Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz advierte que poco se ha avanzado en la implementación de uno de los puntos más cruciales de lo pactado con la extinta guerrilla de las Farc: aquel que contenía un conjunto de acciones tendientes a proteger comunidades, excombatientes, líderes sociales y movimientos políticos alternativos.
“En términos generales podemos afirmar que (la implementación de) las garantías de seguridad no han logrado contener la violencia ni las amenazas contra los actores claves del proceso (de paz). Por el contrario, lo que encontramos en las regiones es el deterioro de las condiciones de seguridad y la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta del Estado”, consignó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su más reciente informe titulado Las garantías de seguridad: una mirada desde lo local, desafíos para la protección de comunidades, líderes sociales y excombatientes.
El diagnóstico de la FIP es preocupante por cuanto el tema de las garantías de seguridad es uno de los aspectos más sensibles que contiene el Acuerdo de Paz firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, y que involucra no sólo a los excombatientes, sino a sus familias, así como también a líderes, lideresas sociales y autoridades étnicas de aquellas comunidades que por décadas estuvieron bajo el control de la guerrilla de las Farc y ahora afrontan las amenazas de grupos armados ilegales que buscan llenar el vacío que dejó su desmovilización y dejación de armas.
Previendo los riesgos que se correrían una vez comenzara la implementación de lo pactado, se establecieron un conjunto de medidas que el Estado debería adoptar para generar condiciones de seguridad a partir del desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, organizaciones criminales y sus redes de apoyo.
Entre las medidas consignadas en el Acuerdo se destacan el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad; la Unidad Especial de Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales; la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. A esto se suma la Ley 1908 de 2018 mediante la cual se crea un nuevo marco para la investigación y judicialización de organizaciones criminales, en el que además de definir qué son los Grupos Delictivos Organizados (GDO), se tipifica el delito de amenaza a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Pese a esta amplia propuesta normativa, la FIP señala que buena parte de estas estrategias y programas se encuentran en una etapa de implementación muy incipiente, marcada, además, por la falta de articulación entre las entidades estatales y las dificultades para su desarrollo en las regiones.
De acuerdo con este centro de pensamiento, los pocos resultados en materia de reincorporación de excombatientes y la reconfiguración de poderes ilegales en zonas que en el pasado estuvieron bajo dominio de la extinta guerrilla de las Farc han incidido en el deterioro de la seguridad, por lo que, según la investigación, las garantías de seguridad “han sido insuficientes porque no han logrado disuadir y detener la violencia y las amenazas”.
Miradas locales
¿Por qué se deterioraron las condiciones de seguridad en las regiones tras la firma del Acuerdo de Paz? Para responder este interrogante, la FIP analizó cuatro zonas en el país particularmente complejas por la diversidad de actores armados que allí operan; la intensidad de la confrontación; la existencia de corredores estratégicos funcionales a diversas economías ilegales; espacios de reincorporación de un número importante de excombatientes de las Farc; así como por la injerencia que viene ganando la guerrilla del Eln. Se tratan de Cauca, Arauca, Sur de Bolívar (Bolívar) y el Catatumbo (Norte de Santander). (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
En esas zonas, la FIP encontró “patrones comunes” que han incidido en el deterioro de la seguridad y que se resumen así: a) la inestable confluencia de actores armados; b) la reactivación de conflictividades sociales; c) la vulnerabilidad de los líderes sociales; d) rezagos en la implementación de los Acuerdos; e) vulnerabilidad en el proceso de reincorporación de los excombatientes; y f) dificultades para implementar lo concerniente a las garantías de seguridad en el plano local. (Leer más en: El Catatumbo sigue abandonado a su suerte)
Sin embargo, tal como lo advierte Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP y uno de los responsables del informe, cada región presenta sus propias particularidades, dinámicas y problemáticas específicas que hacen que, pese a esto rasgos comunes, las dificultades para la implementación de las garantías de seguridad difieran en cada caso.
“En el Cauca, por ejemplo, la agenda de las organizaciones indígenas es muy fuerte, pero si miramos el Catatumbo hay múltiples organizaciones sociales que tienen agendas relacionadas con el tema de tierras, acceso a oportunidades en la economía local (…) la historia de Arauca también es muy distinta dada la influencia que ha tenido allá el Eln y en el Sur de Bolívar la conflictividad se enmarca dentro de lo que ha sido el rearme de mandos medios del paramiitarismo”, señaló Garzón. (Leer más en: Arauca, asediado por la inseguridad y la disidencia de las Farc)
Aplicar una mirada más local que nacional también sirve para entender la presencia diferenciada de un actor armado que ha ganado relevancia e injerencia en las regiones en el último año como lo es la guerrilla del Eln. “Si miramos el comportamiento de esta guerrilla vemos que en el Catatumbo está en proceso de expansión y confrontación abierta, mientras que en el Cauca tiene un perfil distinto, de consolidar su presencia en el territorio. Igual en el Sur de Bolívar. Esto nos dice que tenemos que entender las diferencias regionales, porque, incluso, los actores armados no tienen la misma estrategia para todos los territorios”, explicó el investigador.
De acuerdo con Garzón, si bien en las regiones analizadas es factor común la presencia de otros grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) así como de cultivos ilícitos, siendo estos factores que inciden en el deterioro de la seguridad en los territorios, no son ni los únicos ni los más relevantes: “No es que la disputa por las rentas ilegales no tenga un peso importante en el análisis. Pero si nos quedamos en esa discusión opacamos otros temas como el control territorial en función de poder político, en función de regular relaciones y ganar legitimidad ante las comunidades. Lo que decimos es que los cultivos ilícitos no necesariamente explican la confrontación que está teniendo lugar actualmente”.
Garzón cita como ejemplo la región del Catatumbo. Allí, la guerra que sostienen la guerrilla del Eln, en franco proceso de fortalecimiento, y la disidencia del Epl conocida como Frente Libardo Mora Toro, llamado por el gobierno nacional como ‘Los Pelusos’, va mucho más allá de quién se queda con las rentas del narcotráfico; también es una disputa por erigirse como la autoridad insurgente ante las comunidades, de saber quién manda en el territorio.
“Hay una fuerte disputa por definir quién regula las relaciones sociales, las economías ilegales que antes regulaban las Farc. Hemos tenido periodos con una alta actividad por parte del narcotráfico donde los homicidios son muy bajos. Lo hemos visto en regiones como el Bajo Cauca, por ejemplo. Finalmente, el ‘quién manda y quién regula’ tiene un peso muy grande en la disputa armada. Lo triste es que el Estado tuvo un tiempo para copar dichos espacios, pero ante el vacío, dicho espacio se lo disputan hoy los actores armados”, aseveró el investigador.
“No hay garantías de seguridad”
Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018 fueron asesinados en Colombia 343 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Cauca (84 casos); Antioquia (49); Norte de Santander (21) y Nariño (20) figuran como los departamentos más peligrosos para los activistas.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló que los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó fueron los más afectados por el flagelo del desplazamiento forzado durante el primer semestre de 2018. Sólo en tierras nortesantandereanas, esa agencia registró un total de 12 mil personas desplazadas forzosamente y unas cuatro mil más en situación de confinamiento.
Son también algunos de estos departamentos los más peligrosos para los antiguos combatientes de las Farc, le dijo a VerdadAbierta.com Pastor Alape Lascarro, miembro del partido político surgido tras la firma del Acuerdo de Paz. “Desde la firma del Acuerdo de Paz contabilizamos 77 miembros de nuestra organización asesinados. ¿Dónde han ocurrido esos hechos? Mayoritariamente en Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia”, indicó.
Para ese exjefe guerrillero, las garantías de seguridad consignadas en el Acuerdo de Paz no se han cumplido: “Se planteó hacer un gran ‘pacto político nacional por la paz’. Y en eso no se trabajó y, por supuesto, no hay el compromiso de sectores políticos y sociales que inciden en la toma de decisiones. Eso se manifiesta en los territorios porque el conflicto se mantiene por los intereses económicos y políticos. Además, continúa la estigmatización y la promoción del odio por parte de sectores políticos”.
A este incumplimiento se suma el deterioro de la seguridad en diversas regiones del país, situación que se está convirtiendo en un obstáculo para el activismo y el proselitismo tanto para el nuevo partido político Farc como para sectores afines. “No están dadas las garantías para que el partido político puede ejercer sus labores. La cifra de 77 exintengrantes de las Farc asesinados más los 343 líderes vinculados a procesos de activismo social, de defensa de derechos humanos, del movimiento sindical, deja claro que no hay garantías ni para las Farc ni para las otras fuerzas alternativas que existen en Colombia”, declaró Pastor Alape Lascarro.
Para corroborar su afirmación, el exjefe guerrillero denunció la retención y posterior asesinato de Ramón Marimón, líder social que fue interceptado en el paraje Brisas, entre Belén de Bajirá y Riosucio (Chocó), luego de salir de una reunión en la que estuvieron integrantes de este partido político el pasado 29 de septiembre: “Era simpatizante de nuestro partido político, era un líder social que realizaba toda clase de tareas en favor de las comunidades de ese sector”.
Actuar con prontitud
Para superar ese estado de incertidumbre y desencanto que tienen las comunidades frente al Acuerdo de Paz firmado con las Farc, la FIP propone varias acciones que conducirían a mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y, además, agilizarían su implementación.
Se destacan entre esas acciones pasar de una implementación fragmentada y dispersa de los diferentes planes y programas surgidos del Acuerdo, tal como ha venido sucediendo hasta ahora, a una acción más planificada y coordinada entre las diferentes entidades estatales.
Asimismo, para este centro de pensamiento es “importante tener un diagnóstico claro sobre la situación de seguridad de los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), las zonas perimetrales y las comunidades cercanas, con el fin de reforzar los esquemas, disuadir los factores de riesgo y prevenir situaciones que puedan generar hechos de violencia”.
La FIP también llama la atención de las autoridades militares y de policía para que pongan en marcha estrategias que contengan la expansión de grupos armados como la guerrilla del Eln o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc): “Los insumos que provee la inteligencia, las alertas tempranas, las preocupaciones expresadas por las autoridades locales, las organizaciones sociales y las propias comunidades, deben ser tomadas seriamente, anticipando las escaladas de violencia y desarrollando acciones preventivas y disuasivas”.
Propone, además, avanzar con prontitud en la reincorporación de los excombatientes, retomando aprendizajes de procesos anteriores que dejaron en evidencia la necesidad de una oferta diferenciada para la tropa rasa, los mandos medios y los comandantes de alto rango, pues de su efectividad dependería su regreso o no a la guerra.
“Es esencial que se desarrollen mecanismos diferenciados para garantizar la seguridad de los reincorporados en sus diferentes trayectorias”, sostuvo la FIP. En su preocupación subyace buena parte de la discusión que se viene dando con varios excomandantes de las extintas Farc quienes, al parecer, han abandonado los ETCR tras cuestionar el lento proceso de implementación de lo pactado.
“De manera consistente se encuentra que el abandono del proceso y la salida de los excombatientes de los ETCR tienen como uno de sus móviles la falta de avances y la incertidumbre sobre lo que vendrá”, se lee en el informe y reitera que esta situación “ha aumentado la vulnerabilidad de los excombatientes y generado un contexto propicio para la formación de disidencias, así como el reclutamiento por parte de organizaciones armadas al margen de la ley”. (Leer más en: “Demoras en proceso de reintegración de las Farc las aprovecharon grupos armados ilegales”)
