Un programa sin ánimo de lucro, que tiene poco menos de 14 años y varios miles de millones de pesos invertidos, podría ser una alternativa para habitantes de municipios víctimas del conflicto armado.
En el Magdalena Centro no se sentaron a esperar los Acuerdos de Paz. Tampoco esperaron para obtener 24 mil millones de pesos en recursos, en su mayoría provenientes de la empresa privada, e invertirlos en la calidad de vida de muchos de sus habitantes.
Hace más de una década, una iniciativa ciudadana replicó el programa del Magdalena Medio y creó su propia versión: el Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro (PDPMC), que funciona sin ánimo de lucro. ¿Puede ser esta una alternativa para regiones de Caldas que no resultaron priorizadas por el gobierno nacional con recursos del posconflicto?
Periodistas de La Patria, en alianza con Consejo de Redacción, revisaron varios programas y se encontraron con esta iniciativa. El PDPMC es uno de los 26 programas de paz que hay en Colombia. Tiene incidencia en Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Caldas, con ocho municipios.
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Para aterrizar más las cifras invertidas por el PDPMC, con 24 mil millones de pesos se puede reconstruir por lo menos siete veces la vereda El Congal. O se podrían indemnizar, en promedio, cerca de 4 mil víctimas del conflicto armado, según consultas realizadas a personas que trabajan en la Unidad de Víctimas.
Este programa no tiene grandes aportes estatales. Según cifras de la entidad, entre las alcaldías de Samaná, Manzanares, La Dorada y Guaduas han invertido 193 millones de pesos.
Respecto a esto, Jorge Alberto Tovar Beltrán, director de la Red de Programas de Paz (Redprodepaz) explica: “Es mejor recibir 5 millones de pesos de una alcaldía que 100 millones de pesos de una cooperación internacional, así la cifra no sea comparable, demuestra la voluntad de los municipios para salir adelante y apoyar iniciativas de paz”.
En cambio, cuenta con financiación de asociados y cooperantes. Los asociados son: Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), Isagén, Isa, Enel (iniciativa de Codensa y Emgesa), Diócesis de La Dorada, Universidad de Caldas y la Universidad Autónoma de Manizales (UAM), las que a lo largo de la historia del programa han aportado 12 mil millones de pesos.
Por otro lado están los cooperantes, que si bien no tienen un aporte constante, sí han donado en algún momento. Entre ellos están Corpocaldas, Cortolima, Cooperación Federal Alemana (GIZ) y la organización Lutheran World Relief (LWR), que han aportado otros 12 mil millones de pesos.
El PDPMC, como otros nació inspirado en el Programa de Paz del Magdalena Medio, el más antiguo de todos. Comenzó con un diagnóstico contratado por Ecopetrol, gracias a que en un debate con la Unión Sindical Obrera apareció la idea de que el petróleo produce pobreza y violencia.
Para comprobarlo, se realizaron estudios en 29 municipios y efectivamente era así: la presencia de este hidrocarburo estaba correlacionada con la pobreza y con un modelo económico excluyente. Al ver estos resultados, Ecopetrol se planteó la idea de proponer un proyecto que menguara estos efectos. Es así como en 1996 en nace el Programa de Paz del Magdalena Medio.
“El Programa de Paz del Magdalena Centro surge 10 años después como una iniciativa empresarial y de la Diócesis de La Dorada-Guaduas. La idea es que la construcción de paz y desarrollo sostenible sólo se puede hacer desde los territorios”, narra Javier Moncayo Plata, director ejecutivo del PDPMC.
Unas líneas transversales al programa son las mesas subregionales de trabajo, en las que los pobladores se reúnen mensualmente a repensar su territorio. Según Moncayo, estas mesas han demostrado el éxito del programa, pues los integrantes de esta línea gestionan sin el trámite directo de la entidad aproximadamente 22 mil millones de pesos por año, dinero utilizado para fortalecer sus procesos como comunidad. Mientras que el programa gestionó 1.997 millones de pesos para 2019.
Recursos
Este tipo de programas sin ánimo de lucro están bajo el manto de la Redprodepaz, que acoge a los programas de paz existentes en Colombia. Según un estudio realizado por la UAM, con ayuda de la Red, en los últimos cinco años 14 programas han movilizado 93 mil millones de pesos. De todos los recursos obtenidos, los programas no están obligados a presentar sus finanzas a la entidad.
Jhenifer Mojica, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas y encargada del proyecto del litigio estratégico en restitución de tierras, dice que estos son buenos siempre y cuando haya una información transparente sobre el origen de los recursos. “Estos programas están hechos para tender puentes y no para hacer muros. Se pueden aceptar recursos a pesar de la diferencia, siempre y cuando la comunidad lo sepa y lo acepte”.
Carlos Enrique Rondón, sociólogo experto en desarrollo rural, plantea un ejercicio: si la plata se repartiera por igual en cada municipio y contando la inversión total que se ha realizado en el programa, a cada uno le hubiera correspondido 1.411 millones de pesos.
“Hay que ver la relación inversión-impacto: el dinero que le corresponde a cada municipio es poco para la cantidad de programas que hay. Si no se trabaja con un enfoque sistémico todo se vuelve un tipo de subsidio y no una inversión productiva”, explicó.
Paz versus medio ambiente
El programa tiene inversiones de Isagén, por la hidroeléctrica Hidromiel I, que tiene influencia en la zona. Desde el 2009, ha gestionado junto con con Cortolima y Corpocaldas, 7 mil millones de pesos.
Hidromiel l se encuentra localizada en el municipio de Norcasia, en el oriente caldense. En esta zona se encuentran las cuencas de los ríos Guarinó, Manso, Tenerife, Moro, Samaná Sur y Pensilvania. Comenzó a operar en el 2002 y hasta el momento ha realizado dos trasvases, intervención por la que cambia el curso de un afluente: el del río Guarinó, que comenzó en el 2010, y el del río Manso, en el 2013.
De acuerdo con el reporte de gestión más reciente de Isagén, en el 2017, sus ganancias totales, incluyendo Hidromiel I, fueron de 2.3 billones de pesos. Lo que donaron a la comunidad afectada por la hidroeléctrica y los trasvases, por medio del convenio y con gestión del programa PDPMC, fue de 1.447 millones de pesos.
Según Eduardo Muñetón Bustamante, ambientalista de La Dorada, los impactos que trajo la presencia de la hidroeléctrica y de los trasvases fueron muchos: “Se ha perdido ictiofauna (peces), ha cambiado el clima del agua, hay mucho más sedimento y se tapa el acueducto, no hay nada que compense realmente esos impactos”.
Teresita Lasso Amezquita, exdirectora del Laboratorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas, expresa: “Lo más grave de las compensaciones es la compra de conciencia, nada compensa los daños de un ecocidio, porque la palabra impacto se queda pequeña. No se puede comprar el silencio”.
El dinero que ha aportado Isagén no hace parte de la contabilidad del PDPMC. “Nosotros gestionamos. Estos recursos están enfocados a obras de bioingeniería para el beneficio de la cuenca y de la comunidad. No están relacionados directamente con el programa”, aclaró Javier Moncayo, director del programa.
Isagén, adicional a los recursos que da para estas obras, según dicen, dona dinero de forma voluntaria –no hace parte de las regalías– a la línea estratégica Infraestructura, Ambiente y Sociedad del PDPMC, aunque La Patria no pudo obtener un reporte más claro sobre cuánto dona para esta línea en particular.
Mario Hernán López Becerra, doctor en Paz, Conflicto y Democracia, expresa que los programas de paz han servido para que se canalicen los recursos que las hidroeléctricas quieren dar a la comunidad: “Este programa de paz, como otros en Colombia han permitido que las empresas que tienen presencia en estas regiones especialmente las hidroeléctricas, tengan un rol de responsabilidad social mucho mayor y que así apoyen distintos procesos enfocados a las víctimas y no víctimas del territorio”.
El conflicto armado también incluye las consecuencias ambientales de las hidroeléctricas, de allí la preocupación de los programas por este tipo de problemáticas. Según Moncayo, la guerrilla se autoproclamó defensora y representante de la comunidad en temas ambientales: “Las personas debían soportar una representación que no querían, ante un conflicto ambiental que los agobiaba”.
Para el 2019, los recursos del programa están divididos en seis líneas, todas enfocadas en las víctimas del conflicto armado y del conflicto ambiental. Aquí están las fichas técnicas de cada una de las líneas, los recursos que se invierten en ellas y los testimonios de algunos líderes que hacen parte del proceso.
Haga clic en la foto de los líderes para conocer a profundidad cada una de las líneas.
