Ese pacto firmado hace más de dos años no logra concretarse en las regiones, pero las comunidades conscientes de ello, no cesan en la lucha, pese a que la asignación presupuestal para las iniciativas parece diluirse en el Plan de Desarrollo propuesto por el actual gobierno y actualmente en discusión en el Congreso de la República. Por ello, en este proceso, se necesita la participación de las comunidades.
¿El Acuerdo de Paz es una utopía o una realidad? “Claro que es utópico. Para las comunidades que hemos vivido la guerra, vivir en paz sigue siendo una utopía y lo que está en el PDET son las mínimas condiciones para vivir en paz. Pero si es lo que necesitamos para construir paz en Colombia, así sea una utopía, hay que lucharlo”, responde Oriana Silva*, una mujer vinculada a los procesos sociales y campesinos de Argelia, quien ha tenido una participación activa en su municipio en el avance y la construcción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Alto Patía y Norte del Cauca.
Como está consignado en los documentos que dan base a la implementación del Acuerdo de Paz, desde el comienzo de la formulación de los PDET se habló de una metodología participativa que reuniera a los diferentes actores involucrados, es decir: autoridades étnicas, entidades territoriales, comunidades y organizaciones sociales, comunales y comunitarias, entre otras. Sin embargo, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, entre otras razones por el desconocimiento de las comunidades sobre este tipo de procesos y la desconfianza en la institucionalidad.
Así lo demuestran los resultados de la Encuesta de Cultura Política (ECP) hecha por el DANE en 2017. El 65 por ciento de los colombianos no ha escuchado hablar de ningún mecanismo de participación ciudadana y el 87 por ciento de las personas nunca ha asistido a eventos o reuniones de su comunidad.
En la región Pacífico (Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó) sólo el 26 por ciento de los ciudadanos cree que Colombia es un país democrático, el 10 por ciento está satisfecho con el funcionamiento de la democracia y el 46,3 por ciento siente que no hay garantías en cuanto a derechos humanos. Estas cifras, junto con el registro de abandono estatal, corrupción e incumplimiento de compromisos, configuran una percepción de país donde no es fácil obtener la confianza de las comunidades.
La metodología participativa fue prevista por la Agencia de Renovación Territorial (ART) y ya estaba escrita cuando llegó a las comunidades. En esa medida, es natural que existan disensos, sugerencias y quejas. “No es la panacea, pero para los procesos de participación que hemos hecho en Colombia, esta fue una buena metodología, realmente participativa”, asegura Silva.
La dirigente comunitaria reconoce el planteamiento de dicha metodología y sus intenciones de ir más allá de la participación como simple asistencia para intentar garantizar una participación efectiva, pluralista y amplia de todos los actores del territorio, pero advierte que “el papel aguanta todo” y la ejecución tenía que contar con una socialización de preparación para las comunidades, es decir que las personas entendieran a fondo qué era lo que se iba a hacer y cómo.
En ese mismo sentido se expresa Valeria Mosquera, coordinadora regional de Ruta Pacífica de las Mujeres, al afirmar que la principal falencia fue la ausencia de un proceso profundo de pedagogía previa: “El error fue que no se tuvo en consideración un tiempo destinado a lo pedagógico. El nivel de desconfianza que existe hacia la institucionalidad, la falta de claridad en lo concerniente al enfoque de género y étnico, el desconocimiento de los puntos del acuerdo y su relación con el proceso de los PDET, no sólo de las comunidades sino también de los funcionarios, fueron elementos que dificultaron las dinámicas”.
El caso de Argelia
Argelia es uno de los 24 municipios priorizados en la subregión de Alto Patía y Norte del Cauca. Consecuentemente con su ubicación en el Macizo Colombiano, posee 674 kilómetros cuadrados de riqueza en flora y fauna. Asimismo, es una de las poblaciones más azotadas por el conflicto en esta zonal de país y foco de incesantes disputas que tienen como telón de fondo distintas actividades del narcotráfico.
En palabras del gobernador de Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, “es bien conocido que en la cuenca del Río Micay hay una dinámica permanente del narcotráfico. Conocemos claramente que en la cordillera de El Patía y Argelia es donde se concentran las mayores siembras de hoja de coca y sabemos las dificultades que se ha tenido todo el tiempo por esta actividad ilícita.”
En medio de tanta precaución y desconfianza frente a las entidades gubernamentales, el trabajo con las comunidades de Argelia para la formulación del PDET y la elaboración de las propuestas para el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) registró alta participación comunitaria.
Sin embargo, la acogida del PDET en Argelia no fue fortuita: la apropiación del proceso por parte de las distintas organizaciones sociales permitió que sí fuera participativo. Se logró gracias a la tarea de ir vereda por vereda contándole a la gente cuáles eran los ocho pilares que fundamentan este programa, qué se podía incluir en cada uno y explicando la dinámica de las reuniones. En esa medida se realizaron varios encuentros no contemplados en la metodología de la ART, pero eso no pasó en todos los municipios del PDET Alto Patía y Norte del Cauca.
“En Argelia nos esforzamos en que estuviera todo el mundo, y a los que no estaban íbamos a buscarlos. A pesar de eso, mucha gente llegaba perdida a las preasambleas. ¿Cómo sería en otros municipios donde no se hizo un trabajo como ese? En una región tan diversa y compleja como esta era necesario llegar a todos los actores, en todos los escenarios y de distintas maneras, y eso faltó”, recalca Silva.
De acuerdo con John Jairo Betancourt, coordinador del Comité de Veedurías por la Paz, los ejercicios preparativos y pedagógicos, de los que se abanderaron las distintas organizaciones, fueron indispensables en toda la subregión Alto Patía y Norte del Cauca, puesto que se identificaron muchas inquietudes y preocupaciones que la labor de la ART no alcanzó a cubrir.
“Intentando solucionar esos vacíos, los movimientos sociales convocamos encuentros adicionales por región (norte, centro y sur) antes de la fase municipal. En municipios como Mercaderes, Morales, Suárez, Pradera y Florida, se sintieron deficiencias, y también en los municipios priorizados del departamento de Nariño”, asegura Betancourt y agrega que hubo preocupación por la debilidad de los procesos formativos que se llevaron a cabo.
¿Asunto de marca?
Uno de los aspectos más criticados del PATR fue la clasificación de las iniciativas entre proyecto o gestión. Para las comunidades es importante hacer la diferencia entre ambas clasificaciones pues consideran que el término “gestión” es inexacto y delicado, y no representa ninguna garantía de cumplimiento ni de satisfacción de sus demandas.
“Todos sabemos qué pasa cuando un proyecto es una gestión: usted manda una carta y eso ya es gestionar. Lo que la gente puso en el PDET es lo que necesita. Para las comunidades todas sus iniciativas son proyectos y, claro, hay cosas que no son competencia de la ART, pero el nivel de compromiso es diferente cuando se lleva una iniciativa hasta las últimas consecuencias dentro del marco de acción”, precisa Silva.
La determinación de la marca de las propuestas consignadas en el PATR fue un “pero” desde el momento en que se dio a conocer la existencia de dicha etiqueta. El descontento que se generó al respecto surge por la falta de especificación. “Siempre fue un pero. Nunca se especificaron esas etiquetas sino hasta cuando estaba casi listo. Nosotros entendemos que la institucionalidad trabaje así, somos bastante conscientes al respecto, pero deben dejar eso muy claro. Lo que se estaba construyendo no era una lista de mercado, se está trabajando por los derechos de las personas”, comenta Albert Ochoa, coordinador del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, y delegado para el seguimiento del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo.
Otro de los sinsabores que deja el PATR es la condición final consignada en el documento y que se refiere a los costos indicativos. Al respecto, Ochoa considera que “deberán revisarse una vez finalice el proceso de planeación participativa y se dé inicio a los Acuerdos de Inversión, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal del gobierno nacional y territorial”.
Según el Cuarto Informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia, realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), persiste mucha incertidumbre en las organizaciones y comunidades del territorio en relación con los PDET. Primero, debido a la inexistencia de un mensaje institucional claro frente a la puesta en marcha de los PATR. Y segundo, por el riesgo de que en el momento de búsqueda y asignación de recursos para la implementación de las iniciativas, se separen las que se pueden financiar y las que no, sin que se consideren los efectos sobre la visión integral del territorio. El informe asegura que: “el único criterio para implementar las iniciativas no puede ser la disponibilidad de recursos”.
Papel de las veedurías
Desde el inicio del proceso de negociaciones adelantado con la extinta guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, en noviembre de 2012, las veedurías ciudadanas han trabajado en el seguimiento y vigilancia de las dinámicas políticas, sociales, culturales y económicas del posconflicto. En Cauca, la articulación de distintas organizaciones sociales y de base, permitieron integrar un comité que realiza esfuerzos constantes para aportar en la construcción de la paz en el territorio.
Asimismo, dentro de la dinámica del desarrollo de los PDET se ha tratado de fortalecer la figura de veeduría y delegado responsabilidades. De igual manera, se está a la expectativa de capacitaciones en las comunidades afros, indígenas y campesinas que integran este programa y que se articulan con algunas de las organizaciones que han liderado este proceso, como lo son: la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, Espacio Regional de Paz (ERPAZ), Comité de Integración del Macizo Colombiano y la Ruta Pacífica de Mujeres, entre otras.
Varias de ellas que hacen parte de la subregión Alto Patía y Norte del Cauca,durante el periodo 2016-2018, integraron un proceso en red para hacerle seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, y actualmente, adelantan la conformación de un comité veedor enfocado a evaluar el cumplimiento de la Reforma Rural Integral a través del desarrollo de los distintos programas del gobierno nacional, como los PDET, Obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria, Obras por Impuestos entre otros.
“Aún no hay claridad sobre el dinero, ni sobre la distribución de los recursos. Tampoco sabemos de qué manera y hasta dónde existe un compromiso real de parte de las alcaldías locales y las gobernaciones de cada departamento implicado. Las comunidades cumplimos nuestra parte, ahora todo está en veremos”, asegura Oriana Silva.
Por ello, el papel que podrían desempeñar las veedurías es crucial en este momento de incertidumbre, pues de la adecuada implementación del Acuerdo de Paz, particularmente de su cara más visible, que son los PDET, depende el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
*Nombre cambiado a solicitud de la fuente por seguridad.
Foto de apertura: tomada de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
