Escrito por: Óscar Veiman Mejía - LA PATRIA

Los primeros recursos son para, por lo menos, comenzar clases. Comunidad dice que aporta mano de obra y voluntad. Un vistazo a la educación rural desde los Acuerdos de paz y el Plan de Desarrollo.

Les presento a Norberto García, nacido en la vereda Villeta, municipio de Samaná en el oriente de Caldas. De allí salió, hace 10 años, despavorido con su esposa, Doracelly Ramírez, y sus dos bebés. Huían de la guerra. Norberto vive hoy en la vereda San Rafael, donde campesinos reconstruyen sus vidas. Él y otras personas nos ayudarán a calcular cuánto vale revivir una escuela, considerada como crucial para quienes vuelven del éxodo.

Advertencia: No son necesarios miles de millones de pesos, pero sí “toneladas de voluntad”, como dice Doracelly, la esposa de Norberto. En el departamento de Caldas no hay un programa específico para recuperar escuelas abandonadas por la guerra. Los recursos van destinados, en su mayoría, a los 21 colegios nuevos o reconstruidos, por cerca de 90 mil millones de pesos, y a los afectados por la ola invernal de hace unos años, por 6 mil millones de pesos.

Los desplazados se han animado a regresar luego de que con la retirada de los paramilitares y de los guerrilleros en la década pasada, es decir por lo menos ocho antes de la firma de los Acuerdos de paz de La Habana, empezaron a respirar de nuevo tranquilidad.

“Cuando el grupo de desminado del Ejército declaró, el año pasado, zona libre de minas a San Rafael, decidimos presentar el proyecto de reapertura”, recuerda Roberto Arturo Bedoya, rector del colegio La Palma, al cual está adscrita la escuelita de la vereda San Rafael.

Dada la fuerza del retorno, San Rafael, a la que volvieron Norberto y su esposa, así como otras cinco familias, hoy necesita un lugar para que sus hijos se eduquen, mientras ellos trabajan con café, caña y ganado.

La plata para adecuar el centro educativo está lista, pero no es suficiente. “La Gobernación de Caldas nos dio $20 millones, requeriremos por lo menos otros $20 millones para dejarla casi lista”, dice el directivo Bedoya, pues también son necesarios por lo menos siete millones más para dotación, sin contar electrificación externa y otros.

El año pasado la Secretaría de Educación departamental reabrió seis planteles en Samaná, que con sus comunidades estuvieron bajo fuego, sobre todo entre 1993 y el 2008, cuando el frente 47 de las Farc y las Autodefensas del Magdalena Medio se disputaron a muerte el territorio.

Los niños de San Rafael reciben, por ahora, clases en el corredor, uno de los pocos sitios del centro educativo que sobrevivió al abandono durante el posconflicto. Cortesía para LA PATRIA.

Caldas, como el resto del Eje Cafetero, se quedó sin recursos del posconflicto, a pesar de que tiene registradas cerca de 100 mil víctimas, entre ellas 7 mil 205 niños. En Samaná son 21 mil víctimas. “No hay programas para reconstruir escuelas de la guerra, toca hacer esfuerzos con recursos propios para repararlas”, dice Fabio Arias, quien hasta octubre del 2018 fue secretario de Educación departamental.

Justo el año pasado la Administración Departamental, según Arias, destinó $105 millones para acondicionar estos establecimientos con el propósito de, por lo menos, reiniciar clases.

A San Rafael le tocan $20 millones; los mismos que a la de El Congal. De a $15 millones son para las de San Agustín, El Quindío, El Rosario y San Luis, de acuerdo con la proyección que hizo el exsecretario de Educación. Además de $5 millones para la de El Cedral, que está en proceso.

Esfuerzo local

La Alcaldía de Samaná también hace sus aportes. Marlon Arias, secretario de Educación municipal, comenta que en el 2016 invirtieron $17 millones para ocupar la escuela de El Congal. Que el año pasado fueron $3 millones para la placa donde se construyó un aula móvil.

En la de El Quindío adecuaron con $2 millones salón, cocina, baños, pintura y mano de obra calificada. En el Rosario fue un millón para techo, pintura, baños, tuberías. Un millón 500 mil valieron materiales de construcción, pintura, tablero, tanque de agua y reconstrucción de baños con el fin de reabrir la de San Luis. Los habitantes en San Agustín solicitaron $2 millones para mejoramiento de baterías sanitarias.

Las comunidades y algunas juntas de acción comunal, además de mano obra no calificada, colaboran con implementos de cocina, tablero, pintura.

Con las uñas

Norberto cumple varias funciones en el caserío. Luego de su desplazamiento empezó a liderar proyectos para él y sus vecinos. Ahora es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y también es el maestro de obra de la escuela. Él hace cuentas: “Los 20 millones que nos dieron son para material y mano de obra”.

Por su labor cobra $250 mil semanal, es decir un millón al mes. “Creo que los trabajos quedarán listos en dos meses”. Eso significa que por la mano de obra, según él, ganará $2 millones. Su ayudante es Jorge Hernán Hincapié, un vecino de Norberto, quien cobra por día $35 mil. En dos meses habrá trabajado 44 días, es decir, recibirá un millón 540 mil pesos. Valor estimado de la mano de obra: $3 millones 540 mil.

En medio de las clases se inician las obras de infraestructura para recuperar la escuela de San Rafael. Cortesía para LA PATRIA.

Otra labor clave en este proceso tiene que ver con el transporte de materiales. “No es lo mismo en la ciudad, donde todo está casi a la mano, que en el campo”, comenta el rector. Explica que en mula la llevada de carga puede tardar dos y hasta tres horas, como en el caso de San Rafael.

Un arriero en la zona, según Norberto y el rector, pide hasta $20 mil por este servicio. Norberto detalla: “Hemos traído 90 cargas de arena, 30 de ladrillo y 30 de cemento, en total 150”. Lo que suma $3 millones. Las tejas de zinc, el hierro, los perfiles, entre otros, son llevados a mano por los habitantes de la vereda. “Las bestias (animales usados para cargar los materiales) solo llevan bultos, lo otro toca que los carguemos nosotros”, añade Norberto.

Para el rector los $20 millones son suficientes para el material y la mano de obra, pero realmente los costos se duplican. Las personas, con su propio esfuerzo, hacen otros aportes, además de transportar materiales como tejas de eternit, perfiles y hierro, cortan el pasto, asean y remueven escombros en corredores, salones y lo que quedó de la escuela.

Costos por alumno

Con las seis escuelas recuperadas en Samaná se han beneficiado 69 niños, de los cuales 6 son de San Rafael. Para el sistema educativo cada pequeño le representa un valor, que guarda relación con el servicio que se le presta.

Diana Cardona, de la Unidad de cobertura educativa de Caldas, dice que en 26 municipios, sin contar la capital Manizales, se favorecen 65 mil alumnos con restaurante escolar. Cada uno al año le cuesta al sistema $400 mil, en promedio.

El ejercicio arroja que la alimentación de los 69 favorecidos, que asistirían potencialmente a las seis sedes de posguerra, le costarían al sistema educativo $27 millones anuales. Así, los seis de San Rafael necesitarán un presupuesto de $2 millones 400 mil, una vez les otorguen el cupo que está en trámite.

Para el caso del transporte escolar, advierte la funcionaria, es más complicado porque se paga por rutas. Sin embargo, ella hizo un promedio y le dio $560 mil por niño, cada año. De tal manera que, por los alumnos de las seis escuelas del posconflicto se pagan $38 millones 640 mil cada año, para garantizarles la asistencia a sus escuelas. En el departamento son 12.500 los beneficiados, según datos de la Unidad de Cobertura Educativa de Caldas.

Valor de los profes

Otra inversión fundamental está relacionada con los docentes. A un educador que llegue a esta zona le deben reconocer, además del sueldo, las prestaciones sociales, cesantías, bonificaciones del magisterio y el 15% mensual del salario por trabajar en las denominadas zona de difícil acceso.

La base del salario es un millón 900 mil, indica Fabio Arias, el exfuncionario que tuvo a cargo la reapertura de casi 40 escuelas, entre ellas estas seis y otras que se habían quedado sin alumnos por diferentes circunstancias.

Explica: “Los maestros los escogemos del Banco de la Excelencia, un sistema de meritocracia que tiene el Gobierno nacional para proveer las vacantes en las entidades territoriales”.

De acuerdo con los cálculos de Arias, un maestro cuesta $3 millones 173 mil al mes. “Lo anterior quiere decir que mensualmente por los siete maestros, incluidos los dos de El Congal, se pagan $19 millones 38 mil y al año $228 millones 446 mil”.

En el Congal ya tienen dos profesores, pues cada día llegan más alumnos. En la actualidad hay 27, desde preescolar hasta séptimo, por ahora, estudian en una aula temporal. Cortesía para LA PATRIA.

Mejor por invierno

Los recursos invertidos en las sedes educativas del posconflicto están lejos de programas como, por ejemplo, el de recuperación de sedes educativas afectadas por el invierno.

Las fuertes lluvias del 2010 y el 2011 averiaron cinco escuelas rurales. En la reparación y construcción, el Fondo de Adaptación invirtió $4.716 millones, que beneficiaron a 306 alumnos.

El Fondo fue creado por el Gobierno nacional para identificar y priorizar necesidades en la etapa de recuperación, construcción y reconstrucción del Fenómeno de la Niña 2010-2011.

El año pasado inauguraron las obras. En Anserma, en la escuela Juan XXIII invirtieron $672 millones y en Alto Nubia, $1.135 millones. En Aranzazu, en la Juan Crisóstomo, vereda Camelia Alta, $1.101 millones. En Riosucio, en la María Fabiola Largo, vereda La Esperanza, $1.220 millones. Y en Risaralda, en la Francisco José de Caldas, sede La Trinidad, $591 millones.

El contraste de la inversión en escuelas afectadas por invierno y las de posguerra. A esta, en la vereda Alto Nubia, del municipio de Anserma (Caldas) le invirtieron $1.135 millones, pues estaba en un terreno inestable. Archivo | LA PATRIA.

¿Y los colegios?

Alberto Hernández es el rector del colegio El Bosque, al cual están adscritas las escuelas reabiertas de El Congal y La Cumbre. Hernández Considera que son necesarios más recursos y que los colegios no tienen ni un peso para aportar, salvo en logística.

Con el rector de La Palma coinciden en que la plata que manejan los colegios es muy poca y no les alcanza para invertir en obras. “Por no cobrar matrícula, la Nación nos gira unos recursos. Al colegio nos llegan al año unos $9 millones, de los cuales $ 4,5 millones son para el contador, un millón 500 mil para servicios y lo otros para pólizas. Por eso, debemos tocar puertas”.

Argumenta que el fenómeno del retorno es una realidad. El año pasado en la escuela de El Congal había 18 niños y este subió a 28, de ellos, 14 en primaria y 13 en sexto y séptimo. Todos comparten un aula temporal “en pésimas condiciones”, según el director.

Luego del inicio del retorno, una sentencia del Juzgado de Restitución de Tierras de Pereira del 19 de diciembre del 2016 ordenó habilitar un espacio para dictar clases. La Gobernación y la Alcaldía con $20 millones adecuaron la vieja escuela, la cual había sido quemada junto con el resto del caserío por paramilitares en el 2002.

Por eso, el pasado 2 de marzo en un encuentro en El Congal, Hernández se paró frente al gobernador, Guido Echeverri, y la alcaldesa de Samaná, Gloria Inés Ortiz. Les recordó que había $100 millones para comenzar una construcción nueva. “Necesitamos más para tener algo digno”.

Lo proyectado

El secretario de Educación, Marcelo Gutiérrez, anunció en el mismo encuentro que la Administración Departamental aportará otros $100 millones. Así, serían $200 millones para dos aulas, cocina, comedor y baterías sanitarias.

El rector añade: “Pienso que lo que vayan a hacer, que lo hagan de una vez. Necesitamos sala virtual y otros elementos. El próximo año los siete niños de séptimo pasarán a octavo, o sea, que vamos a necesitar una tercera aula”.

Jesús Antonio Valencia, coordinador de Planeación de la Secretaría de Educación de Caldas, indica que El Congal necesitará un colegio completo. Por eso, ante el Ministerio de Educación lo presentaron con otros 10 proyectos. “Costaría unos $700 millones”.

Cofinanciar proyectos de infraestructura con municipios y la Nación es una necesidad en departamentos como Caldas, donde la mayoría de los $297 mil millones de presupuesto anual son para pago de docentes, transporte, alimentación, nómina de docentes, administrativos y directivos, entre otros.

Para el 2019, según el actual secretario de Educación, Marcelo Gutiérrez, se tienen $7 mil millones. De los cuales, $5.100 millones son para dotación y obras complementarias de 21 colegios que se construyen con el Ministerio y alcaldías. Solo $1.900 millones están destinados para obras menores y dotaciones, que se construirán en conjunto con administraciones locales, como la de Samaná, y rectores de las instituciones educativas.

El Plan de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, del gobierno Duque, señala sobre educación rural: La meta es aumentar el acceso y mejorar la calidad de la educación rural. Además, incrementar la cobertura de la educación media que en zonas rurales alcanza apenas un 66%.

¿Llegarán estos propósitos a veredas escondidas en las cordilleras como San Rafael ? Allí Norberto García y su esposa, Doracelly Ramírez, sueñan con una comunidad educada en una escuela digna con salones, baños, cocina, sala de sistemas. Una escuela que, como los desplazados, sufrió de olvido por años.

Análisis

Reconstruir tejido social

A continuación un análisis del Centro de Pensamiento en Desarrollo Sostenible, de la Universidad Nacional sede Manizales:

“Uno de los asuntos más importantes en los que debe priorizar un país afectado por un conflicto interno de 54 años, como el caso de Colombia, es la de reconstruir el tejido social, reducir la exclusión y la pobreza, construir ciudadanía y avanzar en la reconciliación y el perdón, para lo cual es fundamental el aporte del sistema educativo.

El Acuerdo de Paz, suscrito entre el anterior gobierno y las Farc, expuesto en 310 páginas, enfatiza en la reducción de la inequidad, la pobreza y la exclusión en las zonas rurales, pero también en construir puentes que permitan el respeto a los derechos humanos, la sana convivencia y la reconstrucción de la nación en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo político y en lo económico.

Las cifras del departamento de Caldas, en el asunto del posacuerdo o posconflicto, expuestas en el artículo, preponderan en el retorno de los desplazados del oriente de Caldas y en la reconstrucción de los centros educativos de las zonas más afectadas por la guerra, algo muy importante, pero que debe ir de la mano de la implementación de la Cátedra de la Paz y de la construcción desde el aula de clase de procesos de reconciliación, más cuando comienza el retorno de los excombatientes a sus regiones de origen y se dará el encuentro entre víctimas y victimarios en la cotidianidad de los municipios.

A los gobiernos municipales y departamental hay que recordarles que las inversiones y las cifras de la logística para aplicar la paz, son muy importantes, pero también lo es avanzar en modificar el modelo mental, de una sociedad o comunidad dolida y resentida por los efectos de una confrontación armada, lo que no será fácil superar y en los que son fundamentales la familia, el maestro, el aula de clase y los alumnos, sin duda esa es parte de la tarea.

Ejemplo de este tipo de iniciativas es el programa Colombia Científica “Reconstrucción del tejido social” el cual busca desde la Educación llevar capacidades instaladas a los territorios afectados por el conflicto constituyéndose el instrumento de generación de desarrollo de las comunidades golpeadas por la violencia”.

Los siguientes puntos sobre educación rural fueron incluidos en los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el 2016.

Foto portada: El éxodo terminó para los habitantes de la vereda San Rafael, en el municipio de Samaná (Caldas). Al regresar encontraron la escuela caída, pues los que quedaron temían acercarse por la supuesta presencia de minas antipersona. Cortesía para LA PATRIA