Un reciente decreto expedido por el gobierno nacional, crea una comisión intersectorial para orientar toda la política existente en materia de protección de líderes sociales. Sin embargo, ya generó serios reparos entre los activistas, pues aseveran que se enfoca más en perseguir a los agresores que proteger a quienes debe.
Un articulado excluyente, de corte coercitivo, centrado más en acciones reactivas que preventivas, que desconoce muchos de los contextos en los que se desenvuelven los líderes sociales, activistas y autoridades de pueblos étnicos de Colombia y que, además, no cuenta con un enfoque diferencial que permita atender las violencias particulares de las que suelen ser víctimas las lideresas y activistas de la población LGBTI.
Así calificaron voceros de diversas plataformas de derechos humanos del país el Decreto 2137 del 19 de noviembre de 2018, mediante el cual el gobierno nacional crea la “Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.
Con su expedición, el gobierno de Iván Duque busca dar cumplimiento al “Pacto por la vida y la protección de los líderes y defensores de derechos humanos”, suscrito en el municipio de Apartadó, Urabá antioqueño, el pasado 23 de agosto, documento en el que también consignaron su rúbrica el Procurador General de la Nación, la Vicefiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los gobernadores de Antioquia, Córdoba y Chocó.
Ese Pacto pretendía que el gobierno nacional, el Ministerio Público y demás entidades involucradas diseñaran y promulgaran una política pública de protección de líderes y lideresas sociales, de acción eficaz de la justicia y garantías para la labor de los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, a falta de una política pública para tal fin, el gobierno nacional decidió crear el PAO que, tal como lo define el Decreto, consiste en una comisión intersectorial que tendrá como objeto “orientar y coordinar los diferentes programas de protección y recursos de las distintas entidades del gobierno nacional involucradas en la prevención individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”.
Dicha comisión estará integrada por funcionarios del alto gobierno, tales como el Presidente de la República; los ministros de Defensa, Justicia y el Interior; el comandante de las Fuerzas Militares; el director general de la Policía y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Asimismo, el Decreto establece que la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y el Consejero Presidencial para la Seguridad tendrán el carácter de invitados permanentes.
El Decreto plantea por lo menos 14 funciones para dicha comisión, entre las que se destacan: realizar un diagnóstico y hacer seguimiento de la situación general del país con relación a las amenazas contra defensores de derechos humanos y demás; coordinar y orientar la formulación, implementación y seguimiento de un plan de acción oportuna; formular recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad para la conformación de Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI); coordinar la implementación de medidas de protección colectiva; y generar un proyecto de autoprotección, entre otras.
Reparos
Entre los dirigentes comunales y defensores de derechos humanos, el articulado fue recibido con escepticismo y no fueron pocos los reparos que este despertó.
Mediante comunicado público, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y el Grupo de Trabajo Gpaz, que articulan el trabajo de más de 250 organizaciones no gubernamentales en el país, consignaron que si bien reconocen la voluntad del gobierno nacional de reestructurar y articular la política pública existente en materia de garantías de seguridad para líderes y defensores de derechos humanos, este aún se muestra corto para la magnitud de la problemática.
Advierten, por ejemplo, que el Decreto no tiene en cuenta factores de riesgo como “la presencia de grupos paramilitares reconocidos por la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las redes de apoyo de estos grupos, los posibles nexos con autoridades locales y/o departamentales que facilitan su actual y los contextos discriminatorios y violencias basadas en género que afectan a mujeres y activistas Lgtbi”.
Señalan, además, que no es claro si los diagnósticos que se elaboren en el PAO reconozcan las afectaciones en términos de género, étnicos y territoriales “como una forma de entender y proyectar acciones encaminadas a dar respuesta a estos tipos de victimización. (Leer más en: Asesinatos de líderes sociales: una crisis humanitaria advertida)
“Es clave, tal como se menciona en el documento, tener presente, además, la pobreza y exclusión social que sufren las comunidades afectadas como factores que agravan y facilitan el actuar de los grupos armados en los territorios. Su desmantelamiento pasa entonces por construir una política pública que incorpore componentes integradores desde el punto de vista social y económico”, consignaron las plataformas de derechos humanos en el comunicado.
Pero sin duda uno de los reparos más serios que formularon los activistas frente al Decreto fue “que excluye a la sociedad civil”. Así lo plantea Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas: “El articulado tiene una muy buena intención, que es orientar una política para la protección de los defensores de derechos humanos, pero que tiene una equivocada acción, que es la de excluir a la sociedad civil de los espacios de diseño de la política orientada a ese fin”.
A juicio de Gallón, el gobierno nacional incurre en una profunda contradicción con este decreto, pues el Ejecutivo argumenta que con esta decisión se busca simplificar la arquitectura institucional creada para la defensa y protección de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos al considerarla complicada y excesiva, “pero resulta que lo que hace es añadir un elemento más a esa compleja y enredada arquitectura institucional al crear una nueva comisión”.
En ese orden de ideas, conceptúa el jurista, “este decreto que crea esta comisión tiene un agravante: que constituye una versión reducida de una comisión mayor creada por un Decreto Ley que es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, surgida tras la firma del Acuerdo de Paz. El PAO es una simplificación de esa Comisión pues mantiene a los funcionarios del gobierno, que son para coordinación interna, pero excluye a los cinco miembros de la sociedad civil”.
Otro de los reparos formulados por Gallón, que coinciden con los planteados por las plataformas de derechos humanos en su comunicado, es en el enfoque coercitivo y policivo del decreto: “Crea unas Zonas Especiales de Intervención (ZEI) y esto es el centro del asunto. Así, lo que quiere el gobierno es definir dónde o en qué territorios está el problema y mandar Policía y Ejército y ya. Se trata entonces de un decreto de corte más coercitivo que no contiene mayores desarrollos en cuanto a medidas de protección”.
En su comunicado, las plataformas de derechos humanos señalaron que el “PAO no puede atender exclusivamente las zonas de disputa de grupos armados. Su carácter de integralidad anunciado debe sumar las zonas de consolidación en las que los grupos armados conviven y coexisten con la población civil, ejerciendo un control social mucho más fuerte (…) los homicidios no pueden ser el único factor o variable con el que medir la afectación contra este colectivo. Una lectura del diagnóstico basada sólo en los crímenes genera una respuesta institucional reactiva, centrada principalmente en el componente de protección, desatendiendo por completo la mitigación de los factores de riesgo con medidas preventivas que eviten la materialización del riesgo advertido”.
Continúa violencia
Con respecto a la seguridad de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, un reciente informe de monitoreo realizado por Indepaz, Cumbre Agraria, Marcha Patriótica y la Fundación Heinrich Böll Stiftung advierte que durante este año se agravó la violencia y las agresiones contra ellos. (Leer más en: Durante el gobierno Santos fueron asesinados 609 líderes sociales)
Según este informe, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre se cometieron 226 asesinatos contra activista en 112 municipios de 27 departamentos en el país. El monitoreo también resalta que el 80,53 por ciento de los homicidios se concentró en 9 departamentos, siendo Cauca (50), Antioquia (35), Valle del Cauca (20), Norte de Santander (20) y Nariño (10), Putumayo (20), Córdoba (10) y Chocó (5) los más afectados.
La cifra representa un significativo aumento con relación al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 159 homicidios, y mucho más con respecto al año 2016, cuando se presentaron 97 asesinatos. La mayor parte de los homicidios (181) fueron cometidos contra organizaciones campesinas y organizaciones étnicas-rurales. “Los conflictos por la tierra, territorio y recursos naturales representan el 80.08 por ciento de los homicidios en el año 2018”, resalta el informe.
Asimismo, 40 homicidios perpetrados este año fueron dirigidos contra labriegos que lideraban procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (el 17,69 por ciento del total); unos 70 asesinatos se cometieron contra integrantes de organizaciones no gubernamentales de alcance nacional (Cumbre Agraria, Marcha Patriótica, ONIC, Congreso de los Pueblos, entre otros); mientras que en el 12 por ciento de los casos las víctimas fueron mujeres.
Pero los asesinatos no son el único problema que afrontan los activistas. Según el informe de monitoreo, este año han aumentado las amenazas e intimidaciones, principalmente contra aquellas personas y organizaciones que apoyan el proceso de paz, defienden su territorio de multinacionales y procesos extractivos legales o ilegales. A esto se suma la estigmatización que, según el informe, “desde la llegada al poder del presidente Iván Duque, las expresiones de protesta en ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública, han sido constantemente estigmatizados por altos funcionarios del gobierno nacional en particular por el Ministro de Defensa”.
“Entre los meses de enero y abril –continúa el informe- 34 personas han sido vinculadas a procesos judiciales por rebelión de los cuales solo seis tienen medidas privativas de la libertad. Se presentaron nuevas capturas masivas contra líderes y asimismo, existen alertas sobre presuntas ordenes de captura contra líderes y lideresas territoriales”.
Cifras de este colectivo de organizaciones, consignadas en el análisis de la situación, estiman que del 20 al 23 de abril de este año fueron detenidas 30 personas en cinco departamentos, entre ellas “reconocidos dirigentes territoriales, a quienes se les imputaba los delitos de rebelión, concierto para delinquir, narcotráfico, entre otros, señalando la pertenencia de estas personas al Eln”.
Al respecto, las organizaciones sociales concluyeron que “como otros procesos de montaje judicial, estos casos presentan debilidad e inconsistencia en la información probatoria, que incluye declaraciones de desmovilizados e información de las fuerzas militares, que fueron relevantes a la hora de la decisión del juez para la orden de captura”.
