La JEP le pone lupa a violencia que golpeó al norte de Cauca

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorizó la grave situación que padecieron los habitantes de ocho municipios de ese departamento por cuenta del conflicto armado entre 1993 y 2016. Comunidades étnicas recibieron con optimismo esa decisión, aunque esperan que los crímenes que sufrieron sean valorados en su conjunto como daños colectivos a sus pueblos y territorios.

Este lunes la magistrada Belkis Izquierdo anunció la apertura del Caso 005 de la JEP, que se centrará en las violaciones de derechos humanos, que presuntamente cometieron miembros de la guerrilla de las Farc y de la Fuerza Pública durante la confrontación armada en el norte de Cauca. Se priorizaron los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono.

La togada explicó que “la Sala decidió priorizar esta situación debido a que el departamento de Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado, ya que en él han confluido todos los actores armados que han cometido violaciones representativas a los derechos humanos y que afectaron a grupos sociales, especialmente vulnerables (pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas)”.

Y es que la situación no es para menos, pues según informes de la Fiscalía General de la Nación, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de organizaciones sociales, en esa región se identificaron múltiples “conductas especialmente graves”, como desplazamiento forzado, detenciones irregulares, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento, siembra de minas antipersonal, reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente.

Entre los anuncios de Izquierdo, destaca que en la apertura de ese expediente se aplicó el enfoque territorial y étnico-racial consagrado en el Acuerdo Final, “como una de las estrategias para lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y sus posibles causas y efectos, como la discriminación racial, la presencia de múltiples grupos armados, la importancia económica y estratégica de las regiones donde están asentados, en su mayoría, los pueblos étnicos”. (Leer más en: Acuerdo con las Farc tiene capítulo étnico)

Asimismo, la magistrada explicó que la decisión de priorizar esos municipios se basó en los Criterios y Metodología de Priorización de Casos y Situaciones de la Sala, que tienen en cuenta aspectos subjetivos como la vulnerabilidad de las víctimas, el impacto diferenciado en los pueblos étnicos y sus territorios, el impacto diferenciado en otros sujetos colectivos y la representatividad de los presuntos responsables; y objetivos como gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad de los hechos.

Tras la apertura del caso, además de conocer la información de esos municipios, la JEP decretó abierta la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos; y declaró la apertura del acopio de información y el llamado de versiones voluntarias.

A la apertura de este expediente le antecedieron los relacionados con los secuestros de los denominados “canjeables” por parte de las Farc; la priorización de la violencia ocurrida en el Pacífico nariñense, particularmente en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte; las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”; y la priorización de la región de Urabá. (Leer más en: La dura realidad del secuestro retumba en la JEP y Con dudas de las víctimas, empieza proceso por ‘falsos positivos’ en la JEP)

Esperanza de justicia

Para Víctor Hugo Moreno, consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), la priorización de esa región por parte de la JEP es una noticia muy importante y las comunidades afro la reciben de la mejor manera, por todas las afectaciones que les ha dejado el conflicto armado, no sólo en víctimas, sino también en personas exiliadas por la estigmatización, daños en los territorios y fracturas en las comunidades.

Sin embargo, para este líder comunitario, es clave que la JEP no fije sus decisiones sólo en las afectaciones individuales, sino también en los daños que los actores armados les propinaron a sus proyectos de vida como pueblos ancestrales, “porque ha existido una constante resistencia para no dejar desarticular las dinámicas organizativas y de pervivencia de la vida como pueblo étnico, tanto de la comunidad negra, como del pueblo indígena que ha tenido una resistencia histórica en el territorio”.

Y argumentó: “Cuando asesinan a un líder, no sólo se lo están llevando a él, sino a un conocimiento, a un rol de articulación y de trabajo comunitario; se está desarticulando a la comunidad porque esa persona que jugaba un papel importante de convocatoria y planificación, está dejando de estar. La afectación no es sólo para la familia de la persona que toca ‘sembrarla’ en la tierra, sino que queda un vacío en la comunidad por el ejercicio de liderazgo que ejercía”.

Esa visión es compartida por el pueblo Nasa, la comunidad indígena que tiene 19 cabildos en la región. Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígena del Norte del Cauca (Acin), sugirió que los casos tratados en la JEP deberán tener un enfoque colectivo o comunitario.

“Nuestras comunidades han manifestado que los procesos de justicia deben tener un hilo conductor colectivo. Conocemos de hechos graves violaciones de derechos humanos y de infracciones Derecho Internacional Humanitario en los que se ultimaron guardias indígenas, autoridades tradicionales e importantes líderes de la organización; se afectaron importantes territorios considerados como sagrados; y también se dio la estigmatización contra la organización (Acin), por tomar autonomía y decidir no participar con ningún actor armado”, detalló Capaz.

De acuerdo con el coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, la JEP no sólo tendrá el reto de revisar lo que pasó con relación a la confrontación armada, sino calificar la violencia que padeció el pueblo Nasa: “Hay que decir que muchos hechos en desarrollo del conflicto fueron contra mecanismos propios de resistencia pacífica que desarrollaron las comunidades viéndose ahogadas por el conflicto armado. Hay muchas cosas que se hicieron contra la Guardia Indígena, contra autoridades ancestrales, contra la estructura organizativa, contra médicos tradicionales y otra serie de elementos muy propios de las comunidades, que se deben dar cuenta”.

No obstante, reiteró que la priorización del norte de Cauca la reciben con optimismo: “Esperamos que los encuentros y desencuentros que tenemos con la JEP sean abordados de buena fe, de buena forma, y poder apotrar mucho a ese ejercicio de reconciliación. Es una oportunidad para ir saldando una deuda histórica de ejercicio de justicia”.

Esperan más

En Aconc guardan la esperanza de que la apertura de este caso ayude a desestancar la reparación a la que tiene derecho la mayoría de sus consejos comunitarios, pues 36 de los 43 que la componen, cuentan con sus propias resoluciones de la Unidad de Víctimas, que los reconoce como sujetos de reparación colectiva, pero han pasado los años y ésta aún no llega. (Leer más en: Reparación colectiva, la deuda que dejó Alan Jara en la Unidad de Víctimas)

“Para nosotros sería muy importante que se pueda priorizar el norte de Cauca para que tenga una reparación efectiva. Los estudios de la JEP y sus fallos tienen que contribuir a esa reparación colectiva de nuestros territorios y de nuestros procesos organizativos como pueblo étnico”, planteó Moreno.

Y detalló: “A partir de la movilización social comunitaria en 2014 se logró hacer ese acuerdo y en 2015 inició todo el proceso de levantamiento de los casos victimizantes colectivos a la luz del Decreto Ley 4635 de 2011. Una vez se hizo todo el barrido de hechos victimizantes se determinó que 36 consejos comunitarios eran sujetos de reparación colectiva y cada consejo tiene su resolución de forma individual. Pero eso está parado, porque más allá de las resoluciones y de los documentos, no se ha avanzado. Hay una gran preocupación porque la Ley de Víctimas y el Decreto 4635 vencen en 2021”.

Por otro lado, Capaz, de la Acin, cuestionó el periodo que la JEP estipuló para establecer los hechos cometidos presuntamente por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública, que va de 1993 a 2016, quedando por fuera la masacre de El Nilo, ocurrida en 1991, un caso que para la región es emblemático y en el que están implicados paramilitares y miembros de la Policía Nacional. (Leer más en: La masacre de El Nilo y “Esperamos que por fin se haga justicia”: indígenas Nasa)

“Hay una deuda histórica en los rangos de fecha que ocultan mucha parte de la verdad que las comunidades quieren expresar; eso es cortar gran parte de la verdad de parte tajante. La partición de actores armados y de la vida política y empresarial, es un mal mensaje y fragmentación del ejercicio de justicia. Son verdades a medias por tiempos cortados”, se lamentó Capaz.

Por eso, las comunidades esperan que los casos que se quedaron por fuera de esta priorización puedan ser abordados en otros expedientes: “La JEP tiene limitaciones entorno a actores y tiempo, pero nuestro grado de integralidad de afectación al pueblo Nasa trasciende tiempos y actores armados, y ese principio nos deja cortos en pretensiones. Esperamos que el ejercicio de justicia como el de El Nilo y otras masacres ocurridas con anterioridad y por otros actores armados, se puedan abocardar en posteriores ejercicios de justicia. Estamos dispuestos a aportar, escuchar y dialogar en la medida en que se pueda”.

Ese vacío sobre demás actores involucrados en las hostilidades del conflicto armado también preocupa al pueblo afro, y por eso el Consejero Mayor de Aconc considera que la JEP debería tener en cuenta la violencia de los paramilitares del Bloque Calima de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Se requiere que la JEP meta la mano. Hay muchas cosas que no están aclaradas, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha ayudado a sistematizar muchas de las confesiones (de los desmovilizados del Calima) y de las cosas que pasaron en el norte de Cauca, creemos que hay necesidad de que se tenga en cuenta eso. Creo que las mismas investigaciones arrojarán el vínculo necesario de los grupos paramilitares, teniendo en cuenta que para que se aclaren las cosas y haya fallos efectivos, tiene que tener en cuenta todo el contexto del territorio. Empresarios, Fuerza Pública y gobiernos locales, departamentales y nacionales, en su momento, por omisión o por acción, tuvieron que ver con eso”, precisó.

Por esa razón, Moreno reiteró que, en un marco de reparación integral, las víctimas tienen derecho a conocer toda la verdad de lo acontecido en el conflicto armado, “y la JEP tiene que generar los fallos a favor de los territorios, con un enfoque colectivo e individual, y hacer énfasis en las afectaciones de los pueblos étnicos del norte de Cauca”.