La alerta la dieron diversas organizaciones de este departamento que impulsan, desde agosto de 2017, esta iniciativa para superar las consecuencias que deja la permanente confrontación armada, la explotación sin control de sus recursos naturales y el olvido del Estado.
La calma se resiste a instalarse en Chocó. Las afectaciones a sus pobladores son cada vez más dramáticas por cuenta de la disputa a sangre y fuego entre grupos armados ilegales, generada por la salida de la antigua guerrilla de las Farc del escenario bélico luego de la firma del Acuerdo de Paz.
Así lo constata el Primer Informe de Seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó, iniciativa impulsada desde agosto de 2017 por las organizaciones étnico-territoriales que hacen parte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, y los movimientos de víctimas y de mujeres.
El objetivo de este Acuerdo es promover medidas encaminadas a garantizar el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), la autonomía territorial y las formas de gobierno propio de las comunidades afro e indígenas, y surgió como propuesta para llevar a la mesa de conversaciones con el Eln instalada en Quito, Ecuador. (Leer más en: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln)
Lo paradójico es que a pesar de ese esfuerzo de la sociedad civil en este departamento, la confrontación se ha recrudecido en parte por el crecimiento de la guerrilla del Eln tras la ruptura de los diálogos, que ahora opera en el 75 por ciento del territorio chocoano, con cuatro veces más integrantes que hace dos años; la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que tiene fuertes intereses en las economías ilegales; la llegada de organizaciones internacionales del narcotráfico; la acción de la Fuerza Pública; y la poca atención del Estado.
El Acuerdo Humanitario plantea siete exigencias fundamentales: desmonte de estructuras de grupos armados ilegales; respeto a la autonomía territorial, a las autoridades étnicas y a los lugares sagrados; ponerle fin a la instalación de minas antipersonal; frenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; acabar con los asesinatos y desapariciones forzadas; suspender las acciones que generan desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad; cesar la siembra de cultivos de uso ilícito, así como actividades mineras ilegales.
Esta iniciativa le fue presentada al gobierno nacional el 14 de septiembre del año pasado en Quibdó y durante su exposición, en la que estuvo presente Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, se hizo un crudo análisis de la crisis humanitaria que vive este departamento. (Leer más en: La peor cara de Chocó: 25 niños muertos por falta de acceso a servicios de salud y agua potable)
Pero la situación no parece mejorar si se tiene en cuenta el primer balance del ¡Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó!, que consigna lo ocurrido durante 2018 y enero de 2019. El documento, conocido por VerdadAbierta.com, registra graves reportes de vulneración de derechos que padecen las comunidades afros, indígenas, mestizas, mujeres, jóvenes y organizaciones de víctimas, de las cinco subregiones en las que está dividido este departamento (Costa Pacífica, Bajo Atrato y Darién, Alto y Medio Atrato, Baudó y San Juan).
La iniciativa, que ha contado con el apoyo de la Embajada de Suecia y la organización sueca Diakonia, se ha convertido en un instrumento de visibilización de los males que padecen los chocoanos. Así lo destacó un líder social que hacen parte de este proceso: “Es una manera de movilizarse en torno a la crisis que hay en los territorios, teniendo en cuenta que la crisis no es solamente porque hay un actor armado; la crisis es porque también hay unos incumplimientos en un Estado social de derecho. Nuestro trabajo es por la defensa del territorio y estamos allí colocando el dedo en la llaga”.
La mayor preocupación que registra este primer balance es la ruptura de las conversaciones con el Eln que decretó el presidente Iván Duque el 21 de enero de este año y la decisión de reanudar la persecución de las distintas estructuras de esta organización subversiva: “La crisis humanitaria, que hemos venido evidenciando durante estos últimos años, tiene ahora el escenario propicio para su mayor agudización”.
En ese sentido, las organizaciones y las autoridades étnicas que impulsan esta propuesta consideran que ante ese crítico escenario “cobra mayor vigencia la propuesta de Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó y la urgencia de que las partes en confrontación se comprometan con el respeto al DIH”.
Este primer balance reseña varios patrones que caracterizan la grave crisis humanitaria, construidos a través de una rigurosa metodología que tiene entre telones el reporte constante de información de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y DIH, así como los incumplimientos del Estado, canalizada a través de comités subregionales que luego es sistematizada por un comité de seguimiento, lo que arroja datos fidedignos de lo que ocurre en las comunidades.
Región en guerra
El vacío generado por la salida de las estructuras de las Farc de Chocó, tras la firma del Acuerdo de Paz en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), ocasionó un cruento enfrentamiento entre la guerrilla del Eln y las Agc, que ha generado una crítica situación humanitaria entre las comunidades.
El documento de balance cita datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y precisa que la guerra entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ generó durante el primer semestre de 2018 el éxodo forzado de 1.074 personas y el confinamiento de otras cinco mil personas, siendo las comunidades indígenas las más afectadas. A lo que debe sumarse el asesinato de seis líderes sociales.
Las organizaciones sociales y las autoridades étnicas chocoanas reiteraron en su informe “el caso omiso por las autoridades a las alertas tempranas, informes de riesgos y alertas de inminencia presentadas por la Defensoría del Pueblo”, en las que se han reseñado las graves vulneraciones derechos humanos.
El documento cita, como ejemplo, las alertas tempranas 068-18 y 069-18, emitidas el año pasado, en las que se destacan, como causal de riesgo, “las estrategias de expansión hacia territorios dejados por la extinta guerrilla de las Farc luego de negociar con el gobierno nacional su reintegración a la vida legal”.
La llegada del Eln y las Agc a determinados territorios, precisa el balance, ha ocasionado “señalamientos en contra de los líderes, lideresas y autoridades tradicionales de pueblos indígenas y comunidades negras, la incursión y ocupación de comunidades indígenas en la cuenca del Truandó, la utilización de niños, niñas adolescentes y jóvenes, y el reclutamiento forzado, la restricción de libertades fundamentales, los combates con interposición de la población civil, la ocupación de bienes protegidos, el confinamiento, los desplazamientos forzados y la instalación de minas y artefactos explosivos”.
Lo preocupante para algunos voceros de este proceso es el crecimiento de la guerrilla del Eln, que pasó de tener presencia en el sur del departamento a operar en el 75 por ciento del territorio chocoano, bajo los lineamientos del Frente de Guerra Occidental, uno de los más activos en esta región del país. (Leer más en: ¿Frente de Guerra Occidental del Eln se expande hacia Antioquia?)
“Están en el Baudó, el San Juan, en la costa Pacífica y en el Medio y Bajo Atrato. Pasaron de tener 90 a poco más de 400 hombres. No escuchan a las autoridades étnicas e imponen su fuerza”, detallan, y agregan que hay células del este grupo guerrillero conformadas por indígenas, perturbando con este reclutamiento a los pueblos Embera y Waunnam.
Otra de las afectaciones generadas por los grupos armados y registradas por las comunidades es la del confinamiento, cuya práctica se constituye en violatoria de múltiples derechos fundamentales, individuales y colectivos.
De acuerdo con el balance, en las cinco subregiones se han registrado acciones de confinamiento, ocasionando que las comunidades “pierdan sus prácticas agrícolas tradicionales, de pesca y de caza con las que sustentan la subsistencia material y la pervivencia de prácticas culturales”, entre ellas la medicina tradicional, “que depende del uso de plantas a las que no pueden acceder por la existencia de campos minados”.
De acuerdo con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y citadas en este balance, “esos confinamientos constituyen una estrategia contrainsurgente de las Agc con la finalidad de cerrar al Eln la posibilidad de abastecerse ya que controlan la movilidad de la población civil, así como el paso de alimentos y medicamentos”.
Al complejo panorama se suma la falta de confianza en la Fuerza Pública, cuestionada de tiempo atrás por su aparente ineficacia para actuar contra las Agc. En el documento se consigna que “la información registrada por el Comité de Seguimiento concuerda con los informes de la Defensoría y de organismos internacionales al señalar que existen niveles de desconfianza sobre la actuación de la Fuerza Pública y en algunos casos, incluso, connivencia de esta con las Agc”.
De acuerdo con los reportes que remiten las comunidades, “no se evidencia la eficacia de los operativos militares en la zona y la presencia militar en lugares estratégicos (como las desembocaduras de los ríos) para controlar las rutas de entrada y salida de los territorios colectivos con la persecución y desmantelamiento de las estructuras criminales”.
En abril de 2017, este portal reportó esa preocupación de sus pobladores, que fue difundida por monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, a través de diversos medios de comunicación: “en algunas regiones se ha denunciado la falta de un mayor compromiso por parte de la Fuerza Pública”. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
Creciente violencia contra mujeres y niñas
“En las entrevistas realizadas a hombres y mujeres de las diferentes subregiones en información recolectada en los diferentes talleres, las comunidades manifiestan que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia sexual por integrantes del Eln, paramilitares, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y por delincuencia común que aún siguen en los territorios causando miedo, pánico, terror, amenaza desplazamiento, hurtos a la población en general”, se consigna en el documento de balance.
La situación es crítica, de acuerdo con este reporte, pues según registra, las mujeres no sólo son violadas, sino que integrantes de grupos armados “las hacen sus mujeres para convertirlas en informantes de sus organizaciones”. El Ejército, según cuentan en Chocó, “usa a niños y niñas como informantes y enamoran a las jovencitas”. Fuentes cercanas a este proceso le narraron a VerdadAbierta.com que en la región del Baudó “a las niñas de 11 años hay que sacarlas porque terminan siendo la mujer del guerrillero, del paramilitar o del soldado”.
Los efectos de esas circunstancias afectan las actividades productivas de las mujeres, que se ven obligadas a restringir la búsqueda del sustento para sus hijos; asimismo, de los niños, niñas y adolescentes, quienes, en ocasiones, “no pueden ir a los planteles educativos porque están siendo ocupados en reuniones por estos grupos”; y a la comunidad LGTBI, que afronta una marcada discriminación, sobre todo en comunidades rurales, “lo que impide que sea respetada y pueda ejercer sus derechos”.
Las comunidades reportaron que hay una fuerte indolencia de funcionarios de entidades estatales para atender los casos de abusos contra las mujeres, lo que agrava aún más la situación. Al respecto, el balance destaca que “no se cuenta con espacios adecuados para tomar una declaración de violencia sexual de manera reservada”; “no se cuenta con autoridades competentes que se encarguen de brindar apoyo a las mujeres y judicializar a los responsables”; “las víctimas de violencia sexual no acuden a denunciar porque las instituciones encargadas de impartir justicia no realizan acciones eficaces cuando se presentan casos de violencia en contra de las mujeres”; y “la Fiscalía sólo existe en algunos centros poblados, situación que empeora la atención a las mujeres y las investigaciones”.
Tras economías ilegales
En el balance del Acuerdo Humanitario se incluyeron algunas preocupaciones sobre el incremento de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, la creciente actividad del narcotráfico por sus fronteras marítimas y terrestres, y la deforestación con fines de explotación maderera.
De acuerdo con el Informe de Monitoreo que anualmente prepara la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), Chocó registró un aumento de las hectáreas sembradas con hoja de coca, pasando en 2016 de 1.803 hectáreas a 2.611 hectáreas en 2017. Los municipios más afectados son Istmina (743 hectáreas); Medio San Juan (305 hectáreas); y Riosucio (183 hectáreas).
Para las organizaciones étnico-territoriales ese “incremento de los cultivos de uso ilícito que se registran en el departamento constituye una grave amenaza para las comunidades y el medio ambiente, profundizando la crisis humanitaria”.
“Las economías ilegales estabilizan el actor armado en el territorio y se fortalece”, dicen voceros del Acuerdo Humanitario tras ser consultados por este portal al respecto. “El tema es crítico”, agregan, y destacan lo que viene ocurriendo en la subregión de la costa Pacífica, donde al parecer hay presencia de emisarios de carteles mexicanos que llegan con dinero y armas para intercambiar por alijos de clorhidrato de cocaína.
Agrava la situación, de acuerdo con el balance, “la explotación minera predadora y criminal que continúa sin freno en las selvas chocoanas, atentando contra la frágil riqueza en biodiversidad de ese rincón del Pacífico colombiano, una de las más importantes del mundo”.
En este tema, los datos son preocupantes. De acuerdo con cifras procesadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la minería ilegal y los cultivos ilícitos, en mayor medida, ocasionaron la deforestación de por lo menos 10 mil hectáreas de bosques y selvas en el 2017.
Uno de los negocios ilegales que afecta la biodiversidad es la tala y comercialización ilegal de madera, cuya actividad es intensa en la subregión del Bajo Atrato y Darién, y está bajo el control de las Agc. Fuentes que conocen del tema explican que esta organización armada les cobra a los campesinos por sacar la madera, que va con destino a Cartagena y Medellín. “Las autoridades ambientales carecen de políticas para controlar esa actividad”, afirman voceros del Acuerdo Humanitario.
Este tipo de explotación viene de tiempo atrás y por varios años las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) acudieron a esta actividad para financiar la guerra en el Urabá antioqueño y chocoano. (Leer más en: La madera, otro negocio de grupos armados ilegales)
Uno de los temores de varios líderes del Chocó es que el proceso electoral que se avecina, mediante el cual se elegirán a finales de octubre a los nuevos alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en el país, sea permeado por estas economías ilegales: “Hay que hacer un análisis sobre cómo la debilidad institucional permitiría que la coca y la minería terminen colocando alcaldes y gobernadores”, dice uno de ellos, quien pidió la reserva del nombre.
Solicitudes urgentes
“Hay una amenaza constante al territorio”, reiteran voceros del Acuerdo Humanitario y uno de los riesgos está en la manera como el actual gobierno nacional está enfrentando esta dramática situación de Chocó, “lo que podría generar una mayor vulneración de los derechos humanos”.
Para quienes están inmersos en este proceso es claro que Chocó requiere mayor atención porque la crisis que padecen sus pobladores “no se soluciona con paños de agua tibia, sino de manera estructural. El gobierno nacional tiene que ser el garante de los derechos”, reclama uno de los consultados.
Por todo ello, el primer balance del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó planteó que el primer paso para detener la crisis en este departamento es “continuar con la mesa de negociaciones entre el gobierno y el Eln en La Habana. Instamos al gobierno del presidente Duque a retomar lo más pronto los diálogos y las conversaciones”.
Asimismo, sugirió que mientras se dan las condiciones para que ambas partes se sienten a la mesa nuevamente, se examine de manera urgente “la posibilidad de realizar un diálogo humanitario en el territorio chocoano a fin de detener la crisis humanitaria y concertar acciones que garanticen la vida digna, así como los derechos humanos y colectivos de nuestras comunidades”.
También se exigió “un replanteamiento de las estrategias operativas y del personal de la Fuerza Pública que está presente actualmente en el territorio” y que se “implemente de manera inmediata el plan de desmantelamiento de las estructuras criminales”, pactado en el Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, “y se investigue la actuación omisiva y permisiva de la Fuerza Pública”.
Finalmente se reclamó que tanto el gobierno nacional como la guerrilla del Eln respeten y garanticen el cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó, apliquen las normas del DIH, eviten el involucramiento de la población civil no combatiente, y respeten los derechos colectivos de las comunidades, sus prácticas socioculturales y las decisiones de las autoridades étnicas.
(*) Los nombres fueron omitidos por razones de seguridad
