatorio de Drogas de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), a finales de 2016 la extensión de cultivos de coca en territorios indígenas de Nariño constituía 4.174 hectáreas, asunto especialmente agudo hacia el Pacífico y el piedemonte andino, donde vive la mayoría de los Awá.
Según Henry Marín, consejero de Organización y Territorio de la Unipa, muchos indígenas han recurrido a la hoja de coca para uso ilícito como medio de sobrevivencia en medio de la presión de las armas y la pobreza: “Cada familia sólo cultiva un poco, apenas para sobrevivir de lo que le vende a los grupos armados”.
Esto los ha hecho mucho más vulnerables a la violencia y el desplazamiento, generando una situación que se ha vuelto particularmente riesgosa después de que diversos grupos armados empezaran a disputarse el territorio que controlaban las antiguas Farc en Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco, donde más de 12 estructuras criminales amenazan a los 16 resguardos de este pueblo originario.
La falta de confianza en las instituciones es la primera razón que exponen las comunidades para no pertenecer hoy al PNIS, creado mediante el Decreto Ley 896 de 2017 como herramienta de gestión para la sustitución de cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana.
No es para menos. En el pasado, la gestión del Estado frente a las necesidades de las comunidades indígenas en Nariño ha sido, cuando menos, escasa y es poco lo cumplido de pactos acordados tras mingas y protestas; así como de lo definido en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional en materia de saneamiento ambiental, vías, comunicaciones y salud, entre otros asuntos, para evitar la desaparición de los Awá como pueblo.
A todo esto, se suma que, de acuerdo con la Unipa, desde la puesta en marcha del PNIS en sus territorios no sólo han aumentado las agresiones de los grupos armados contra las comunidades, sino que se ha incumplido a las comunidades campesinas y afrodescendientes vecinas a sus resguardos.
Según cuenta Henry Marín, las familias vinculadas al PNIS en estos territorios no fueron informadas adecuadamente sobre el propósito del programa y terminaron sometidas a que, en algunos casos, la Fuerza Pública arrancará la coca.
Incertidumbre
Los programas de sustitución voluntaria, tal como se plantearon en el Acuerdo de Paz, suponen un apoyo para la generación de oportunidades para las familias cultivadoras y recolectoras, de forma que puedan tener alternativas económicas que permitan la reactivación de municipios como Tumaco, Barbacoas o Ricaurte, donde se concentra la mayor población Awá y, al mismo tiempo, donde más expuestos a riesgos se encuentran por la presión de los grupos armados que se lucran del negocio de la coca.
Sin duda, de acuerdo con Daniel Ramírez, coordinador departamental del PNIS en Nariño, el reto de implementar el punto cuarto de los acuerdos de La Habana en este departamento es grande: “Lo más importante es ofrecer alternativas económicas a las familias que derivan sus ingresos de esos cultivos ilícitos. Si la estrategia no se plantea con ese objetivo fundamental, efectivamente podemos seguir en un círculo vicioso de erradicación forzosa y resiembra por parte de las comunidades, porque […] se trata de una opción de vida, de una forma de generación de ingresos”.
Así, al menos como se preveía, las familias vinculadas al PNIS en Nariño se han comprometido a eliminar voluntaria y concertadamente la coca, y el Estado a llevar a cabo un proceso que partía de asambleas con los cultivadores y recolectores para la construcción de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (Pisda) que aseguraran el éxito de la iniciativa y se integraran con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se adelantan tanto en la zona de Pacífico y Frontera Nariñense como en la región del Alto Patía. Adicionalmente, las instituciones encargadas del PNIS debían entregar un apoyo económico de corto y mediano plazo que hiciera posible a las familias cocaleras llevar a cabo esta transición. (Descargar Decreto 896 de 2017)
Respecto a la participación de las comunidades en este proceso, Ramírez asegura que “desde el marco del proceso de implementación, nosotros tenemos muy clara la real voluntad de las comunidades con terminar definitivamente con esta actividad ilícita porque están cansadas de la guerra, porque están cansadas de la violencia, porque saben que, en últimas, la coca lo único que les ha traído ha sido pobreza, miedo y desplazamiento”.
Volviendo a los aportes que el Estado debe hacer a cada familia cocalera, estos ascienden a 36 millones de pesos y están diseñados para entregarse durante dos años: en el primero, se realizan pagos bimensuales hasta completar 12 millones a los beneficiarios por su trabajo en la sustitución de cultivos bajo la figura de ingreso laboral; además de 1,8 millones para asegurar la alimentación inmediata; 9 millones para la ejecución de proyectos de ciclo corto; y 1,6 millones para asistencia técnica; mientras, en el segundo año, se paga un ingreso laboral de 4 millones distribuido en 8 meses, junto con 6 millones para los proyectos productivos y 1,6 millones de pesos de asistencia técnica.
A pesar del hermetismo con el que se ha manejado todo lo relacionado con el PNIS desde la posesión de Iván Duque y de la incertidumbre por el futuro del programa por la disolución de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, que pasó a ser una Dirección dentro de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación que hoy encabeza Emilio José Archila Peñalosa -quien no ha respondido ninguna de las consultas que hemos elevado a la oficina de prensa de su despacho-, hoy el PNIS continúa implementándose en Nariño en medio de las dificultades.
A través de un documento, la Unodc, la entidad encargada de administrar estos recursos en Nariño de acuerdo al Memorando de Entendimiento COL W40 firmado entre la organización internacional y el gobierno nacional en noviembre de 2017, precisó que, hasta el 31 de enero, se habían vinculado al PNIS 16.568 familias en la zona de Tumaco, de las cuales 14.753 son cultivadoras, 1.512 habitantes de zonas afectadas por los cultivos ilícitos y 303 recolectoras.
Adicionalmente, la organización internacional asegura que de esas familias, apenas 1.035 han recibido la totalidad de los aportes económicos del primer año ejecutados en este componente de los recursos entregados por el Estado colombiano. (Descargar respuesta de la Unodc)
Por su parte, y de forma extraoficial, funcionarios de Unodc explicaron que la organización internacional ha logrado atender con el PNIS apenas a 9.000 familias de las 17.000 que se tienen proyectadas en la zona de Tumaco, lo que representaría recursos por 324 millones de pesos cuando se completen los pagos. Esta significativa diferencia está relacionada con la grave situación que se vive en la vereda El Tandil del corregimiento de Mataje, donde se ha dificultado la entrega a las familias cocaleras de estos aportes.
No obstante, agregaron los funcionarios consultados, se han presentado dificultades tanto por los ataques violentos y las extorsiones a las personas vinculadas al PNIS como por demoras en la entrega de la asistencia técnica y los insumos causadas por problemas con los operadores contratados, que no han cumplido a tiempo con los rigurosos requisitos de la entidad.
Estas demoras han generado graves tensiones con las autoridades en esta zona del país, como la protesta cocalera que el pasado 5 de octubre cerró la carretera que lleva de Pasto a Tumaco para rechazar los incumplimientos, encontrando como única respuesta la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, que dejó varios heridos.
Adicionalmente, la situación de seguridad para las comunidades se ha venido agudizando con la militarización de la región y los resguardos indígenas ordenada por el gobierno nacional, lo cual ha generado nuevos hechos violentos, como el que vivió recientemente un equipo de erradicadores de la Policía que cayó en un campo minado el pasado 27 de febrero.
Al respecto, el consejero Marín expresó: “Entran con su maquinaria de erradicación forzosa a desminar porque tienen su equipo especial para eso. En la desminada […] empiezan a activar los demás explosivos alrededor para activar solo esa que buscan. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque pone en riesgo a los indígenas […] que nunca han escuchado este tipo de explosiones de seguido: 10 o 20 detonaciones por día. Entonces, eso hace que la comunidad se desplace. En este momento tenemos 2 o 3 familias que están fuera”.
Ante este panorama, los Awá hoy le exigen al gobierno nacional un programa especial que tenga en cuenta la situación de sus resguardos, su cultura y, sobre todo, no se plantee la militarización como método, sino que respete a sus autoridades tradicionales y la Guardia Indígena como elemento de protección de sus territorios, ya que el programa de erradicación debió coordinarse inicialmente a partir de la consulta previa a la que tienen derecho como pueblo originario
