Es una de las zonas que sufrió la violencia a tal punto que llegó a quedar desierta por el temor de sus habitantes a perder la vida. Hoy miran el horizonte de la reconciliación y se disponen a salir adelante, en gran medida, con apoyo de los PDET.
Los pobladores del municipio de San Diego, a escasos 20 minutos de Valledupar, vivieron de cerca el impacto del horror que generaban grupos armados ilegales. Una de las comunidades más golpeadas se encuentra a poco menos de tres kilómetros de su cabecera urbana, se trata del corregimiento Los Tupes, donde cerca de 80 familias han retornado paulatinamente para recuperar un caserío que años atrás se convirtió en un pueblo fantasma.
Quienes están regresando aún recuerdan con especial detalle la tragedia que sufrieron el 30 de mayo de 2001 tras una incursión de paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que dejó ocho personas asesinadas: cinco niños y tres adultos.
En los ojos de quienes hoy recuerdan ese lúgubre momento se evidencia la nostalgia y el pesar de un hecho que los marcó y que para ellos todavía no tiene una explicación precisa, y que provocó el desplazamiento forzado de sus pobladores y la desolación del caserío.
Pablo Donato Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Tupes, asegura que muchos de estos asesinatos se dieron por malas informaciones que llegaban a oídos de los paramilitares y que representaban, en cierto modo, retaliaciones por otras muertes sucedidas antes.
“Me mataron un sobrino después la masacre que hicieron cuando mataron cinco niños y tres adultos; entre esos un niño de un año que apenas estaba empezando a caminar, la mamá murió con él en los brazos mientras le echaban una bomba incendiaria a la casa donde mataron a la mamá, el hijito, la abuela y un trabajador de ellos”, recuerda Suárez.
De la misma manera rememora que en la casa grande, ubicada cerca de la plaza, mataron a cuatro niños porque creían que se encontraban los que le habían mal informado (a los paramilitares). “Porque nunca fueron guerrilleros ni nada, sino por la mala información y que no investigaron… Hablé con uno de ellos y le dije que tenían que investigar para ver si la información que tenían era cierta y reconocieron que cometieron un error”, dice Suárez, entre lágrimas.
Y agrega más detalles, entre ellos la manera cómo uno de los menores se salvó tras refugiarse dentro de un refrigerador y otro joven logró huir de su casa y encontró su escondite en la casa de Suárez, para luego escapar del pueblo.
Así empezó la migración de los habitantes de Los Tupes, quienes, atemorizados por lo que veían, prefirieron buscar refugio en otros lugares. En el caso de Malca Herrera, quien ha vivido la mayor parte del tiempo en este corregimiento, Barranquilla fue la opción para radicarse durante los años en que el pueblo quedó desolado tras el éxodo de sus moradores.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la disminución del conflicto, los pobladores recobraron la confianza para volver a sus tierras y retomar la vida que debieron poner en pausa para reinventar otra experiencia lejos de la cotidianidad que tenían en su pueblo.
Suárez, por ejemplo, tomó la decisión de retornar de manera voluntaria, así como las más de 80 familias que hoy habitan Los Tupes y que han llegado poco a poco. Todos ellos, como apunta este poblador, sin tener ningún apoyo por parte de entidades del Estado.
Malca Herrera cuenta que después de los cerca de seis años que vivieron exiliados en otras ciudades, se empezaron a quedar en Los Tupes durante períodos más largos, hasta que regresaron definitivamente: “Ya Los Tupes está tranquilo, ya los grupos se desaparecieron y pues volvimos al pueblo y hoy día gracias a Dios tenemos tranquilidad. También lo hicimos por nuestros propios medios ese retorno nunca tuvo acompañamiento del Estado”.
A pesar de esa crítica, la mujer reconoce que, recientemente, han contado con el acompañamiento de la Unidad para la Atención de Víctimas, que ha ido dos veces a Los Tupes a realizar programas psicosociales con una trabajadora social que les pregunta sobre cómo fue esa experiencia de la que hoy día, dice Herrera, pueden hablar tranquilos porque en otrora les atemorizaba.
¿QUÉ ESPERAN DE LOS PDET?
A pesar de eso, todavía es mucho lo que se echa de menos en Los Tupes y en varias zonas de Cesar, las cuales se encuentran priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). San Diego figura como uno de los 170 municipios seleccionados en todo el territorio nacional y es uno de los 15 que aporta este departamento en la subregión de la Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera, para la que está proyectada una inversión de 8.6 billones de pesos para los próximos 10 años. (Leer más en: ¿Qué se ha hecho hasta ahora con el PDET de Cesar?)
Uno de los principales requerimientos que tienen los pobladores está relacionado con la generación de empleo en el sector agropecuario, puesto que es una de las mayores falencias que todavía enfrentan y donde lo usual es que vivan como ellos mismos dicen “del día a día”.
En este sentido, la finca de Suárez se ha convertido en una fuente de generación de empleo para los moradores de Los Tupes en labores agrícolas, de piscicultura y ganadería, pero lo que se ofrece no alcanza para todos los que tienen necesidad de trabajo.
Otra alternativa que les han dado, a través del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), es el desarrollo de una unidad productiva con alrededor de 45 gallinas, pero Herrera, eso no es suficiente ni resulta óptimo para todos los pobladores. Por eso, en la formulación del PDET, pidieron reforzar las asociaciones, para recibir la ayuda que les permita sentir un verdadero impacto que active la economía del pueblo.
Además, proyectos relacionados con los servicios públicos y su infraestructura también son aclamados por esta comunidad. Suárez explica que en estos momentos el agua que se suministra al corregimiento Los Tupes es pésima, hasta tal punto que él mismo decidió hacerle tratamiento, comprobando que el vital líquido no es apto para el consumo humano, porque según ha visto, cuando se deja dos días en un recipiente se pudre.
Entre tanto el alcantarillado está en proyecto mientras que el acueducto, según ha escuchado Suárez de parte de la administración departamental, es un hecho.
En este sentido, el gerente de la empresa Aguas del Cesar, Pedro Serrano, asegura que este es un proceso que se inició el año pasado y hoy se encuentra en sus pliegos definitivos, de ese modo pretenden que, a mediados de marzo, se reciban las propuestas de los posibles oferentes. “Así las cosas, debemos tener contratistas a finales del mes de marzo o la primera semana del mes de abril ya siendo adjudicado este proyecto”, precisa el funcionario.
El proyecto de Los Tupes en particular tiene una inversión de 3.330 millones de pesos, incluyendo la interventoría, y comprende la intervención tanto del acueducto como del alcantarillado, que está integrado a un macroproyecto regional financiado con recursos de regalías y con el que se beneficiarán a otros dos corregimientos -Varas Blancas y El Carmen- y al municipio cesarense de Tamalameque.
Pero siguen faltando más cosas. En Los Tupes cuentan con escasas vías pavimentadas y el camino que los comunica a Las Pitillas, otro corregimiento, a pesar de ser muy transitado por los campesinos, no cuenta con ninguna clase de adecuación. De la misma forma tienen una vía que les podría facilitar la llegada hasta Valledupar y, según Suárez, permite un trayecto de solo 10 minutos, pero tampoco se encuentra en buenas condiciones.
“Esto de aquí a Valledupar es un brinco, de la Terminal a aquí son 10 minutos. De aquí a la carretera negra lo que hay son 4.5 kilómetros, pero está destapada, fea, es una servidumbre que está desde la época de los indígenas Tupes, es vieja, con más de 500 años”, agrega Pablo. Dicho pueblo nativo estuvo situado al norte del departamento de Cesar y fueron conocidos de manera errónea como Motilones, asentados en la zona del Catatumbo.
El acceso a la salud es igualmente una tarea pendiente en este corregimiento, a donde llega, cada ocho días, un médico para atender entre 14 y 16 personas. Sin embargo, cuando se presentan emergencias, se ven obligados a trasladarse hasta el municipio de San Diego. “Incluso el día que el médico está aquí, si hay una urgencia de cualquier cosa tenemos, que dirigirnos a San Diego porque en el puesto de salud no contamos con los implementos necesarios para atender una urgencia”, asevera Herrera.
Sobre los PDET, esta mujer destaca la inclusión de solicitudes para que se fortalezca la educación y el saneamiento básico, a fin de que puedan tener una mayor calidad de vida, que hasta ahora no ha sido posible. Indudablemente sus esperanzas están puestas en estos proyectos en la medida en que, como enfatiza Herrera, todo lo que se plasmó por medio del grupo motor se empiece a ejecutar bien.
De lograrse esa implementación acordada en los PDET, podrían beneficiarse de manera directa e indirecta, la población infantil y adolescente, que se estima en 70 niños entre cero y 12 años, mientras que jóvenes son aproximadamente 40 entre las edades de 14 y 17 años.
Los menores están incluidos en los programas de crecimiento y desarrollo que se adelantan en el Hospital El Socorro, del casco urbano de San Diego, y hasta donde deben desplazarse las madres con sus pequeños a citas de control. Ocasionalmente también se adelantan algunas brigadas, pero según expresaron, no son muy habituales. Todo esto se remediaría si el PDET acordado se ejecuta de manera integral.
