Tras cruzar seis bases de datos que documentaron esa tragedia en 2016 y 2017, para obtener un registro único y realizarle una proyección estadística, Dejusticia y un centro de investigación estadounidense sobre derechos humanos, establecieron la posibilidad de que existan 19 casos sin registrar. Además, concluyen que la disparidad de cifras sobre asesinatos no es un problema sino una posibilidad para comprender mejor la situación.
En Colombia se volvió habitual escuchar noticias, una o varias veces por semana, sobre asesinatos de líderes sociales o defensores de derechos humanos en diferentes regiones del país. Es un desangre que ha crecido sin parar en la última década y que se agudizó en medio de las negociaciones de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantó con la entonces guerrilla de las Farc para ponerle fin a una confrontación armada de más de medio siglo. (Leer más en: Asesinato de líderes sociales: una crisis humanitaria advertida)
Ante ese drama, poco a poco se fueron sumando voces de denuncia y organizaciones de diferentes sectores han documentado cientos de asesinatos en los últimos años. Por razones metodológicas y conceptuales, los informes que divulgan de manera periódica no concuerdan, lo que ha generado incertidumbre y confusión, pues en algunos listados los casos son más numerosos que otros. (Leer más en: Asesinato de líderes sociales: difieren las cifras, coinciden los contextos)
En ocasiones, las discusiones sobre ese fenómeno se centran más sobre cuál es la cifra real, mientras que el diagnóstico es el mismo: en las regiones la violencia no cede y no se avizoran políticas efectivas para ponerle fin. En medio de este complejo panorama, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Rights Data Analysis Group (RDAG), publicaron este miércoles la investigación Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del universo.
Su principal conclusión es la existencia de un subconteo de los casos y la posibilidad de que no se estén documentando todos los asesinatos ocurridos. Para llegar a esa advertencia, los investigadores sumaron los casos documentados entre 2016 y 2017 por las organizaciones Somos Defensores, Indepaz, Cumbre Agraria, Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), Defensoría del Pueblo y Front Line Defenders.
Tras compilar todos los casos, construyeron una base de datos que da cuenta de 160 asesinatos en 2016 y de 172 en 2017. Posteriormente, realizaron una proyección estadística por medio del método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR, por sus siglas en inglés). Dicho modelo matemático “toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados”.
Inspirado en una técnica de biólogos que utilizan trampas para capturar y recapturar animales con el fin de estimar el tamaño de su población, el LCMCR se basó “en el registro común de las organizaciones y en aquellos casos que fueron identificados solo por una organización, por dos y así sucesivamente para estimar cuál es el tamaño del universo”.
Por lo tanto, como refiere el informe, esa metodología “permite medir el tamaño del universo de líderes sociales asesinados. Volviendo a la analogía de los biólogos, utiliza las coincidencias de los homicidios en las distintas bases de datos (equivalente a la recaptura de los animales) para estimar de qué tamaño es el universo total. Esto lo hace teniendo en cuenta los posibles factores que podrían llevar a que el registro de los asesinatos no fuera aleatorio”.
De ese modo, se estableció que para 2016 la totalidad de asesinatos podría estar entre los 160 y los 180, mientras que para 2017 la cifra oscilaría entre 176 y 200. Sin embargo, el estudio tasó el total de posibles homicidios en 166 y 185 para cada año, respectivamente, valores que corresponden a la mediana de ambas series. Lo anterior quiere decir que seis casos no fueron documentados en 2016 y al año siguiente se descartaron trece más.
Los resultados de la investigación fueron publicados este miércoles y en su presentación, César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia, señaló que la finalidad del informe “no es tanto reabrir el debate sobre el número de líderes asesinados, que siempre va a ser importante. Lo que queremos es aportar, con una propuesta metodológica, el hecho de que hay líderes que no están siendo incluidos en las bases de datos”.
En tono similar se pronunció Patrick Ball, director de investigaciones del RDAG: “El valor de este informe es mostrar la diferencia del trabajo en casos y del trabajo en estadística. Es una contribución adicional, construida con base en los insumos del trabajo de casos”.
Cifras y legitimidad
A la presentación del informe en la sede de Dejusticia en Bogotá acudieron delegados de organizaciones que aportaron sus investigaciones como insumo y otras que trabajan por los derechos humanos. En ese espacio nuevamente expresaron la necesidad de contar un registro unificado, petición que en diferentes ocasiones le realizaron al gobierno nacional para que asuma esa responsabilidad y así pueda tomar decisiones contundentes.
Al respecto, Ball señaló que “la coordinación reduce la diversidad y la heterogeneidad de la información. Así como las ecologías más estables son las más diversas, una mayor documentación permite comprender mejor el problema. La coordinación (para la producción de datos) crearía una monocultura de la información”. Igualmente, indicó que la disparidad en las bases de datos obedece a diferencias en la metodología utilizada, la logística y el presupuesto con que cuentan las organizaciones, el mandato de cada una de ellas y la confianza que han establecido con las fuentes de información.
Y Rodríguez resaltó que sería importante que el Estado cuente con una base de datos unificada sobre líderes asesinados, pero no que las organizaciones defensoras de derechos humanos y la sociedad civil dejen de tener sus propios conteos, dado que la diversidad de fuentes es necesaria para el contraste y el análisis del fenómeno.
De hecho, ese punto fue tratado a profundidad en el informe Más allá de las cifras, segunda parte, que el pasado lunes publicó Somos Defensores. Esa organización no gubernamental, que desde 2002 documenta todo tipo de agresiones contra esos activistas, cruzó la información de informes recientes realizados por Indepaz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Paz y Reconciliación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, OACNUDH y la Misión de Observación Electoral. (Leer más en: Durante el gobierno Santos fueron asesinados 609 líderes sociales)
Al respecto, concluye que la dispersión de cifras radica en que cada documento cuenta con una definición diferente de quién es un defensor de derechos humanos y maneja una metodología distinta para el levantamiento, sistematización, caracterización, análisis y exposición de datos, lo que hace que cada informe tenga conteos y análisis distintos.
“Pero más allá de las cifras, lo cierto es, y en ello coinciden todos los informes, que el asesinato de personas defensoras de derechos humanos en Colombia viene en aumento y sin políticas efectivas por parte del Estado y Gobierno Nacional para evitarlo”, asevera Somos Defensores en su documento.
Asimismo, esa organización cuestiona “la falta de decisión política del Gobierno Nacional para crear un sistema de información o estadística propio que dé cuenta de la magnitud real del problema, aferrándose a una actitud facilista al basarse exclusivamente en el trabajo de documentación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH), desconociendo de alguna manera las cifras de la Defensoría del Pueblo, institución del mismo Estado”.
Sobre ese punto, en diferentes ocasiones la OACNUDH ha señalado que no es cierto, como afirma el gobierno nacional y la propia Fiscalía General de la Nación, que sea la encargada de certificar quiénes son los líderes asesinados. Por lo tanto, ha reiterado que dentro de su mandato no se encuentra emitir dichas certificaciones y que los casos que incluye en sus informes son los que sus equipos pueden verificar en terreno.
En cuanto a la disimilitud de cifras, Mauricio Redondo, delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, quien estuvo presente en el lanzamiento del informe de Dejusticia y del RDAG, señaló que más que las cifras, “es importante tener en cuenta los escenarios de riesgo para activar mecanismos de prevención”; y resaltó que desde el primero de enero de este año y hasta la fecha, esa entidad ha emitido 73 alertas tempranas en las que llama la atención sobre la situación de riesgo de numerosas comunidades, rurales y urbanas, en el país y sus líderes, lideresas y autoridades étnicas.
Por último, Fabián Laverde, integrante de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, expresó su preocupación sobre la declaración que recientemente realizó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en el sentido de que los asesinatos de los líderes “no son sistemáticos”, y también cuestionó la “criminalización” de la protesta social que hizo hace un par de semanas el Ministro de Defensa. (Leer más en: MinDefensa y líderes sociales: de líos de faldas a ‘subvenciones’ de narcos)
Laverde también resaltó que, en varios espacios institucionales, voceros del gobierno nacional han confundido legitimidad con legalidad al mencionar que “las organizaciones sociales sin personería jurídica no tienen autoridad para señalar que una persona asesinada ejerce labores de liderazgo social”.
