El desarrollo rural es la apuesta de las comunidades locales y del gobierno departamental. Así lo hicieron saber con la firma del Plan de Acción para la Transformación Territorial de esta zona. Sin embargo, todavía hay cuestionamientos que trascienden al gobierno de Iván Duque. Comunidad, autoridades locales y excombatientes piden resultados concretos.
En total, son ocho los pilares definidos en ese Plan de Acción para desarrollar proyectos en los próximos 10 años: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; infraestructura y adecuación de tierras; salud, educación y primera infancia rurales; vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; reactivación económica y producción agraria; sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y reconciliación, convivencia y construcción de paz.
Esta perspectiva que busca estimular la ruralidad, con un enfoque diferencial, en una región que ocupa el 41 por ciento del territorio de Norte de Santander, deberá aliviar los índices de pobreza multidimensional, que actualmente oscilan entre el 49 por ciento y el 92 por ciento, y se relacionan con las carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida.
Sin embargo, factores como la explotación minera y el desarrollo de monocultivos, así como la lentitud del sistema generan dudas para que se logre el anhelado desarrollo que, sumado a factores de violencia cada vez más arraigados, podrían constituir un caldo de cultivo mayor para la violencia, las tensiones y el estancamiento del territorio.
Para Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, uno de los lunares del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y su plan de acción es la exclusión de municipios como Ábrego y La Playa de Belén, que debieron ser incluidos oportunamente al ser afectados históricamente por el conflicto armado.
“Al no estar, no hay recursos ni beneficios y, si vamos a pensar en un proyecto de región, tendríamos que pensar en la provincia de Ocaña en su totalidad para evitar debilidades”, afirma.
Otra de sus preocupaciones radica en la posibilidad abierta de que se impulsen monocultivos, en contravía de la diversificación productiva que requiere el Catatumbo, y que han sido abiertamente señalados por el presidente Iván Duque, quien en sus visitas a Tibú ha reiterado el apoyo irrestricto al cultivo de palma.
“Si el desarrollo local no se incluye en las agendas la gente no se sentirá involucrada en los procesos y se corre el riesgo de que sea un proceso solo de unos y no de todo el conglomerado social”, señala.
Emilio Ropero, alias ‘Rubén Zamora’, excomandante del Frente 33 de la extinta guerrilla de las Farc, cuestiona la falta de “proyección estratégica” de los PDET, pues “se quedó mucho en listas de mercado”. Completa diciendo que “fue una oportunidad para diseñar políticas de crecimiento de la economía y el desarrollo social porque no se trata de ir a las comunidades y decirles qué quieren, sino con las comunidades pensar qué podemos hacer”. Y agrega que “el gobierno debió ayudar a ver estudios de mercado, de suelos, posibilidades de proyectar unos sistemas económicos competitivos, pero eso no se hizo”.
Por ello, teme que el desarrollo quede en más de lo mismo: campesinos sembrando café, sin ningún valor agregado para avanzar hacia cadenas agroindustrales ni vías para garantizar la salida de sus productos.
Ejemplos de lo que afirma el excombatiente ocurre en Caño Indio, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en Tibú, en donde “los compañeros aún no tienen dónde desarrollar los proyectos productivos; de hecho, la finca donde están es privada y se ha estado pagando un arriendo y el gobierno no ha asumido la responsabilidad de adquirir el predio”.
Con un proceso de reincorporación “muy accidentado”, Zamora enfatiza en que la paquidermia del Estado se puede volver, nuevamente, contra el Catatumbo, esta vez con consecuencias más perjudiciales. “No tenemos proyectos productivos y ni siquiera hemos empezado, hablando en términos de producción y alternativas. Los pocos beneficios (en el ETCR) se acaban en agosto y quedamos totalmente desprovistos de medios de vida”, señala.
Lo anterior, lo atribuye a un sólo factor: desinterés del gobierno. “Eso hace parte también de la percepción que tienen desde Bogotá de los territorios. Norte de Santander ha sido olvidado y así como el sector productivo en el departamento ha estado desatendido del poder central, también nosotros estamos siendo víctimas de ese desinterés”.
Tal abandono no sólo mina la confianza de quienes participaron en el acuerdo de paz, sino que hoy en día tiene exacerbada la violencia en la región, la cual se empieza a instalar paulatinamente en el área metropolitana de Cúcuta.
Además, la falta de una política clara frente al tema de paz y posconflicto impide “conocer el camino”, afirma Luis Fernando Niño: “Los resultados visibles de esto se evidencia en las disidencias de las Farc en aumento; disputas entre el Eln, la disidencia y el Epl, no sólo en el Catatumbo sino en el área metropolitana, y la falta de confianza de las comunidades, que debilita los acuerdos”, dice. “Podemos decir que la implementación (de la paz) de una u otra forma fracasó”.
Sumado a ello, “hay sectores interesados en que la guerra continúe porque es un gran negocio, y se van a interponer para que funcione cualquier proyecto”, añade el funcionario y enfatiza en que sin seguridad tampoco se puede avanzar.
“Decir que las tropas hacen daño es negativo porque el Ejército consolida zonas para que se pueda ver el desarrollo. Por ejemplo, desminar y evitar que se activen nuevas minas, posibilita el desarrollo del campo, pero si no sucede volveremos a escenarios de abandono”, expresa el Secretario departamental.
Para Zamora, “en este gobierno las cosas se hicieron más difíciles”. Y coincide con Niño al decir que no hay una política encaminada a acelerar procesos estratégicos como la sustitución de cultivos de coca y, con la excusa de la desfinanciación, hay “implicaciones graves”. “Uno no puede esperar que los campesinos sustituyan cuando no hay presupuesto para atender sus necesidades”, comenta. “Hay que mirar las particularidades del territorio y ver cómo hacer unos esfuerzos encaminados a remover esos problemas estructurales que existen”.
Dichos problemas se ponen en evidencia con vías deterioradas, pobreza y necesidades básicas insatisfechas sin resolver, en medio de las tensiones que causan la llegada de la minería a cielo abierto, la explotación de petróleo y la expansión de la frontera agrícola sin control.
A las dificultades presupuestales que tiene el departamento, ahora se suman las de la Nación, pero, pese a ello, según el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, sí habrá garantías y una planificación de largo aliento, más efectiva y específica.
Actualmente, las autoridades territoriales trabajan en un plan denominado Catatumbo Sostenible que, según Archila, no es más que la implementación del PDET en materia de vías, plan de salud, hospitales y demás gestiones.
Entre los principales avances, a la fecha, se destacan:
– Compromiso de dotar de energía eléctrica a 2.400 personas que habitan en la zona rural, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (Ipse), de las 13 mil que se estima no cuentan con ese servicio.
– Inversión de $10 mil millones para corredores viales de los ocho municipios PDET. De estos recursos, el 70 por ciento será aporte del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el restante 30% será cofinanciado por las alcaldías y la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
– Ampliación y nueva modalidad de atención rural del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para 800 niños. Actualmente, la entidad atiende 13 mil menores de edad. El 1 de abril inició el pilotaje para atender a los primeros 211 niños de los municipios de Hacarí, San Calixto y Teorama.
– Inversión de más de $8.600 millones por cuenta del Ministerio de Salud para fortalecer cobertura. Estos recursos están dirigidos a la reposición del hospital de Sardinata por valor de $7.400 millones y un paquete de equipos biomédicos para la ESE regional norte con sede en Tibú por $1.219 millones.
De acuerdo con Archila, ahora el reto será conseguir más recursos y explica que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluye una hoja de ruta para identificar necesidades y unir en un solo esquema de planeación todo lo que venía de los acuerdos de paz. “El PDET tiene la ventaja de que las necesidades no salen de un gobierno sino de la participación de las personas; es la voz del pueblo, lo que estaban necesitando y, por eso, el ánimo es atender esas voces”, dice.
Aunque Archila reconoce que la estrategia “nunca fue una planeación sino una identificación de necesidades porque no tuvo recursos asignados ni temporalidad”, ahora se identificarán posibles fuentes de financiación y una temporalidad real “para no generar expectativas que no se van a dar en el corto plazo”.
Agrega que muchos de los proyectos se deben ejecutar “con o sin acuerdos”, en especial porque “muchos de los instrumentos que estamos trabajando tienen que ver con generarle confianza al sector privado”.
Sin embargo, la desconfianza sigue allí y sólo se espera suficiente esfuerzo y coordinación institucional para que no se repita la historia de Caño Indio o la de otros incumplimientos como la sustitución de cultivos.
“Los que sufrimos la guerra entendemos más la necesidad de buscar caminos de solución a estos problemas”, dice Zamora. “El esfuerzo del gobierno es inane y no representa mayor cosa”, sostiene. Esto está minando la disposición de varios excombatientes.
“¿Cómo se puede sentir uno cuando no ve alternativas? Con una desesperanza enorme, porque uno se imaginaba un proceso totalmente distinto”, agrega Zamora. “Mejor dicho, nosotros nos imaginamos el proceso de paz tal como quedó consignado en el acuerdo, pero de ahí a lo que ha pasado, hay una distancia enorme”.
El excombatiente advierte que de no ser por la “profunda convicción de paz” de sus hombres “ya nos habríamos regresado a la lucha armada, pero la gente que pierde la esperanza tiene todo el riesgo de volver”. Razón por la que insta a la sociedad a empoderarse del acuerdo de paz, movilizarse y defenderlo para, finalmente, lograr una proyección estratégica del olvidado Catatumbo.
