Pese a que ya se han hecho algunas obras con dineros del posconflicto, las comunidades campesinas reclaman vías de acceso y titulación de tierras, lo que permitiría una real transformación del campo en esa convulsionada región del país.
Varias obras de infraestructura y proyectos productivos se han hecho en veredas alejadas de Ituango, Anorí y Remedios, en el Norte y Nordeste antioqueño, financiadas con dineros que provienen del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), uno de los pactos más significativos del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc y que abarca 170 municipios en el país.
La lejanía de esas veredas no sólo es con referencia al casco urbano sino al Estado que, por décadas, estuvo presente únicamente a través de la Fuerza Pública en función de combatir los grupos insurgentes de las Farc y el Eln, que hacían presencia en esas zonas.
Por ello, lo que primero que se hizo para generar confianza entre esas comunidades rurales fue construir obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC) en algunas veredas, que realmente fueran útiles, entre las que se destacan intervenciones de tipo vial, social y de servicios públicos, ejecutadas por organizaciones sociales locales, con trayectoria en cada municipio.
Para el caso de Remedios, la Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste antioqueño (Cahucopana) y la Asociación del Valle del Río Cimitarra (ACVC) ejecutaron en 2017 y parte de 2018 las tres obras iniciales. La primera tuvo a su cargo el mejoramiento de baterías sanitarias en la escuela de la vereda El Piñal, por un valor de 11 millones 939 mil 875 pesos y un parque infantil en la vereda Altos de Manila que costó 13 millones 464 mil 567 pesos; la segunda construyó una placa polideportiva en el corregimiento Carrizal, con un costo de 119 millones de pesos.
A mitad de febrero de este año se entregaron otras obras como la Casa de la Cultura en la vereda Lejanías, una caseta comunal en Carrizal y otra en la vereda Altos de Manila, las tres obras por un valor de 273 millones de pesos y fueron ejecutadas por la Junta de Acción Comunal (JAC) de Lejanías, a cargo de la presidenta Olga Benítez, quien ha resaltado por su trabajo comunitario.
Con respecto al mejoramiento de vías, se destaca el Plan 50/51, que presupuestó la distribución de 50 mil millones de pesos entre 51 municipios del país afectados por el conflicto armado para el mejoramiento y adecuación de carreteras terciarias. Los recursos provienen del antiguo Fondo Nacional de Regalías transferidos a la Agencia de renovación del territorio (ART), responsable de su administración.
En ese Plan 50/51, Remedios también fue priorizado y con los recursos otorgados se mejoró la vía Altos de Manila-Carrizal-Lejanías-Santa Marta con cuatro placas huella en concreto y trece alcantarillas de canalización de aguas con aportes de convenios solidarios con las comunidades.
“En ese tramo se atendieron los puntos críticos. Pudimos intervenir esa vía, además, porque la alcaldesa se nos unió e hizo convenios solidarios con las juntas de Acción Comunal”, asegura un funcionario de la ART en Remedios, quien pidió reserva de su nombre.
Con dificultades
Estas pequeñas obras son de gran utilidad para las comunidades, acostumbradas a las carencias y a la guerra, pero la realización de estas obras trajo inconvenientes para las organizaciones y para los mismos pobladores, entre ellas el manejo de los dineros.
“A nosotros nos pasan un plan ya elaborado del gasto y nos dicen que en dos meses deben estar listos”, cuenta Carlos Palacio, quien, como integrante en ese entonces de Cahucopana, estuvo a cargo de la obra. “Pero el ingeniero que elaboró los proyectos nunca fue a las veredas y los hizo con lo que le contaban en el municipio, entonces el presupuesto se desfasó un poco en lo que se tenía pensado. En Altos de Manila sobró plata y en El Piñal hizo falta, pero no se podía trasladar esa plata”.
Además, cuestiona la limitación del presupuesto para el transporte: para el encargado de obra y residente de la obra se designaron 80 mil pesos, lo que vale entrar y salir de una de las veredas al municipio para una sola persona. Y el transporte de material tiene un costo mínimo de 800 mil pesos y no aparece en el contrato. “Lo que nos tocó hacer fue ir al Municipio y pedirle ayuda a la alcaldesa para que nos prestara una volqueta y poder entrar el material”, detalla Palacio.
Las complicaciones también vinieron de parte de sectores de la comunidad, así lo relata el funcionario de la ART: “La Alcaldía y ART recibieron las obras, muy bien hechas, pero algo que nos preocupó fue la reacción de la comunidad frente a la obra de El Piñal. Alguien cogió una retroexcavadora y sacó el pozo séptico y lo tiró al río, nos parece triste que la comunidad haga eso sin consultar con un experto, con un ingeniero o con Planeación. Queríamos dejarle algo bueno pero ellos no cuidaron, entonces en este momento les están saliendo las aguas negras por cualquier lado”.
Con respecto al mejoramiento de la vía Altos de Manila-Carrizal-Lejanías-Santa Marta, se tienen varias inquietudes, expresadas por la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, quien le viene apostando a los PDET como una forma de generar confianza con las comunidades.
Según la mandataria local, el pago al contratista fue muy retrasado. “Se terminó el proyecto 50/51 y aún la ART le debía al contratista el 10 por ciento del último giro que entregaron a final de febrero. Cumplió el contratista con todo, las comunidades quedaron contentas, todo el mundo supervisó, conoció, se hizo sensibilización, pero liquidó muy tarde el contrato. 890 millones de pesos costaron las obras, pero fue un pedacito pequeño intervenido con relación al número de veredas y con la necesidad real que existe”.
Superar pasado y presente
Las cifras del drama social que padecen los pobladores de Remedios, sobre todo en su área rural son críticas. Es el segundo municipio del Nordeste con altos índices de pobreza, 47,6 por cierto, después de Anorí, y es el más alto en miseria, con 24,9 por ciento, según el Anuario Estadístico de Antioquia de 2014.
Las evidencias se reflejan en las condiciones indignas de vida de los habitantes en la mayoría de sus veredas. Poca inversión en salud, vivienda, agua potable y demás necesidades básicas insatisfechas han sido una constante.
Con respecto a la educación, el panorama no es el mejor: el 79 por ciento de la infraestructura escolar está deteriorada y necesita dotación de unidades sanitarias, áreas deportivas y restaurantes escolares, se reconoce en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, actualmente en ejecución.
El Plan también registra que el 45 por ciento de las veredas están aisladas del casco urbano por falta de vías y el 85 por ciento de las vías terciarias están deterioradas y se tornan intransitables en épocas de intensas lluvias. La única vía que fue intervenida desde el 2016 fue la de Carrizal, debido a la conformación de la zona de concentración de los exguerrilleros de las Farc en vía de regreso a la vida legal, que luego se convirtió en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
La pobreza de los pobladores de Remedios contrasta con la riqueza en flora y fauna y minerales. Buena parte de su territorio está dentro de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, establecida en la Ley 2 de 1959, y comprende parte de la Serranía San Lucas, un corredor biológico del jaguar y el oso de anteojos. Además, veinte de sus veredas hacen parte de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, reconocida en el 2011 por el Estado colombiano.
Las principales actividades económicas son el aprovechamiento de recursos maderables, el comercio y, en menor medida, la ganadería. La producción agrícola es destinada al consumo familiar debido a las deficientes vías, que dificultan la comercializar productos.
Pero la actividad que supuestamente le debería generar mayores recursos es la minería aurífera, pues es el segundo productor de oro en Antioquia, después de Segovia. Sin embargo, esa riqueza es también su maldición.
Las grandes reservas del mineral estimadas para Remedios ha atraído a empresas como la Zandor Capital S.A., la Gran Colombia Gold y la Anglo Gold Ashanti, “multinacionales que con su actuar generan graves afectaciones ambientales, económicas y sociales en el territorio y se evidencian en la brecha de desigualdad, la falta de inversión social y las altas tasas de desempleo”, dice en un informe publicado en junio de 2018 por Cahucopana.
Pero esa riqueza natural también atrae a grupos armados ilegales. Tanto Remedios como el Nordeste antioqueño han sido una subregión golpeada por la guerra durante décadas, lo que genera graves problemas sociales, y lo peor es que el asedio de la violencia no cesa.
Por años, los campesinos huyeron de la guerra generada por guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Los padecimientos ante la falta de alimentos como consecuencia del confinamiento que generaba la confrontación armada impactó de manera dramática a las familias que decidieron quedarse.
Con la esperanza de que esa guerra terminaría tras el Acuerdo de Paz logrado en La Habana con la extinta guerrilla de las Farc, algunos retornaron a sus tierras en Remedios y empezaron nuevamente a organizar sus vidas, pero se encontraron con la continuidad de la guerra con diferentes dinámicas y actores armados ilegales que se disputan el control territorial. Por allí pululan las guerrillas del Eln y grupos de origen paramilitar como los llamados ‘Caparrapos’ y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La crítica situación fue advertida en la Alerta Temprana Nº 052 emitida por la Defensoría del Pueblo en junio de 2018. En el documento se dice que 31.333 habitantes de Remedios están en riesgo: “A través de la intimidación y el ejercicio de la violencia, los grupos armados ilegales pretenden preservar el poder político y económico instalado durante la guerra que impide la denuncia y la desobediencia de la población civil, ante la posibilidad del desplazamiento forzado o la muerte, como medidas de retaliación y aleccionamiento”.
Construcción de PDET
Pese a la constante alteración del orden público, es la primera vez que funcionarios del gobierno nacional pueden entrar a las veredas a preguntarle a las comunidades cuáles son sus necesidades y de qué manera pueden resolverlas con su ayuda. No es fácil ganarse la confianza de las comunidades porque la constante también ha sido de abandonos e incumplimientos.
El proceso para la elaboración del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), componente importante del PDET, es el resultado de todas las propuestas surgidas de las 69 veredas que tiene Remedios. Se formuló durante buena parte del 2018 y tuvo tres momentos: veredal, municipal y, finalmente, regional. Se firmó el 14 de diciembre en Medellín y aún está en evaluación hasta marzo de este año, cuando se asignará el presupuesto para su desarrollo. Aquí se consignaron las propuestas de los 13 municipios priorizados en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño y que deben ser incluidas en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal hasta el 2028.
“Todas las necesidades son principales. Una líder se paró en un espacio de estos y dijo: ‘Nos arreglan las vías y nos titulan la tierra y con eso se nos cuadra el 70 por ciento de los problemas que tenemos. Si el gobierno empieza por resolver esto sería más sencillo mejorar la salud, vivienda, educación’”, recuerda la funcionaria de la ART.
Dentro de esas iniciativas está la construcción de casetas comunales, mejoramientos de vías, construcción de placas polideportivas, aulas para bachillerato y puentes peatonales. En el anterior gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) se designaron para Remedios son 39 mil millones de pesos, según la ART, pero con la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño el 7 de agosto del año pasado, no se sabe si ese monto se mantendrá.
A finales de enero de este año, la ART asignó al Municipio de Remedios mil millones de pesos para proyectos productivos y arreglo de vías, a los que se sumarán 200 millones que aportará la Alcaldía.
Adicional a ello, la Agencia de Desarrollo Rural aprobó un proyecto por 270 millones en la vereda Carrizal. “Ese apenas está iniciando con la compra de una trilladora de arroz, pero no se ha iniciado la siembra de arroz ni la compra de gallinas ponedoras. Eso desconcierta mucho a la gente porque si los procesos contra la minería avanzan y los proyectos productivos no, entonces estamos en contravía porque de qué va a vivir la gente, qué van a comer, cómo van a permanecer en la región”, afirma la Alcaldesa.
Pese a las dificultades, estos pasos que se vienen dando en Remedios son importantes. Para los campesinos representa una esperanza y por eso la participación masiva en la elaboración de las propuestas, por lo que esperan que el gobierno nacional cumpla y no sea un esfuerzo en vano.
Foto apertura: vereda Lejanías, por Bibiana Ramírez.
